Objeciones a los Núcleos Ejecutores

El presidente Alan García promulgó la norma que autoriza la constitución de Núcleos Ejecutores.
El mayor temor no es la corrupción que podría presentarse, sino que los recursos no sean usados de manera eficiente.
El anuncio revela que no se ha avanzado en materia de descentralización porque las obras deberían ser ejecutadas por las regiones o municipios y no tercerizadas o a cargo del pueblo
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Por César Reyna (reservamoral@yahoo.com)


Con la firma de un controvertido decreto de urgencia el presidente García acaba de dar vida legal a unidades ejecutoras que se encargarán de realizar obras públicas o de mantenimiento de infraestructura con parte del presupuesto no ejecutado de los Gobiernos locales, regionales y de fondos pertenecientes a programas especiales de los ministerios.

Los recursos de los Núcleos Ejecutores provendrán del saldo del presupuesto no ejecutado por las entidades citadas en el párrafo anterior. La cantidad a ser repartida asciende a 1.500 millones de soles originalmente destinados a inversión pública. Con ese monto se planea realizar miles de pequeñas obras en todo el país. A los 60 días de ejecutada la obra, los encargados del proyecto deberán presentar una liquidación de gastos, aquellos que no lo hagan no podrán ejecutar más obras. La medida comprende a comunidades campesinas, nativos organizados, licenciados de las Fuerzas Armadas y los jóvenes de 18 a 29 años.

Al margen de los cuestionamientos políticos, una de las primeras críticas que se le puede atribuir al programa es que la transferencia de recursos a las comunidades podría ser administrada por gente inescrupulosa, es decir, con antecedentes penales por robo, estafa, etc., ya que la norma no establece restricciones de esa clase. Así, cualquier miembro de un grupo humano de 100 o más habitantes podría formar parte de la dirigencia del Núcleo Ejecutor.

Los Núcleos Ejecutores son en la práctica comités, esto es, personas jurídicas dedicadas a una finalidad específica que se disuelven una vez que han alcanzado su objetivo. Al ser esa su naturaleza sería conveniente que tuvieran un estatuto base (reglas internas) para definir sus responsabilidades, competencias y atribuciones, y otras consideraciones o pactos derivados de su constitución. Dentro de los aspectos que deberían contemplarse estaría la forma en que el pueblo participaría en la rendición de cuentas y la contratación de profesionales que asesoren al Núcleo, asi como los procedimientos bajo los que la dirigencia o dirigentes del Núcleo pueden ser cesados, suspendidos o reemplazados ya que pueden ocurrir hechos dolosos o negligencias que alteren su composición inicial. Consideramos que todo cambio debería ser comunicado a las entidades asignantes, esto es, a los municipios o gobiernos regionales que transfieren fondos a los Núcleos Ejecutores.

En el caso de los materiales sobrantes comprados con recursos públicos (los que no fueron utilizados en la construcción de la obra) habría que determinar si revertirían al Estado o serían distribuidos entre los miembros de la comunidad ejecutora. Dentro de la misma consideración caerían las herramientas empleadas durante el proceso de ejecución de la obra.

De otro lado, hay que determinar si los materiales que aporten las comunidades como madera, adobes, esteras, ladrillos fabricados por ellos mismos, etc., tendrán alguna valoración, porque, de ser así, habría que descontarlos del presupuesto general de la obra. Hay que advertir que esto podría dar lugar a un sinnúmero de irregularidades, por no decir corrupción, ya que algunos dirigentes podrían sobrevaluar el aporte material para defraudar al Estado.

Un punto importante es cuantificar la dieta o remuneración del presidente, vocal, tesorero y fiscal del Núcleo Ejecutor asi como la de los ciudadanos que trabajen en la obra. Esta cuestión puede paralizar la obra o generar denuncias en la comunidad si los directivos del Núcleo se asignan honorarios exorbitantes.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo debería verificar que los Núcleos Ejecutores no empleen a menores de edad porque éstos deben acudir a clases, y más aún si deben recuperar tiempo perdido debido a la pandemia de Influenza A/H1N1. El trabajo infantil debe ser evitado a toda costa.

En algunos casos las obras podrían requerir el concurso de un profesional (ingeniero) para que diseñe el proyecto y asesore al Núcleo Ejecutor. En caso de que el Estado no pueda proveer un técnico capacitado, la contratación de este profesional debería ser lo más transparente posible –mediante concurso en la localidad- para evitar casos de nepotismo o favoritismo de algún tipo. La designación del técnico podría ser fuente de despilfarro o gasto injustificado si se le remunera por encima del mercado. Otra preocupación adicional es que una parte sustancial del presupuesto podría irse en pagar los honorarios del ingeniero contratado. Por si fuera poco, verificar su experiencia y la validez de su título podría tomar algún tiempo y retrasar la obra.

Hay obras que por su complejidad no pueden ser construidas sin previa capacitación y una supervisión adecuada como el levantamiento de aulas o postas médicas, por ejemplo. Creemos necesaria la participación de Defensa Civil en la evaluación de estos proyectos pues la voluntad para acelerar el gasto no debe ignorar normas básicas de seguridad.

Durante el mensaje presidencial del 28 de julio, García dijo que las obras a ser ejecutadas tendrían como tope 500.000 soles, pero luego redujo el máximo a 350.000 soles (el valor de 100 UIT), 30% menos del monto original porque no confía plenamente en los Núcleos. A pesar de su afán por descentralizar el gasto teme que los problemas que afectan el desempeño de la burocracia se manifiesten con igual intensidad en las comunidades, lo que echaría por la borda su tesis de que la población gasta más rápido y mejor.

Ahora bien, que el Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (Foncodes), brazo ejecutor de la ayuda estatal, haya presentado irregularidades inferiores al 1% de su presupuesto desde 1995 no merece confianza pues fue fiscalizado por una Contraloría controlada, valga la redundancia, por la dupla Fujimori-Montesinos.