jueves, 31 de mayo de 2007

Chávez vulnera la libertad de expresión

El presidente venezolano viene haciendo una lectura a medias de Maquiavelo ya que si bien viene haciendo los males todos juntos, es decir, de golpe, sin demasiada dilación entre uno y otro para no ofender al pueblo por un período prologando, olvida que no debe provocar su ira o descontento, esto es, no llegar a ser odiado. El autor del Príncipe es muy enfático en lo segundo pues el líder debe evitar a toda costa ser despreciado ya que con ello da sustento a la rebelión. “Los males o medidas impopulares”, recomienda el precursor de la ciencia política, deben ser delegados a funcionarios menores cuando generen odio y reservar para sí –para el príncipe- las acciones que causen simpatía o “el favor de los súbditos”. Sólo de esa forma el político florentino avala la ejecución de maldades, cuando el pueblo las identifica con burócratas de menor rango pero no con su príncipe. Cosa que no ha sucedido ni podía suceder en el caso venezolano, de ahí que Chávez, siguiendo el consejo del tratadista, debió contenerse.

Chávez aprovecha su popularidad y la concentración de todos los poderes para impulsar los cambios que desea para Venezuela. Pero algunas acciones que debe tomar para consolidarlos le acarrean demasiado desprestigio. Sin embargo, no creemos que la clausura de la televisora (RCTV) pueda fortalecer a la oposición venezolana frente a Chávez toda vez que su proyecto depende más de los altos precios del petróleo que de la descabellada e impopular decisión de cerrar un canal.

No sabemos qué tanto pueda llegar a repercutir en Venezuela el cierre de RCTV (Radio Caracas Televisión) pero internacionalmente la medida puede aislar todavía más a Chávez y desacreditar su prédica contra el imperialismo dado que su embestida contra los medios lo convierte automáticamente en un autócrata, sino lo era antes.

Entre las libertades vulneradas por el mandatario llanero la madrugada del 27 de mayo podemos nombrar cinco. La primera de ellas obviamente es la libertad de prensa, un derecho fundamental por el cual los ciudadanos pueden organizarse para participar en la constitución de medios masivos de comunicación. La segunda es la libertad de expresión pues se recorta no sólo la libertad de los profesionales de la noticia (los periodistas), sino del público en general ya que éstos también recurren a los medios (interactivos) para emitir opiniones. La tercera libertad atacada es la de información porque la no renovación de la licencia al medio opositor impide acceder a una pluralidad de medios por parte de la ciudadanía, es decir, se restringen sus posibilidades a informarse por otros canales no oficiales. En cuarto lugar se viola la libertad de trabajo de periodistas y del personal que laboraba en la estación televisiva. En quinto lugar se afecta la libertad de hacer empresa en Venezuela --que de por sí ya era bastante difícil-, porque el Estado condiciona a los propietarios de los medios a sujetar sus contenidos a una determinada línea editorial o informativa.

De esas cinco libertades trasgredidas, dos originan una violación mayor pues la democracia moderna, en una versión ampliada de sus componentes, se asienta sobre las libertades de expresión y de prensa. Ambas están garantizadas por las constituciones como la de EE UU, por ejemplo. Es importante recordar esto porque la soberanía del pueblo lograda a través de la democracia, según Robert Dahl, requiere una variedad de fuentes informativas (información alternativa) para que los electores formen sus propias decisiones. De ese modo la oferta mediática se convierte en uno de los elementos cuya presencia o ausencia determina la existencia o no de un régimen democrático.

Al respecto, el ex presidente de Brasil y actual senador, José Sarney, criticó a Chávez por la medida en la Cámara Alta de su país en los siguientes términos: "No puede haber una democracia en la que no exista institución libre, institución fuerte, Congreso libre, fuerte y abierto, prensa libre y sin restricciones. En el momento que el gobierno tiene el poder de acallar a cualquier tipo de oposición, por cualquier razón, en este momento paso a temer sobre el concepto de democracia en ese país", afirmó uno de los principales aliados del presidente Lula da Silva.

La libertad de prensa es necesaria para evitar algunas desviaciones o distorsiones de la democracia. Esto es, para impedir que degenere en un régimen de concentración absoluta de poderes ya que alerta a los ciudadanos no sólo de las propias fallas del sistema, sino de las acciones de los gobernantes que desvirtúan los intereses nacionales.

