RICHMOND, California, EEUU (AP) - El temor hace presa de familias de inmigrantes en todo el país a medida que los agentes federales hacen redadas en vecindarios, lugares de trabajo e incluso cárceles, en una campaña a nivel nacional contra la inmigración ilegal.
Decenas de miles de personas han sido apresadas en los últimos meses y muchos más temen salir de sus casas, responder a un llamado a la puerta o dejar a sus hijos solos por temor a ser los próximos. Iglesias y grupos comunitarios proporcionan asesoramiento legal y ayuda financiera a familias divididas o privadas de un ingreso debido a las redadas.
"Mis hijos me preguntan '¿Por qué pasa esto, mami? ¿Por qué se llevaron al tío?'", dijo Dinora Sánchez, cuyo tío fue arrestado por agentes de inmigración en enero cuando iba en bicicleta a su trabajo en la construcción en esta ciudad de bajos ingresos al nordeste de San Francisco. "Tengo miedo. No les puedo dar ninguna explicación".
Desde California hasta Connecticut, las autoridades federales han lanzado una ofensiva a gran escala para hallar y deportar inmigrantes ilegales. Es parte de un esfuerzo doble, dijo Virginia Kice, vocera de la agencia policial de Inmigración y Aduanas: asegurar las fronteras de la nación y a la vez intensificar la aplicación de la ley.
"Estamos atacando estas cuestiones en múltiples frentes", dijo. "Decididamente ahora es una prioridad".
Los inmigrantes documentados como Sánchez, nativa de México, no tienen nada que temer, asegura Kice. Pero el tío de aquélla, que había estado en Estados Unidos ilegalmente durante diez años y que no tenía autorización para trabajar, era un blanco obvio.
"La gente que está en este país cumpliendo con nuestras leyes de inmigración no tiene motivos de qué preocuparse", afirmó Kice.
Los grupos que apoyan una reducción en la inmigración han elogiado la nueva actitud más enérgica. "Las acciones policiales como ésta desempeñan un enorme papel disuasivo", dijo Steven Camarota, del Centro de Estudios de Inmigración, grupo de estudio conservador.
Pero muchos inmigrantes y sus partidarios dicen que divide familias y perjudica a los familiares documentados de los inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera, al igual que a sus compañeros de trabajo, empleadores y los negocios que les prestan servicios.
"Tenemos que detener este reino de terror", dijo Mark Silverman, director de política inmigratoria en el Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes, en San Francisco.
Desde que se inició la "Operación Devolución al Remitente" en mayo, los agentes de inmigración y aduanas han detenido a unos 14.000 inmigrantes que habían entrado ilegalmente en el país o que hacían caso omiso de las órdenes judiciales de deportación.
"Se burlaban del sistema", dijo Kice, "y enviaban el mensaje erróneo a los que cumplían con las leyes".
Otros 4.400 fueron detenidos en investigaciones a gran escala en lugares de trabajo, incluyendo inmigrantes que trabajaban sin autorización adecuada y sus empleadores. Más de 700 encaran cargos penales incluyendo la contratación de inmigrantes indocumentados.
Las inspecciones en cárceles estatales y locales en los últimos siete meses identificaron a otros 5.500 inmigrantes que cometieron delitos, para asegurarse que queden en manos de los agentes de inmigración y aduanas una vez que terminen de cumplir sus sentencias.
En una de las mayores redadas hasta ahora, fueron allanadas en diciembre las plantas empacadoras de carne de Swift & Co. en seis estados con el arresto de 1.282 trabajadores inmigrantes. Una de esas plantas estaba en Marshalltown, Iowa, donde el inmigrante mexicano Juan Padilla administra una tienda de prendas de vestir. Dice que pasó de vender 5.000 dólares mensuales en botas, sombreros y pantalones vaqueros, el año pasado, a sólo 600 dólares en enero.
