miércoles, 13 de junio de 2007

El debate inmigratorio en EE UU

El debate migratorio en EE UU y Europa parece encontrar alguna definición, aunque no sea la que muchos esperaban pues la negativa a regularizar la situación de los inmigrantes en Norteamérica y el endurecimiento de la legislación sobre dicha materia en Europa representa un duro revés para quienes ambicionaban la residencia o ciudadanía.

Ciertamente mantener el status quo en EE UU perjudica a los trabajadores “ilegales” porque al no poner en regla su documentación seguirán siendo explotados por sus empleadores, es decir, percibirán salarios más bajos y realizarán sus labores en condiciones poco recomendables. Para algunos empresarios la paralización de la reforma migratoria supone un alivio, sin lugar a dudas, ya que no aumentarán sus costes laborales al no aprobarse la regularización federal. Este beneficio aparente para algunos sectores productivos puede convertirse en una espada de Damocles en el largo plazo puesto que EE UU no es la única plaza laboral atractiva del mundo ya que enfrenta gran competencia por parte de sus aliados europeos para atraer trabajadores calificados. El impase en el Senado dificulta la entrada de trabajadores extranjeros pues dos terceras partes de los visados que se ofrecen anualmente mediante lotería iban a ser otorgados a profesionales dedicados a los campos de la ciencia, la tecnología de la información, ingeniería, etc. Es decir, en áreas del conocimiento que son las que producen mayor utilidad para una sociedad por su generación de riqueza.

La propia China con su excedente poblacional nutre sus ciudades más modernas e industrializadas con mano de obra proveniente del campo. Lo mismo ocurre con India, el segundo país más populoso del planeta, que apuesta por el desarrollo tecnológico y sus bajos costes salariales para competir en el mundo globalizado.

Mantener las actuales condiciones para cerca de 12 millones de extranjeros en situación irregular es contraproducente porque puede incentivar a cientos de miles de migrantes a considerar otros destinos que ofrezcan mejores planes de integración. No es saludable que los políticos, en especial los senadores republicanos, se valgan se algunos prejuicios y viejos esquemas mentales para obstaculizar la solución al problema inmigratorio.

La sociedad estadounidense no está tan divida sobre este asunto como pudieran pensar algunos senadores republicanos toda vez que algunos sondeos revelan que la mayoría respalda la legalización de los indocumentados de origen hispano. The New York Times dio a conocer una encuesta en mayo pasado que arrojo que el 67% de los entrevistados se mostró a favor de allanar el camino hacia la regularización de quienes entraron clandestinamente al país si cumplen los requisitos que el proyecto de reforma inmigratoria contempla. Esta abrumadora respuesta manifiesta el deseo de los norteamericanos de incorporar a los trabajadores “ilegales” si pagan una multa y no tienen antecedentes penales.

En realidad la miopía de algunos legisladores está restando competitividad a un país que por largo tiempo se caracterizó como tierra de libertad y de hospitalidad para millones de inmigrantes. Las manos que construyeron Norteamérica, parafraseando un tema de la banda irlandesa U2, fueron siempre extranjeras, ya sea cruzando el Atlantico o el Río Grande.

Una de las objeciones de los senadores republicanos para aprobar la reforma está relacionada con el quebrantamiento de la legalidad, esto es, con el rompimiento de la ley ya que consideran que el proyecto de la Casa Blanca premia a quienes se han esforzado por cruzar ilegalmente las fronteras. Esta concepción les hace creer que los indocumentados son equiparables a cualquier criminal y por ello no merecen más que la expulsión inmediata del país.

Ante semejante postura sólo podemos estar en desacuerdo porque de ninguna manera es un delito ingresar ilegalmente en un país. Ningún país del mundo ha tipificado como delito el ingreso ilegal en su territorio.

Además, no podría ser considerado un delito porque carece de los elementos fundamentales para serlo. Es decir, tendría que afectar el orden jurídico de tal modo para que llegue a tener esa condición. Mientras no se afecten bienes, personas o valores, la inmigración no puede ni debe ser calificada como delito. En la práctica, si bien los estados realizan operativos para detener a los inmigrantes indocumentados, éstos no ingresan a prisión, sino a centros especializados u hospitales. Esta detención representa un paso previo para evitar que el “ilegal” se interne en el país y pueda ser devuelto a su lugar de origen. De ahí que el fin de la detención del inmigrante sea la deportación y no la cárcel (que si conlleva la formulación de cargos), lo cual implica ponerlo finalmente en libertad pues no ha cometido ningún ilícito.

La conducta del inmigrante “ilegal” a lo más puede calificar como una infracción administrativa pues no hay intención de causar un daño. En cierto modo es comparable a no pagar impuestos ya que nadie va a prisión por ello, a pesar de que todos los contribuyentes tenemos la obligación de cancelarlos oportunamente. El incumplimiento, en ambos casos, da lugar a multas, según la gravedad de la infracción, como pretende o pretendía establecer la reforma inmigratoria ya que aplicaba este tipo de penalidades por un monto de 2.500 dólares para los indocumentados que llevaran más de cinco años en EE UU.

