Persecución Política en Perú
Peligra la candidatura de Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista
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El sistema apela una vez más a la ilegalidad para vencer al llamado antisistema representado por el Nacionalismo. Sin ser partidarios de dicho movimiento, existen elementos de sobra para pensar que la clase política tradicional (el APRA, Unidad Nacional y el bloque Fujimorista), la mayoría de medios de comunicación y grandes empresarios no solo están llevando a cabo una campaña de desprestigio contra su principal opositor, el ex comandante Ollanta Humala Tasso; sino que están quebrantando la ley y toda forma para aplastar su pensamiento.
La reacción de esta tríada del diablo (como la que conformaron los conquistadores, sacerdotes y curacas para los indios en esta parte del continente) era esperada pues el en pasado buscaron –y siguen buscando– acusar a Humala de ordenar desapasiones forzadas cuando formaba parte del Ejército Peruano y combatía a la subversión. Ahora los grupos de poder se valen de cualquier clase de medios para debilitar su candidatura. El temor de la derecha peruana debe ser enorme para que ponga en marcha una gran maquinaria parlamentaria, judicial y mediática con la que pretende mantener el status quo. Las verdaderas cifras de popularidad que tiene Humala, y que no reflejan las encuestadoras tanto en Lima como a nivel nacional, deben ser significativas para que el establishment se preocupe en demasía.
Según un sondeo divulgado por el conservador diario El Comercio, Humala apenas recibe el 9% de las preferencias en la capital. Por su parte, el diario Correo, otro diario del sistema, pone a Keiko Fujimori, la hija del ex dictador, por encima de Humala en Junín, una región donde se supone que el Nacionalismo tiene enorme arraigo. Si las encuestas de Apoyo y CPI fueran ciertas, la derecha estaría tranquila ya que le da lo mismo que gane Keiko Fujimori, Castañeda Lossio (alcalde de Lima), el ex presidente Alejandro Toledo o su eterna aspirante Lourdes Flores, lideresa del Partido Popular Cristiano. El simple hecho de que desplieguen sus peores artificios, a dos años de las elecciones, revela que las cosas no son como nos las quieren hacer creer a través de sus medios, comunicados y mediciones.
A medida que la crisis económica se acentúa (el PBI de febrero mostró un magro crecimiento de 0.19%, según dudosas cifras oficiales), se deteriora la confianza de la población en el sistema, es decir, en el modelo económico que con tanta argucia defiende el Gobierno y los agremiados de la Confiep. De resultar victorioso Humala, lo que temen los segundos es un brusco cambio en las reglas de juego en materia tributaria, laboral, ambiental, etc. Sus relaciones con el Estado benefactor y promotor de la actividad privada dejarían de ser las mismas porque se les haría cumplir una serie de condiciones (normas elementales), que, bajo el régimen actual, jamás pensaban cumplir. Si pierden el próximo año, las compañías mineras –casi con toda seguridad- deberán pagar impuestos a las sobreganancias cuando los precios de los minerales se recuperen. Además tendrían que respetar el medio ambiente y los acuerdos vigentes con las comunidades de la zona donde explotan recursos naturales. El panorama sería sombrío para sus perspectivas de ganancia, de ahí que se empeñen en conjurar la amenaza del Nacionalismo.
Para derrotar a Ollanta Humala, candidato cercano a las posturas del verborrágico Hugo Chávez y otros mandatarios socialistas de la región, la derecha peruana (partidos políticos, prensa y gremios empresariales) tratan de destruir su imagen atacando implacablemente a su mujer, a quien se le vulneró el secreto bancario que garantiza la Constitución. Hace unos días el diario Correo difundió los ingresos, tanto de fuentes locales como extranjeras que percibe Nadie Heredia, la esposa de Ollanta Humala. Según ese periódico, ella “debe rendir cuentas porque recibe dinero de un medio vinculado al chavismo”. El medio cuestiona que gane US$ 4000 mensuales como consultora del periódico venezolano “The Daily Journal”. El controvertido director del diario, Aldo Mariátegui, justifica la investigación diciendo que la señora de Humala “no ha publicado ningún artículo en el referido medio”.
