Al parecer Estados Unidos ha detectado indicios de radioactividad en la zona de pruebas nucleares de Corea del Norte, lo cual allana el camino del Consejo de Seguridad para que establezca una resolución que imponga sanciones económicas y diplomáticas al país asiático como castigo por su ensayo nuclear.
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Como era de esperarse, se confirmó oficialmente rastros de material radioactivo cerca del área de ensayos nucleares norcoreana. Con este hallazgo EE.UU. y Japón han dado con la prueba que necesitaban para sustentar sus acusaciones sobre la conflictiva nación asiática. Sin la evidencia necesaria toda resolución o proyecto de la misma sería considerada ilegítima e ilegal a la luz del derecho internacional. Ahora que las potencias occidentales cuentan con prueba suficiente se abre el camino para no sólo para el establecimiento de castigos, sino también de obligaciones que la desafiante república tendrá que cumplir.
Entre las sanciones que se barajan está el bloqueo de los activos y recursos económicos destinados a financiar los programas nucleares de Corea del Norte. Algo difícil de aplicar porque habrá que examinar cuidadosamente la finalidad o destino de cada cuenta que el régimen comunista posea en el exterior ya que un embargo indiscriminado podría afectar la continuidad de programas asistenciales y humanitarios, por ello se requiere un análisis pormenorizado para no afectar aún más la delicada situación del pueblo norcoreano.
Otra posible sanción sería un control e inspección estricta de todas las mercancías que entren y salgan de su territorio. Esto con el fin evitar la comercialización material bélico (misilístico o nuclear), es decir, impedir que prolifere un peligroso mercado armamentístico en el que se oferte equipamiento prohibido bajo los alcances del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). La medida resulta sensata pues con ella se pretende congelar el intercambio de tecnología entre países con ambiciones nucleares. De esta forma, el monitoreo de los cargamentos norcoreanos puede a la larga dilatar que ciertos Estados, en particular aquellos sindicados como integrantes del “eje del mal”, se doten de armas de destrucción masiva.
Al parecer se abandonarìa la idea de imponer un embargo total de armas contra Corea del Norte, que quedarìa limitado a las armas convencionales pesadas como misiles, helicópteros, cazas, buques y tanques.
En una versión del texto que ha venido circulando se insta al Gobierno norcoreano a reanudar de inmediato y sin condiciones las conversaciones a seis bandas -China, las dos Coreas, Japón, EE UU y Rusia- sobre su programa atómico, paralizadas desde noviembre de 2005.
En cuanto a las posibles obligaciones que deberá acatar Corea del Norte se da por descontado que el Consejo exija la eliminación de sus programas atómicos y balísticos bajo control internacional, y acate, finalmente, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Esta exigencia representará el núcleo duro y central de una futura negociación con la emergente potencia atómica. Sinceramente creemos que una reducción del arsenal norcoreano no será inmediata, así que no debemos hacernos demasiadas expectativas cuando esta nación acceda a discutir la eventual desmantelación de su armamento. Lo que probablemente va a suceder es que este beligerante país incremente todavía más su capacidad misilística y nuclear con el propósito de demorar las negociaciones y obtener más concesiones de sus contrapartes. Un desarme progresivo, lento y llevado a su habitual ritmo le permitiría a Corea del Norte sentirse amenazante y en control de la situación. Hay que hacer notar que para Norcorea es muy importante aparentar que maneja la negociación pues tiene que demostrar fortaleza al pueblo que sojuzga. Recordemos que gran parte de la “legitimidad” del régimen se sustenta en el miedo que pueda inocularle a su población, de ahí que no sólo necesite ser fuerte sino también parecerlo.
Una segunda demanda sería, sin lugar a dudas, la prohibición de suministrar directa o indirectamente material armamentístico y nuclear. Con dicha medida se busca algo que ya anunciamos cuando abordamos el tema de las sanciones. Para refrescar un poco la memoria de algún desmemoriado lector, este reclamo debe complementarse con la segunda sanción que anunciamos líneas arriba, es decir, con el control e inspección de todos los bienes que se comercie desde y hacia Corea del Norte. Ambas, sanción y exigencia van de la mano. Lo que tiene de particular esta disposición es que la prohibición no sólo incumbe a Norcorea sino también a todo aquel país que intercambie material vedado. Así, cualquier Estado que se atreva a proporcionar armamento de avanzada o tecnología nuclear se expone a ser sancionado de la misma forma que Corea del Norte.
