Alan García considera que Sendero no es una amenaza para la democracia

Presidente peruano coincide con líder nacionalista Ollanta Humala. Si admitía que grupo terrorista representa un peligro para el país estaría poniendo en entredicho su política de seguridad nacional
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Por César Reyna

Un Gobierno embarcado en exhibir logros no puede confesar que el narcoterrorismo es más fuerte que en los años ochenta como declaró el congresista aprista Mauricio Mulder. El también secretario general del Apra magnificó el fenómeno del narcosenderismo solamente para desautorizar al opositor Ollanta Humala; sin sopesar que sus palabras podrían tener un efecto adverso entre la población y los inversionistas.

Afirmar que Sendero Luminoso es una amenaza para el país equivale a decir que el Estado no solo no controla una parte del territorio, sino que existe el peligro de que se expanda sus actividades a otras regiones.

El ataque del fin de semana a una base policial en una localidad olvidada de Ayacucho fue una demostración de fuerza de los remanentes de Sendero. De momento su presencia se encuentra exclusivamente focalizada en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y en menor medida en el Huallaga. No hay peligro de expansión mientras no se replieguen, fruto de la intervención de nuestras Fuerzas Armadas, a otras áreas donde puedan controlar el tráfico de los derivados de la hoja de coca: la pasta básica y la cocaína.

En la ciudad de Tacna, en el sur del Perú, el primer mandatario declaró que “el problema que tenemos ahora no es ni la décima y quizá ni la centésima parte de lo que en los años 80 se tenía”, enmendándole la plana al verborrágico Mulder. También agregó que “por un tiempo vamos a tener ese tipo de agresiones a las que tampoco hay que presentar como si fueran la amenaza contra la democracia total”.

Mulder había manifestado ayer a una radioemisora capitalina: “Ese Sendero Luminoso de hoy, que es casi un remanente, es mucho más poderoso que el Sendero de 1980, porque tiene más gente, más dinero, más armas y un territorio que le favorece en su estructura geográfica e imposibilita la entrada de la Policía”. Las declaraciones del jefe de Estado se producen 24 horas después de que el ministro Salazar rectificara sus propias declaraciones en las que había coincidido con Humala.

Narcoterroristas atacan base policial en Ayacucho

Tres policías y dos mujeres murieron durante la ofensiva subversiva. El puesto pertenece al área geográfica del Valle de los ríos Apurímac y Ene. Desde esa ubicación se realizan operativos para impedir el tráfico ilícito de drogas. Atacantes buscarían debilitar la moral de nuestras tropas

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Por César Reyna

En el día que se conmemora el treinta aniversario del fallecimiento del fundador y líder histórico del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre, una columna compuesta por cincuenta narcoterroristas atacó una estación de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). El enfrentamiento ocurrió en el poblado de San José de Secce del distrito de Santillana, en la provincia de Huanta, en Ayacucho.

El local de la Dinoes se encuentra seriamente afectado asi como un colegio colindante que fue utilizado por los narcotraficantes para perpetrar el ataque. El enfrenamiento duró una hora aproximadamente, según varios testigos. Entre las 12:30 p.m. del sábado y las 00:30 horas del domingo cerca de treinta efectivos fueron despertados por disparos y explosiones de granadas.

Los narcoterroristas no tenían la intención de tomar la base policial sino ocasionar la mayor cantidad de bajas para amedrentar a las fuerzas del orden. Que el asalto haya sido lanzado en un día significativo para las autoridades de turno puede interpretarse como un acto de provocación de las bandas que operan en el VRAE. O también podría representar el comienzo a una nueva fase en la que los criminales dejan atrás las emboscadas en la selva para pasar directamente a la ofensiva con el propósito de replegar a la policía.

Los narcoterroristas demostraron que son capaces de ejecutar ataques coordinados (atacaron desde la parte frontal y posterior del cuartel) y que cuentan con gran poder de fuego al utilizar fusiles con miras láser, lanzagranadas y cohetes. El incidente en cuestión guarda muchos parecidos con los que llevan a cabo las FARC colombianas o los carteles de la droga mexicanos. Tal parece que miembros de esas organizaciones estarían participando en sus operaciones.

La mayor presencia de agentes estatales en la zona, prometida por el presidente García y sus ministros de Defensa e Interior, desencadenaría episodios similares a medida que van penetrando en su territorio. Lo que los narcotraficantes tratan de preservar es su lucrativo negocio (sus rutas de comercio y aprovisionamiento de insumos) ya que no tienen intenciones de tomar el poder. Con la corrupta colaboración de algunas autoridades les basta para operar; pero sienten que les están tendiendo un cerco.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna baja terrorista. A parte de los tres policías caídos hay tres subalternos heridos. El ministro del Interior, Octavio Salazar, y el Director General de la Policía, Miguel Hidalgo, se apersonaron al lugar de los hechos para realizar investigaciones, según RPP.

El crimen de Marco Antonio: narcotraficantes estarían involucrados

Por César Reyna

Todo apunta a que el famoso estilista Marco Antonio fue asesinado por sicarios del narcotráfico. La forma en que fue amordazado, atado y reducido nos hace suponer que su muerte se trató de un virtual ajuste de cuentas. El que su cabeza haya sido cubierta con una bolsa de plástico revela, entre otras cosas, que fue asfixiado hasta morir. Así, las causas de su fallecimiento dejan de ser pasionales porque los asesinos han querido enviar una señal a quienes les fallan de alguna manera.

Su crecimiento como estilista, editor de revistas, conductor de televisión y empresario debe ser investigado porque tal vez ahí se encuentre el motivo de su trágica desaparición. Quizá le debía a personas que se dedicaban a lavar dinero sucio. Lo que sostengo de momento es una hipótesis, pero tiene asidero a raíz de su trepidante éxito y su execrable crimen. Sin duda fue un sujeto talentoso –que duda cabe- y bien relacionado en la farándula local, pero eso no basta para explicar su suceso empresarial.