Ahora bien, si alguien brinda servicios de consultoría no tiene por qué escribir columnas para el diario que lo contrata pues su labor podría consistir en remitir informes a la gerencia o el directorio. No existe, a nuestro modo de ver, relación alguna entre asesorar a un medio periodístico y ejercer el periodismo de análisis. Además la propia Nadine Heredia, en una accidenta conferencia de prensa brindada en las escalinatas del Congreso, dijo que como comunicadora social enviaba estudios sobre comunicación empresarial, marketing y publicidad a “The Daily Journal”, los que culminaron en diciembre pasado. Así queda desbaratada la burda acusación de Mariátegui.
Correo también mencionó que Nadine Heredia “cobró 5.000 dólares mensuales desde junio pasado” de la empresa “Apoyo Total” (El Comercio refiere que fue de la compañía arequipeña Peruana de Vigilancia y Protección S.A.). Este servicio profesional no tiene por qué ser sospechoso pues la firma aludida es peruana, y muchos asesores cobran buenas sumas por su trabajo. El asunto no deja de ser una simple relación entre particulares; pero Mariátegui pide explicaciones para que Heredia aclare el origen de sus envidiables ingresos.
En su columna del 5 de mayo sorprende que diga que es grave mentir a un banco para obtener un préstamo hipotecario, ya que una entidad financiera no es la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Fiscalía de la Nación ni la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) para investigar las rentas de sus clientes, ni para que la información financiera que le proporcionamos sea considerada como declaración jurada. A lo mucho un banco puede denegar un crédito si considera que la información es ficticia o insuficiente; pero no por ello debe tomar atribuciones que no le corresponden. De encontrar algún movimiento irregular lo lógico es que lo reporte a la autoridad competente (la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS) como manda la Ley de Bancos.
Lo que preocupa (de este caso) es que el Banco de Crédito del Perú (BCP), al que la señora de Humala solicitó una hipoteca como cualquier cliente, entregue información confidencial acerca de las transferencias e ingresos de ésta. El BCP pertenece al Grupo Romero, uno de los más poderosos del país. Este grupo es uno de los mayores defensores y beneficiarios del sistema. Y su ex presidente ejecutivo, Dionisio Romero, escuchó atentamente al presidente Alan García[1] cuando dijo que “(…) En el Perú, el presidente tiene un poder: no puede hacer presidente al que él quisiera, pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiere (…)”. En clara alusión a su marido, quien encabeza, en la practica, al único partido de oposición. Los funcionarios del banco de Romero, ni cortos ni perezosos, ofrecieron al diario Correo los movimientos bancarios de la señora para asociar a Ollanta Humala con Venezuela, ya que ésta presta servicios a una empresa vinculada al régimen de ese país, tal como afirma Raúl Weiner, del diario La Primera.
El hecho periodístico se hubiera desinflado con el correr del tiempo (se hubiera convertido en un refrito) de no ser porque el Partido Aprista, a través Mauricio Mulder, su Secretario General y congresista, promueve la investigación de las cuentas de Heredia en el Parlamento. Ella, en principio, no debería ser investigada pues no es funcionaria pública ni maneja recursos del Estado. Si en el Pleno prospera la moción presentada por Mulder, dicho poder se sumaría a la persecución política emprendida contra los Humala. En este caso no existen razones legales para realizar pesquisas pues exceden largamente las atribuciones de los legisladores. Hasta el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha declarado que le parece un exceso que sea el Congreso el encargado (…). Eso solo va a politizar el tema”, enfatizó. A la entidad que corresponde dilucidar el origen de las rentas de Heredia es a la Sunat. De momento sólo el APRA pretende acusarla pues algunos parlamentarios de Acción Popular y Unidad Nacional dijeron que la Sunat es el organismo competente.
La Sunat determinará si existe desbalance patrimonial cuando revise los ingresos de Nadine Heredia. Sin embargo, a los Humala se les podría acusar de torpes y bisoños, políticamente hablando, claro está, porque acudieron al Banco de Crédito (a sus rivales ideológicos y naturales) para conseguir un préstamo hipotecario. Hay que ser bastante naif para revelar información altamente sensible que ahora sus detractores aprovechan para fabricar titulares en su contra.
