Análisis del artículo de Alan García (segunda parte)

Análisis del artículo de Alan García: “A la fe de la inmensa mayoría” (segunda parte)

Por César Reyna

En el punto II García afirma que “el Perú escogió por 5 años un camino comprobado para el crecimiento, que fue de 9% en el 2007 y de 9.8 % en el 2008”. Su aseveración es cuestionable porque durante las elecciones que ganó en 2006 el país estaba tan o más polarizado que ahora. “Para que García triunfe”, según Raúl Wiener del diario ‘La Primera’, “fueron necesarios los votos de todos los partidos tradicionales, el apoyo de todos los medios de comunicación y de todo el poder del Estado (en contra de Ollanta Humala, naturalmente)”. García debe tener claro que fue elegido por descarte y no por convicción.

Las cifras que exhibe García sobre el crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza son ‘cocinadas’ por el INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informática) ya que cambió la metodología de cálculo del PBI. Destacados analistas, como Farid Matuk, ex jede del INEI, y Richard Webb, ex presidente del Banco Central de la República, consideran que los resultados fueron inflados en 2% para que el Gobierno presuma que somos el único país que crece en la región. La disminución de la pobreza, que el presidente cifra en 12% en tres años de gestión (pasó de 48% a 36%) corre con igual suerte al no haberse actualizado los componentes de la canasta básica alimentaria desde 1997. Esto impediría determinar el verdadero nivel de pobreza según diversos expertos. La metodología empleada por el INEI, basada en calcular la pobreza monetaria, es una de tantas para medir este fenómeno. Sin embargo, la forma de cálculo actual no refleja la real dimensión del problema porque la pobreza en el Perú es multidimencional, es decir, depende de muchas variables que la oficina de estadísticas no ha considerado en sus estudios. Así se desvirtúa cualquier logro del Gobierno aprista en esa materia ya que carecemos de parámetros adecuados para cuantificar y validar la reducción.

El presidente lamenta que los peruanos no crean en los resultados de su gestión. Según él las cosas marchan estupendamente bien y no hay motivos para tomar medidas radicales como bloquear carreteras, aeropuertos o puentes. Para García la ola de protestas es “obra” de conspiradores nacionales e internacionales que azuzan a una población manipulable. Las movilizaciones sociales no son legítimas para el presidente ya que niega que los comuneros tengan capacidad de organización. Todo lo malo viene de afuera y no guarda relación con sus propias limitaciones e incapacidades. Culpa al ‘antisistema’ de la polarización y la sensación de ingobernabilidad que difunden algunos medios cuando reportan la obstaculización con troncos y piedras de alguna vía terrestre. García no se siente responsable del clima de agitación política y social porque ha encontrado su chivo expiatorio en el ‘antisistema’ que encarnan tanto el nacionalismo de Ollanta Humala como el socialismo de Hugo Chávez.

Tras el fallido operativo en Bagua Chica García aprovechó la muerte de 24 efectivos para poner en marcha la tesis del complot internacional. Del total de bajas policiales, la mitad se produjeron en la fatídica Estación N° 6 de Petroperú. Los uniformados formaban parte de un contingente de 38 agentes que habían sido destacados a la planta y posteriormente secuestrados por cientos de nativos de la etnia awajun desde hace 5 semanas. El comando policial “desconocía” su situación al igual que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Áraoz, quien dijo este domingo en La República que “nunca supo que los policías de la estación petrolera Nº 6 eran rehenes”. La versión oficial no es creíble pues los operarios de Petroperú, quienes eran reemplazados cada semana, comunicaron oportunamente la captura de la estación petrolera.

Si las autoridades insisten en su versión podemos colegir que desean emular a los ‘halcones’ del Partido Republicano tras el atentando del 11-S. La estrategia del ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y del ex vicepresidente Dick Cheney de utilizar el ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono para incursionar militarmente en Iraq ha sido imitada por este Gobierno pues trató de capitalizar las muertes de Bagua, la Estación N° 6 y la ‘Curva del Diablo´ para victimizarse y arrinconar a los opositores del régimen. La sangre de los policías le ha servido a García para montar un burdo escenario de ‘guerra fría’ y descalificar a sus críticos. Ahora todo aquel que no comulga con su modelo es satanizado y acusado de sedicioso. Lo mismo hizo el repudiado George W. Bush en el Capitolio en 2002 cuando anunció la doctrina del ‘eje del mal’ y dividió al mundo entre los que “están con la democracia y la libertad”, o sea con él; y los que apuestan “por el fanatismo y la barbarie”, en alusión a varios movimientos y gobernantes musulmanes.

Sacar partida de un atentado o masacre ha permitido que gobiernos maquiavélicos consigan el respaldo de la opinión pública para alcanzar determinados objetivos políticos. Este fue el caso de la ilegal invasión de Iraq por parte de Estados Unidos, Reino Unido y España en 2003; y lo que intentó infructuosamente García pues la ciudadanía no se puso de su lado.

Si hubiera existido injerencia extranjera en la Amazonía, los nativos no se hubieran desmovilizado tras la derogación de los decretos que rechazaban ni los campesinos de Andahuaylas hubieran firmado actas de compromiso con el cuestionado Yehude Simon. Claro que detrás de algunas protestas hay revoltosos asociados con el Sutep y Patria Roja, enquistados en el magisterio estatal, pero su participación y capacidad de movilización es mínima porque no representan a nadie, salvo a un grupo de maestros descontentos con las medidas del Ejecutivo en materia educativa (con la selección de profesores). Estos grupos no tienen la fuerza ni el apoyo para impulsar un cambio de grandes proporciones, es decir, una revolución.

En el punto III de su ¿ensayo? el delirante García atribuye la baja calidad de la educación a “viejos dirigentes” que promueven huelgas y se oponen a la capacitación de la plana docente. Esto no es cierto pues Mercedes Cabanillas, principal responsable del fracasado operativo de Bagua, permitió el ingreso de miles de apristas al magisterio en su calidad de ministra de Educación en el primer quinquenio de García. Si hay que culpar a alguien de la debacle del sector es a la titular de la cartera de Interior porque sus compañeros de partido no estaban preparados para la enseñanza. Así se condenó al atraso a millones de peruanos ya que no recibieron una educación digna. Esto es sumamente grave porque incrementó la desigualdad, el principal problema del país.

Luego García menciona a “los sobrevivientes de la izquierda de los 70”, quienes están detrás de las movilizaciones pues “predicaban la violencia y llamaban hermanos a los senderistas (miembros de Sendero Luminoso)”. Pero esto lo hacía nada más y nada menos que su primer ministro Yehude Simon, quien militó en la izquierda radical y fue encarcelado por su cercanía al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru). Simon ha negado toda vinculación con grupos subversivos pero su pensamiento extremista ha sido registrado en medios escritos de la época (los 80).

En el punto IV García dice contar con el respaldo de la inmensa mayoría, pero el 54% de la población, según la encuestadora Apoyo, no está contenta con el modelo económico. La gente demanda cambios urgentes pues la creación se empleo se ha estancado. Si las cosas marchan tan bien en el país, ¿por qué el Estado tuvo que implementar un paquete de inversiones en infraestructura a última hora? Desde que empezó la crisis económica mundial, a finales de 2007, varios funcionarios aseguraron que estábamos “blindados”, pero luego cambiaron de parecer y aprobaron un ‘plan anticrisis’ para compensar la caída de las exportaciones, la inversión privada y la demanda interna.

En cuanto al empleo, este no está garantizado como piensa García pues es tremendamente precario e informal. La inestabilidad es lo que caracteriza a la Población Económicamente Activa (PEA) pues inclusive dentro del Estado existe personal que no tiene derechos elementales (emiten recibos por honorarios cuando en realidad están sujetos a las órdenes de sus superiores y tienen que cumplir con un horario de trabajo). Sólo una minoría tiene acceso a la seguridad social, compensación por tiempos de servicios, vacaciones pagadas y está protegida contra el despido arbitrario. García ve una realidad muy distinta a la que padecen millones peruanos.

La muerte de 24 policías, señor García, se debió a la mala planificación y ejecución del operativo por parte de los responsables políticos y del comando policial, respectivamente. Quienes condenaron a muerte a 12 uniformados que custodiaban la Estación N° 6 fueron los miembros del Gabinete y el presidente de la República porque autorizaron el desalojo sabiendo que un destacamento había sido retenido. Ningún funcionario puede decir que desconocía su paradero o condición pues fueron enviados a resguardar un activo estratégico que permite el suministro de petróleo en el oriente. La falta de inteligencia, impericia y previsión causaron el desastre que todos conocemos. Entonces, al permitir el desalojo de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry se puso en peligro la vida de los efectivos secuestrados, pues debieron ser liberados antes de disparar y arrojar bombas lacrimógenas sobre miles de amazónicos enfurecidos.

Análisis del artículo de Alan García

Análisis del artículo de Alan García: “A la fe de la inmensa mayoría” (primera parte)

Por César Reyna


El presidente Alan García acaba de publicar un artículo titulado “A la fe de la inmensa mayoría” para comentar la dramática situación que vive en el país. La difusión de sus apreciaciones corrió a cargo del derechista diario ‘Expreso’, que, como casi todos recordaran, fue parte del aparato de propaganda y desinformación del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). La selección de ese medio no debe pasar inadvertida ya que en octubre 2007 García recurrió al diario ‘El Comercio’, el decano de la prensa nacional, para transmitir su mensaje a favor de la inversión privada en los controvertidos artículos de ‘El síndrome del perro del hortelano’. Esta vez García no publicó en las páginas de ‘El Comercio’ porque sus editores criticaron la falta de diálogo del Ejecutivo en el manejo el conflicto de la Amazonía. Tampoco le debió caer bien que desde ese medio se pidiera la destitución del premier Yehude Simon y de la ministra del Interior, responsables de la muerte de 34 peruanos, entre policías y civiles.

Resulta contradictorio que García se dirija a la “inmensa mayoría” desde un periódico minoritario ya que sólo lo leen los sectores más conservadores de la población. Antes de escoger a ‘Expreso’ el mandatario debió tener en cuenta que no tiene gran tiraje y no cubre todo el territorio nacional. Y, por si fuera poco, carece de credibilidad para la “inmensa mayoría” por haber servido a los intereses de la autocracia fujimontesinista. La selección de ese diario no nos parece antojadiza toda vez que sus directores comulgan con el modelo neoliberal que defiende tenazmente García.

Ahora bien, dejando de lado los criterios que consideró García para publicar en ‘Expreso’, debemos concentrarnos en el análisis del último pronunciamiento del presidencial, el cual, al igual que los comunicados anteriores, no está exento de polémica.