Puede que la calidad de algunos medios no guste o agrade a un sector del electorado o incluso disgusten a las autoridades políticas, pero no por eso deben ser vetados. De ahí que la decisión de Caracas sea contraproducente y violatoria de libertades fundamentales. Puede que tenga “sustento” administrativo la no renovación del permiso para operar la frecuencia de RCTV, pero no deja de ser sospechoso que al tiempo que se le deniega la concesión, otros medios independientes del Gobierno hayan sido amenazados con la revocación de sus permisos. Lo sucedido no sólo es cuestionable (por sacar del aire a un canal opositor), sino porque se configura en un vil amedrentamiento contra el resto de la prensa en Venezuela. No existen casualidades en política y menos cuando el presidente venezolano demanda a un medio como Globovisión (canal que transmite noticias ininterrumpidamente) que modere su línea editorial.

A Globovisión se le “acusa”, al igual que a RCTV, de ser “enemiga de la patria” y de promover, al menos en el caso del primero, el magnicidio del gobernante. Chávez ha amenazado con aplicar “el mínimo” si la “emisora continua manipulando los sentimientos” del pueblo, es decir, si indispone a la población contra el gobierno socialista.

“El motivo de la polémica que le puede costar la licencia a este canal”, según el diario El País de España, “son las imágenes que difundió el pasado día 25, dos jornadas antes de que Radio Caracas tuviera que dejar de emitir en abierto. La emisora difundió una entrevista con Marcel Granier, presidente del grupo 1BC (propietario de RCTV) y después emitió un vídeo en homenaje a los 53 años de emisión del canal, recordando los acontecimientos que había cubierto a lo largo de su historia. Entre esas imágenes, figuraba el atentado contra Juan Pablo II (13 de mayo de 1981). La música que sonaba de fondo era una canción de Rubén Blades que decía "tengan fe, que esto no se acaba aquí".

El especial transmitido por Globovisión como muestra de solidaridad por lo sucedido con RCTV fue interpretado por el ministro de Información de Venezuela, William Lara, como “mensajes subliminales que incentivan el magnicidio” contra Chávez pues, según el ministro, las imágenes del atentado contra Juan Pablo II tenían como fondo musical “Esto tiene que acabar”, en voz de Rubén Blades.

Resulta ilógica, por no decir hilarante, la interpretación del ministro chavista. Eso demuestra la falta de argumentos del oficialismo para remover a los medios opositores. Capturar el espectro informativo o uniformizarlo ha producido algo positivo: la movilización de miles de estudiantes universitarios contra el régimen. Es duro que las generaciones más jóvenes de Venezuela tengan que aprender la democracia de esa manera, es decir, cuando han perdido importantes libertades en el camino, pero es el único modo, en el actual contexto, para que tomen conciencia de su valor.

Luego de concentrar el poder en su persona, al primer mandatario venezolano sólo le quedaba amordazar a la prensa independiente. Tenía los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) pero no el cuarto, es decir, los medios de comunicación. Su estrategia para controlar a la prensa es en parte novedosa en Latinoamérica ya que no recurrió a la expropiación inmediata como las viejas dictaduras militares. Tampoco utilizó su gran billetera para comprar la línea editorial de los medios informativos como lo hizo el gobierno peruano de Alberto Fujimori, ni les garantizó ventajosos contratos para difundir publicidad estatal. Podría decirse que su método se ubica entre la confiscación y la coacción pues utilizó una prerrogativa legal –la no renovación- para imponer un determinado contenido informativo.

“Otras dos estaciones” como Venevisión del magnate Gustavo Cisneros, “que eran críticas al Gobierno”, según The Wall Street Journal, “disminuyeron su cobertura de noticias y despidieron a varios periodistas y comentaristas” para ajustarse a las exigencias periodísticas de Caracas. La prestigiosa revista The Economist revela que la mayoría de venezolanos cree que ha sido recortado arbitrariamente su derecho a acceder a una programación variada. Las encuestas indican que el 80% de la población rechaza la medida.

A la fecha, “el Gobierno ha creado más de 63 medios escritos”, según Mercedes Arancibia, portavoz de Reporteros sin Fronteras en España. Además, según la BBC, “la estatal Venezolana de Televisión se ha repotenciado, y han surgido nuevos medios oficiales como VIVE, un canal que se define como cultural y educativo, o ANTV, el canal de la Asamblea Nacional”. Por si fuera poco, “se creó Telesur, canal de información internacional en el que el gobierno de Venezuela tiene la participación mayoritaria”. “También maneja las señales de Radio Nacional de Venezuela y de YVKE Mundial. Y la antigua Venpress se transformó en Agencia Bolivariana de Noticias”.