A la violación del secreto bancario por parte del Banco de Crédito y del diario Correo, y la pretensión del Partido de Gobierno de investigar en base a información irregularmente filtrada, hay que agregar que el Congreso acaba de aprobar un informe mediante el cual se pide clausurar a las controvertidas Casas del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) por su vinculación con el Gobierno de Venezuela. El informe propone que el presidente instruya a la ministra de Justicia para que sus procuradores soliciten al Ministerio Público que consiga la disolución judicial de estas casas. La diferencia de votos a favor y en contra fue de doce (45 vs. 33, con 4 abstenciones). La comisión investigadora recomendó que las casas del ALBA (y similares, como las Casas de la Amistad en la que trabajan médicos y odontólogos venezolanos) sean disueltas “porque en dichos locales se difunde la ideología hegemonista del presidente Hugo Chávez”.
Más allá de las evidentes relaciones de las casas del ALBA con el chavismo y otros movimientos regionales, sobre todo en Puno y Cajamarca, el producto final de la comisión debió ser invalidado porque su constitución fue sumamente irregular. Por una cuestión de formas y respeto a los procedimientos se debió formar otro grupo de trabajo ya que el parlamentario Jorge Vargas del APRA promovió la acusación contra las casas del ALBA. Aquí hay que recordar que el artículo 88, inciso a) del reglamento del Legislativo, señala que el congresista que solicita la formación de una comisión investigadora no puede después integrarla, tal como sucedió en este caso.
Otro cuestionamiento es que el informe no específica los cargos contra las asociaciones civiles, es decir, no señala las causales por las que merecen ser disueltas. Para que cesen sus actividades se deben pormenorizar los indicios que se han encontrado (delitos presuntamente cometidos), aspecto que omite groseramente el mencionado documento. De no haber causales se viola la libertad de asociación, de reunión y de pensamiento, todas estas garantizadas por la Constitución.
La acusación, tal como fue presentada, carece de todo valor legal. Pero eso no importa en un país donde cualquiera, especialmente los más poderosos (y eso incluye a nuestras autoridades), hacen lo que les viene en gana.
Si tanto malestar causa la presencia y las relaciones con Venezuela, ¿por qué se eliminó del informe la posibilidad de solicitar a la Cancillería el envío de una nota de protesta a Venezuela? Respuesta: porque sería perjudicial para nuestro sector textil perder a su segundo mercado en importancia.
[1] En un encuentro de banqueros regionales de este año.
Peligra la candidatura de Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista
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El sistema apela una vez más a la ilegalidad para vencer al llamado antisistema representado por el Nacionalismo. Sin ser partidarios de dicho movimiento, existen elementos de sobra para pensar que la clase política tradicional (el APRA, Unidad Nacional y el bloque Fujimorista), la mayoría de medios de comunicación y grandes empresarios no solo están llevando a cabo una campaña de desprestigio contra su principal opositor, el ex comandante Ollanta Humala Tasso; sino que están quebrantando la ley y toda forma para aplastar su pensamiento.
La reacción de esta tríada del diablo (como la que conformaron los conquistadores, sacerdotes y curacas para los indios en esta parte del continente) era esperada pues el en pasado buscaron –y siguen buscando– acusar a Humala de ordenar desapasiones forzadas cuando formaba parte del Ejército Peruano y combatía a la subversión. Ahora los grupos de poder se valen de cualquier clase de medios para debilitar su candidatura. El temor de la derecha peruana debe ser enorme para que ponga en marcha una gran maquinaria parlamentaria, judicial y mediática con la que pretende mantener el status quo. Las verdaderas cifras de popularidad que tiene Humala, y que no reflejan las encuestadoras tanto en Lima como a nivel nacional, deben ser significativas para que el establishment se preocupe en demasía.
Según un sondeo divulgado por el conservador diario El Comercio, Humala apenas recibe el 9% de las preferencias en la capital. Por su parte, el diario Correo, otro diario del sistema, pone a Keiko Fujimori, la hija del ex dictador, por encima de Humala en Junín, una región donde se supone que el Nacionalismo tiene enorme arraigo. Si las encuestas de Apoyo y CPI fueran ciertas, la derecha estaría tranquila ya que le da lo mismo que gane Keiko Fujimori, Castañeda Lossio (alcalde de Lima), el ex presidente Alejandro Toledo o su eterna aspirante Lourdes Flores, lideresa del Partido Popular Cristiano. El simple hecho de que desplieguen sus peores artificios, a dos años de las elecciones, revela que las cosas no son como nos las quieren hacer creer a través de sus medios, comunicados y mediciones.