El presidente articulista retoma en “A la fe de la inmensa mayoría” la misma retórica de los discursos anteriores. No hay autocrítica ni afán de enmienda pues durante la mayor parte se dedica a advertir una serie de peligros que penden sobre nuestra democracia. Si el presidente pretende infundir miedo puede que lo logre, pero no en la ciudadanía que desconfía de los políticos en general y lo culpa de las innecesarias muertes en la selva (según las encuestas de CPI y Apoyo); sino en los inversionistas extranjeros que pueden llegar a creer que hemos vuelto a ser tan inestables como en el primer período de García (1985-1990). Si el jefe de Estado continúa promoviendo la tesis de la amenaza golpista (chavista) es posible que muchos capitalistas reconsideren sus proyectos de inversión en el país. Culpar a agitadores internacionales de las revueltas del interior es una espada de doble filo pues si por un lado busca la unidad (de la clase política, medios de comunicación y organismos civiles) en contra el socialismo del siglo XXI; por otro puede estar deteriorando la imagen del Perú a nivel internacional.

Los complots no son bien vistos en el exterior porque incrementan el riesgo país y contraen los flujos de divisas. Si García defiende la tesis de que sólo la inversión privada puede desarrollarnos poco ayudan sus palabras para captar capitales en momentos de gran turbulencia internacional. García debería moderar sus expresiones antes de difundirlas porque lo que dice repercute -para bien o para mal- en el ánimo de la población y los agentes económicos. Un poco de mesura sería positivo en el actual contexto ya que su gestión ha sido duramente desaprobada en dos importantes sondeos de opinión (más del 80% reprueba su gestión y el 57% lo responsabiliza de las muertes en Bagua).

García comienza su artículo señalando la existencia de dos fuerzas antagónicas que pugnan por el control de la región. En el 2006, según él, estuvimos “a punto de caer bajo en el sendero equivocado que conduce a la pobreza y la crisis”, que es precisamente lo que caracteriza a su segundo Gobierno porque la desigualdad se ha incrementado notablemente asi como los conflictos sociales (muchos de ellos ligados al medio ambiente y a promesas estatales incumplidas). El presidente se considera “salvador de la patria”, al igual que los orgullosos golpistas hondureños, por haber derrotado al candidato nacionalista Ollanta Humala, a quien superó un escaso margen de 4%. Por evitar que se instituyera el modelo socialista, en el que su partido político estaba inscrito, confirma la ruptura del Apra con los movimientos de izquierda. A partir del 2006, o tal vez durante su exilo dorado en París, el presidente dejó de creer en la justicia social, el estado de bienestar y las políticas inclusivas.

García ahora ve un mundo bipolar que más que fruto de la realidad lo es de su propia imaginación. Esta visión o alucinación es compartida por el escritor Mario Vargas Llosa, quien considera que hubo intromisión extranjera en las protestas de la Amazonía. Vargas Llosa es una de las personalidades menos indicadas para opinar sobre la realidad nacional porque jamás comprendió al Perú. Es buen fabulador y un narrador nato, pero eso no alcanza ni sirve para entender los procesos sociales de un país. Si los hubiera entendido en su oportunidad quizá hubiera sido presidente del Perú y no el reo Alberto Fujimori.

El primer mandatario y el literato hispano-peruano escribieron sendos artículos este fin de semana en distintos medios (Vargas Llosa lo hizo en ‘El Comercio’). Ambos piensan de manera similar en lo que al papel de la inversión privada se refiere pues consideran que es clave para el desarrollo. El laureado novelista afirma, al igual que García en fechas anteriores, que los nativos se opusieron a decretos que “estaban bien orientados en el fondo”. Su afirmación nos hace pensar que no leyó las normas en cuestión, ya derogadas por el Congreso, porque la Defensoría del Pueblo y otras instituciones respetables se pronunciaron en contra de sus contenidos.

En cuanto a la inversión privada es preciso mencionar que ésta no genera necesariamente desarrollo porque su único propósito es maximizar las ganancias. El capital, entiéndalo bien señores García y Vargas Llosa, no es bueno per se. Y no lo es porque no persigue los mismos fines del Estado ni tiene la misión de crear mejores empleos en las naciones que lo cobijan. La mayoría empresas, a no ser que sean estatales, no coinciden con los intereses generales porque lo que persiguen es el beneficio de sus inversionistas, accionistas y directores. Si produce cierto bienestar en una comunidad es marginal pues su fin es incrementar la utilidad a repartir. Por eso las compañías reducen costos constantemente, lo que afecta a las planillas y a las organizaciones sindicales, ya que trasladan sus operaciones a regiones donde el factor trabajo es mucho más barato. Si China y otros países del Lejano Oriente se han convertido en potencias manufactureras es por la ambición de las trasnacionales de ganar más abaratando el proceso productivo. Esto ha generado desempleo a escala global, sobre todo en zonas donde se cierran plantas industriales. En las regiones donde finalmente se instalan las condiciones de trabajo no son mejores ya que pagan salarios miserables y la “regulación estatal” les permite ahorros importantes en materia ambiental, de seguridad y de salubridad.

En otra parte de su escrito, García compara al chavismo con la dominación de la corona española en América. El presidente dijo que el Perú “es un centro vital para los hechos continentales”. Es decir, es una pieza clave para decidir el destino geopolítico de Sudamérica. García recurre a esa semejanza para alertarnos del peligro extremista que nos acecha. En este caso no se refirió directamente a Venezuela y su gobernante pero no hizo falta. Pero Chávez y su país distan de ser comparados con una potencia colonial porque no usaron las armas para llegar al poder, sino canales estrictamente democráticos. Nadie puede objetar sus victorias electorales, aunque sí sus métodos y su persecución contra opositores y medios de comunicación hostiles.

En el punto II, García dijo que “el Perú ganó la batalla pero la guerra (contra el antisistema) continúa”. Esto merece una aclaración porque el denominado ‘antisistema’ aspira a transformar la sociedad de manera democrática y no me mediante un golpe de Estado como el ocurrido en Honduras. Así ganó Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, por citar tres ejemplos. La derecha, y no la izquierda, es la que apela a la ruptura constitucional cuando las cosas comienzan a tomar un rumbo ajeno a sus intereses. Si la mayoría de un país desea regirse bajo parámetros socialistas no hay por qué impedírselo porque se supone que el pueblo es soberano para elegir su destino. Lo verdaderamente antidemocrático es tratar de obstaculizar esa legítima aspiración pues se opone al sentir popular. Si gran parte de la ciudadanía considera que sus demandas pueden ser mejor atendidas y canalizadas por otros actores políticos es porque los actuales gobernantes no han cumplido su labor.

Golpe de Estado en Honduras

Golpe de Estado en Honduras

Por César Reyna


En su columna de ayer sábado, Aldo Mariátegui, director del conservador diario 'Correo', dijo que “mal se haría en prestar oídos a la versión chavista de que se está dando un golpe de Estado (en Honduras)”. Aldo Mariátegui, nieto del gran pensador de la izquierda continental José Carlos Mariátegui, utiliza ese medio para difundir pronósticos y argumentos errados, y para expresar comentarios racistas en contra congresistas y diplomáticos que no comparten sus ideas (a una parlamentaria quechuahablante la llamó anafalbeta por no saber escribir en castellano y dijo que el embajador nicaragüense en Lima tenía rasgos anfibios). No hace mucho recomendó al Gobierno lanzar napalm sobre la Amazonía para acabar con un par de columnas narcoterroristas que se ocultan en la zona del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene), y sobre miles de nativos que tomaban vías, puentes y estaciones de petróleo en la selva. Pedía un crimen ecológico y un genocidio para recuperar la tranquilidad en esa convulsionada región. Poca cosa para él.

Nombró a Aldo Mariátegui porque encarna la descabellada visión de la extrema derecha de aquí y otras latitudes. Así como Mariátegui invoca poner orden por medio a métodos poco “convencionales” cuando surgen graves disturbios en el país (en su mayoría el Estado peruano los ha originado por su incapacidad y desinterés), la derecha hondureña ha reaccionado de la misma forma quebrando el marco constitucional.

Las condenas escuchadas hasta el momento sobre la penosa situación en Honduras son unánimes. Los pronunciamientos en ese sentido provienen de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, la ONU, etc. Ningún miembro de la comunidad internacional respalda a los golpistas que pretenden validar el nuevo status quo alegando que el presidente Manuel Zelaya violó reiteradamente las leyes y trató de imponer un referéndum este domingo. Su sorpresiva destitución no se ajusta a ningún parámetro democrático aceptable porque la fuerza no es un medio reconocido por la Constitución hondureña para deponer a la máxima autoridad del país. Para removerlo se necesitaba implementar un proceso justo y transparente, es decir, una acusación constitucional en la que se precisen los cargos y el presidente cuestionado cuente con suficientes garantías para realizar sus descargos (ejercer su derecho a la defensa). Esto no ocurrió en el caso de la nación caribeña pues los grupos de poder económico y la oposición servil orquestaron un atentado contra la democracia.

Lo que causó la caída de Zelaya fue haberse vinculado con Hugo Chávez y con el resto de países socialistas de la región (con los que integran el ALBA), relación que criticaba la derecha. Pero su gran error fue proponer una cuarta pregunta -en la consulta debía realizarse este domingo- para que el electorado decidiera si estaba de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución. El propósito de la pregunta era introducir la reelección presidencial porque la normativa vigente no la permitía.

En su artículo Mariátegui acusaba a Zelaya de “querer perpetuarse en el poder” mediante la reforma constitucional, un procedimiento democrático por excelencia pues depende del pueblo el rechazo o la aceptación de su iniciativa. El periodista peruano dijo que la popularidad de Zelaya rondaba el 10%. Si era así, ¿por qué temer entonces a la consulta popular? Con ese magro porcentaje no había necesidad de destruir la democracia ni ganarse el repudio de la comunidad internacional.

Zelaya se encuentra actualmente en Costa Rica, donde el presidente Óscar Arias le ha expresado su solidaridad tras ser expulsado de territorio hondureño. El Tribunal Supremo de Honduras había dispuesto su captura, pero los militares encapuchados que lo secuestraron ignoraron la orden judicial y lo enviaron directamente a San José.