Marco Antonio era propietario de varios centros de belleza y peluquerías donde atendía a la crema y nata de la sociedad. A veces se desempeñaba como jurado en eventos de belleza y era requerido por artistas nacionales. Sus servicios como peinador eran exclusivos y altamente demandados en bodas y destacados eventos internacionales.

El Perú, como la mayoría de países latinoamericanos, es ideal para que carteles mexicanos laven dinero en sectores como la construcción, la mediana minería, la pesquería y servicios de relax y entretenimiento. La principal razón que convierte a la región, y sobretodo a nuestro país, en una plaza atractiva para recursos procedentes actividades ilícitas es su estabilidad macroeconómica, es decir, su baja tasa de inflación y la escasa volatilidad de la moneda. También destacaría la gran informalidad que caracteriza a nuestra economía y la de nuestros vecinos pues es responsable de más del 50% del PBI. Que el mercado peruano sea informal significa que existe poca o nula fiscalización estatal. Esto permite que muchos narcos ingresen grandes cantidades en la economía sin encontrar oposición.

Como en occidente no pueden actuar con la permisividad que encuentran en Latinoamérica, los grandes capos del narcotráfico no dudan en repatriar o traer sus fortunas mal habidas. Muchos negocios basados en el ladrillo (inmuebles, discotecas, restaurantes, locales comerciales, hostales, etc.) han sido financiados con dinero turbio. De ahí que se sospeche del ‘boom’ de la construcción y otras actividades de rápido crecimiento.

El caso de Marco Antonio no sería el único de comprobarse su vinculación con el crimen organizado. Su muerte ha consternado a muchos personajes del espectáculo y dará que hablar en los próximos días. Ojalá me equivoque para que su nombre no quede manchado.

El Apra y acusado de narcotráfico Luis Valdéz Villacorta.

Se empiezan a atar cabos en la relación entre asesores de ex-ministros apristas, ex-congresistas y el caso de narcotráfico de la selva, que defiende César Nakasaki.

Desde el tercer piso.(LIMA)- Como cuenta La República, la investigación conjunta de la Policía y el Ministerio Público comenzó a traves de la pista de un cargamento de droga que venía de Holanda:

El 11 de enero de este año, las autoridades antinarcóticos de Francia solicitaron a sus pares de Holanda la intervención de un contenedor con tubos de plástico que había salido del Callao el 19 de diciembre de 2007 y que iba a llegar al puerto de Rotterdam en tránsito hacia Bélgica. La carga había sido exportada por la compañía peruana 'Fortestal Export HM', de propiedad de Lester Marina Pastor, y en su interior había 176 kilos de cocaína.

Al hacer un seguimiento a las actividades ilegales de Lester Marina, la policía antidrogas identificó a Robin Inga Vela, quien tramitaba las "exportaciones" tanto de 'Forestal Export HM' como de 'Triplay Enchapes SAC', cuyo dueño es el alcalde Luis Valdez. El círculo se completó.

A partir de allí y de otro cargamento de droga llevado a Guatemala, se hizo lo que corresponde en cualquier investigación sobre narcotráfico, corrupción o delitos económicos: seguir la pista del dinero. Y así fue que se encontró un desbalance patrimonial evidente, que se calcula llegaría a los 71 millones de dólares.

No solo Valdez ha sido detenido. También ha caído buena parte de su red de contactos y socios. Entre ellos destaca un nombre que vale la pena resaltar:

El alcalde sabía que si los agentes antinarcóticos encontraban un desbalance patrimonial –es decir, si Valdez no demostraba el origen lícito de su vasta riqueza–, existía la posibilidad de ser detenido. Y a esa conclusión arribó la titular del Primer Juzgado Penal Supranacional de Lima, María León Yarango, quien el lunes 13 de octubre ordenó el arresto de Luis Valdez Villacorta, de Lester Marina Pastor, del abogado de este, Francisco Peixoto Macanillas – jefe del gabinete de asesores de María Zavala Valladares cuando fue ministra de Justicia del gobierno aprista– y de otras 18 personas. La captura se produjo el martes 14 en el despacho de Valdez.

Y como recordó en su momento Marco Sifuentes:

Francisco Peixoto. No es aprista, pero sí fue jefe del gabinete de asesores de la ex ministra de Justicia, María Zavala… hasta que Miguel Ramírez de El Comercio descubrió que Peixoto había sido abogado de Mosca Loca y otros once procesados por narcotráfico.

Ello nos vuelve a llevar a los vínculos entre narcotráfico y política. Valdez, no olvidemos, era una autoridad municipal. Varios ex funcionarios de este gobierno han sido tangencial o directamente vinculados con familias involucradas en la trama del narcotráfico y, además, algunos dirigentes del Partido Aprista en Trujillo se han acusado mutuamente de estar vinculados con los Sánchez Paredes.

Y, más allá de las vinculaciones y acusaciones, resulta preocupante el mutismo de muchos políticos sobre la materia. Hoy por la mañana escuchaba al experto en narcotráfico Ricardo Soberón criticar el silencio de Nancy Obregón y Elsa Malpartida sobre el tema, luego que llegaran al Congreso y al Parlamento Andino con las banderas de la generación de políticas alternativas frente al narcotráfico. Y la verdad es que a Soberón no le falta razón.

Lo cierto es que el caso Valdez evidencia, además, la importancia del trabajo paciente de inteligencia y la necesidad de ir hacia las cabezas del narcotráfico. Sin duda, es allí el camino que debe seguirse, acompañado, por supuesto, por medidas que busquen la incorporación al mercado de quienes dejan de cultivar coca y la desestigmatización de los campesinos cocaleros. Veremos que nos presenta el nuevo Ministro del Interior en esta materia.

