por. Nelson Manrique
El nombramiento de Hernando de Soto como superministro y la presentación del
premier Jorge del Castillo ayudan a aclarar la orientación económica del
segundo gobierno de Alan García.
El encargo hecho a Hernando de Soto, para que consiga que el Congreso de los
EE.UU. apruebe el TLC con el Perú, ha servido para zanjar dos cuestiones que
hasta aquí se prestaban al debate. En primer lugar, el TLC va a beneficiar a
una muy pequeña minoría de peruanos: apenas un 2% de los empresarios. La
afirmación de De Soto, de que va a excluir al 98% restante, no ha sido
objetada por nadie, ni dentro, ni fuera del gobierno. En segundo lugar, no
va a haber ninguna modificación del TLC: ni las compensaciones, ni la
supuesta renegociación, con que el presidente García justificó el abandono
de su posición inicial de proponer un referéndum para debatirlo y de
desconocer, si era necesario, la firma del presidente Toledo. En las
precisas palabras de Hernando de Soto, al TLC no se le va a tocar ni un
pelo. El TLC queda y no hay debate, para frustración de las llamas y alpacas
cuya opinión no va a tomarse en cuenta.
Para compensar, el Gobierno ha decidido plegarse a la propuesta de De Soto,
de realizar las reformas internas que permitan que el TLC beneficie a una
mayoría. Esta es una buena noticia para la ONG de Hernando de Soto, que
tendrá contratos asegurados para los próximos cinco años para impulsar el
abaratamiento de los costos de la formalización de los pequeños empresarios.
Pero deja en pie la política económica del gobierno de Alejandro Toledo,
sigue agrandando la brecha que separa a los ricos de los pobres.
La presentación de Jorge del Castillo en el Congreso ha tenido la misma
impronta: no hay ni una sola iniciativa de real reforma del aparato del
Estado ni de modificación de la actual estructura de la distribución del
ingreso. El gobierno de Alan García no se atreve siquiera a hacer las
modificaciones en la estructura tributaria que reclama Lourdes Flores. En
cambio, para disponer de recursos para implementar una política social,
recurre a demandar un óbolo voluntario a los mineros, en lugar de renegociar
los contratos, como se ha hecho ya en cerca de un centenar de ocasiones,
siempre a pedido de los empresarios.
Alan García vuelve, pues, a confiar en la buena voluntad y la sensibilidad
de los empresarios para cimentar su política social. Ya lo hizo en una
oportunidad anterior, cuando durante su primer gobierno entabló una política
privilegiada con los empresarios más grandes (los doce apóstoles), en la
creencia de que los privilegios que les otorgaba serían retribuidos con la
reinversión de sus sobreganancias en el país. Según cuentan quienes formaban
parte de su entorno cercano, fue su desilusión, al ver que estos enviaban
sus utilidades al exterior, lo que precipitó el caballazo de estatizar la
banca, con los resultados conocidos. Ojalá la fábula tenga esta vez un mejor
final.
El nombramiento de Hernando de Soto como superministro y la presentación del
premier Jorge del Castillo ayudan a aclarar la orientación económica del
segundo gobierno de Alan García.
El encargo hecho a Hernando de Soto, para que consiga que el Congreso de los
EE.UU. apruebe el TLC con el Perú, ha servido para zanjar dos cuestiones que
hasta aquí se prestaban al debate. En primer lugar, el TLC va a beneficiar a
una muy pequeña minoría de peruanos: apenas un 2% de los empresarios. La
afirmación de De Soto, de que va a excluir al 98% restante, no ha sido
objetada por nadie, ni dentro, ni fuera del gobierno. En segundo lugar, no
va a haber ninguna modificación del TLC: ni las compensaciones, ni la
supuesta renegociación, con que el presidente García justificó el abandono
de su posición inicial de proponer un referéndum para debatirlo y de
desconocer, si era necesario, la firma del presidente Toledo. En las
precisas palabras de Hernando de Soto, al TLC no se le va a tocar ni un
pelo. El TLC queda y no hay debate, para frustración de las llamas y alpacas
cuya opinión no va a tomarse en cuenta.
Para compensar, el Gobierno ha decidido plegarse a la propuesta de De Soto,
de realizar las reformas internas que permitan que el TLC beneficie a una
mayoría. Esta es una buena noticia para la ONG de Hernando de Soto, que
tendrá contratos asegurados para los próximos cinco años para impulsar el
abaratamiento de los costos de la formalización de los pequeños empresarios.
Pero deja en pie la política económica del gobierno de Alejandro Toledo,
sigue agrandando la brecha que separa a los ricos de los pobres.
La presentación de Jorge del Castillo en el Congreso ha tenido la misma
impronta: no hay ni una sola iniciativa de real reforma del aparato del
Estado ni de modificación de la actual estructura de la distribución del
ingreso. El gobierno de Alan García no se atreve siquiera a hacer las
modificaciones en la estructura tributaria que reclama Lourdes Flores. En
cambio, para disponer de recursos para implementar una política social,
recurre a demandar un óbolo voluntario a los mineros, en lugar de renegociar
los contratos, como se ha hecho ya en cerca de un centenar de ocasiones,
siempre a pedido de los empresarios.
Alan García vuelve, pues, a confiar en la buena voluntad y la sensibilidad
de los empresarios para cimentar su política social. Ya lo hizo en una
oportunidad anterior, cuando durante su primer gobierno entabló una política
privilegiada con los empresarios más grandes (los doce apóstoles), en la
creencia de que los privilegios que les otorgaba serían retribuidos con la
reinversión de sus sobreganancias en el país. Según cuentan quienes formaban
parte de su entorno cercano, fue su desilusión, al ver que estos enviaban
sus utilidades al exterior, lo que precipitó el caballazo de estatizar la
banca, con los resultados conocidos. Ojalá la fábula tenga esta vez un mejor
final.
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