Hoy por la tarde, durante la sesión extraordinaria que fue televisada desde el Parlamento hondureño se escucharon cosas realmente inconcebibles de parte de los diputados golpistas, quienes eligieron a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, como mandatario provisional hasta las próximas elecciones generales que se celebrarán en noviembre de este año. Entre los disparates que dijeron alcance a oír algunos que reproduzco a continuación: “Aquí no hubo golpe de Estado sino el funcionamiento del Estado de Derecho”; “Nadie puede estar por encima de la ley… del derecho… de la Constitución”; “Honduras va consolidando su democracia”. Estas frases se decían entre aplausos y vítores de los exaltados legisladores. Los diputados congregados se expresaron con desbordante entusiasmo como si hubieran hecho algo positivo y se alucinaban próceres de su agitada República.

Muchas cosas irregulares sucedieron este domingo como el arresto de embajadores y personal diplomático de las delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, además de la detención de varios ministros del Gabinete del defenestrado Zelaya. El corte del suministro eléctrico y la supresión de la información fueron dos medidas propias de una dictadura o autocracia. El Tribunal Supremo, el Congreso y las Fuerzas Armadas han sido los ejecutores visibles de la ruptura orden democrático; detrás de estas seudo instituciones se ubica, por supuesto, el poder económico.

Para terminar, en lo que acertó Mariátegui es que la propuesta de Zelaya (de un cambio de modelo) no iba a llegar lejos. Pero ésta no sucumbió por la vía democrática, como mandan las formas civilizadas del siglo XXI, sino por medio de la violencia a la que está muy acostumbrada la derecha.

La muerte de Michael Jackson

Por César Reyna

Como no veo mucha televisión, un correo del New York Times me anunció la muerte del ‘Rey del Pop’. Desde hace bastante tiempo no seguía la carrera de Michael Jackson ni escuchaba sus canciones. A Michael lo había marginado de mis preferencias musicales a mitad de mi adolescencia cuando supe de sus abusos sexuales contra menores. Su pedofilia terminó por sepultarlo para muchas personas, entre las que me cuento; pero no para otras que lo admiraban tanto o más cuando integraba los ‘Jackson Five’ o estrenó el pegajoso ‘Thriller’.

Muchas cosas me pasaron por la mente cuando abrí el mail: ansiedad, desconcierto y una serie de imágenes difusas de mi niñez. En pocos segundos repasé sus grandes éxitos y recordé las veces que había bailado sus canciones, la mayoría a solas tratando de imitar sus complicadas coreografías. Fue una sensación nostálgica la que me embargó porque noté que había dejado de ser el de antes.

Cuando Michael Jackson murió me di cuenta del tiempo transcurrido cuando me ubica frente al espejo a imitar sus movimientos. Algunos me salían idénticos -según yo- y otros no tanto. No era el único que los repetía, pues todo aquel que a travesó esa complicada etapa en los ochenta intentó deslizarse hacia atrás alguna vez. Afortunadamente no copié nada más de él como sus transtornos de personalidad ni quise corregirme la nariz ni alisarme el cabello. Mi fanatismo nunca llegó a tanto porque comenzaron a interesarme otros estilos y Michael había pasado de moda cuando comenzaron los noventa.

Nunca lo odié del todo por haber tocado indebidamente a menores porque no hubo sentencia condenatoria. Como arregló su caso fuera de la corte se libró del escarnio público. Tal vez por eso muchos lamentan sinceramente su muerte y cientos se han congregado alrededor de su placa en el Teatro Chino de Los Angeles a corear sus canciones. La comunidad negra parece haberlo perdonado por decolorarse la piel y realizarse cientos de cirugías que desfiguraron su rostro. Su visible amaneramiento y su extraña conducta parecen no importar ahora que ha dejado sin heredero al mundo del pop. Parte de su vigencia se explica porque no ha aparecido otro fenómeno musical capaz de influir en tantas culturas, tierras y escenarios.

Conforme me nutro de informaciones relativas a su fallecimiento siento repentina curiosidad por su persona y su impresionante discografía. Al revisar los archivos de mi Mp3 me doy cuenta de que no tenía ninguna de sus canciones, ni los hits de antaño ni las compilaciones más recientes. ¡No puede ser que haya cambiando tanto! ¿Tantos años han pasado desde que repasaba su coreografía antes de salir a una fiesta? (no es que haya sido un virtuoso del baile, sino que no tenía miedo de hacer el ridículo como ahora).

Tras conocer la noticia de su partida dejé lo que estaba haciendo para asumir que parte de mi pasado había desaparecido. Si bien mi niñez se había extinguido hace varios años, nunca me detuve a pensar que me estaba haciendo más viejo. Muchas de las cosas que viví cuando era pequeño las superé o dejé de practicar mientras crecía. Así dejé de montar bicicleta, jugar a las escondidas o escuchar los discos de Michael.

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Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas

Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas (primera parte)

Las respuestas del premier y la encargada de la cartera del Interior dejan mucho que desear pues no han asumido su responsabilidad en los luctuosos hechos de Bagua donde fallecieron 35 peruanos, entre policías y nativos.
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Por César Reyna

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, afirmó delante de la representación nacional que el desalojo de carreteras fue una decisión del Gabinete; sin embargo, un par de días después de la masacre en la Amazonía, la ex ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso[1], dijo que en el último Consejo de Ministros que participó, previo al operativo policial, no se discutió la intervención aludida por el premier. La versión ofrecida por Simon no se ajusta a la verdad pues no hubo reunión de Gabinete en la que se autorizara el despeje de la carretera Fernando Belaunde Terry, donde miles de indígenas se enfrentaron a decenas de efectivos cuyo trágico saldo todos conocemos.

Esto nos confirma que la operación en Bagua fue obra exclusiva del presidente Alan García y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ya que el primer ministro Yehude Simon no fue capaz determinar quién fue la autoridad de más alto rango que dio la orden de desbloquear la vía Bagua-Tarapoto, única pregunta que debía contestar en el Pleno sobre la espinosa materia.

Para diluir su responsabilidad dijo que “todos somos responsables (de lo ocurrido en la selva)”, en clara alusión a la clase política que pedía su renuncia. Con sus expresiones Simon Munaro mete dentro del mismo saco al Ejecutivo, a la oposición, a gobiernos anteriores y a todos los ciudadanos por desconocer “la deuda histórica con la Amazonía”. Cuando inició su presentación evitó individualizar a los responsables del desencuentro entre peruanos, aunque luego mencionó que grupos radicales -que se oponen al modelo democrático y al progreso del país- están detrás de las acciones desestabilizadoras en el oriente y sur peruanos.

Después de la primera intervención de Yehude Simon (participó en la sesión un par de veces más para responder las inquietudes de los congresistas de oposición), le tocó el turno a la ministra Mercedes Cabanillas, quien ratificó la tesis del jefe del Gabinete al señalar que “radicales financiados desde el exterior buscan implantar un modelo de caos y anarquía”. Luego justificó la fallida acción policial mencionando un par de artículos de la Constitución que señalan los deberes de los ministros y la Policía, “encargada de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana”.

Las contradicciones que evidenció la Cabanillas en otras oportunidades volvieron a repetirse en el Congreso, donde fue interpelada por el mismo suceso que motivó la presencia del primer ministro. La Cabanillas dijo que el Gobierno cumplió con el mandato constitucional de recuperar las vías bloqueadas para aliviar a las poblaciones afectas por las medidas de los nativos. Según ella, el desabastecimiento de combustibles y alimentos que llevaba 55 días fue la causa principal de la actuación de las fuerzas del orden. Esto desmentiría al propio Yehude Simon[2], quien tres semanas atrás reveló que la intervención se realizó porque los indígenas iban a dejar sin petróleo y gas al país. Entre la escasez de productos básicos en ciudades amazónicas y la falta de carburante a nivel nacional hay mucha diferencia.

Otra falacia del premier, de las tantas que dijo ayer en el hemiciclo, está relacionada con la supuesta “inmolación” de los policías retenidos en la Estación N° 6 de Petroperú. Sobre este punto aseveró que los uniformados “no cayeron en el juego de los desestabilizadores que buscaban que el Gobierno cometiera un genocidio… y entregaron sus vidas por la democracia”. Esto último es inexacto porque los custodios de la planta de bombeo fueron sorprendidos con el desalojo que inició el comando policial en la ‘Curva del Diablo’. Si éstos permitieron que los nativos awajun tomaran sus fusiles AKM fue porque confiaban en que no pasaría nada. Lo que queda claro es que los policías detenidos no dispararon sus armas para no ser procesados por delitos de lesa humanidad; y no porque hayan querido convertirse en mártires.

Durante la segunda participación de la ministra Cabanillas, la funcionaria mencionó que las Fuerzas Armadas iban a proteger la Estación N° 6, pero no explicó porque no se produjo el relevo de las Fuerzas Policiales. La gran es falla del operativo en Bagua es haberla ordenado mientras 38 efectivos permanecían secuestrados en dicha estación. La acción no debió efectuarse en esas condiciones pues las autoridades y el Comando General de la Policía abandonaron a su suerte a ese desventurado contingente. En este caso, el sentido común manda averiguar en qué situación se encontraba el destacamento que vigilaba la estación de Petroperú antes de liberar la convulsionada vía terrestre. Al no interesarse por su seguridad, el Gobierno pone de manifiesto que deseaba sus muertes para victimizarse y culpar a los indígenas de la violencia desatada en la Amazonía. De esa forma pretendían postergar indefinidamente sus demandas acusándolos de genocidas y salvajes, tal y como se reflejó en un spot producido por del Ministerio del Interior.

El Ejecutivo apeló una vez más a la amenaza externa para acallar las críticas que provienen de diversos sectores de la sociedad civil. Así trata de conseguir el respaldo de algunos medios independientes y grupos políticos para que los últimos dos años que le quedan no estén marcados por la inestabilidad. El principal objetivo del presidente García, como se dijo en otros artículos, es mejorar su imagen ante la ciudadanía. García cree que si mantienen el mismo rumbo (de crecimiento sostenido, atracción de capitales y reducción de la pobreza) podrá revertir los desajustes que hizo en su primer gobierno. De momento sólo le interesa cambiar la percepción de los peruanos que lo padecieron cuando era más joven e irreflexivo, ya que no puede postular en las próximas elecciones. Forjar la unidad nacional en un momento álgido para el país en base a mentiras y exageraciones no dará resultado pues los peligros que intenta magnificar no son creíbles. Sólo la periodista Cecilia Valenzuela, el director del diario ‘Correo’ y el entrevistador Jaime de Althaus acogen la teoría conspirativa porque forman parte del aparato de propaganda del Gobierno.

En otra parte de la sesión, la ministra Cabanillas esquivó su responsabilidad política y aseguró que “en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales, fue el director general de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, quien dispuso la intervención policial para desbloquear la carretera Fernando Belaunde”. Para ella dicha orden fue una mera formalidad ya que no se determinó la fecha del operativo, dado que la misma correspondía definirla al Comando General de la Policía de la zona de operaciones.