Creo que no ha sido valorada en su justa dimensión la detención del alcalde de Pucallpa Luis Valdez Villacorta, en medio de una de las operaciones policiales más importantes y mejor trabajadas en el área de narcotráfico de la que el país tiene memoria.

En primer lugar, hay que tener en cuenta la impunidad con la que Valdez operó durante más de 30 años. Tuvo varios procesos por narcotráfico que logró evadir - incluso con la ayuda de Vladimiro Montesinos - y, con el obtenimiento de poder político en el 2002, al ganar la alcaldía de Coronel Portillo (nombre oficial de la provincia donde se ubica la capital de la región Ucayali), se convirtió casi en intocable, tanto que todo indica que dio la orden para matar al periodista Alberto Rivera Fernández, quien venía denunciando sus vínculos con el narcotráfico y la tala ilegal de madera.

Pero poco a poco se fue tejiendo una buena investigación sobre este caso. Primero, en las instancias fiscales, donde testimonios de colaboradores eficaces ya daban muestras de sus vínculos con otros narcotraficantes como Fernando Zevallos. Y, posteriormente, con la Operación Anguila.

Reconocen error en vincular a César Hildebrandt con narcotráfico

El blog El fondo del vaso publicó la siguiente rectificación:

Hidalgo es aquel que sabe reconocer sus errores. Y en vista de la situación y los malentendidos por un post que escribí a modo de resumen sobre el tema de la fiscal Loayza, es menester hacer las siguientes aclaraciones:

• No afirmo ni pruebo ni nada sobre si el Sr. César Hildebrandt recibe dinero del narcotráfico. Si bien in the heat of battle se entiende que afirmo eso, no lo hago. Es una ironía que aquellos que saben cómo escribo entienden. La frase hace alusión a los conductores - marioneta que sólo repiten lo que dicen en el teleprompter sin saber qué diantres están hablando. Como todos sabemos, Hildebrandt no hace eso.
• Este no es un blog periodístico, ni un medio ni nada. Es un campo de entrenamiento de un periodista en ciernes. Mejor cometer esos errores acá que en un periódico. Aprovecho para recordarles que ése es el objetivo de este blog. Si bien por esto debo ser zarandeado, he aprendido que debo tener más cuidado con lo que escribo. Si usted, como lector, siente que hay algo que corregir, dígalo con toda confianza.
• Si bien la posición actual del Sr. Hildebrandt en el tema de la fiscal Loayza no va acorde con el mío, éste no debe entenderse como una animadversión o desmerecimiento hacia su trabajo y lo que éste significa para el periodismo nacional. Si bien mi opinión es sincera, ésta es sólo eso: mi opinión personal, con bilis y todo. Moraleja: debo ser menos apasionado cuando escribo.
• No aspiro a ser perfecto ni a ser el próximo líder de opinión ni referente del periodismo nacional a mi edad de 22 años. Acepto que me equivoqué al escribir siquiera esa frase y me rectifico por ello.

La nota que provocó tamaña rectificación fue:

El vínculo entre César Hildebrandt y el narcotráfico.
Para muchos nóveles periodistas, César Hildebrant es casi un dios y lo ponen a la par de Gorriti. Obviamente yo me río, porque se que con más de 10 mil dólares, el Chato te canta como tenor lo que tu le pongas en el teleprompter. (1) ACTUALIZACIÓN: Vea la aclaración de esta frase haciendo click aquí.

Sin embargo, siempre hay algún medio que acoja a quien se jacta de ser un periodista que dice la verdad y que se hace famoso por golpear al gobierno de turno, hacer berrinches en televisión en vivo y - vale decirlo - escribir argumentativamente tan bien que hasta los pianos se sienten hermanos de los rabanitos. Y en su diario, "La Primera", todos le siguen la comparsa … incluso hasta el director, que parece su chupe. Una especie de nuevo "Liberación".

Pero bueno, vamos al grano. Ayer el jefe de la Unidad de Investigación de dicho diario, Raúl Wiener, se mandó con una columna titulada "La fiscal valiente", en la cual se manda con un ataque directo, artero y cobarde en contra de Luz Loayza, retomando las cachacientas palabras de Gladys Echaíz. Quien se puso el overol rápidamente fue Marco Sifuentes, quien comentó la columna en un post de esos que extrañábamos. Para entenderla, primero lean la columna de Wiener:

Si García, Alva, Del Castillo, Gonzales Posada, le ofrecen todas las seguridades del Estado para cuidar su vida y sin embargo hasta ellos mismos creen que la fiscal valiente estará en peligro: ¿qué es lo que nos están queriendo decir?, ¿que Iquitos es un territorio fuera de control?, ¿que los valientes deben ser replegados hacia Lima y dejar las zonas calientes de la violencia y el comercio de la droga?, ¿que como ya sabíamos, Alva Castro es incapaz de garantizar la vida de nadie?

¿Wiener ha viajado a la selva? ¿Alguna vez ha investigado algún tema de narcotráfico? En Iquitos, y mis amigos blogueros charapas no me dejarán mentir, los sicarios están a la orden del día. Todo el mundo sabe dónde conseguirlos. No es una ciudad fuera de control, pero es mucho -mucho- más sencillo que en Lima.

Y eso de que "los valientes deben ser replegados a Lima y dejar las zonas calientes"… ¿quién demonios ha dicho eso? Pero hay cartas que Zevallos le envió a la Fiscal de la Nación pidiéndole expresamente que envíe a Loayza a Iquitos. ¿Wiener no sabe esto o se hace el loco? En realidad, el columnista valiente es víctima de sus fobias y teorías de conspiración.

