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miércoles, 15 de julio de 2009

Crisis política en Perú: la misión del nuevo Gabinete



Se dedicará a la persecución política y acelerar el gasto público

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Por César Reyna


Con el nombramiento del nuevo Gabinete el presidente Alan García se ha propuesto la difícil tarea de hacer cumplir la ley. Esto no quiere decir que él o los funcionarios de su Gobierno vayan a cumplirla para dar el ejemplo. No. Nada de eso, sino que utilizarán las normas existentes, sobre todo las penales, para desmantelar a las organizaciones que realizan protestas en el interior del país. Las entidades que están en la mira son partidos políticos, las ONG, varios frentes patrióticos y sindicatos.

Desde el derechista diario ‘Correo’ se le viene pidiendo al Ejecutivo que tome medidas más enérgicas contra grupos desestabilizadores como arrestar a los líderes que promueven manifestaciones violentas. Este medio, y sobre todo su director Aldo Mariátegui, ejerce gran influencia en las acciones del primer mandatario. De alguna manera cada editorial de ‘Correo’, como lo advirtió el periodista César Hildebrandt, anuncia lo que hará el Gobierno varios días o semanas después.

De los nuevos ministros, el que más debe preocupar a la oposición es Aurelio Pastor pues tendrá a su cargo un ejército de procuradores dedicados a perseguir a los rivales políticos del régimen. Como flamante ministro de Justicia comenzará a descabezar a los movimientos sociales hostiles. Los procuradores, cámara en mano, se infiltrarán en las protestas para registrar los desmanes y atribuírselos a los dirigentes que las convocan. Con esa ‘actividad probatoria’ se pretende amedrentar a cualquiera que tome calles y carreteras.

El que desde hace varias semanas se venga alertando a la población de un complot internacional contra la democracia no es casual, como tampoco es casual que se difundan informes de inteligencia de la policía en los que se identifica a una serie de personajes involucrados en las marchas de los últimos meses. La mayoría de los sindicados son alcaldes provincianos o jefes comunales.

Los primeros en ser hostigados -aunque de hecho ya están siendo procesados- son los dirigentes de Aidesep, la entidad que representa a los pueblos indígenas. Su desafío al prepotente García seguramente les costará varios años en prisión. Alberto Pizango, el presidente de la asociación interétnica, se encuentra asilado en Nicaragua, y un par más están refugiados en la embajada de ese país en Lima. Al líder amazónico Santiago Manuin, quien recibió ocho balazos de la policía durante el cruento despeje en la Curva del Diablo, será detenido en cuanto se le dé de alta.

Lo que se prepara es un ‘golpe preventivo’, muy al estilo del que ocurrió en Honduras, para erradicar cualquier actividad que ponga en peligro al sistema. El Sutep, Conacami, las agrupaciones de izquierda, entre otras organizaciones, serán desmanteladas o rigurosamente fiscalizadas por entidades del Estado. Esto con el propósito de objetar sus fuentes de financiamiento y controlar sus actividades.

Para envalentonar a las fuerzas del orden, el ex ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, le encomendó a su sucesor, el ex embajador en Italia, Rafael Rey, que defienda a los efectivos involucrados en violaciones de derechos humanos. También le pidió que construya un ‘Museo de la Verdad’ para que las FF. AA. expresen su punto de vista sobre la lucha antisubversiva. Esto con el fin de recuperar la confianza y devolver la autoestima a los subordinados.

La contención de los 273 conflictos sociales detectados por la Defensoría del Pueblo –ya no se puede hablar de prevención- pasarán a ser la prioridad número uno del equipo ministerial. Si el diálogo no funciona el premier Velásquez Quesquén ha advertido que “impondrá el orden”. Para desmarcarse de su antecesor dijo que no se iba a sentar a dialogar y suscribir un acta en virtud de la cual se compromete a derogar una ley porque esa no es su prerrogativa constitucional. Así establece claras diferencias con Yehude Simon, quien tras 34 muertos en Bagua, entre policías y nativos, no tuvo más alternativa que ceder para calmar a los pueblos amazónicos.

Además de reprimir y desarticular a grupos ‘radicales’, el Gobierno se ha planteado otro objetivo: acelerar el gasto gubernamental. Hasta la fecha se ha ejecutado menos del 25% de lo presupuestado para obras públicas. En momentos en que la inversión privada y las exportaciones han caído a consecuencia de la crisis internacional, el Estado podría compensar la merma inyectando más soles a la economía. Para esto requiere que los gobiernos regionales y municipalidades cumplan con las metas trazadas a principio de año cuando se lanzó el plan ‘anticrisis’.