En otro momento de la interpelación, el premier dijo que el Gobierno “no acepta la violencia como método para exigir demandas”; pero eso es justamente lo que hizo hace poco en la selva pues toleró la toma de carreteras –durante 20 horas al día- hasta que se derogaran los decretos que rechazaban los amazónicos. Este hecho fue duramente cuestionado por miembros de la bancada de Unidad Nacional pues consideran que el Ejecutivo ha claudicado ante los radicales. Para esta agrupación se ha perdido el ‘principio de autoridad’, que para la derecha significa el miedo que debe infundir el Estado a las poblaciones que cuestionan las cosas, es decir, el orden o status quo. El quiebre de este principio le causa mucho temor a los conservadores y a la clase adinerada en general porque era -o es- su “garantía” contra las turbas enajenadas que reclaman más atención y/o derechos.

Durante las respuestas que daba el premier sobre los sucesos en Bagua, señaló que el bloqueo de carreteras es un delito y lo equiparó a una táctica de guerra convencional, pues entraña violencia contra las ciudades, repitiendo el mismo argumento que esgrimió un par de días atrás Aldo Mariátegui en el racista diario ‘Correo’.

Lo que más nos sorprendió durante la accidentada jornada en el hemiciclo fue el total desconocimiento de la realidad por parte del primer ministro ya que es increíble que asegure haber “resuelto el problema de la Amazonía optando por la vida”, es decir, por la vía de la concesión y el diálogo con las comunidades, en lugar de la represión. Yehude Simon no puede estar más distanciado de lo que pasa en el país pues los nativos sólo han pactado una tregua. Los pueblos amazónicos sólo se han desmovilizado porque dos de los nueve decretos que rechazan han sido derogados; pero su lucha seguirá si el Gobierno incumple los acuerdos que se tomen en la Mesa de Diálogo que también integran la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

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[1] Recordemos que ella renunció, a pesar de no ser responsable directa de lo sucedido, por una cuestión de principios y por desacuerdos con funcionarios que realizaban actividades partidarias dentro de su cartera en lugar de cumplir con sus obligaciones (nos estamos refiriendo al jefe del Indepa, Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos).

[2] Fue durante una entrevista que concedió a la periodista Mariela Balbi del diario El Comercio.

FLASH: Murió Michael Jackson, el rey del POP!

El ´rey del pop´ Michael Jackson murió víctima de un infarto a los 50 años

Impactante: Entertaiment Tonight reveló una imagen de los precisos momentos en los que paramédicos le realizaban resucitación cardiopulmonar al ´rey del pop´.

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Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Cuando un Gobierno se siente acorralado por las demandas sociales suele inventar excusas o crear falsas amenazas para ocultar su incapacidad.
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Por César Reyna

Después de que el Ejecutivo llegara a un entendimiento con los representantes de los pueblos nativos, congresistas del Partido Aprista dijeron que habría más protestas y que detrás estarían grupos radicales que buscan el derrocamiento del presidente Alan García. Los personajes que respaldan esa apócrifa versión de los hechos son Mauricio Mulder, parlamentario y secretario general del Apra, y Luis Giampietri, también congresista y vicepresidente de la república. Ellos se han encargado de difundir y dar detalles sobre la supuesta asonada golpista que se prepara en el interior del país. Mulder advirtió que algunas agrupaciones vinculadas al Partido Nacionalista se están preparando para “tomar el poder”. El objetivo sería repetir el accidentado proceso que consiguió la destitución de los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia y Jamil Mahuad en Ecuador.

La posibilidad de un golpe popular de esas magnitudes no es real por diferentes factores. Uno de ellos sería, como se dijo en artículos anteriores, la peculiar composición demográfica o sociocultural del Perú. A diferencia de nuestros vecinos sudamericanos, las comunidades altoandinas y amazónicas representan un tercio de la población total. La situación es distinta en Bolivia y Ecuador pues esos grupos representan un porcentaje significativamente mayor (cerca de un 45% en Ecuador y más de 60% en Bolivia). Además hay que tener en cuentan que en esos países los indígenas se encuentran mejor organizados, lo que les permite realizar movilizaciones a nivel nacional. Esto no sucede en el Perú pues las medidas de fuerza de las comunidades se circunscriben al ámbito local o regional, y la única manera que en que pueden afectar otras partes del territorio es cuando bloquean grandes vías interprovinciales. La fuerza del movimiento andino o selvático no tiene la repercusión que se le pretende adjudicar. El que las protestas sean focalizadas nos indica que carecen de articulación suficiente para cercar las principales ciudades. Ni con el dinero del mandatario venezolano Hugo Chávez se podría construir una base social (masa violentista) de grandes proporciones porque el Perú está bastante desintegrado.

Nadie niega que eso pueda ocurrir en algún momento pero no será en un futuro inmediato. Si bien no lo podemos descartar -porque no sabemos cuáles serán las condiciones del país en los próximos años-, al menos sí podemos afirmar, dadas las actuales circunstancias sociopolíticas, que no hay fundamentos para que se produzca la ruptura del orden constitucional por esa vía.

Cuando el Gobierno dice que hay conspiraciones internacionales en marcha lo hace para ocultar las causas que desencadenaron las movilizaciones en Bagua, Andahuaylas, Sicuani o La Oroya. Todos estos problemas son atribuibles al Partido Aprista porque, o no atendió a tiempo los reclamos de las poblaciones descontentas (como en el caso de la Amazonía), o incumplió sus promesas pre y postelectorales. En la selva, por ejemplo, los nativos exigían la consulta previa cuando una norma o disposición administrativa afecte sus territorios y su modo de vida (hecho que los gobiernos de turno venían desconociendo desde 1993 cuando se ratificó el Convenio Nro. 169 de la OIT). En cuanto a los desmanes en la ciudad de Andahuaylas, paralizada desde el 11 de junio, estos se produjeron porque el presidente García había prometido asfaltar la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay (la demora en la rehabilitación se debe a que no se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental). En Sicuani, pobladores de la provincia de Canchis (Cusco) piden la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la que tampoco se les había consultado, y la paralización de las obras de la hidroeléctrica de Salca-Pucará, un proyecto a cargo del Ejecutivo. En estos dos últimos casos las autoridades pretendieron culpar a los gobiernos regionales de la falta de diálogo y los retrasos para evitar su responsabilidad.

Lo de la fundición de La Oroya se veía venir pues el accionista mayoritario de Doe Run, el Grupo Renco, se negaba a invertir en la empresa y cumplir con el PAMA (Programa de Manejo Ambiental). En juego están más de tres mil puestos de trabajo y la economía de la sierra central que depende de la minería. Los obreros del complejo metalúrgico tomaron la Carretera Central para que el Gobierno tome cartas en el asunto. Lo que demandan es una solución definitiva que asegure sus empleos y la viabilidad de la fundición. Pero la Administración de García no quiere intervenir (asumir el control), como sí lo hizo por un día en Panamericana Televisión, para no ser demanda en cortes internacionales. El bloqueo de la carretera lleva dos días y está causando el desabastecimiento en la región central.

A Mulder y Giampietri se ha unido la periodista Cecilia Valenzuela, quien forma parte del aparato de propaganda del Gobierno. Esta comunicadora tiene la misión de corroborar las denuncias de los congresistas del Apra. Para este fin ha realizado investigaciones para descubrir a los presuntos conspiradores y sus planes. Ayer se presentó en la ‘Hora N’, programa televisivo que conduce Jaime de Althaus[1], otro hombre de prensa de discutida credibilidad. Valenzuela se explayó a sus anchas para decir que había “identificado” a los promotores de la violencia que sacude a varias regiones del país. Ella acusó directamente a un movimiento llamado “MIR Venceremos”, vinculado al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru); a Patria Roja, relacionado con el sindicato de profesores estatales; y a la facción más radical del Partido Nacionalista de Ollanta Humala, es decir, al ‘etnocacerismo’ que lideró Antauro Humala, hoy en prisión por haber capturado una comisaría en Andahuaylas. También mencionó que miembros de las FARC asesoraban a los desestabilizadores y que se éstos se proponían cercar la capital en setiembre. La Valenzuela defiende la tesis del presidente García de que los nativos fueron manipulados. Durante la entrevista confirmó que Hugo Chávez financiaba a los revoltosos y que Evo Morales les proporcionaba apoyo y refugio político.

A la Valenzuela no se le puede tomar en serio –por eso ningún medio serio difunde sus investigaciones- porque no realiza un periodismo crítico ni independiente. Su cercanía al poder la convierte en caja de resonancia de las más disparatadas teorías del Gobierno.

Las afirmaciones anteriormente reseñadas se difundieron a pocos días de la interpelación al primer ministro Yehude Simon por los lamentables sucesos en Bagua. Si algo nos ha enseñado la historia es que no hay casualidades en política, de ahí que García busque la unidad, destapando una supuesta injerencia extranjera, en momentos en que sus acciones van a ser cuestionadas en el Parlamento. Porque la censura al premier es también una censura al presidente por no saber manejar una crisis. Sus marchas y contramarchas han afectado sus índices de popularidad pues apenas un quinto de la población lo respalda, así lo revela la última encuesta de Ipssos-Apoyo.

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[1] De Althaus es un lobista encargado de promover la inversión privada y defender el modelo neoliberal, de ahí su sesgo y parcialización. Hace dos semanas, en una emisión pasada, trató de callar maleducadamente a una experta que deshizo todos los argumentos a favor de los decretos antiamazónicos.

Crisis política en Perú: encuesta de Apoyo, violencia en el sur, el conflicto en la Amazonía y elecciones en 2011

Crisis política en Perú: encuesta de Apoyo, violencia en el sur, el conflicto en la Amazonía y elecciones en 2011

Por César Reyna


La última encuesta urbana de Ipssos-Apoyo presenta datos interesantes pues el 53% de los entrevistados respalda la derogatoria de los decretos 1090 y 1063, cuya vigencia desencadenaron terribles enfrentamientos en la Amazonía (si la muestra hubiera incluido zonas rurales y selváticas el porcentaje seguramente hubiera sido mayor). Esto revela que la población, contrario a lo que pensaba el Gobierno, se solidariza con las demandas de las comunidades nativas. El Ejecutivo ha salido más que magullado en el sondeo pues la ciudadanía considera que el presidente García es el principal responsable de la crisis desatada en la selva. El mandatario concentra la mayor condena con un contundente 84%, y su bancada no la pasa mejor pues el 82% desaprueba su participación en el conflicto. Por si fuera poco, un 57% encuentra culpable a García de la muerte de 34 personas, entre policías y nativos.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, también del Apra, es cuestionada por el 77% de los encuestados, catorce puntos más de los que reprueban al premier Yehude Simon, quien es menos repudiado que García y Cabanillas al recibir un 63%.