Si son ávidos con el ojito, verán que el discurso de Wiener se va entremezclando con el de alguien que tiene un vínculo MUY fuerte con Fernando Zevallos y que por eso se ha peleado con los diarios tradicionales… Si no la vieron, aquí ya deben verla:

No puedo evitar apuntar aquí mi presunción de que todo este lío ha sido armado desde ciertos medios con el objeto de tumbar a la Fiscal de la Nación, colocándola en una encrucijada fatal, en la que ceder a las presiones y abrirle alguna plaza a Loayza en la capital, equivaldría a capitular en su autoridad, y mantener la decisión de la Junta de Fiscales le costará inevitablemente la sospecha de operar en relación con los crímenes del narcotráfico.

Esto ocurre porque doña Adelaida Bolívar está enfrentada al más poderoso grupo de prensa, con cuatro diarios (y uno aliado) y dos canales de televisión, al que le resulta demasiado fácil crear la sensación que muchos piensan como lo hacen sus propietarios y que sus causas son las colectivas.

Ahí salta la liebre. Según Wiener, Loayza es una drama queen y tiene que ir al matadero simplemente porque los medios vinculados a El Comercio informan de sus quejas. Así de simple, no hay más análisis ni información. Para el columnista de La Primera, cualquier cosa que diga "la gran prensa" está mal porque todo lo que dicen es mentira y así son las grandes corporaciones y punto. Paranoia pura.

Con nombres y apellidos. Raúl Wiener debe haber sido la secretaria de César Hildebrandt, quien es amigo de José Mejía Regalado, ya que éste era su talán. Y la acusación directa al Grupo El Comercio es simple y pura paranoia inventada por Hildebrandt, ya que fue El Comercio quien sacó al fresco que el Chato trabajaba con narcos.

Trabajó con Julián Cortez, un periodista de prensa y televisión vinculado a Fernando Zevallos, Nicolás de Bari Hermoza y Vladimiro Montesinos. También asesoró a los hermanos Winter, cuando el gobierno de Alberto Fujimori le quitó esa televisora a Baruch Ivcher, y fue informante en los programas de César Hildebrandt.

Obviamente, porque el Chato es picón, ordena a Wiener responderle a Sifuentes en su blog. Sin embargo, comete un error de apreciación al desconocer totalmente el mundo de la blogósfera - como casi todos los periodistas de antaño, pero eso no es para desmerecer su argumento - y recurrir al argumento ad-hominem: "como no se quién es ocraM, esta es una acusación trucha". Además, admite que desconocía los informes de inteligencia que decían que la vida de Luz Loayza corría peligro si regresaba a Maynas.

Sin embargo, al ver que su chupe ha caído, Hildebrant se manda con una columna hepática reafirmando lo que le dictó a Wiener y … bueno … haciéndolo quedar más chato de lo que es.

Esperamos que el ejemplo de Magaly siga cundiendo buenos ejemplos, pero claro, siempre recordando el caso Rómulo!

Contraloría peruana evalúa investigación a Presidente por perjurio y narcotráfico

El Diario La Primera de Perú informa:

El Parlamento debe investigar a García
Por ventas de casa de playa y camioneta, sostiene ex legislador Heriberto Benítez, mientras contralor Matute evalúa investigación.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=23183

El contralor de la República, Genaro Matute, afirmó ayer que su institución evalúa la denuncia periodística sobre la venta de la casa de la playa Los Pulpos del presidente Alan García al ministro de Educación, Antonio Chang, y la transferencia de la camioneta Nissan Frontier, de propiedad del mandatario, a una empresa vinculada a los narcotraficantes Sánchez Paredes.

Sobre estos casos, el ex legislador Heriberto Benítez sostuvo que el Parlamento tiene la potestad de abrir una investigación a Alan García por enriquecimiento ilícito durante su primer periodo.

“Queda demostrado que García es una persona que se caracteriza por mentir. Ante la Comisión Investigadora de Actos de Corrupción que presidía el entonces legislador Ernesto Herrera, le mostré al ex mandatario la ficha de los Registros Públicos de Lima que certificaba la compra de una casa en la playa Los Pulpos, pero él siempre negó ser el dueño y este año la vendió en una transacción extraña y sospechosa a su socio José Antonio Chang, ministro de Educación.”, señaló.

A su vez, el contralor Matute dijo que “respecto a los casos específicos (las ventas de la casa y la camioneta) tenemos que evaluarlo, todavía no cuento con información necesaria”, manifestó.

Por su parte, Benítez agregó: “lo delicado ahora es saber de dónde viene el dinero de García cuando todos los peruanos sabemos que de 1990 al 2000 no ejercía su profesión, no desempeñaba un cargo público, ni una labor que le permitiera tener ingresos tan abultados como para hacer ese tipo de compras en el Perú y el extranjero, y que además viajaba por el mundo con financiamiento desconocido”.

Benítez advirtió asimismo que el hecho de haber ocupado una senaduría vitalicia sí puede dar lugar a que el Congreso inicie una investigación, más aún si él (García) ha sido jefe de Estado (del 85 al 90) de un gobierno totalmente cuestionado por enriquecimiento ilícito, compras fraudulentas y fraude al Estado.

También habría que determinar si a García se le aplica la Constitución de 1979, porque las infracciones constitucionales que él cometió pueden haber estado referidas a esa época. En la Carta del 79 no hay un plazo como hoy que dice “el que deja un cargo público de alto funcionario sólo se le puede procesar hasta cinco años después de haber acabado su mandato. La Constitución del 79 deja abierta esa posibilidad de por vida”.

Al presidente García el Poder Judicial le hizo un “juicio de residencia” por enriquecimiento ilícito, que luego prescribió sin que los cargos hayan sido esclarecidos.

Cabe recordar que en febrero de este año, el legislador aprista Elías Rodríguez fue sindicado de recibir dinero de la familia Sánchez Paredes, al igual que un asesor del ministro Luis Alva Castro que inmediatamente fue separado.

DETALLE

La Comisión Investigadora de Actos de Corrupción de 1990 al 2000, la presidió el congresista Ernesto Herrera, y la integraron sus colegas Javier Diez Canseco, Heriberto Benítez, Javier Velásquez y Rafael Rey.