A medida que la crisis económica se acentúa (el PBI de febrero mostró un magro crecimiento de 0.19%, según dudosas cifras oficiales), se deteriora la confianza de la población en el sistema, es decir, en el modelo económico que con tanta argucia defiende el Gobierno y los agremiados de la Confiep. De resultar victorioso Humala, lo que temen los segundos es un brusco cambio en las reglas de juego en materia tributaria, laboral, ambiental, etc. Sus relaciones con el Estado benefactor y promotor de la actividad privada dejarían de ser las mismas porque se les haría cumplir una serie de condiciones (normas elementales), que, bajo el régimen actual, jamás pensaban cumplir. Si pierden el próximo año, las compañías mineras –casi con toda seguridad- deberán pagar impuestos a las sobreganancias cuando los precios de los minerales se recuperen. Además tendrían que respetar el medio ambiente y los acuerdos vigentes con las comunidades de la zona donde explotan recursos naturales. El panorama sería sombrío para sus perspectivas de ganancia, de ahí que se empeñen en conjurar la amenaza del Nacionalismo.
Para derrotar a Ollanta Humala, candidato cercano a las posturas del verborrágico Hugo Chávez y otros mandatarios socialistas de la región, la derecha peruana (partidos políticos, prensa y gremios empresariales) tratan de destruir su imagen atacando implacablemente a su mujer, a quien se le vulneró el secreto bancario que garantiza la Constitución. Hace unos días el diario Correo difundió los ingresos, tanto de fuentes locales como extranjeras que percibe Nadie Heredia, la esposa de Ollanta Humala. Según ese periódico, ella “debe rendir cuentas porque recibe dinero de un medio vinculado al chavismo”. El medio cuestiona que gane US$ 4000 mensuales como consultora del periódico venezolano “The Daily Journal”. El controvertido director del diario, Aldo Mariátegui, justifica la investigación diciendo que la señora de Humala “no ha publicado ningún artículo en el referido medio”.
Ahora bien, si alguien brinda servicios de consultoría no tiene por qué escribir columnas para el diario que lo contrata pues su labor podría consistir en remitir informes a la gerencia o el directorio. No existe, a nuestro modo de ver, relación alguna entre asesorar a un medio periodístico y ejercer el periodismo de análisis. Además la propia Nadine Heredia, en una accidenta conferencia de prensa brindada en las escalinatas del Congreso, dijo que como comunicadora social enviaba estudios sobre comunicación empresarial, marketing y publicidad a “The Daily Journal”, los que culminaron en diciembre pasado. Así queda desbaratada la burda acusación de Mariátegui.
Correo también mencionó que Nadine Heredia “cobró 5.000 dólares mensuales desde junio pasado” de la empresa “Apoyo Total” (El Comercio refiere que fue de la compañía arequipeña Peruana de Vigilancia y Protección S.A.). Este servicio profesional no tiene por qué ser sospechoso pues la firma aludida es peruana, y muchos asesores cobran buenas sumas por su trabajo. El asunto no deja de ser una simple relación entre particulares; pero Mariátegui pide explicaciones para que Heredia aclare el origen de sus envidiables ingresos.
En su columna del 5 de mayo sorprende que diga que es grave mentir a un banco para obtener un préstamo hipotecario, ya que una entidad financiera no es la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Fiscalía de la Nación ni la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) para investigar las rentas de sus clientes, ni para que la información financiera que le proporcionamos sea considerada como declaración jurada. A lo mucho un banco puede denegar un crédito si considera que la información es ficticia o insuficiente; pero no por ello debe tomar atribuciones que no le corresponden. De encontrar algún movimiento irregular lo lógico es que lo reporte a la autoridad competente (la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS) como manda la Ley de Bancos.
Lo que preocupa (de este caso) es que el Banco de Crédito del Perú (BCP), al que la señora de Humala solicitó una hipoteca como cualquier cliente, entregue información confidencial acerca de las transferencias e ingresos de ésta. El BCP pertenece al Grupo Romero, uno de los más poderosos del país. Este grupo es uno de los mayores defensores y beneficiarios del sistema. Y su ex presidente ejecutivo, Dionisio Romero, escuchó atentamente al presidente Alan García[1] cuando dijo que “(…) En el Perú, el presidente tiene un poder: no puede hacer presidente al que él quisiera, pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiere (…)”. En clara alusión a su marido, quien encabeza, en la practica, al único partido de oposición. Los funcionarios del banco de Romero, ni cortos ni perezosos, ofrecieron al diario Correo los movimientos bancarios de la señora para asociar a Ollanta Humala con Venezuela, ya que ésta presta servicios a una empresa vinculada al régimen de ese país, tal como afirma Raúl Weiner, del diario La Primera.