La popularidad del líder aprista ha caído 9% (de 30% a 21%) a raíz de los sucesos de Bagua, su nivel más bajo desde el escándalo de los ‘pretroaudios’, que provocó la salida del ex primer ministro Jorge del Castillo. Las cifras nos señalan que la estrategia de comunicación del Gobierno ha sido derrotada, y más si tomamos en cuenta que el 63% piensa que murieron más indígenas que efectivos policiales, cuando en realidad las bajas policiales duplican a la de los civiles.

La aprobación del primer mandatario continuará en caída libre mientras la población piense que no se ha recuperado el orden. Si bien las cosas se han calmado en la selva (la carretera Tarapoto-Yurimaguas ha sido desbloqueada por los manifestantes y el Gobierno ha levantando el toque de queda en Bagua), en el sur del país han surgido nuevos brotes de violencia en Andahuaylas (Apurímac), Sicuani (Cusco) y La Oroya (Cerro de Pasco). Los desmanes, las paralizaciones e irrupciones del tránsito están afectando gravemente el turismo y el comercio. Las cancelaciones de paquetes turísticos y reservas hoteleras están a la orden del día. De continuar la obstrucción de las vías terrestres los precios de los alimentos y otros productos subirán considerablemente en las ciudades costeñas. La inflación y la escasez no sólo son enemigas de los consumidores, sino de los gobiernos de turno pues generan desconcierto, movilizaciones e inestabilidad.

La proliferación de protestas se debe a las deficiencias del Estado para anticipar y atender las demandas de las poblaciones del interior. En la ciudad Andahuaylas, ubicada en la región más pobre del Perú, los campesinos exigen la rehabilitación de la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay y piden la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, también rechazada por los nativos de la selva. En Sicuani, campesinos de la provincia de Canchis han cercado el Cusco y estuvieron a punto de tomar el aeropuerto Velasco Astete, custodiado por tropas del Ejército. Los hombres del campo exigen la presencia del premier Yehude Simon para dialogar sobre la Ley de Recursos Hídricos, las concesiones mineras y la construcción de la hidroeléctrica Salca-Pucará. En estos reclamos se ha detectado a grupos radicales -Sutep, Patria Roja, reservistas vinculados a Antauro Humala, hermano del candidato nacionalista Ollanta Humala, etc.- que piden la vacancia del presidente, una nueva Constitución, entre otras demandas radicales. En La Oroya la situación es tan o más crítica pues trabajadores de la fundición de Doe Run han bloqueado la Carretera Central, en protesta porque la empresa no cumple sus promesas y el Estado no hace nada para ponerla en su lugar (debe cumplir su Programa de Manejo Ambiental).

Volviendo al análisis de la encuesta de Ipssos-Apoyo, hay que destacar varias cosas pues la población prefiere el diálogo a la represión uniformada. Eso explica por qué el primer ministro Yehude Simon, quien está a punto de ser censurado por el Congreso, sale mejor parado que García y la ministra Cabanillas, partidarios de imponer orden a toda costa. La desaprobación de 63% del premier no es nada halagüeña para él, pero indica que su posición conciliadora tiene muchos más adeptos de lo que estimaba el presidente. El mensaje de la ciudadanía parece ser que ceder no es malo si evita muertes y no compromete la imagen del país. Los peruanos quieren vivir en paz, pero no a cualquier precio, ya que la tensión social ahuyenta la confianza y las inversiones. Por eso exigen que el Gobierno negocie antes de emplear la fuerza en contra de civiles. Un gran sector del electorado considera que García ha afectado nuestra imagen en el exterior por el alto saldo de vidas perdidas en la Amazonía. De ahí que éste encabece la lista de culpables por su pésimo manejo de la crisis amazónica.

El conflicto en la Amazonía no solo marca un punto de quiebre en la manera en que se gestionará asuntos similares, sino que determinará el clima electoral. Según Alfredo Torres, director de Ipssos-Apoyo, “ningún opositor pudo capitalizar la molestia con el Gobierno por conflicto en la Amazonía”. Y pronostica que “el escenario de conflictos sociales que afronta el país podría hacer surgir la figura de un ‘outsider’”. Su apreciación nos sugiere dos cosas: 1) que ni siquiera Keiko Fujimori, cuyo padre fue muy popular en la selva, sacó réditos importantes pues su popularidad apenas subió de 19% a 22% en la muestra (su crecimiento se debe básicamente al declive de otras figuras de la derecha como el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y de la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano. Castañeda empata con Ollanta Humala en el segundo lugar de las preferencias, ambos con 15%).

En cuanto al punto dos, la aparición o el deseo de que aparezca un ‘outsider’ –un actor político no contaminado por el sistema- cobra fuerza pues hay un vacío de liderazgo (el electorado considera que la clase política no lo representa). Los peruanos -los seres humanos en general- necesitan creer en algo o en alguien, por eso reclaman un ‘outsider’ que plantee metas comunes y les devuelva la confianza en sí mismos. La falta de propósito, rumbo o destino es lo que se necesita recuperar para darle viabilidad al proyecto que somos de país.

El padre Marco Arana bien podía aprovechar el descontento con el sistema económico (un 54% considera que deben hacerse reformas) y con la manera en que el Ejecutivo viene “resolviendo” las cosas pues tiene experiencia en el diálogo con las comunidades, a las que ha organizado para que puedan defender sus derechos.

Finalmente, el liderazgo de la congresista de Alianza para el Futuro, Keiko Fujimori, se debe a que la población, según Torres, “añora la idea de orden que se tenía de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, distinto a la percepción actual sobre el manejo que le da el Gobierno a las protestas”. Sobre esto conviene realizar algunas precisiones pues el “orden” que hubo durante el fujimorato fue precario e ilegal ya que el ex presidente y reo en cárcel clausuró el Parlamento, restringió libertades ciudadanas y persiguió a sus opositores. El “orden” fue aparente porque los medios de comunicación, comprados con el dinero sucio de Vladimiro Montesinos, transmitían la sensación de que las cosas andaban bien en el país. La tranquilidad era ficticia pues los grandes problemas del Perú seguían sin resolverse. Tampoco hay que olvidar que para garantizar el “orden” el régimen formó comandos de aniquilamiento que asesinaron a dirigentes sindicales[1], periodistas y políticos, y otros tuvieron que exiliarse. Fujimori y su socio político son responsables de la debilidad de nuestro sistema de partidos pues instituyeron una forma de gobernar alejada de la formalidad donde ‘todo vale’ para preservar el poder.

Para apaciguar a la Amazonía, por ejemplo, Fujimori concedió generosas exoneraciones tributarias que no existen en otras regiones. Así, los selváticos no pagan Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto a la Renta (IR) ni el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC, que grava principalmente a los combustibles). Las exoneraciones incluyen a los inversionistas que reinviertan sus utilidades en la zona (no pagan Impuesto a la Renta). De ahí que no sea difícil comprender por qué Keiko Fujimori cuenta con respaldo en la selva.

Keiko Fujimori no restablecería el orden como su padre -tras el nefasto primer Gobierno de García (1985-1990)- porque no tiene un Vladimiro Montesinos a su lado dispuesto a ensuciarse las manos ni goza de la simpatía de la mayoría de peruanos. Su 22% es fruto de los reacomodos del electorado de derecha que busca desesperadamente un candidato que defienda al sistema del peligro que representa Ollanta Humala.

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[1] Fue el caso de Pedro Huilca Tecse, presidente de la CGTP, la central de trabajadores más importante del país.

Crisis Política en Perú: la censura contra Yehude Simon

Por César Reyna

A partir del miércoles el presidente Alan García deberá recomponer el Gabinete porque la oposición y los aliados del Gobierno (el Fujimorismo y Unidad Nacional) votarán, con casi con toda seguridad, por la censura del primer ministro Yehude Simon. El premier será la primera baja sensible en el Ejecutivo tras los trágicos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Bagua, en el nororiente peruano. A Simon podría seguirle la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, responsable directa del fallido operativo que enlutó a decenas de familias el 5 de junio pasado. Simon pagará el precio de haber hecho las cosas a la manera de García pues el segundo se negaba a solicitar la derogatoria de los decretos 1090 y 1064 al Parlamento.

El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich dijo (en su columna del sábado pasado en el diario La República) que la censura blindaría al próximo gabinete que nombre García pues el Congreso no se atreverá a censurar dos gabinetes consecutivos ya que el artículo 134 de la Constitución señala que: “El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros”. Que el presidente tenga esa potestad no quiere decir que vaya a utilizarla pues el 2010 es un año netamente electoral. Ni a la versión más impetuosa de García se le ocurría defenestrar a sus partidarios y opositores en represalia porque podría ser tildado de autócrata. Ciertamente la comunidad internacional no vería con buenos ojos que el Ejecutivo gobierne sin fiscalización ni oposición política por un tiempo. En la práctica el cierre del Legislativo es una medida antidemocrática y de último recurso, pues sólo procedería -y sería aceptada- si el Congreso boicotea abiertamente las políticas del Gobierno. Sólo en ese escenario sería viable. En los últimos tiempos ningún mandatario ha recurrido a la disolución de la Cámara porque la presión mediática y ciertos sectores de la sociedad civil se han encargado de ello.

La renovación está de todos modos cantada: habrá cambio de Gabinete sí o sí. Simon era fusible y se quemó. Y es culpable de lo sucedido en la Amazonía por su falta de aplomo para plantearle las cosas a García. Al permitir -desde el comienzo del conflicto- que las cosas se hicieran a su modo deberá dimitir ya que no hizo todo lo que pudo para evitar la muerte de 34 peruanos. Su falta es por omisión y por creer que ignorando el problema durante cuarenta días o recurriendo la violencia, como le hizo creer García al hablar de conspiradores internacionales, podría controlar la situación. Lo de Bagua era totalmente previsible pues los nativos no iban a ceder en sus peticiones. Para ellos era la derogatoria o nada asi las normas cuestionadas tuvieran disposiciones favorables, que no las tenían, desde luego.