El 15 de junio del 2003 Alan García compareció ante la comisión acompañado de Jorge del Castillo, para ser interrogado sobre sus vínculos con Fujimori, Montesinos y Agustín Mantilla y cuando se le preguntó por la compra de la casa en la playa Los Pulpos, la negó diciendo que no había comprado ese inmueble y que no era materia de investigación.

Heriberto Benítez le mostró la ficha de la Oficina Registral de Lima No 42251755 donde figuraba la compra al contado del inmueble por 120 mil dólares.

Gobierno aprista no apela fallo que permite a oscuro amigo de Presidente de la República cobrar millonarios devengados.

Escrito por Periodismo en Línea

Lunes, 08 de Septiembre de 2008

Desacatando una resolución del Tribunal Constitucional (TC) y con la ayudita de un vocal del Poder Judicial e incluso de malos funcionarios del gobierno regional de La Libertad, un ex diputado aprista fue indemnizado con la astronómica suma de 800 mil soles por concepto de devengados (220 mil dólares estadounidenes). Según reveló el programa 4to Poder, se trata de Juan de Dios Cubas Cava, amigo del presidente Alan García y con antecedentes que incluso lindan con el narcotráfico. Este personaje reclama desde 1997 el pago de jubilación como beneficiario de la ley 20530, pese a no cumplir 15 años de servicios. Aún cuando varias instancias judiciales y el propio TC le denegaron el beneficio, el año pasado la 2da Sala Civil de Trujillo falló a su favor. La ayuda -Según 4to Poder- la habría recibido del vocal ponente Genaro Valeriano. Asimismo el gobierno regional, a cargo del aprista José Murguía, debió cuestionar el pago e incluso instruir a sus procuradores para la apelación del caso, este no habría movido un dedo. Así, el año pasado, Murguia firma la resolución del millonario pago con armadas mensuales y quincenales de hasta 27 mil soles. En su defensa Murguia dice que el PJ lo obligó con penalidad de multa. Un detalle final es que el abogado de Cubas Cava, Álvaro Reyna Gil, hoy labora en el gobierno regional como asesor del proyecto Chavimochic. El Comercio Perú informa así: Aprista cobró S/.800 mil por devengados pese a la negativa del TC El Poder Judicial en Trujillo falló a favor de Juan de Dios Cubas Cava, ex diputado regional por La Libertad El ex diputado aprista Juan de Dios Cubas Cava no se da por vencido e insiste a toda costa, desde 1997, ser un privilegiado pensionista de la Ley 20530 (cédula viva). Según reveló un informe del programa "Cuarto Poder", una mano "compañera" le habría facilitado una pensión de 27 mil soles mensuales y devengados por un millón 800 mil soles, al haberse jubilado bajo la mencionada ley pese a no haber laborado 15 años a favor del Estado. Como se recuerda, Cuba Cava es un ex diputado regional por La Libertad, fue enjuiciado en 1996 porque se le halló armas de guerra, entre ellas dos pistolas, una ametralladora marca UZI, un fusil G3 de culata plegable, un fusil AKM, una culata de ametralladora, entre otras. Además, golpeó a un juez que dictó una sentencia que no le gustó por el caso de su pensión y cuenta entre sus hermanos con Joaquín Cuba Cava, ex guardaespaldas de Perciles Sánchez Paredes, procesado por narcotráfico. Para mayores luces, es uno de los más antiguos en el círculo íntimo del actual ministro del Interior, Luis Alva Castro. Pese a que diversas instancias legales sentenciaron en contra del pedido de Cuba para jubilarse en la ley 20530, entre las que se incluye un fallo del Tribunal Constitucional del 2002, el también dueño del semanario La Voz de Trujillo siguió firme en su propósito. Según se indicó, Cuba Cava viene recibiendo este pago desde enero del año pasado, acumulando a la fecha un total de 800 mil soles solo en devengados. Abordado sobre el caso, José Murgia, actual presidente regional de La Libertad, se excusó de cualquier responsabilidad afirmando que se limitó a pagarle a Cuba porque así se lo ordenaba el Poder Judicial. Sin embargo, se precisó que el gobierno regional aprobó los citados pagos a Cuba el 17 de enero del 2007, aunque recién el 25 del mismo mes recibieron la orden judicial en cuestión. Es decir, Murgia ejecutó la orden antes de que la misma llegara, remitida desde el despacho del juez Jenaro Valeriano Baquedano, hoy convertido en vocal supremo y asentado en Lima. Se informó que el abogado Álvaro Reyna Gil, defensa de Cuba que logró hacer efectivos estos ilógicos pagos y ex asesor externo de Murgia, cuando era alcalde en el sólido norte, acaba de ser contratado por el gobierno regional para asesorar legalmente el proyecto Chavimochic. Al cierre de las investigaciones se precisó que el pago a Cuba Cava fue temporalmente suspendido gracias a una acción de oficio del Tribunal Constitucional. Empero, ninguno de los involucrados accedió a precisar cuál será la próxima acción legal que emplearán sobre este caso. Más luces sobre el caso: Diario Correo El pago a Cubas Cava se hizo con extraña celeridad TRUJILLO Esta noche, el programa periodístico "Cuarto Poder", que se emite por América Televisión, propalará un reportaje sobre el caso del millonario pago por concepto de pensión y devengados a la ex autoridad regional, Juan de Dios Cubas Cava. Como este diario ya lo ha informado, este pago -ejecutado por la actual gestión del Gobierno Regional, en obediencia a una orden judicial- asciende a más de 1 millón 800 mil soles. Hasta el mes de julio, cuando la Corte Suprema determinó la suspensión de la orden judicial, el GR le ha cancelado a Cubas Cava la suma de 852 mil soles. En la víspera de la emisión del reportaje televisivo, revelamos nuevos documentos que dan más luces sobre la ruta que siguió el controvertido pago a Cubas Cava. El punto en cuestión Luego de que el Cuarto Juzgado Civil emitiera la Resolución Nº 79, a favor de Juan de Dios Cubas Cava, el entonces procurador Luis Ágreda Cava interpone el 15 de diciembre del 2006 un recurso de apelación a la misma. Este Juzgado concede la apelación interpuesta a través de una resolución del 27 de diciembre del 2006, es decir cuando la gestión de Homero Burgos se encontraba de salida. Pero Luis Ágreda no presenta el cuadernillo en el plazo de tres días otorgados, por lo cual se da como no interpuesta la apelación. El ex procurador, hasta la fecha, no quiere hablar para explicar esta extraña omisión.Pero la respuesta podría estar en los considerandos de la famosa Resolución Ejecutiva Regional Nº 024, dictada el 17 de enero del 2007 por José Murgia. En el documento, luego de citar el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre la obligación de acatar las órdenes judiciales), se señala que "en el presente caso, el seguimiento de más procesos en la vía jurisdiccional no alteraría el fondo del mandato ordenado, por el contrario generaría un mayor agravio económico a la entidad regional por la multa considerada (…)". Aún más, la resolución del Cuarto Juzgado Civil que determina cursar oficio al presidente regional y al gerente general del GR, a fin de que cumplan, bajo un plazo perentorio no mayor de tres días, la sentencia a favor de Cubas Cava, es emitida el 16 de enero del 2007 y, según la copia que este diario posee, tiene el sello de notificación del 25 de enero. Es sorprendente la celeridad y hasta anticipación del caso, pues Murgia emitió la R.E.R. Nº 24 el 17 de ese mismo mes. ¿O será que, el mismo Cubas Cava se encargó de tramitar personalmente estos oficios, como lo deja entrever en el escrito enviado al Juzgado en mención, el 4 de enero del 2007? Las dudas sobre la mesa La apelación del ex procurador Luis Ágreda a la sentencia judicial que ordena el pago se da durante los últimos días del periodo de Homero Burgos Oliveros. Es concedida en enero, cuando ya estaba sentado en el máximo sillón del Gobierno Regional José Murgia Zannier. Por ello, aunque el actual presidente regional insiste en que sólo dio cumplimiento en ese entonces a una orden judicial, la duda está en que no se tomó en cuenta la apelación y se la dejó de lado. Y lo que es más, al parecer esta apelación tenía fundamento, como lo ha demostrado la Corte Suprema con el último auto, el mismo que suspende el pago a Juan de Dios Cubas Cava. Asimismo, es preciso indicar que quien fuera abogado de Cubas Cava durante el proceso inicial, Álvaro Reyna Gil, ha pasado ahora a trabajar como abogado externo del GR. Las respuestas a estas interrogantes las da Murgia en el reportaje de esta noche en "Cuarto Poder". Antecedentes: Juan de Dios Cubas Cava le pega a un juez http://www.noticiastrujillo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7018&Itemid=56 Es el mismo al que Burgos Oliveros quiso beneficiar con medio millón de solesEl ex presidente regional aprista de La Libertad Juan de Dios Cubas Cava demostró no tener nada de Dios. Ayer, enojado porque un juez resolvió en su contra, se emprendió a golpes contra el titular del Cuarto Juzgado en lo Civil, Juan Escobedo. Esto es realmente el colmo y demuestra la falta de respeto hacia las autoridades del Poder Judicial. El juez, un poco nervioso todavía, denunció a Cubas Cavas, director del medio impreso “La Voz”, por agresión en la comisaría de Ayacucho y declaró que él hará respetar su investidura y llegará hasta las últimas consecuencias.Mientras que Cubas Cava, con mucha frescura, aseguró que él no le hizo nada al juez y que es su palabra contra la del magistrado. Sin embargo, se le notaba demacrado y un poco alterado.Cubas Cava es la misma persona a la cual Homero Burgos Oliveros, presidente regional de La Libertad, pretendió ayudar con medio millón de soles como parte de sus beneficios laborales. Felizmente, esto no procedió porque no procedía. Además, de todo el poder que poseía cuando era una autoridad no queda nada y siempre se le observa involucrado en problemas.