Una tercera prohibición que llama la atención es la de no exportar artículos de lujo al país asiático. Llama la atención porque uno sabe que dichos bienes nada tienen que ver con el desarrollo nuclear o balístico y el 99.9% de la población no se encuentra en condiciones de adquirirlos. Entonces, el único motivo que surge para justificar una imposición semejante es el de hacer que la èlite marxista sufra directamente las consecuencias de sus actos, es decir, que se vea privada de suntuosos bienes que suele disfrutar a expensas de semicivilizar a su pueblo. Es sabido que Kim Jong Il tiene gustos extravagantes como exquisitos por la buena bebida, el tabaco, el cine, el teatro y la danza. Es como un moderno Nerón cuya demencia y paranoia está llevando al mundo y a sus camaradas a insospechados límites de tolerancia. Privar de ciertos placeres a este megalómano acomplejado (de su baja estatura) no dará resultado pues de alguna forma u otra llegará a abastecerse de dichos bienes.
Tambièn se especula con la prohibición de viajes a altos funcionarios relacionados con este programa para impedir la transferencia de conocimientos nucleares o balìsticos a terceros.
Por otro lado, lo que sí queda descartado es la posibilidad de una intervención militar, una de las condiciones expuestas por China para apoyar el borrador de resolución elaborado por EE.UU. y Japón. El Gobierno de Pekín, principal aliado del régimen de Pyongyang, ha presionado en los últimos días para que el proyecto de resolución se redacte bajo el llamado artículo 41. Ese artículo aminora la dureza de las sanciones y descarta la posibilidad de la opción militar.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Ivanov, ha advertido de que la resolución no podrá conllevar una amenaza de uso de la fuerza contra el régimen comunista “ni siquiera indirecta”. Pese a que ha considerado “escandaloso” el ensayo nuclear del lunes, el responsable ruso ha asegurado que la presión internacional debe ir encaminada hacia el regreso de Pyongyang a la mesa de negociaciones. Tras reunirse con el enviado chino, Tang Jiaxuan, Ivanov ha asegurado que ambos países han llegado a un acuerdo para limitar la dureza de la resolución. “China y Rusia coinciden en que la presión del Consejo de Seguridad no debería extenderse de forma ilimitada, de forma que las sanciones adoptadas deberían cancelarse automáticamente si Corea del Norte vuelve a las negociaciones”.
Una noticia adicional es la promulgación de Ley de No Proliferación por parte del Presidente Bush, destinada a frenar las ambiciones nucleares de Corea del Norte, Irán y Siria. La nueva normativa permitirá al Gobierno de EE. UU. imponer sanciones a las personas que transfieran a cualquiera de esos países bienes, servicios o tecnología que puedan ser usados para desarrollar armas nucleares o cualquier otro tipo de armamento de destrucción masiva.
Así, se abre una vez más terreno a la arbitrariedad y prepotencia al igual que cuando fue aprobada la Ley de Comisiones Militares, bajo la cual, la Administración Bush se arroga la facultad de desconocer la legislación internacional (la Convención de Viena) e introducir la práctica de la tortura.
Con esta “ley” EE.UU. detendrá, capturará y torturará a todo presunto colaborador que facilite tecnología vedada a esos tres países. Se estima que EE.UU. solicitará la extradición de estos comerciantes o traficantes de armas si son hallados en Estados que posean un respectivo tratado que lo permita. Lo que preocupa es que Norteamérica podría violar la soberanía de naciones que se nieguen a entregarlos a sus perseguidores estadounidenses. También podría recurrir a las presiones o amenazar con alguna sanción (bloqueo, embargo de cuentas, etc.) si un país persiste en su postura de no aceptar la jurisdicción norteamericana sobre el perseguido.
Esta norma podría desatar una ola de exiliados políticos alrededor del mundo y crear serios conflictos internacionales donde se ponga en tela de juicio la soberanía de los Estados.
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