Una vez que se confirme la salida de Simon Munaro los apristas recuperaran la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). La recaptura del premierato –anteriormente estuvo en manos del congresista Jorge del Castillo- es fundamental para sus aspiraciones políticas. Sin el control de la PCM no podrían encauzar la política del Gobierno, es decir, hacerla coincidir con sus objetivos partidarios. Tal vez muchos ‘compañeros’ ingresen en el último tramo de esta Administración para realizar proselitismo político con recursos del Estado (obras públicas, publicidad estatal, etc.). El despilfarro y la ineficiencia gubernamental seguramente estarán a la orden del día en los próximos meses. Por eso habrá que estar vigilantes para denunciar los excesos que se comenten desde el poder.

Padre Marco Arana presidente

Elecciones en Perú: Padre Marco Arana presidente

Todavía falta mucho para las elecciones de 2011 (en política dos años son una eternidad), pero la probable candidatura del sacerdote Marco Arana está cobrando fuerza en muchos sectores de la izquierda progresista. Su eventual participación revertiría la tendencia de los últimos procesos electorales ya que no tendríamos que viciar nuestro voto ni nos veríamos obligados a escoger al ‘mal menor’.
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Por César Reyna


El padre Marco Arana, a nuestro juicio, reúne todas las condiciones para representar a los descontentos con el modelo neoliberal y presentar una propuesta alternativa de desarrollo. Su incursión en política no es improvisada como muchos sinvergüenzas que llegaron al Congreso o a la presidencia como Alberto Fujimori, por poner un ejemplo. No, lo suyo es serio pues tiene formación académica (es sociólogo), social (trabaja con las comunidades) y pastoral. Ha realizado intenso activismo social en su natal Cajamarca y en otras regiones del país. Siempre abogó por los más pobres pues protestó contra los abusos de las compañías mineras en su trato con las comunidades campesinas. Proviene del Perú profundo, el cual conoce como la palma de su mano, pero no se ha desvinculado de sus raíces como Alejandro Toledo, un falso representante del movimiento indígena (de indio solo tiene el rostro), sino que ha trabajado intensamente por mejorar las perspectivas de vida de los pueblos afectados por la actividad minera.

Algunos medios lo han tildado de ‘comunista’ ‘revoltoso’ y ‘agitador’ por darles voz quienes no la tienen por desidia del Estado. El padre Arana muchas veces ha tenido que suplirlo organizando a los comuneros para que puedan ejercer sus derechos. Esa encomiable labor le generó el hostigamiento de la poderosa minera Yanacocha, de capitales peruanos y norteamericanos, por denunciar el deterioro de la salud de las poblaciones aledañas a su explotación. Esa empresa quizá representa todo lo malo que significó el Gobierno de Fujimori pues la familia Benavides, sus accionistas peruanos, adquirieron su participación en la mina en el despacho del inescrupuloso ex asesor del SIN, Vladimiro Montesinos, quien intervino en el Poder Judicial para desbancar del proyecto a una firma francesa.

Uno de los principales atractivos del padre Arana es que no está estigmatizado como el líder nacionalista Ollanta Humala, a quien la derecha y varios medios advenedizos demolieron cuando lo identificaron con Hugo Chávez. Humala jamás podrá desprenderse de ese sambenito pues mantuvo reuniones con el mandatario venezolano y se presume que su agrupación recibe fondos de Caracas (su mujer recibió ingresos no explicados de un diario cercano al chavismo). Para los moderados la propuesta de Humala es muy riesgosa pues no desean estatizaciones ni medidas muy traumáticas. Arana, en cambio, podría sintonizar con ese sector pues su discurso no es violentista (Humala carga a cuestas con los crímenes de su hermano Antauro en Andahuaylas) ni está vinculado con terceros países, excepto con el Vaticano, claro está, hecho que nadie podría reprochar por su condición de sacerdote (cuando renuncie estará libre de la injerencia de la Santa Sede pues se convertirá en laico).

Otro elemento relevante es su religiosidad pues le añade honestidad a su propuesta. A diferencia del resto de aspirantes, el padre Arana no tiene las manos manchadas de sangre o de dinero. Para el diario La República es “una ventaja de la que sacaría partida porque en el imaginario de la gente los curas son buenas personas y se preocupan por el bien común”. Pero no basta ser “bueno” sino tener el acercamiento que el padre ha tenido con la población. Arana no ha vivido recluido en su parroquia de Porcón en Cajamarca pues ha intervenido en diversas mesas de diálogo y ha evitado conflictos.[1] Su actitud conciliadora ha sido reconocida en 2005 cuando ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado por la Defensoría del Pueblo. Eso representa un plus para sus aspiraciones pues el ex obispo Fernando Lugo ganó las elecciones presidenciales en Paraguay de la misma forma. Arana podría repetir el fenómeno si logra aglutinar a una izquierda que carece de representatividad.

La irrupción de su figura no podría ser más auspiciosa pues el tema ambiental y el diálogo con las comunidades nativas está en boga, sobre todo después de los lamentables sucesos de Bagua donde perdieron la vida 24 policías y 10 civiles. Arana es un experto en esos temas y su trabajo habla por si mismo toda vez que fundó Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible), una ONG que se ha enfrentado las malas prácticas de la minera Yanacocha. Si se presenta llenaría el vacío relacionado con la defensa de las comunidades afectadas por la minería.

Arana todavía no se ha postulado, pero no lo descarta si Tierra y Libertad, la organización política que está impulsando y otras fuerzas políticas lo designan. “Si hay que asumir una responsabilidad de ese tipo (ser candidato presidencial) y es decisión de un colectivo, que exprese un sentir popular, es una responsabilidad que no voy a rehuir”, sostuvo a La República. Su movimiento social ha construido plataformas regionales en todo el país, principalmente en el ámbito andino. Todo apunta a que se presentará pues está consiguiendo apoyos en diversas regiones. En las encuestas todavía no aparece porque únicamente consideran a candidatos de Lima. Pero podría dar la sorpresa partiendo desde atrás ya que aprovecharía el desgaste y la sobreexposición de los que actualmente ocupan las primeras posiciones. Mientras los aspirantes más conocidos se atacan y despedazan entre sí; Arana emergería como una figura renovada y ajena al juego sucio. Él imprimiría seriedad a una campaña repleta de puyazos y difamaciones por doquier. Los peruanos del centro lo admirarían porque están cansados de dimes y diretes y de promesas incumplidas. Arana tiene todo a su favor para encabezar una candidatura unitaria y recomponer a la izquierda, que desde Barrantes Lingán[2] no ha encontrado una figura aglutinante. Su pasado intachable lo avala pues la minera Yanacocha le hizo un seguimiento exhaustivo y no pudo encontrarle nada.

Su trayectoria es su mejor defensora pues ha hecho mucho por las comunidades campesinas. Según Raúl Mendoza del diario La República: “su prédica por la defensa de los derechos humanos y ambientales ha calado en un país donde la mayoría de conflictos actuales son de ese tipo”. En el reportaje que el citado periodista hiciera sobre el padre se menciona que el Partido Socialista “ve con expectativa la figura de Arana”. Muchos al interior de ese partido no creen que Ollanta Humala sea el “candidato natural” por los anticuerpos que genera.

Además de su desvinculación con grupos radicales, otro factor que potencia su candidatura es su carisma pues ha recibido apoyo de los sectores más jóvenes del interior. Arana podría sacar rédito de ello como hizo Barack Obama en las pasadas elecciones estadounidenses. En un país que carece de marcos institucionales (partidos políticos) y priman las simpatías personales no es nada raro que Keiko Fujimori, una figura sin programa de gobierno ni experiencia política lidere la intención de voto a nivel nacional.

La República destaca que Arana “ha tenido –y tiene– notoria presencia mediando en los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras", asunto que han descuidado los gobiernos de turno. El padre encaja perfectamente con la posición ambientalista y ecológicamente sustentable de líderes mundiales como el Premio Nobel de la Paz Al Gore. Su opción por los pobres –comulga con la Teología de la Liberación del sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez- lo acerca al electorado más necesitado de asistencia gubernamental. De llegar al poder los programas sociales ganarían transparencia y eficiencia pues los rediseñaría para que beneficien más peruanos.

Como muchos progresistas, cuestiona el modelo neoliberal porque no redistribuye la riqueza. Desde su adopción a principios de los noventa, la brecha entre ricos y pobres ha crecido considerablemente. Ese modelo debe ser corregido porque no da respuesta a problemas fundamentales como la desigualdad, el calentamiento global, etc., que forman parte de la agenda de las Metas del Milenio.

Otra diferencia con Humala es que lo respaldan académicos de primera como Pedro Francke, profesor de economía de la Pontificia Universidad Católica y el sociólogo Carlos Reyna, además de varios ambientalistas y expertos en gestión pública. No saber escoger a sus colaboradores fue uno de los grandes errores del líder del Partido Nacionalista ya que se rodeó de muchos oportunistas como los congresistas Torres Caro y Aldo Estrada de UPP, quienes aprovecharon el arrastre de Humala para fines personales y promovieron, de paso, un cisma al interior de su agrupación.

Siguiendo a La República, Pedro Francke resume los tres lineamientos claves del movimiento Tierra y Libertad: “Una estrategia de desarrollo con equilibrio respecto al medioambiente, mejor aprovechamiento de los recursos naturales y diálogo permanente con las comunidades”. Esto implicaría institucionalizar la participación a las comunidades, es decir, crear mecanismos de diálogo para garantizar su participación en la discusión de temas relacionados con sus territorios. Para aprovechar mejor los recursos naturales, sobre todo los no renovables, las empresas extractivas deberían pagar más regalías y habría que modificar el impuesto a la renta para que se pague en función de la cotización de los commodities que comercializan (de manera gradual).

“La descentralización del país, la reforma del Estado y la lucha contra la corrupción” es otro de los pilares del programa de Arana reseñado por Francke. Para descentralizar no solo se debe transferir fondos y competencias, como se viene haciendo en el presente, sino fomentar liderazgos regionales y capacitar a la burocracia que se encargara de ejecutar el presupuesto y los programas de desarrollo. La reforma del Estado comprende la reestructuración de los sistemas educativos y sanitarios, asi como la defensa y la seguridad interna del país. Gobiernos de diversas tendencias políticas han postergado la reforma por falta de voluntad para llevarla a cabo. Los esfuerzos realizados han sido meramente superficiales pues no han encarado los problemas que aquejan un abanico de sectores. Para revertir la tendencia deberíamos enfocarnos en la educación y la salud porque mejorarían nuestra productividad a mediano y largo plazo. Invertir en capital humano es la clave para salir del subdesarrollo. Para ello es necesario usar eficientemente los recursos que generan actividades primarias como la minería y el petróleo.