PERÚ: Se descubren vínculos entre funcionarios del gobierno aprista y el narcotráfico

SEGURIDAD CIUDADANA de IDL
Por: Gustavo Gorriti y Sheilla Díaz
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/25-08/la-camioneta.htm

La camioneta
El 18 de agosto de 2004, un policía impuso una papeleta por infracción de tránsito en la cuadra 5 de Grau, al ciudadano Alfredo Sánchez Miranda, que conducía una camioneta Nissan Frontier 4x4, del año 2002. La camioneta estaba registrada a nombre de una empresa: Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A., domiciliada en el jirón Colón 130, of. 301, Miraflores. (Ver)
Alfredo Sánchez Miranda es hijo de Orlando Sánchez Paredes y sobrino de los desaparecidos Perciles y Segundo Sánchez Paredes, ambos vinculados al narcotráfico por una larga serie de acusaciones, señalamientos, evidencias y circunstancias. Hoy, la familia Sánchez Paredes es objeto de una investigación fiscal que indaga simultáneamente los ámbitos del lavado de dinero producto del narcotráfico y desviación de insumos químicos al narcotráfico.


A comienzos de año, el propio presidente de la República, Alan García, acompañado en la ocasión por el ministro del Interior, Luis Alva Castro, el jefe de la Policía, general PNP Octavio Salazar y por el jefe de la Dirandro, general PNP Miguel Hidalgo, reveló que la familia Sánchez Paredes era investigada por un equipo especial de la Dirandro. En total, 77 miembros de la familia y 124 empresas eran materia de investigación.


