La tolerancia a la corrupción e impunidad explica el porqué un 27% de connacionales peruanos, según la última encuesta de Apoyo, considera que el ex mandatario Alberto Fujimori debió ser absuelto de los crímenes de
Apoyo no fue la única encuestadora que mostró resultados tras la controvertida sentencia a Fujimori en los últimos días o semanas tras el impecable fallo del tribunal que presidió el juez César San Martín, pues el inefable Diario Correo difundió otro sondeo de opinión luego de la lectura de sentencia. Casi inmediatamente -el 8 de abril, para ser precisos-, apareció en la primera plana de Correo que el 54.7% de limeños no estaba de acuerdo con la sentencia. En esa arbitraria "mayoría" se reunía a los que se decantaban por la inocencia de Fujimori y a los que creían que debió imponérsele una pena menor. Pero ambas cosas no podían mezclarse porque más de la mitad de esa cifra –un 28.5%– consideraba culpable al sentenciado. Es decir, partían de dos consideraciones opuestas como lo son la inocencia y la culpabilidad. Evidentemente se trataba de una burda manipulación que fue desbaratada por distinguidos columnistas en otros medios informativos. Lo que en este caso corresponde es separar nítidamente los niveles que van desde la conformidad con la condena hasta la declaración de inocencia. Y son tres los estratos que encontramos, siendo uno de ellos el grupo que piensa que la pena fue excesiva, el cual oscila alrededor del 25%. Entre éstos y los que consideran adecuada la pena o mayor suman 70% para el Grupo Apoyo.
Correo difundió una investigación realizada por CPI un día después de conocido el fallo. Sus cifras son parecidas a las de Apoyo, excepto en el asunto del indulto pues un 39% de Apoyo lo favorece a nivel nacional contra un 52% del divulgado por Correo-CPI, que únicamente recoge data de Lima. La muestra de Apoyo indica que el 55% está en contra de que el Estado (sea el Ejecutivo o el Parlamento) liberen a Fujimori; mientas que para Correo-CPI el 39.7% opina lo contrario. Las diferencias son notables y se deben a la representatividad de la muestra: la de Apoyo brinda una referencia mayor pues se hizo en todo el territorio; en cambio la de Correo sólo abarcó Lima. Esto revela que en el interior existe una menor inclinación a pasar por alto crímenes de lesa humanidad, cosa que no ocurre en Lima, a juzgar por los números que publica Correo-CPI.
Inquieta, y mucho, que un cuarto de la población piense que se justifica matar a personas desarmadas. Es decir, que en algunos casos procede la ejecución extrajudicial (contra presuntos terroristas o no, delito por el que debió ser procesado Fujimori, y no por homicidio calificado). Otros piden que se perdone al 'chino' ya que, en el marco de la guerra contra la subversión, las matanzas significaron excesos lamentables, pero no por ello se debió condenar al hombre que la combatió con "mano firme".
Toda la actuación que hizo el ex mandatario –tomando agua y pastillas temblorosamente durante su alegato final- para que el tribunal fuera condescendiente no sirvió para nada. Su edad y padecimientos menores no el doblegaron el espíritu de la justicia, que fue impecable e implacable a la vez. Con ello buscaba inspirar compasión y tristeza en sus juzgadores, asesorado por el venido a menos César Nakasaki, su abogado defensor. En este apartado puede que la estrategia de Fujimori tenga éxito pues ha catapultado momentáneamente la candidatura de su hija Keiko, cuyo único pergamino es ser simplemente su heredera ya que no tiene experiencia política ni destacado trabajo parlamentario (¿alguien recuerda algún proyecto de ley impulsado por ella?).
Perdonar a Fujimori no puede descartarse de aquí al 2011, año en el que tendremos elecciones generales. Dado el significativo indice de apoyo que recoge la candidatura de Keiko Fujimori y la posición contraria de un sector a la condena a su padre, no es descabellado pensar un escenario en el que el más importante criminal del país sea liberado por la vía del indulto.