Como tercer punto Francke propone “Una economía al servicio de las necesidades de la gente porque hoy unos pocos se llenan los bolsillos y la gente no ve mejoras en educación, salud y salarios, por ejemplo”. Lo que plantea es una ‘economía con verdadero rostro humano’ y no un simple slogan como hizo de ésta el ex presidente Alejandro Toledo. Dentro del nuevo modelo los ciudadanos, y no los intereses particulares, deben tener preeminencia. Los sueldos podrían subir en la medida que mejore la productividad y competitividad del país. Francke no habla de elevar el salario mínimo vital, pero sí sería conveniente ajustarlo a la inflación. Toda alza, desde luego, debería ser acordada en el Consejo Nacional del Trabajo, donde participan gremios empresariales y sindicales bajo la mediación del Ejecutivo. Las mejoras que no percibe la población se deben a que el crecimiento del PBI no implica necesariamente el desarrollo. Por eso se necesita mayor participación del Estado en ámbitos que no tiene mayor interés la empresa privada por ser esencialmente egoísta, eso lo sabemos desde Adam Smith hasta la disparatada Ayn Rand.

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[1] La revista Caretas ya lo señaló hace años en un benevolente artículo sobre su actuación en un conflicto: "Con un discurso mucho más claro y directo que el de algunos políticos, intentó convertirse en una suerte de mediador [en el conflicto del Quilish]. Aunque nadie puede negar alguna intencionalidad política de su parte, él llevó las exigencias del campesinado para ser discutidas con las autoridades". ("Hoguera Quilish", 16.9.04).

[2] Alfonso Barrantes Lingán fue alcalde de Lima durante los 80’ y creó el Comité del Vaso de Leche, precursor de los programas sociales vigentes.

La ONU considera que no existe genocidio indígena en Perú

Sí recomienda que una comisión "independiente" investigue los recientes enfrentamientos que dejaron 34 muertos

EFE / ELPAÍS.com - Lima / Madrid - 20/06/2009

El relator de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, ha asegurado esta madrugada (hora española) que "no existen" elementos para hablar de genocidio de los indígenas en la Amazonía peruana, pero recomienda que una comisión "independiente" investigue los recientes enfrentamientos entre las autoridades y los nativos.

Anaya ha investigado durante tres días en Perú los pormenores de los enfrenamientos que el 5 y 6 de junio pasado dejaron 24 policías y 10 civiles muertos en Bagua, ciudad selvática del norte del país andino. Las protestas surgieron a raíz de dos polémicas leyes para regular el uso y explotación de los recursos naturales de la selva, que fueron derogadas este viernes por el Congreso peruano.

"Como jurista yo no encuentro pruebas de los elementos de genocidio, del intento de exterminar a un pueblo como tal; hay revelaciones de violaciones de derechos humanos, pero de los hechos comprobados, de los hechos que se ven, incluso de los hechos que se alegan, no existen los elementos de genocidio", ha hecho hincapié el responsable de la ONU.

Desafíos

Anaya ha aclarado que no pretende decir "que todo está bien" en Perú, por lo que ha hecho un llamamiento "a una evaluación, una investigación exhaustiva por parte de una comisión especial e independiente". Al emitir su informe final, Anaya ha aclarado que "persisten desafíos que hay que enfrentar" para afrontar las circunstancias en las que se produjeron los violentos enfrentamientos.

Ha recalcado que durante sus reuniones con autoridades gubernamentales, judiciales, civiles y de los indígenas recibió "versiones divergentes y hasta antagónicas en cuanto a los sucesos". En ese sentido, considera necesario realizar un esclarecimiento y una investigación completa y objetiva sobre estos hechos, para que todas las partes, así como la población en general, tengan claridad sobre lo ocurrido".

Anaya, aborigen del pueblo norteamericano apache, ha dicho que Perú "tiene ahora una buena oportunidad para establecer una buena práctica de alcance internacional al traducir la voluntad manifiesta de cumplir sus compromisos internacionales".

La bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Crisis política en Perú: la bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Por César Reyna


En pocas semanas el Ejecutivo ha oscilado entre dos extremos: la intolerancia y la conciliación. Esto se debe, indudablemente, a la inestable personalidad del presidente Alan García, quien no conoce de centros o puntos medios sino de absolutos e inflexibilidades. Eso lo sabemos bien los peruanos que lo sufrimos en su gestión anterior pues fuimos testigos de sus arrebatos y necedades. Algunos sostenían que en algún momento debían aflorar los sentimientos encontrados de García, sobre todo después de la fallida de incursión en Panamericana Televisión. Pero hacía falta una crisis interna para derribar los autocontroles que se había impuesto. Gente de su círculo dice que no duerme mucho y toma sedantes para conciliar el sueño. Sean ciertos o no esos rumores, lo concreto es que estamos a merced de un mandatario que reacciona vehementemente cuando le mencionan la palabra ‘crisis’.

El conflicto en la Amazonía lo pinta de cuerpo entero a él y a algunos miembros de su Gabinete como la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, quien se dejó avasallar por García para imponer el orden en la selva. La presunta ‘guapeada’ del presidente la convirtió en una criatura irascible cada vez que los periodistas le preguntaban por qué salió mal el operativo de Bagua.

El problema en la selva sólo se ha contenido porque los dirigentes nativos dicen que han pactado una tregua. La paz con ellos depende de los resultados de la Mesa de Diálogo y el cabal cumplimiento de los acuerdos que se logren en dicha instancia. El Gobierno ha dicho que acatara los consensos logrados por las partes para poner paños fríos a la situación. Esto puede verse como una delegación de facultades del Ejecutivo pues compartirá la potestad de dirigir la política interna. Ahora ya no la ejerce de manera exclusiva sino a través de sus delegados, encabezados por el primer ministro Yehude Simon. La cesión de poder no es negativa para el país porque está ajustada a la ley, es decir, al Convenio N° 169 de la OIT. Aunque claro, dicho instrumento dice que las autoridades deben consultar con las comunidades -cuando den leyes o resoluciones administrativas que afecten su modo de vida- y no que las prGopuestas de éstas sean vinculantes para el Estado. Lo obligatorio para el Perú es la consulta previa, pero no las peticiones que provengan de los pueblos indígenas. El Gobierno, de todos modos, ha ido más allá del propio Convenio al reconocerle competencias no establecidas a los nativos.

Esto nos coloca en un nuevo escenario de la vida republicana, y muchos no parecen haber reparado en ello, ya que por primera vez el Gobierno central dialogara en pie de igualdad con el sector más olvidado de la población. El cambio de actitud nos parece positivo porque fomentará la participación democrática de grupos tradicionalmente marginados. Si el clima de discusión y distensión prospera, es posible que en las próximas elecciones los nativos cuenten con representantes en el Parlamento y otras instituciones como los gobiernos regionales y municipales. Así habría una verdadera redistribución del poder y una mejor forma de canalizar las demandas populares. El Congreso, tan vapuleado en los últimos tiempos, ganaría algo de legitimidad pues les asignaría un determinado número de asientos en el hemiciclo.

Esta incipiente democratización no ha nacido de las urnas ni del proceso de regionalización, sino del conflicto entre las provincias del interior y el poderoso centralismo limeño. Los lamentables incidentes de Bagua han propiciado un acercamiento que al inicio fue involuntario por parte del Gobierno. El premier Simon estaba maniatado porque García no lo dejaba negociar libremente con los líderes de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). No fueron las horrendas muertes de policías y nativos las que provocaron el viraje del presidente, sino la inusitada repercusión internacional de la protesta. García jamás calculó que los sucesos trascendieran tanto. Por eso esperó unos días para analizar la reacción de la prensa y algunos organismos internacionales para tomar una decisión al respecto. Él confiaba ciegamente que la matanza de los agentes del orden le restaría legitimidad a la causa indígena pero no fue así. En lugar de disminuir o disiparse; crecieron las muestras de solidaridad y apoyo al movimiento amazónico. En vano fue decretar el toque de queda pues los indígenas no depondrían sus acciones de lucha. Estaban dispuestos a todo, inclusive a morir, hasta que el Gobierno cediera.

La tensión en la selva no podía continuar porque sólo debilitaba a la clase política (y a los pobladores de las ciudades incomunicadas lógicamente, pero eso no le interesaba mucho al Gobierno). Si la crispación se prolongaba demasiado las agencias calificadoras de riesgo y bancos multinacionales rebajarían la calificación del Perú (incrementarían el riesgo país). El bloqueo indeterminado de carreteras y vías fluviales, y el abandono del personal que trabaja en estaciones gasíferas y petroleras hubiera perjudicado la “buena” imagen del país.

Si algo preocupa verdaderamente a García es la percepción de los principales agentes económicos pues gobierna esencialmente para ellos. Más le interesa la aprobación de éstos que los índices de popularidad porque siempre ninguneo al pueblo. Para García Pérez el pueblo no es más que la masa que debe moldear porque no sabe dirigirse. La gente de a pie, según él, no sabe lo que quiere ni lo que le conviene. Son “desconcertadas gentes”, en palabras de Don Nicolás de Piérola. Él solo dialoga directamente con los grandes inversionistas, pero no porque estén a su altura, sino porque los necesita para viabilizar su proyecto político, expresado en los artículos del perro del hortelano. Como el Estado ya no puede hacer empresa ni dar empleo debe pactar nuevamente con los empresarios, –como lo hizo a mediados de los 80-, para dinamizar la economía.

Bajo la inmensa presión de los últimos días García debió retroceder. No había dado un paso semejante desde la frustrada estatización de la banca. Era peligroso mantener vigentes los decretos 1090 y 1064 porque nos hubiera llevado al borde de la ruptura social. Ese escenario parecía inevitable hasta hace un par de semanas pero el Ejecutivo entendió que no podíamos continuar así. La incertidumbre ha derribado administraciones en todos lados, y la suya no iba a ser la excepción. García estaba acorralado y no le quedó otra alternativa avalar la postura concertadora de Yehude Simon; fue lo más sensato dadas las circunstancias actuales. La represión no iba a funcionar en este caso, y menos cuando el Gobierno podía ser acusado de genocidio y otros delitos de lesa humanidad.

Durante el debate de la derogatoria de los decretos casi todas las fuerzas políticas se echaron para atrás menos la derecha cavernaria encarnada por Unidad Nacional, la agrupación que lidera Lourdes Flores. Por lo general la derecha no es buena consejera en tiempos difíciles porque apela a recuperar el orden a como de lugar. Sacar al Ejército a las calles es muy fácil, pero, ¿de ahí quién se hace responsable por las bajas civiles que ocasiona? ¿Estarían dispuestos a asumir la instalación de una nueva Comisión de la Verdad, o ser enjuiciados por delitos de lesa humanidad ahora que la Corte Suprema valida la teoría del autor del dominio del hecho[1]? Creemos que no.