El conductor de la Nissan Frontier detenida en aquel agosto de 2004, Alfredo Sánchez Miranda no es solo hijo y sobrino de una familia notoria por los conceptos señalados, sino que tiene ya una importancia propia dentro del clan. Fue él quien recientemente presentó una demanda contra la revista Caretas, en el Consejo de la Prensa Peruana. La demanda sostiene que la serie de casi 20 reportajes de investigación sobre las vinculaciones de su familia con el narcotráfico (que significaron premios nacionales e internacionales de periodismo de investigación para la revista), eran difamatorios. Dada la cantidad de evidencias acumuladas, a estas alturas la acusación va a tener muchísimo más trabajo que la defensa en la presentación del caso.


Por eso, no hay mucha gente que tenga ahora particular interés en verse asociada con dicha familia. Ese no fue el caso hace unos pocos años. Prominentes empresarios, especialmente mineros, y varios políticos o importantes consejeros políticos tuvieron una relación cercana con los Sánchez Paredes.


A otros, la relación podría haberlos tocado de cerca en forma involuntaria.

Como por ejemplo, en la relación que estableció en sus primeros dos años la camioneta Nissan Frontier detenida aquella noche en Barranco.
Embarcada desde Yokohama, Japón el 31 de julio de 2002 la camioneta Nissan Frontier 4x4 de doble cabina fue importada a través del Callao por la compañía Nissan Maquinarias S.A., de la Av. La Marina 3380. La Declaración Única de Importación (ver) documenta que la camioneta llegó al Callao el 23 de agosto de 2002, pasó por aduanas declarando un valor CIF (costo, seguro y flete) de 14 mil 777.92 dólares.
Cinco días después, el 28 de agosto de 2002, Maquinarias vendía la camioneta. Declarando un precio de lista para la venta de 29 mil 850 dólares, la compañía hizo un sustantivo descuento de 11 mil 850 dólares, para venderla en 18 mil dólares a un ilustre cliente: Alan García Pérez, entonces el líder más importante de la oposición luego de su derrota en las elecciones generales de 2001. (Ver boleta de venta )


El vehículo fue inscrito a nombre de la sociedad conyugal de Alan García Pérez y Pilar Nores de García el 29 de agosto de 2002 en la oficina registral de Lima y Callao (ver).


Menos de un año después, la familia García-Nores vendió la camioneta con una ganancia de 4 mil dólares sobre el precio de compra. El 4 de julio de 2003, en la oficina del notario Fernando Loayza Bellido, Alan García y su esposa vendieron el vehículo por 22 mil dólares a la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. Dicha compañía estuvo representada por su gerente general Belisario Esteves Ostolaza, quien pagó al contado. (Ver documento).


El 29 de septiembre de 2003, en la misma notaría, se firmó el acta de ratificación de transferencia de vehículo. (Ver). Dicha acta buscó de subsanar la observación hecha sobre la transferencia anterior por el Registro de Propiedad Vehicular de Lima. El mismo día, la camioneta fue inscrita en la Sunarp a nombre de su nueva propietaria. (Ver).


Belisario Esteves, además de gerente general de la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMS.A.) , fue viceministro de Comercio durante el primer gobierno de García. Pero el 2003 era una de las personas de mayor confianza del clan de los Sánchez Paredes.


En un acta de junta de accionistas del 1 de agosto de 2006, ATIMMS.A., mantenía como gerente general a Belisario Esteves, lo designó como presidente de la junta de accionistas, con un paquete minoritario de 803 acciones. El otro accionista individual era Wálter Valdez Muñoz, con 802 acciones. El accionista mayoritario era una compañía extranjera, inscrita en Panamá, llamada Ohana Overseas, con 78 mil 657 acciones, representada en ese directorio por Wálter Valdez. (Ver).




Jesús Esteves Ostolaza, Orlando Sánchez Paredes y Orlando Sánchez Miranda
¿Quiénes controlaban en realidad a Ohana Overseas, la dueña de ATIMMS.A. y de sus propiedades, incluyendo la Nissan 4x4?
Según la Escritura Pública número 562 inscrita en la Notaría Décima del Circuito de Panamá, fechada el 15 de enero de 2003, unos pocos meses antes de la venta de la camioneta, Ohana Overseas declaró como su presidente a Orlando Sánchez Miranda; como secretario a Elmer Manuel Vásquez Peláez y como tesorero a Carlos Alberto Vásquez Peláez. (Ver)
Orlando es hermano de Alfredo Sánchez Miranda e hijo de Orlando Sánchez Paredes. Elmer Manuel Vásquez Peláez fue detenido en 1987 por la policía mexicana, luego del asesinato de Segundo Simón Sánchez Paredes, en el rancho “Luna”, del estado de Hidalgo. Al ingresar la Policía al rancho, encontró un laboratorio de cocaína acondicionado en el sótano y arrestó tanto a Vásquez Peláez como a Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes. Ambos resultaron denunciados por “elaboración y acondicionamiento de cocaína”. Sin embargo, años después, Vásquez Peláez aparecía como una de las personas de confianza de los Sánchez Miranda.
De manera que ATIMMSA y Esteves resultaron siendo la fachada de la compañía del clan de los Sánchez Paredes. Por si hubiera duda respecto de la cercanía de Esteves con dicha familia, el 18 de marzo de 2003, la “Compañía de Exploraciones Algamarca S.A.” registró en la Sunarp el primer directorio bajo el control de los Sánchez Paredes. Como presidente de Algamarca fue designado Wálter Valdez Muñoz, el de ATIMMSA; y como directores, Jesús Esteves y el abogado Humberto Abanto, quien también fue nombrado gerente general, en cuyo cargo permaneció hasta 2007 (Ver). El 2001 Abanto fue asesor de la comisión de Economía del Congreso, cuando el hoy ministro del Interior Luis Alva Castro era su presidente; y en 2006, Abanto fue asesor de la comisión de Presupuesto del Congreso, también presidida por Alva Castro.