Al poseer varios medios propios y doblegar a los privados, Caracas consigue limitar o eliminar las actividades de la oposición puesto que de ahora en adelante no contarán con la posibilidad de difundir sus propuestas y programas a la sociedad de manera masiva. Sin el visto bueno de los organismos regulatorios controlados por Chávez no será posible en el futuro que sus rivales políticos puedan competir en igualdad de condiciones con el oficialismo. Esto supone un grave retroceso en materia de libertades democráticas pues se afecta el derecho del electorado a tomar una decisión plenamente informada.

Los roces con los medios en Venezuela se acentuaron en el 2004, como refiere la BBC, pues desde ese año “la prensa ejercía una línea muy crítica hacia el gobierno, al que acusaba de querer limitar la libertad de expresión. Y el gobierno cuestionaba la supuesta "distorsión informativa" que hacían esos medios de la realidad. Ese enfrentamiento llegó a su cúspide durante el año 2002. En abril, durante el breve de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y luego en diciembre, en el llamado "paro cívico" que se extendió hasta febrero del año siguiente”.

Un hecho que llama poderosamente la atención es que si bien RCTV, como otros medios de comunicación venezolanos, colaboró con los golpistas, no se entiende por qué recién en el 2007 se toma “medidas” al respecto. El fallido golpe ocurrió abril de 2002 y varios de sus protagonistas huyeron al extranjero con el consentimiento del Gobierno chavista, una vez que retomó el poder. Si había que castigar a alguien debió hacerse en su momento, es decir, abrir proceso contra los directivos y periodistas implicados, pero no clausurar su señal puesto que las sociedades anónimas suelen responder económicamente por daños cometidos contra el Estado, los consumidores o el medio ambiente, esto es, un tipo de responsabilidad accesoria.

Sólo si se ha utilizado la figura de la persona jurídica, es decir, su organización, puede atribuírsele delitos. La tendencia actual en Estados Unidos e Inglaterra señala que las firmas no están exentas del alcance de la acción penal pudiendo aplicárseles multas, clausurar sus locales, disolverlas, intervenirlas judicialmente, etc., independientemente de la responsabilidad penal que pudiera corresponder a sus directores o administradores. Venezuela ha incorporado a su sistema penal esa figura (por la que una empresa puede ser usada como medio para cometer un delito), sin embargo, es difícil determinar con precisión si hubo intención de usar a la empresa (RCTV) para promover un derrocamiento. En todo caso, lo que sí está claro es la responsabilidad de sus representantes en la conspiración para deponer al mandatario elegido. De ahí que las culpas de éstos no tenga necesariamente que afectar a la sociedad en su conjunto. Por ello, si se hubiera determinado judicialmente la culpabilidad del medio, cosa que no ocurrió porque nunca hubo juicio, se debió licitar la licencia de la frecuencia televisiva para garantizar transparencia informativa y no quedar en manos del Gobierno.

Por poner un ejemplo, en Perú los medios comprometidos con la autocracia de Fujimori no fueron confiscados por el régimen democrático del presidente Toledo, sino que fueron reorganizados y adquiridos por otros grupos empresariales locales. Los directivos vinculados con la corrupción fueron procesados y condenados como debió hacerse en el caso venezolano. La acción de la justicia venezolana no debió ser paralizada por la política o entrar en dilaciones. Pero Venezuela no es una democracia por más que se hayan celebrado más elecciones, plebiscitos y consultas que en toda la región en su conjunto.

De otro lado, RCTV será remplazada por TEVES (Televisora Venezolana Social), que gracias al Supremo Tribunal podrá utilizar los equipos del canal clausurado. Así, el “nuevo canal social” podrá tener un alcance nacional amparado en una controversial decisión judicial pues vulnera la propiedad privada de RCTV. Otra violación más que se agrega a la larga lista de derechos trasgredidos por Caracas.

Al menos las compañías de telecomunicaciones y eléctricas renacionalizadas por Chávez fueron compensadas antes de que el Gobierno tomara posesión de sus activos, pero este no fue el caso de la desafiante televisora que se negó a modificar su línea informativa. El caso del control de los campos petroleros de la Faja del Orinoco pudo justificarse por “necesidad pública”, además no se apartó a las trasnacionales de su explotación puesto que se alteró su participación a favor del Estado. Pero aquí no se podía alegar lo mismo.

Lo negativo del asunto ahora es que otros medios puedan verse afectados por decisiones similares a las que Caracas tomó respecto a RCTV. Inclusive se dice que el ecuatoriano Rafael Correa podría imitar a su homólogo venezolano pues ha manifestado interés en revisar las concesiones otorgadas a algunos medios televisivos.

Para terminar, Antonio Gramsci, uno de los pensadores marxistas que suele citar Chávez mencionó alguna vez que la ideología no puede imponerse por la fuerza, pues su verdadera legitimidad se da cuando surge de la sociedad civil.

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