Todo esto nos hace reflexionar acerca de la pusilanimidad que imputó Alan García al carácter de los peruanos algunas semanas atrás. Si los peruanos están dispuestos a reducir la pena o indultar a Fujimori, a pesar de todo el daño que hizo[1], es porque la sociedad muestra complacencia por algunas conductas antisociales. De ahí que un preocupante 49% no considere que sea delito interceptar las comunicaciones (en el caso del chuponeo telefónico y de correos electrónicos) o mancillar el honor (muchos se mostraron a favor de la presentadora Magaly Medina cuando fue encarcelada por afectar la imagen de un futbolista que milita en un club extranjero). La aceptación se debe a que no hemos desarrollado un mínimo sentido de la justicia. Esto se refleja en las penas establecidas y en los múltiples beneficios que a los que se acogen los reos. La sociedad peruana es pro reo en lugar de ser pro sociedad. Ser pro sociedad implica respetar el orden y la estabilidad social, cosa que no se logra liberando presos de toda clase y peligrosidad mediante discutibles mecanismos procesales. Ser demasiado benignos con la delincuencia dice mucho del Perú pues la benevolencia no es gratuita, inocente o accidental; sino deliberada porque todos, dado el alto grado de tolerancia a la corrupción y otros delitos, podemos ir a prisión. Este temor funda la redacción de códigos penales relajados que ofrecen una variedad de salidas legales para evitar una condena o reducirla a su mínima expresión. Así se desvirtúa el sentido de la pena y se incentiva la comisión de delitos.
Los vigentes beneficios penitenciarios permiten que alguien obtenga su libertad cumpliendo un tercio de su condena. Las penas por delitos diversos no se acumulan como en el sistema anglosajón, sino que se aplica la más alta y se subsumen las demás. La reparación civil suele ser ridícula, como la hemos podido apreciar en la sentencia del caso Fujimori pues los deudos y las víctimas recibirán montos irrisorios comparados con el dolor que genera la pérdida de sus familiares, su angustia (esperaron justicia durante 17 años y Fujimori se la negó durante 8 años) y su estigmatización por parte de algunos medios y políticos (se les tildó de terroristas). Así las cosas, el derecho penal deja de intimidar a muchos criminales porque saben que serán liberados eventualmente. La falta de rigurosidad de las penas está inspirada en la tibieza cristiana, expresada en el sacramento la confesión por el que se perdonan numerosas ofensas, y la costumbre de pasar por alto las faltas y no tener valentía para denunciarlas. La pusilanimidad es real, de ahí que el maestro González Prada dijera que "el peruano no sabe amar ni odiar, tan solo sabe olvidar".
Resocializar a los presos no debe ser el fin ulterior o principal del sistema, sino velar por el orden. Cuando se permite la ausencia de castigo apropiado exponemos a mayores amenazas a la sociedad y reducimos la confianza en las instituciones. Bajo la laxitud ésta siempre queda a merced de bandas y criminales avezados, quienes en la cárcel aprenden y se perfeccionan en nuevas técnicas delictivas pues los reclusorios son verdaderas almas mater del crimen. Lo que se necesita –para evitar esa indeseable circunstancia– es un reenfoque del objetivo de la sanción penal. Para ello las penas deberían elevarse desde los risibles mínimos existentes. Es decir, reflejar de una vez el grado de repudio del delito cometido. Ser pro sociedad supone proteger a los ciudadanos que desean vivir en paz. El cambio de paradigma, sustituyendo el modelo pro reo por el por sociedad, es indispensable para garantizar lo que más importa: nuestra tranquilidad.
En resumen, sólo con penas más altas y eliminando beneficios penitenciarios podemos sentir algún alivio ante el alza de la tasa de criminalidad.
[1] A los delitos probados hay que añadir la cleptocracia instaurada por su gobierno, el debilitamiento y copamiento de las instituciones y la deliberada ausencia de libertad de prensa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario