El primer mes del Gobierno

Luego de transcurrir poco más de un mes del aprismo en el Gobierno, y de escuchar la accidentada presentación del Primer Ministro en el Congreso, el análisis y balance de lo visto hasta ahora es el siguiente:


1) Sobre el reciente anuncio de importantes medidas de austeridad, tales como la reducción de remuneraciones y del gasto en viajes, asesorìas, etc. en pos de reformar la Admistraciòn Pùblica, debemos hacer notar que—por sí solas o aisladas--resultan insuficientes. Lo son en el sentido de que estas acciones deben ser complementadas con otras para produzcan el efecto deseado de contar con un Estado eficiente. Y dicha complementación pasa por promulgar una serie de normas que, además de la Ley Marco del Empleo Público, permitan mantener un cierto orden en la planilla estatal.

El recorte de salarios más que coadyudar con la reforma, tiene el cariz de ser una medida evidentemente populista, ya que con ésta se trata de marcar distancias con el toledismo, así como “conectar” o “reenganchar” al pueblo con la clase política.

Un aspecto negativo de esta determinación gubernamental, seria el de restarle al Estado la posibilidad de poder competir en el mercado de trabajo por los mejores profesionales y técnicos. Es decir, por aquellos elementos cuyas capacidades son esenciales para asegurar un correcto funcionamiento del aparato estatal. Dado que estos individuos son los que toman las decisiones de segundo nivel (las técnicas), que son las que, al fin y al cabo, permiten que se lleven adelante y ejecuten las de primer nivel (las políticas).

Con ello, el Estado no sólo podría verse desprovisto de cuadros capaces, sino incrementar los posibles—y fundados temores—de copamiento por parte de la militancia aprista.


2) Por otro lado, en lo que toca al sector salud, encontramos que la ampliación del horario de atención hospitalaria es, desde todo punto de vista, más efectista que efectiva. Pues esto no quiere decir que vaya ha haber una mejor atención por parte de los galenos a sus pacientes. Cabe recordar que los médicos, por la Ley que rige sus funciones, sólo pueden trabajar 6 horas diarias como máximo y 150 horas mensuales. Con lo cual, el propósito de brindar una mejor asistencia se diluye ya que sin nuevo personal sanitario no podrà darse una real cobertura.

Sin dejar de lado el hecho de que actualmente los hospitales y postas médicas del Minsa (Ministerio de Salud), no cuentan con instalaciones apropiadas ni material quirúrgico como para que los médicos puedan ejercer aceptablemente su praxis. Además, y por si fuera poco, aun cuando la población de escasos recursos pudiera atenderse. Su pésima situación económica hace que no puedan adquirir medicamentos que--en la mayoría de casos—están fuera de su alcance. Esto sólo complica aún más el panorama asistencial, pues el paciente o familiar va a sentirse verdaderamente frustrado, ya que advertirá que la situación no habrá variado en nada, a pesar de los esfuerzos estatales.

Y si bien el Ministro de Salud anunció que se destinará una inversión de casi 300 millones de soles para el mejoramiento de las instalaciones de salud (este incremento es parte del “shock” de inversiones prometidas por el Gobierno para aumentar el gasto social). Lo ideal hubiese sido que ambas noticias (la ampliación del horario de atención y del gasto en equipos e implementos quirúrgicos) se den al mismo tiempo. Esto con el fin de evitar que tanto una como otra medida cojee, puesto que sin la implementación simultánea de su contraparte, resultan totalmente ineficaces.


3) Otra de las acciones publicitadas por el Gobierno es la lucha contra la desnutrición infantil destinando más recursos al monitoreo y asistencia de la salud de los niños de menores de 3 años. Al respecto, no tenemos nada que cuestionar ya que resulta loable la intención de preocuparse por aquel sector de la población más vulnerable. El cual se encuentra en más alto riesgo de contraer enfermedades prevenibles. Las cuales, en su peculiar caso, resultan irreversibles, puesto que la falta de suficientes nutrientes --durante la primera infancia--repercute negativamente en el posterior desarrollo físico e intelectual del menor. Convirtiéndolo en una especie de minusválido social en términos prácticos.

Lo que haría falta es saber cómo se va a desarrollar y vincular con otros programas ya existentes. Es decir, cómo va funcionar dentro de la maraña de emprendimientos asistenciales tales como el Programa Juntos, y, sobre todo, de qué forma se va a realizar su seguimiento. Hacen falta, pues, mayores precisiones que expliquen el reordenamiento general de todo el aparato de asistencia social del Estado.


4) En lo que concierne directamente a proyectos que reduzcan la pobreza y el desempleo. El Gobierno ha lanzado con bombos y platillos el programa “Sierra Exportadora”. Con dicho plan buscaría mejorar las condiciones de vida del sector más pobre del país, es decir, del que vive en las zonas alto-andinas mediante la exoneraciòn tributaria a aquellas empresas o industrias que operen por encima de los 3200 sobre el nivel del mar.

La crítica que se le podría hacer a este ambicioso programa, consiste que no sólo bastan los incentivos tributarios para atraer la inversión privada a dicha altitud, sino dotar de infraestructura adecuada (caminos, carreteras, ferrocarriles, etc.) para permitir el traslado de la eventual producción agrícola o agroindustrial que se genere en la zona.

Además, claro está, se debe profundizar la enseñanza de elementos y principios básicos sobre el manejo de una empresa para que los pobladores campesinos estén en condiciones de administrar sus propios negocios agrarios y puedan mejorar la calidad de sus productos. Esto con el fin de que puedan adaptarse a los estándares que demandan los mercados internacionales.

Esta medida debería ser complementada por otras iniciativas que se den en el sector educación. Las cuales bien podrían consistir en orientar o dirigir la educación, sobre todo secundaría, hacia el manejo del sector agrario. Así, los hijos de los campesinos podrían introducir a sus padres en mejores técnicas empresariales y agrícolas.