IDL-SC preguntó a José Chirito, secretario de prensa de Palacio de Gobierno sobre la transacción de la camioneta Nissan Frontier. Chirito respondió, horas después, que, en efecto, “el 4 de julio de 2003, se vendió la camioneta a ATIMMSA… previamente se puso aviso en los clasificados de El Comercio. Finalmente se vendió el vehículo por 22 mil dólares a Esteves, representante de la empresa”.


Una búsqueda somera efectuada por IDL-SC de los avisos clasificados de junio y julio de 2003 en El Comercio, no encontró referencia a un anuncio de venta de esa camioneta. Quizá una búsqueda más exhaustiva pueda ubicarlo.


Por cierto que no hay delito en la venta de esa camioneta. Lo que sí ilustra la corta trayectoria de ese vehículo 4x4 es la cercanía, muchas veces involuntaria, otras no, en las que se desenvuelve la política y las empresas con grupos investigados por su pertenencia al crimen organizado. Así, las dos principales figuras de la conferencia de prensa en la que se anunció la investigación al clan de los Sánchez Paredes, resultaron haber tenido una cercanía presumiblemente involuntaria con ellos: Alan García les vendió su camioneta Nissan Frontier y Alva Castro los tuvo, a través de Abanto, como asesores en el Congreso. (Gustavo Gorriti y Sheilla Díaz)







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Transportes a la mina
El mismo año, 2003, en el que Alan García vendió la camioneta Nissan Frontier a ATIMMSA y, probablemente sin saberlo, a sus dueños reales, una compañía de carga terrestre transportó en varias ocasiones insumos químicos a COMARSA, la compañía minera de los Sánchez Paredes. El nombre de la compañía de carga es “Transportes don Reyna” y su gerente general es José Antonio Nava, hijo de Luis Nava, actual secretario general de la Presidencia de la República.
De acuerdo con diversas facturas a las que tuvo acceso IDL-SC, entre el 12 de noviembre de 2003 y el 30 de diciembre de ese año Transportes don Reyna transportó por lo menos en nueve ocasiones cargamento hacia la mina en Angasmarca, La Libertad. La carga declarada, de varias toneladas en cada caso, fue, por lo general, de cajones de cianuro en briquetas, y en algunos casos de tubos y geomembranas. (Ver copias de facturas).
Transportes don Reyna es una sociedad anónima dedicada al “transporte de carga por carretera”, cuyo gerente general desde 1995 es José Antonio Nava. Su domicilio fiscal está en Paseo de la República 5812; y su domicilio físico se declara en Petit Thouars 2866, Of. 804, San Isidro. (Ver)
IDL-SC entrevistó por teléfono a José Antonio Nava, quien indicó que su compañía ha realizado “más de 3 mil fletes” y que a Comarsa “le hicimos unos pocos fletes el 2003”.
Los fletes, añadió Nava, “se hicieron cuando no sabíamos quiénes eran y han representado menos del 1% de nuestra facturación”.
Don Reyna” tiene, según informa Nava, “7 camiones propios y 5 en leasing”. En cuanto a los Sánchez Paredes, Nava afirmó que “no hubo ninguna relación personal con los Sánchez Paredes, ni volvimos a hacerles flete…se diluyó la relación con ellos… fue una operación enana”. Nava dijo haberlos visto “en los caballos de paso o en los baños turcos, pero no conozco a los Sánchez Paredes”. (Gustavo Gorriti y Sheilla Díaz)


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Presidente de Perú responde a acusaciones.



El presidente respondió con esta carta:

Perú: El narcotráfico amenaza crecimiento sostenible

Exportaciones de cocaína equivalen casi al 14% de PBI peruano.El narcotráfico amenaza al crecimiento sostenible del Perú, según un informe elaborado por Macroconsult.

El reporte señala que esta actividad ilegal destina parte de sus ganancias a promover y financiar la subversión, alentando así el desgobierno y la delincuencia. Agrega que a pesar de los buenos resultados económicos que actualmente vive nuestro país, el mal manejo en el pasado dejó mucha pobreza y aumentó las brechas sociales, lo cual le dejó un mayor campo de acción al narcotráfico.De acuerdo con el estudio “Narcotráfico: amenaza al crecimiento sostenible del Perú”, elaborado por Macroconsult, en el 2004, y difundido por la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), el narcotráfico compró 101,000 toneladas (TM) de hoja de coca (valorizadas en US$ 292 millones) monto equivalente al 92% de la cosecha de la hoja de coca. En lo que respecta a la elaboración de la cocaína, los insumos químicos sumaron US$ 61 millones y la mano de obra, US$ 23 millones.En ese año se exportaron 260 toneladas, las cuales fueron cotizadas en US$ 18,200 millones, cifra que equivale casi al 14% de nuestro PBI. De este monto, los narcotraficantes peruanos recibieron US$ 1,140 millones, que con los descuentos de producción se reducen a US$ 762 millones, mientras que los cárteles internacionales obtienen por lo menos US$ 17,147 millones.

Conclusiones
Para Macroconsult resulta difícil combatir la rentabilidad de la cocaína, pero sí se puede aumentar su riesgo económico, para dar espacio a un “desarrollo alternativo” y suavizar la caída de ingresos con un programa de soporte social.En cuanto a la lucha antidrogas, el Perú destina junto a organismos internacionales, alrededor de US$ 115 millones, equivalentes a un 15% de las utilidades obtenidas por los narcotraficantes nacionales.

El dato

Una alternativa de solución ingeniosa y efectiva frente a este problema son los cultivos alternativos, que generarán opciones lucrativas y legales a los agricultores. Asimismo, la mejora en los mecanismos de control de los insumos químicos necesarios para su producción está dando resultados.

Artículo original Blogeado por: http://chile-hoy.blogspot.com/2008/09/per-el-narcotrfico-amenaza-crecimiento.html