Se empiezan a atar cabos en la relación entre asesores de ex-ministros apristas, ex-congresistas y el caso de narcotráfico de la selva, que defiende César Nakasaki.
Desde el tercer piso.(LIMA)- Como cuenta La República, la investigación conjunta de la Policía y el Ministerio Público comenzó a traves de la pista de un cargamento de droga que venía de Holanda:
El 11 de enero de este año, las autoridades antinarcóticos de Francia solicitaron a sus pares de Holanda la intervención de un contenedor con tubos de plástico que había salido del Callao el 19 de diciembre de 2007 y que iba a llegar al puerto de Rotterdam en tránsito hacia Bélgica. La carga había sido exportada por la compañía peruana 'Fortestal Export HM', de propiedad de Lester Marina Pastor, y en su interior había 176 kilos de cocaína.
Al hacer un seguimiento a las actividades ilegales de Lester Marina, la policía antidrogas identificó a Robin Inga Vela, quien tramitaba las "exportaciones" tanto de 'Forestal Export HM' como de 'Triplay Enchapes SAC', cuyo dueño es el alcalde Luis Valdez. El círculo se completó.
A partir de allí y de otro cargamento de droga llevado a Guatemala, se hizo lo que corresponde en cualquier investigación sobre narcotráfico, corrupción o delitos económicos: seguir la pista del dinero. Y así fue que se encontró un desbalance patrimonial evidente, que se calcula llegaría a los 71 millones de dólares.
No solo Valdez ha sido detenido. También ha caído buena parte de su red de contactos y socios. Entre ellos destaca un nombre que vale la pena resaltar:
El alcalde sabía que si los agentes antinarcóticos encontraban un desbalance patrimonial –es decir, si Valdez no demostraba el origen lícito de su vasta riqueza–, existía la posibilidad de ser detenido. Y a esa conclusión arribó la titular del Primer Juzgado Penal Supranacional de Lima, María León Yarango, quien el lunes 13 de octubre ordenó el arresto de Luis Valdez Villacorta, de Lester Marina Pastor, del abogado de este, Francisco Peixoto Macanillas – jefe del gabinete de asesores de María Zavala Valladares cuando fue ministra de Justicia del gobierno aprista– y de otras 18 personas. La captura se produjo el martes 14 en el despacho de Valdez.
Y como recordó en su momento Marco Sifuentes:
Francisco Peixoto. No es aprista, pero sí fue jefe del gabinete de asesores de la ex ministra de Justicia, María Zavala… hasta que Miguel Ramírez de El Comercio descubrió que Peixoto había sido abogado de Mosca Loca y otros once procesados por narcotráfico.
Ello nos vuelve a llevar a los vínculos entre narcotráfico y política. Valdez, no olvidemos, era una autoridad municipal. Varios ex funcionarios de este gobierno han sido tangencial o directamente vinculados con familias involucradas en la trama del narcotráfico y, además, algunos dirigentes del Partido Aprista en Trujillo se han acusado mutuamente de estar vinculados con los Sánchez Paredes.
Y, más allá de las vinculaciones y acusaciones, resulta preocupante el mutismo de muchos políticos sobre la materia. Hoy por la mañana escuchaba al experto en narcotráfico Ricardo Soberón criticar el silencio de Nancy Obregón y Elsa Malpartida sobre el tema, luego que llegaran al Congreso y al Parlamento Andino con las banderas de la generación de políticas alternativas frente al narcotráfico. Y la verdad es que a Soberón no le falta razón.
Lo cierto es que el caso Valdez evidencia, además, la importancia del trabajo paciente de inteligencia y la necesidad de ir hacia las cabezas del narcotráfico. Sin duda, es allí el camino que debe seguirse, acompañado, por supuesto, por medidas que busquen la incorporación al mercado de quienes dejan de cultivar coca y la desestigmatización de los campesinos cocaleros. Veremos que nos presenta el nuevo Ministro del Interior en esta materia.
Creo que no ha sido valorada en su justa dimensión la detención del alcalde de Pucallpa Luis Valdez Villacorta, en medio de una de las operaciones policiales más importantes y mejor trabajadas en el área de narcotráfico de la que el país tiene memoria.
En primer lugar, hay que tener en cuenta la impunidad con la que Valdez operó durante más de 30 años. Tuvo varios procesos por narcotráfico que logró evadir - incluso con la ayuda de Vladimiro Montesinos - y, con el obtenimiento de poder político en el 2002, al ganar la alcaldía de Coronel Portillo (nombre oficial de la provincia donde se ubica la capital de la región Ucayali), se convirtió casi en intocable, tanto que todo indica que dio la orden para matar al periodista Alberto Rivera Fernández, quien venía denunciando sus vínculos con el narcotráfico y la tala ilegal de madera.
Pero poco a poco se fue tejiendo una buena investigación sobre este caso. Primero, en las instancias fiscales, donde testimonios de colaboradores eficaces ya daban muestras de sus vínculos con otros narcotraficantes como Fernando Zevallos. Y, posteriormente, con la Operación Anguila.
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