Por otro lado, se debe lograr el saneamiento legal de las tierras que poseen los campesinos o comuneros, generalmente sin título alguno. Este aspecto es muy importante, y constituye un requisito previo a todo futuro plan de inversiones. Ya que éstas no se pueden atraer si es que no se ha determinado previamente el estatus jurídico de aquellas tierras. Es decir, saber a quién pertenecen realmente y si pesan o no sobre ellas cargas o gravámenes. Sin esta información se tornará imposible cualquier intento por concentrar la inversión privada en esas áreas rurales.

Siguiendo con lo anterior, cabe destacar que otro de los graves problemas que enfrenta la agricultura peruana—de la sierra principalmente—es el minifundio. El cual se originó debido a la fallida Reforma Agraria del Gobierno militar. Dicho régimen provocó la atomización del agro, es decir, la concentración de la tierra en pequeñas unidades (parcelas) que finalmente fueron repartidas entre los campesinos.

El problema de esta concentración radica en que no permite generar economías de escala, que son las que se necesitan para producir grandes volúmenes de bienes uniformes (tanto alimentos perecibles como no perecibles). De ahí que sólo con economías de este tipo, sería factible alcanzar la ansiada eficiencia de la cual carece el sector agrícola.

5) El aporte “voluntario” de la Minería. Colocamos entre comillas este calificativo para señalar que de voluntario no tiene nada, más bien fue fruto de las constantes y difíciles negociaciones que el Gobierno tuvo con el gremio minero. Como se recordará, existe un impedimento constitucional que blinda a las empresas mineras de pagos (tributos) no acordados en sus respectivos contratos leyes. De ahí la dificultad de poder imponérseles un impuesto adicional (Impuesto Extraordinario a las Ganancias) o modificar la tasa de los existentes (la del Impuesto a la Renta, por ejemplo).

Dicha contribución representa en concreto unos 2,500 millones de soles a lo largo del quinquenio aprista, a razón de 500 millones por año. Con la cual se dotará de recursos al Fondo para la Igualdad Social, mencionado por García durante su discurso de asunciòn de mando.

La particularidad del mismo pasa porque no será administrado directamente por el Estado, sino por las propias compañías mineras. Es decir, que no pasarà por el SNIP, lo cual hará que los fondos sean destinados a aquellos proyectos que las mineras hayan evaluado favorablemente.

En días pasados, los principales opositores de García en la pasada campaña presidencial se manifestaron en contra de la forma en que se solicitó este aporte. Para el ahora procesado Ollanta Humala (UPP-PN), el Estado se humilló, ya que debió, en todo caso, implementar un impuesto que refleje lo que están ganando las mineras. Para Lourdes Flores, de Unidad Nacional, el Estado no debió pedir limosna, sino cobrar un impuesto que se ajuste a las circunstancias y respete la inversión minera.

De estas dos declaraciones, la que sorprende para algunos, es la de la lideresa de Unidad Nacional, dado que durante toda campaña electoral se mostró renuente a cobrar dicho impuesto (Impuesto Extraordinario a las Ganancias Mineras). Defendiendo, en todo momento, la estabilidad jurídica y la santidad de los contratos.

Extraña su posición ahora, pero no nos sorprende, ya que es habitual en ella caer en este tipo de contradicciones, las mismas que la llevaron a ser derrotada dos veces en primera vuelta y por el mismo rival. Es probable que la falta de un discurso concreto la haga decir cosas en las que ni ella misma cree. De ahí que para ganar nueva notoriedad busque oponerse a cualquier cosa que haga el Gobierno, a lo que sea, aun si eso resulta positivo para el país.


6) En defensa, el Ministro Wagner Tizón ha manifestado que llevará adelante una reforma en el sector. Para lo cual, ha ordenado-- mediante un Decreto Supremo—la creación de una Comisión de Reforma del Ministerio de Defensa por un plazo de 30 días, integrada casi en su totalidad por funcionarios civiles. Entre las funciones con las que contará dicha comisión están las de proponer medidas para la racionalización de entidades en del ministerio, mejorar sus sistemas de información y administración, disponer medidas de austeridad y para la simplificación administrativa, así como otras que le encargue el Ministro de Defensa.

Esto sumando a la cruzada anticorrupción que ha emprendido el Ministro con el fin de sancionar a los malos elementos y mejorar las relaciones cívico-militares.

Lo anunciado es positivo, ya que se evidencia un espíritu de enmienda. Además, la presencia de esta personalidad (quien fuera Secretario General de la CAN) ofrece ciertas garantías de que por lo menos se intentará rediseñar las necesidades y objetivos de su cartera.

Pero lo que llama poderosamente la atención es que no se haya hecho ninguna mención al rol que tuvo la Fuerza Armada durante la guerra contrasubersiva. Ya que, como es sabido, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha denunciado, tiempo atrás, una serie de hechos que vinculan directamente a las FF. AA. con la violación de derechos humanos.

Hasta ahora el titular de defensa sólo ha mostrado disposición de colaborar con la justicia en el proceso que se le sigue a Ollanta Humala, pero no se ve la misma pro actividad en casos similares.


Conclusiones:

El balance de la gestión aprista, resumido hasta aquí, es a todas luces negativo. Y a pesar de las buenas intenciones mostradas por algunos ministros, faltan muchas precisiones y definiciones sobre cómo se van a hacer todas las cosas que publicitan.

Además, existen otras claras omisiones y enormes vacíos en lo que respecta a la reforma educativa o judicial. Las cuales abordaremos en posteriores actualizaciones con el propósito de saber porqué--siendo prioritarias para el paìs—continúan dejándose de lado.