Su esposa, que no tenía autorización de trabajo, perdió su empleo en la planta empacadora de carne y aguarda una audiencia judicial. Padilla se pregunta cómo podrá mantener a sus cinco hijos nacidos en Estados Unidos.
"Quiero que mis hijos vayan a la escuela y tengan mejores oportunidades para no terminar cortando carne 14 horas por día", dijo. "¿Pero qué podemos hacer? No lo sé".
La campaña afectó duramente a la creciente comunidad inmigrante en esta ciudad de 26.000 habitantes. Más de 30 niños fueron retirados del sistema escolar, presumiblemente por familias que decidieron irse del área.
Padres y madres estaban "atemorizados de que las autoridades de inmigración fuesen a venir a la escuela y llevarse a sus hijos", explicó Thomas Renze, director de la escuela primaria Woodbury en Marshalltown.
La religiosa Christine Feagan, directora del ministerio hispano en la iglesia católica de Santa María, coincidió en que los allanamientos han afectado particularmente a los niños, estuviesen o no legalmente en el país.
"No se puede explicar esa diferencia a un chico de segundo o tercer grado", afirmó.
Mientras la campaña se desarrolla en otros puntos del país, las iglesias y otras organizaciones comunitarias han sido una fuente importante de apoyo y ayuda a las familias.
El grupo Comunidad para la Formación de Congregaciones (Congregations Building Community), con sede en Colorado, se aseguró de que los hijos de los detenidos durante los allanamientos locales no volviesen después de clases a una casa vacía, y está ayudando a las familias que perdieron su trabajo a pagar las cuentas durante el invierno.
La Organización Comunitaria de Apoyo Interdisciplinario Contra Costa, una coalición de 25 congregaciones en el norte de California, protestó por los allanamientos y exhortó a funcionarios locales a apoyar a los inmigrantes.
Docenas de otras organizaciones están recaudando fondos, suministrando asesoramiento legal y efectuando reuniones comunitarias en respuesta al esfuerzo a gran escala de las autoridades federales para detener y deportar a los inmigrantes indocumentados.
"Nuestra gente realmente tiene miedo", dijo la religiosa Carolyn Krantz de la Iglesia San Pedro Mártir en Pittsburg.
Los allanamientos han tenido como blanco los inmigrantes que han cometido delitos o que evaden órdenes de deportación. Pero si durante el procedimiento los agentes se topan con otros que sospechan estén ilegalmente en el país, los interrogan, los detienen y los deportan si corresponde, dijo Kice.
"No es infrecuente que lleguemos a un lugar y descubramos que el sujeto se mudó semanas antes", agregó. "Pero podemos encontrar allí a otros transgresores de las leyes inmigratorias".
Eso es lo que ocurrió a dos de los hijos de María Ramos, que fueron sacados de sus camas en San Pablo una madrugada de enero. Los agentes vinieron en busca de un pariente político, pero en cambio se llevaron a su hija Elvira Mendoza, de 17 años, y a su hijo Víctor Mendoza, de 22.
Elvira fue puesta en custodia de un hermano mayor que está aquí legalmente, pero Víctor Mendoza fue deportado a México, dijo Ramos.
"Mis hijos son lo que tengo en la vida", dijo Ramos, de 64 años. "Estoy de acuerdo que busquen delincuentes, pero no hay necesidad de causarnos tanto pesar".
Mientras los grupos que proponen una reducción en el número de inmigrantes elogian la intensificación del cumplimiento de las leyes existentes, tanto los que están en ambos lados del debate se preguntan si la campaña tendrá algún efecto real.
Los detenidos representan una fracción minúscula de los millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y por cada deportado hay otro dispuesto a ocupar su trabajo y su vivienda vacantes, admiten.
"No es que esto haya terminado con la inmigración en Greeley", comentó Ron Marks, director de la Comunidad para la Formación de Congregaciones en Greeley, Colorado. "Sólo cambió los individuos".
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