Si se argumenta que su ingreso representa la vulneración del orden jurídico debe pensarse primero que los Estados nacionales suelen ser hospitalarios con aquellos individuos marginados o perseguidos en su patria. Se cuentan por decenas los casos en los que las naciones brindan su territorio para salvaguardar la integridad física de poblaciones amenazadas por la hambruna y la guerra. También hay que recordar que muchos ciudadanos extranjeros han sido objeto de protección y tutela individual gracias a la institución del asilo político cuando regímenes totalitarios han tratado de asesinarles, torturarles o desaparecerles.

El mundo occidental debe reaccionar de una forma más compresiva y tolerante ante un problema que tiene muchas aristas. De ahí que no se precise de medidas extremas como solución pues en nada colaboran a mejorar la situación de millones de inmigrantes que viven día a día ese dilema.

Otra razón de peso para no equiparar a los inmigrantes como delincuentes es que la sociedad no los considera así, según los resultados que reportan varias encuestas al respecto.

Por si fuera poco, hay reconocer que los inmigrantes contribuyen a la economía local y la de sus países de origen toda vez realizan trabajos escasamente remunerados, pero no por eso menos requeridos por la economía, y a la vez envían remesas fruto del sacrificio y de su ahorro a sus familias, fortaleciendo la capacidad de consumo interno de sus países.

Muchos empleadores de los sectores agrícolas, manufactureros, servicios y la construcción se benefician al contratar mano de obra irregular pues les reporta menores costes laborales. Por lo general, el hecho de contar con un trabajador ilegal elimina el aporte al seguro social y se le paga una retribución mucho menor si se le compara con trabajador residente o en regla. Muchas veces el empleador suele recurrir a la amenaza de reportar la ilegal estadía de sus trabajadores latinos para desconocer las condiciones mínimas de trabajo que debe ofrecer. De esta manera, los latinos en dicha situación no sólo reciben un salario inferior, sino que trabajan en condiciones más riesgosas ya que tienen que aceptar empleos perjudiciales para su salud e integridad física.

Así, parte de la economía formal norteamericana se sirve de la informalidad y precariedad que reina en el mercado de trabajo para abaratar sus costes y ganar terreno frente a la competencia de países rivales. La contratación de mano de obra en esos términos ha permitido a EE UU recuperar parte de la competitividad pérdida con los países del Asia, con China, concretamente hablando, cuyo superávit comercial con los EE UU asciende a unos 200,000 millones de dólares en 2006. Pero el "milagro" del crecimiento económico chino se sustenta en el desconocimiento derechos laborales básicos (su legislación del trabajo tolera abusos y maltratos) y la subvaluación de su moneda, el yuan (lo cual le genera muchos enfrentamientos con funcionarios del Tesoro estadounidense que solicitan una pronta apreciación de la divisa con el fin oriental de reducir la brecha en la balanza comercial).

Algunas voces críticas, contrarias a la reforma, han surgido del lado de los sindicatos, que temen que el programa de trabajadores temporales previsto por el proyecto de reforma inmigratoria “genere una clase proletarizada que abarate el mercado laboral”, según el diario El País de España. Esto es muy discutible toda vez que el deterioro del movimiento sindical a nivel mundial ha sido fruto de la deslocalización, es decir, del traslado de plantas y fábricas a regiones donde los costes laborales y tributarios son menores. Este fenómeno se vio favorecido gracias a la estabilidad política de los países receptores de inversiones extranjeras y la flexibilidad de su legislación laboral, que por lo general permite despedir y contratar trabajadores sin incurrir en mayores gastos o contratiempos. También contribuyeron las buenas condiciones de la infraestructura básica como puertos, aeropuertos, carreteras, sistemas de telecomunicaciones, etc. En síntesis, todos esos elementos han debilitado a las organizaciones sindicales en occidente y en otras latitudes también.

Otro factor que ha tenido parte en la debacle del movimiento sindical ha sido la adquisición o fusión de empresas por parte de grandes conglomerados, fondos de inversión, etc., pues ese tipo de compras conlleva el despido de miles de trabajadores fruto de planes de reducción de personal que suelen aplicar las nuevas juntas directivas en aras de conseguir mayor rentabilidad para sus inversionistas.

Es razonable pensar que algunos norteamericanos (por lo general los de menores ingresos y menos educados) les perturbe perder sus puestos de trabajo a manos de latinos indocumentados ya que el seguro de desempleo federal ha venido reduciendo su cobertura y duración. De esta forma se ha agravado la situación para todos aquellos ciudadanos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir.