Para terminar, Yehude Simon será interpelado[2] la próxima semana al igual que la ministra Cabanillas. Es probable que abandone la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) antes del mensaje presidencial de 28 de julio. La bancada aprista, obligada a retractarse (defendía la validez de los decretos, postura que crispó los ánimos de la población amazónica), no evitó la presentación del jefe del Gabinete en el Congreso. Como Simon no es aprista -si no un colaborador ajeno al partido-, no tenían por qué respaldar su posición de derogar los decretos para enviar una señal de buena fe a los nativos. Los oficialistas nunca aceptaron su liderazgo ya que cuando acudió al Parlamento a presentar el plan de pacificación y desarrollo del VRAE[3] abandonaron abruptamente sus curules. Simon tuvo que enfrentar en solitario los embates de la oposición porque osó atender las demandas de los dirigentes amazónicos. Eso le valió el repudio de los congresistas del Apra, quienes creían que Simon había abierto una ventana para la derogatoria de un conjunto de decretos aprobados para implementar el TLC con Estados Unidos. Los apristas presentían que estaban por perder algo que no les sería muy fácil devolver. Quizá era algo del mismo color de la Amazonía que pretendían vender.

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[1] Esta teoría, desarrollada por la doctrina alemana, sirvió para condenar en primera instancia a Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por dos secuestros agravados.

[2] Tendrá que responder por la sangrienta intervención en la ciudad de Bagua (Amazonas), por la toma de Panamericana Televisión y por la parcialización de TV Perú, la televisora estatal que da cabida a personalidades afines al Gobierno.

[3] Valle de los ríos Apurímac y Ene, donde todavía resiste una columna de Sendero Luminoso asociada a los carteles del narcotráfico.

Relaciones con Bolivia: Evo Morales enemigo del Perú

Relaciones con Bolivia: Evo Morales enemigo del Perú


Por César Reyna


El Canciller peruano José Antonio García Belaunde calificó al presidente boliviano de “enemigo” de nuestro país por declarar que el Gobierno había cometido un genocidio contra indígenas en la ciudad de Bagua. La afirmación del jefe de la diplomacia peruana merece una aclaración pues Morales no es enemigo del Perú sino de la clase política que lo dirige y de la ideología neoliberal que ésta abraza. Esta precisión es necesaria para comprender el difícil momento que atraviesan nuestras relaciones con la hermana república de Bolivia.

Al mandatario altiplánico se le acusa de promover acciones sediciosas en el territorio nacional con el fin de derrocar al Gobierno de Alan García. La interferencia de Morales se debe a que no ha renunciado a su condición de líder indígena y dirigente sindical, a pesar de que ostenta la más alta investidura de su nación. Su verborrea y locuacidad le han generado más de un entredicho con diversos dignatarios de la región. En los últimos días sus exabruptos han cobrado mayor importancia a raíz del mensaje que envió a la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, realizada en Puno a fines de mayo, días antes de que los enfrentamientos en Bagua entre nativos y policías se agudizaran. En la misiva no dejó dudas acerca de sus intenciones pues dijo que los pueblos debían pasar “de la resistencia a la rebelión y de la rebelión a la revolución[1]”. También mencionó que “es el momento de la segunda y definitiva independencia”.

El lenguaje empleado por Morales es netamente marxista porque señala etapas o estadios previos a la constitución de una nacionalidad nativa. Para Morales, la primera independencia de los pueblos originarios ocurrió hace casi 200 años cuando se derrotó al imperio colonial español, y ahora corresponde completar esa emancipación[2] relegando a los descendientes de los españoles del poder. El líder andino piensa excluir a los criollos y mestizos, herederos de los colonos, porque continuaron las políticas represivas de sus antepasados peninsulares.

En Perú le será difícil repetir el proceso[3] que lo llevo al poder porque los nativos peruanos (entre quechuas, aimaras y tribus amazónicas) representan aproximadamente un tercio de la población total. En Bolivia, en cambio, la composición poblacional es distinta pues más del 60% tiene rasgos altoandinos.

Las migraciones[4] hacia la costa, el fenómeno social más relevante del siglo XX en el país, no permitiría la realización de los propósitos de Morales pues los habitantes de la sierra despoblaron los Andes y otras regiones del Perú. Cuando los migrantes quechuahablantes se desplazaron a las ciudades costeñas -a buscar oportunidades y huir de la violencia terrorista- perdieron el vínculo con la tierra porque asimilaron otras costumbres. En la costa aprendieron el castellano, comenzaron a trabajar para terceros y utilizaron la moneda nacional en reemplazo del trueque. Los patrones de consumo cambiaron dramáticamente porque debían adaptarse a un nuevo entorno. Con el tiempo se instalaron en las periferias de los núcleos urbanos y se convirtieron en el sector informal de la economía. En esas condiciones resulta imposible vencer, ya sea por medio de la protesta generalizada en determinadas regiones o electoralmente porque el movimiento indígena no cuenta con suficiente base social. No habrá cambio radical, pero sí, con toda seguridad, una redefinición de la agenda política porque sus demandas encabezarán la lista de prioridades.

El jaque que pretendería Morales, instigado por Hugo Chávez, no podría darse por la vía de la movilización masiva. Aunque tal vez no esté buscando la captura del aparato estatal, sino más bien la escisión de algunas regiones predominantemente indígenas. La Amazonía es una de ellas así como el sur peruano donde la mayoría de habitantes son aimaras, la etnia dominante en Bolivia. El sur peruano, como se recordara, estuvo muy ligado a nuestro vecino en la colonia y también durante la primera etapa republicana en la que se destacó la Confederación Peruano-Boliviana. La injerencia de Morales, bajo esa óptica, podría apuntar a la división entre las provincias del interior y la capital. Por eso Evo Morales se presenta antes éstas como un líder legítimo (tiene el respaldo de las comunidades y campesinos de su país) y sería un aliado fundamental para que consigan su autonomía. Con su apoyo lograrían la separación si las autoridades limeñas siguen ignorando su problemática y gobiernan a favor de determinados intereses.

El actual presidente regional de Puno, cuestionado por no haber atendido la ola de frío que mató a más de 30 niños, habló de “secesión” en un mitin porque el Gobierno central se negaba a aumentarle el presupuesto. En la Amazonía también se han escuchado voces disidentes pues Alberto Pizango, dirigente de Aidesep que se asiló en Nicaragua luego de ser acusado de sedición, hizo un llamado a la “insurgencia” cuando el Ejecutivo insistió en la aplicación de normas que afectan a las comunidades nativas.

Durante los últimos días Morales habló de “genocidio” –en concreto dijo que la matanza de Bagua se debió al genocidio que impulsa el Tratado de Libre Comercio (el modelo neoliberal). Su rechazo visceral a la integración con Estados Unidos hizo que atacara constantemente al Perú por haber suscrito el acuerdo comercial con la superpotencia en 2005. La oposición del presidente boliviano nos parece un tanto hipócrita porque su país ha disfrutado los beneficios del ATPDEA, que en la práctica es un TLC pues los productos altiplánicos ingresan a territorio estadounidense sin pagar aranceles.

La reacción de la cancillería no se hizo esperar pues llamó a consulta a su embajador en La Paz después de declaraciones de Morales sobre política interna peruana en las que se refirió a los trágicos enfrentamientos en la selva como un “genocidio contra nativos”. El presidente boliviano, según las autoridades peruanas, habría incitado a la rebelión[5] de las comunidades nativas antes del desalojo de la carretera cercana a la ciudad de Bagua.

Otro hecho que desencadenó la furia del mandatario andino fue el asilo concedido a cuatro ex ministros bolivianos que pertenecieron al Gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada. Los ex funcionarios fueron acusados de asesinato durante las manifestaciones que organizó Morales en 2003.

El tercer desencuentro se produjo cuando el Gobierno peruano demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para definir sus límites marítimos. Morales considera que la demanda peruana obstaculiza su aspiración boliviana de salida al mar. Sin el consentimiento de Lima –así lo establece el Tratado de 1929-, Bolivia no podría superar el enclaustramiento geográfico[6] porque la eventual cesión de territorio (por parte de Chile) se realizaría sobre antiguos dominios peruanos. Lo que le preocupa mucho a Morales es que si Perú triunfa en La Haya recibiría un mar recortado pues los precedentes indican que la Corte[7] ha fallado a favor de la línea bisectriz cuando existen fronteras adyacentes.

Nuestros países mantienen una relación vecinal cargada de tensiones por la diferencia ideológica de ambos gobiernos. Según, el ex canciller y embajador altiplánico, Armando Loaiza, entrevistado por el diario El País, “(…) el excesivo contenido ideológico vinculado a la construcción del eje La Paz-Caracas-La Habana, (…) relegan los intereses estratégicos y de afinidad que Bolivia estuvo privilegiando con su entorno, con sus vecinos”.

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[1] La violencia en la Amazonía tensó más las relaciones entre La Paz y Lima, luego de conocerse que Morales envió una carta a un congreso indígena celebrado a finales de mayo en Puno, donde justificaba la ‘rebelión’ contra las transnacionales.

[2] El discurso de Morales es esencialmente ‘mesiánico’ pues pretende liberar a las naciones del subcontinente donde los indígenas han sido explotados. La restauración de las culturas precolombinas es su meta a largo plazo.

[3] Según el Canciller, “(Evo Morales) está tratando de que en el Perú se den las condiciones que se dieron en Bolivia y que arrastraron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, primero, y de Carlos Mesa, después”.

[4] Empezaron en la década del 40’ y continuaron hasta los 80’. Redefinieron el espacio urbano y las relaciones sociales, dando lugar a diversas manifestaciones culturales como la ‘chicha’ y la revaloración de lo andino.

[5] El primer ministro, Yehude Simon, advirtió que “dicho mensaje provoca dificultades y puede incendiar la pradera”.

[6] Bolivia sufrió la pérdida de 120.000 kilómetros de litoral en la guerra del Pacífico (1879-1884).

[7] El artículo 15 de la Convención de los Derechos del Mar, que dice que "los países con fronteras adyacentes no tienen derecho de ampliar su mar territorial más allá de la línea media". Chile, por cierto, ratificó la Convención en 1997 expresando reserva en cuanto a los límites. Pero si el Perú llevara el asunto a la Corte Internacional seguramente ganaría con algunos ajustes equitativos. El diferendo marítimo abarca un área de más de 35,000 kilómetros cuadrados.