La noticia que mañana encabezará las primeras planas de los diarios y noticieros nacionales será, a no dudarlo, la apertura de proceso contra Ollanta Humala Tasso, ex candidato a la Presidencia de la República. Como era de esperarse, el testimonio de dos militares-- que se mantienen en el anonimato-- fue decisivo para que la juez Miluska Cano ordene dicha medida. Hace un par de días nomàs, circularon presuntas versiones en las que estos dos subalternos de Humala Tasso señalaron que por órdenes del “Capitán Carlos”, se torturaba y ejecutaba extrajudicialmente a los detenidos en la Base Contrasubersiva de Madre Mía, allá por 1992.
Lo más importante de todo esto, no es el hecho en sí de estas declaraciones, sino lo que se esconde detrás de ellas. Pues resulta sumamente sospechoso que aparezcan justo en este momento cuando al Gobierno se le exigen una serie de definiciones (la reforma del Estado, por ejemplo) y cuando nos encontramos a punto de acudir a las urnas, dada la proximidad de los comicios regionales y municipales. Es como si se quisiera evitar lo primero, es decir, postergar las reformas prioritarias que necesita el país y sacar del camino al único rival de peso que enfrentaría el aprismo en el interior.
La jugada parece digna de un tablero de ajedrez y con ella se mata dos pájaros de un tiro. Ya que por un lado se distrae la atención pública con este “proceso” a Humala; y, por el otro, se elimina o da un tiro de gracia a la competencia política. Pues sin un Humala que encabece los mìtines a favor de los candidatos de su partido, resultarà complicado que estos puedan sintonizar con las necesidades y urgencias de una poblaciòn que se ve reflejada en su carismàtica figura. Lo vemos sumamente difìcil, sobretodo si este caudillo es encarcelado o tiene que comparecer periòdicamente ante la justicia.
Pasemos ahora a explicar porqué, a nuestro entender , nos parece suspicaz este hecho.
Para empezar, hay que tener en cuenta que si Humala no se hubiese convertido en un serio aspirante a Palacio de Gobierno jamás se hubiera abierto instrucción penal en su contra. Sostenemos esto en vista de que en más de 10 años nadie interpuso una denuncia seria en su contra, y ni la Fiscalìa o el Poder Judicial tomaron cartas en el asunto.
De ser ciertas y veraces esas declaraciones, no se explica cómo justamente aquel supuesto torturador, asesino y violador de Derechos Humanos haya tenido la más alta votación (superior al 50%) en la zona en la que "cometió" todas esas atrocidades de forma periódica y sistemática.
No se entiende tampoco el repentino interés con que el Poder Judicial se aboca a investigar este suceso en particular, dado que en el país existen muchos otros casos destapados por la Comisión de la Verdad (CVR) en los que se violó los DD. HH. de manera organizada y repetida. Contándose, en la mayoría de ellos, con abundante documentación para iniciar los respectivos procesos penales.
No deja de sorprender que todo esto haya sido calculado, pues se hace una vez concluido el proceso electoral como para no levantar la sospecha de que se estaba persiguiendo políticamente a un candidato en plena contienda. Por eso se espero la definición final de la campaña presidencial, y se dejó transcurrir algo de tiempo para que este proceso penal no se vea como algo digitado desde las más altas esferas políticas. No olvidemos que Toledo había emitido declaraciones durante los comicios en las que consideraba a Humala como un agente desestabilizador del sistema, mostrando, además, simpatías iniciales por la “candidata de los ricos”. Para luego apoyar directamente al líder del aprismo (violando la Ley Electoral), una vez que la primera perdió toda opción de tentar el sillón de Pizarro.
Ahora que las aguas se han calmado era apropiado y prudente proseguir con aquel plan inicial—sacar del juego político a Humala—ya que el ambiente es favorable para ello. Decimos que es favorable porque todo Gobierno que comienza su mandato--y el de Garcìa no es la excepciòn--cuenta con un alto índice de aceptación pùblica. Suficiente como para emprender medidas cuestionables que podrían restarle algo de su capital político inicial, pero no como para sepultarlo del todo, si es que sabe ser oportuno*. Este es pues el tiempo ideal para emprender aquello que estaba vedado durante la campaña electoral anterior, ya de haber procesado a Humala con la escasa popularidad con la que contaba Toledo y con una masa humalista movilizada y enardecida, sería impensado y hasta suicida. Sin dejar de lado que el hecho hubiera generado una reacción negativa por parte de la prensa internacional y algunos organismos, restándole credibilidad e imagen al proceso democrático peruano.
El plan para deshacerse de Humala estaba en marcha, como sostenemos, desde que alcanzó gran notoriedad pública. Pero su “crimen” o “pecado” no consistìa ùnicamente en gozar de cierta popularidad, sino en disfrutar de ésta a través una predica que se basò en el cambio radical del modelo econòmico. Algo que no gusta en las más altas esferas empresariales del país que claman por estabilidad y proseguir con un sistema que les ha brindado enormes beneficios.
Sacar a Humala representaría un alivio para todos aquellos que quieren que las cosas sigan como están. Un alivio en el sentido de que no lo tendrán más agitando a las masas ni dirigiendo discursos antimercado.
No somos apologistas de Humala ni simpatizamos con él, seria un despropósito de este colectivo hacerlo. Sòlo damos cuenta de nuestras opiniones tratando de que sean lo más objetivas posibles. De ahí que analicemos y desmenucemos la realidad política y el momento histórico que nos toca vivir.
Continuando con nuestras apreciaciones, nos llama poderosamente la atención de que la juez de este caso sea justamente aquella que resolvió no abrir instrucción a Alan García por las matanzas en Cayara, ocurridas en mayo de 1988. Este hecho no debe tomarse como una simple casualidad ni a la ligera, dado que el Poder Judicial, como es sabido, es y ha sido afín al Partido Aprista. Así como muchas otras dependencias estatales pues muchos de sus cuadros recalan en la función estatal, y el PJ no es la excepción en este caso. Es más, es ahí donde probablemente se presenta el más alto porcentaje de funcionarios apristas que en cualquier otra instancia nacional.
Este es otro motivo adicional para desconfiar del mérito de abrir proceso a Humala, justamente cuando las principales carencias históricas del Poder Judicial han sido su independencia e imparcialidad.
Con todo lo anteriormente expuesto, creemos que existen sobrados indicios para cuestionar no sólo la oportunidad, sino también la idoneidad de abrir instrucción penal cuando las instituciones políticas, y principalmente judiciales, escasean de las mismas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
* Fue Nicolás Maquiavelo (1469-1527) quien advirtió la necesidad de hacer todos los males en un ùnico momento, ya que si las maldades se ejecutan periódicamente se ofenderìa mucho más al pueblo, ganàndose, eventualmente, su animadversión. (Se recomienda la lectura del Príncipe)
No hay comentarios:
Publicar un comentario