El hecho periodístico se hubiera desinflado con el correr del tiempo (se hubiera convertido en un refrito) de no ser porque el Partido Aprista, a través Mauricio Mulder, su Secretario General y congresista, promueve la investigación de las cuentas de Heredia en el Parlamento. Ella, en principio, no debería ser investigada pues no es funcionaria pública ni maneja recursos del Estado. Si en el Pleno prospera la moción presentada por Mulder, dicho poder se sumaría a la persecución política emprendida contra los Humala. En este caso no existen razones legales para realizar pesquisas pues exceden largamente las atribuciones de los legisladores. Hasta el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha declarado que le parece un exceso que sea el Congreso el encargado (…). Eso solo va a politizar el tema”, enfatizó. A la entidad que corresponde dilucidar el origen de las rentas de Heredia es a la Sunat. De momento sólo el APRA pretende acusarla pues algunos parlamentarios de Acción Popular y Unidad Nacional dijeron que la Sunat es el organismo competente.
La Sunat determinará si existe desbalance patrimonial cuando revise los ingresos de Nadine Heredia. Sin embargo, a los Humala se les podría acusar de torpes y bisoños, políticamente hablando, claro está, porque acudieron al Banco de Crédito (a sus rivales ideológicos y naturales) para conseguir un préstamo hipotecario. Hay que ser bastante naif para revelar información altamente sensible que ahora sus detractores aprovechan para fabricar titulares en su contra.
A la violación del secreto bancario por parte del Banco de Crédito y del diario Correo, y la pretensión del Partido de Gobierno de investigar en base a información irregularmente filtrada, hay que agregar que el Congreso acaba de aprobar un informe mediante el cual se pide clausurar a las controvertidas Casas del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) por su vinculación con el Gobierno de Venezuela. El informe propone que el presidente instruya a la ministra de Justicia para que sus procuradores soliciten al Ministerio Público que consiga la disolución judicial de estas casas. La diferencia de votos a favor y en contra fue de doce (45 vs. 33, con 4 abstenciones). La comisión investigadora recomendó que las casas del ALBA (y similares, como las Casas de la Amistad en la que trabajan médicos y odontólogos venezolanos) sean disueltas “porque en dichos locales se difunde la ideología hegemonista del presidente Hugo Chávez”.
Más allá de las evidentes relaciones de las casas del ALBA con el chavismo y otros movimientos regionales, sobre todo en Puno y Cajamarca, el producto final de la comisión debió ser invalidado porque su constitución fue sumamente irregular. Por una cuestión de formas y respeto a los procedimientos se debió formar otro grupo de trabajo ya que el parlamentario Jorge Vargas del APRA promovió la acusación contra las casas del ALBA. Aquí hay que recordar que el artículo 88, inciso a) del reglamento del Legislativo, señala que el congresista que solicita la formación de una comisión investigadora no puede después integrarla, tal como sucedió en este caso.
Otro cuestionamiento es que el informe no específica los cargos contra las asociaciones civiles, es decir, no señala las causales por las que merecen ser disueltas. Para que cesen sus actividades se deben pormenorizar los indicios que se han encontrado (delitos presuntamente cometidos), aspecto que omite groseramente el mencionado documento. De no haber causales se viola la libertad de asociación, de reunión y de pensamiento, todas estas garantizadas por la Constitución.
La acusación, tal como fue presentada, carece de todo valor legal. Pero eso no importa en un país donde cualquiera, especialmente los más poderosos (y eso incluye a nuestras autoridades), hacen lo que les viene en gana.
Si tanto malestar causa la presencia y las relaciones con Venezuela, ¿por qué se eliminó del informe la posibilidad de solicitar a la Cancillería el envío de una nota de protesta a Venezuela? Respuesta: porque sería perjudicial para nuestro sector textil perder a su segundo mercado en importancia.
[1] En un encuentro de banqueros regionales de este año.
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