Pero esto no nos ayuda a comprender la causa del “resentimiento” hacia los latinos. Durante años la población centroamericana y sudamericana ha realizado trabajos de baja remuneración, aquellos que no implicaban un mayor grado de conocimiento o experiencia. En otras palabras, desempeñaban y aún desempeñan tareas que los norteamericanos desechaban o no deseaban ejecutar. Así, la competencia laboral de los latinos se centraba mayormente en la población afroamericana y no tanto en los americanos de origen europeo (clasemedieros). Entonces, no es posible sostener que la “animadversión” hacia los inmigrantes se sustente en la pérdida de empleos por parte de la clase media blanca.

Ahora bien, lo que sí afecta directamente a la clase media de EE UU es el outsourcing de servicios profesionales (básicamente contadores, ingenieros, etc.) que son reemplazados por trabajadores en la India o Irlanda. Por otro lado, la inmigración ilegal perjudica fundamentalmente a los trabajadores poco preparados, presionando sus salarios a la baja. Estos últimos son los que otorgaron la victoria a los republicanos en las últimas elecciones presidenciales.

Según Joseph Stiglitz, Premio Nóbel de Economía, "los cambios en la tecnología contribuyeron al casi estancamiento de los salarios reales para los trabajadores poco calificados en Estados Unidos y otras partes en los últimos treinta años". Entonces, son las nuevas condiciones del mundo moderno y la economía globalizada -y no exclusivamente la inmigración ilegal- las que en su mayor parte han provocado un descenso de las remuneraciones e incrementado la desigualdad salarial. Esto porque el fenómeno inmigratorio latino es posterior a esta caída pronunciada de los salarios ya que recién se hizo sentir con alguna fuerza a mediados de los 90', cuando su número bordeaba los 8 millones.

Tal vez la negativa a debatir con seriedad el problema inmigratorio se deba a posiciones extremistas de derecha que manejan varios miembros del Partido Republicano. Quien mejor represente esa corriente (la posición antilatina) es Pat Buchanan, ex candidato presidencial, que publicó no hace mucho un libro que reseña su pensamiento. La obra en cuestión se titula: “Estado de emergencia, ¡la invasión del Tercer Mundo y la conquista de América!”. Según este político, los inmigrantes ilegales están creciendo demasiado y no se están adaptando a la american way of life. Para este ultraconservador existen demasiados latinoamericanos, unos 39 millones, aproximadamente el 12% de la población de EE UU.

Pero esta “desproporción” es un error pues a inicios del siglo XX, según The Wall Street Journal, la tasa de ilegales ascendía al 14% de la población, entonces, “estadísticamente la cifra es menor si la comparamos hace un siglo atrás”. El problema para éste y otros conservadores de derecha está en lo étnico pues la mayoría de inmigrantes son latinos y no europeos. Buchanan “piensa” que al aumentar la población proveniente de países menos desarrollados, EE UU se convertirá en un país del Tercer Mundo. Es como se estuviera dando un proceso paulatino de degradación a su entender. Del mismo modo piensa Joseph Turner, activista antiinmigracionista que considera que “hay que evitar que California y el país se transforme en una fosa séptica del Tercer Mundo”. Este conservador señala que cree en la superioridad de EE UU y la cultura norteamericana. Sus palabras recuerdan en demasía al famoso discurso de Nuremberg que Adolf Hitler pronunció ante soldados alemanes y seguidores del nacionalsocialismo en el que les inculcó a los presentes que eran una raza superior que merecía un Lebensraum (un 'espacio vital' adicional), un mejor nivel de vida, y que el medio para lograrlo era la invasión o conquista.

Lo que olvidan ambos individuos es que los latinos generan cada vez un mayor consumo, producción y riqueza, equivalente a casi 1.3 trillones de dólares. Además, su poder adquisitivo superará al de la masa afroamericana al concluir este año y se constituirá definitivamente como la primera minoría económica. Con la tendencia actual, la población de raíces hispanas llegará a ser el 25% de los residentes en EE UU dentro de unas cuantas décadas.

De modo que es falso que los latinos no se integren pues las cifras se explican por si solas. Los hispanos se asimilan rápidamente, aprenden o ya conocen el idioma en poco tiempo, lo cual es necesario para conseguir mejores trabajos, salarios, y enviar, por consiguiente, su excedente económico en calidad de remesas. Muchos saben manejarse en dos idiomas, es decir, son bilingües y se casan con miembros ajenos a la comunidad latina. Si de actividad empresarial se trata, cabe señalar que los latinos han creado un millón de negocios. Cerca de 500, 000 tienen títulos universitarios. Hay 3 senadores y un Gobernador hispanos. El propio procurador de justicia es latino. La ciudad de Los Angeles tiene como alcalde a un descendiente de mexicanos. Hasta un par de astronautas latinoamericanos han llegado al espacio.

Los detractores de la inmigración desconocen que la fuerza de EE UU radica en que se trata de un país multiétnico, multicultural y multirracial. “La identidad de la Estados Unidos no está ligada al inglés o al color de la piel u origen étnico, sino a sus valores fundamentales, su tolerancia religiosa, sus innovaciones y su aceptación universal de inmigrantes”.

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