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miércoles, 15 de julio de 2009

Crisis política en Perú: la misión del nuevo Gabinete



Se dedicará a la persecución política y acelerar el gasto público

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Por César Reyna


Con el nombramiento del nuevo Gabinete el presidente Alan García se ha propuesto la difícil tarea de hacer cumplir la ley. Esto no quiere decir que él o los funcionarios de su Gobierno vayan a cumplirla para dar el ejemplo. No. Nada de eso, sino que utilizarán las normas existentes, sobre todo las penales, para desmantelar a las organizaciones que realizan protestas en el interior del país. Las entidades que están en la mira son partidos políticos, las ONG, varios frentes patrióticos y sindicatos.

Desde el derechista diario ‘Correo’ se le viene pidiendo al Ejecutivo que tome medidas más enérgicas contra grupos desestabilizadores como arrestar a los líderes que promueven manifestaciones violentas. Este medio, y sobre todo su director Aldo Mariátegui, ejerce gran influencia en las acciones del primer mandatario. De alguna manera cada editorial de ‘Correo’, como lo advirtió el periodista César Hildebrandt, anuncia lo que hará el Gobierno varios días o semanas después.

De los nuevos ministros, el que más debe preocupar a la oposición es Aurelio Pastor pues tendrá a su cargo un ejército de procuradores dedicados a perseguir a los rivales políticos del régimen. Como flamante ministro de Justicia comenzará a descabezar a los movimientos sociales hostiles. Los procuradores, cámara en mano, se infiltrarán en las protestas para registrar los desmanes y atribuírselos a los dirigentes que las convocan. Con esa ‘actividad probatoria’ se pretende amedrentar a cualquiera que tome calles y carreteras.

El que desde hace varias semanas se venga alertando a la población de un complot internacional contra la democracia no es casual, como tampoco es casual que se difundan informes de inteligencia de la policía en los que se identifica a una serie de personajes involucrados en las marchas de los últimos meses. La mayoría de los sindicados son alcaldes provincianos o jefes comunales.

Los primeros en ser hostigados -aunque de hecho ya están siendo procesados- son los dirigentes de Aidesep, la entidad que representa a los pueblos indígenas. Su desafío al prepotente García seguramente les costará varios años en prisión. Alberto Pizango, el presidente de la asociación interétnica, se encuentra asilado en Nicaragua, y un par más están refugiados en la embajada de ese país en Lima. Al líder amazónico Santiago Manuin, quien recibió ocho balazos de la policía durante el cruento despeje en la Curva del Diablo, será detenido en cuanto se le dé de alta.

Lo que se prepara es un ‘golpe preventivo’, muy al estilo del que ocurrió en Honduras, para erradicar cualquier actividad que ponga en peligro al sistema. El Sutep, Conacami, las agrupaciones de izquierda, entre otras organizaciones, serán desmanteladas o rigurosamente fiscalizadas por entidades del Estado. Esto con el propósito de objetar sus fuentes de financiamiento y controlar sus actividades.

Para envalentonar a las fuerzas del orden, el ex ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, le encomendó a su sucesor, el ex embajador en Italia, Rafael Rey, que defienda a los efectivos involucrados en violaciones de derechos humanos. También le pidió que construya un ‘Museo de la Verdad’ para que las FF. AA. expresen su punto de vista sobre la lucha antisubversiva. Esto con el fin de recuperar la confianza y devolver la autoestima a los subordinados.

La contención de los 273 conflictos sociales detectados por la Defensoría del Pueblo –ya no se puede hablar de prevención- pasarán a ser la prioridad número uno del equipo ministerial. Si el diálogo no funciona el premier Velásquez Quesquén ha advertido que “impondrá el orden”. Para desmarcarse de su antecesor dijo que no se iba a sentar a dialogar y suscribir un acta en virtud de la cual se compromete a derogar una ley porque esa no es su prerrogativa constitucional. Así establece claras diferencias con Yehude Simon, quien tras 34 muertos en Bagua, entre policías y nativos, no tuvo más alternativa que ceder para calmar a los pueblos amazónicos.

Además de reprimir y desarticular a grupos ‘radicales’, el Gobierno se ha planteado otro objetivo: acelerar el gasto gubernamental. Hasta la fecha se ha ejecutado menos del 25% de lo presupuestado para obras públicas. En momentos en que la inversión privada y las exportaciones han caído a consecuencia de la crisis internacional, el Estado podría compensar la merma inyectando más soles a la economía. Para esto requiere que los gobiernos regionales y municipalidades cumplan con las metas trazadas a principio de año cuando se lanzó el plan ‘anticrisis’.


viernes, 19 de junio de 2009

La bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Crisis política en Perú: la bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Por César Reyna


En pocas semanas el Ejecutivo ha oscilado entre dos extremos: la intolerancia y la conciliación. Esto se debe, indudablemente, a la inestable personalidad del presidente Alan García, quien no conoce de centros o puntos medios sino de absolutos e inflexibilidades. Eso lo sabemos bien los peruanos que lo sufrimos en su gestión anterior pues fuimos testigos de sus arrebatos y necedades. Algunos sostenían que en algún momento debían aflorar los sentimientos encontrados de García, sobre todo después de la fallida de incursión en Panamericana Televisión. Pero hacía falta una crisis interna para derribar los autocontroles que se había impuesto. Gente de su círculo dice que no duerme mucho y toma sedantes para conciliar el sueño. Sean ciertos o no esos rumores, lo concreto es que estamos a merced de un mandatario que reacciona vehementemente cuando le mencionan la palabra ‘crisis’.

El conflicto en la Amazonía lo pinta de cuerpo entero a él y a algunos miembros de su Gabinete como la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, quien se dejó avasallar por García para imponer el orden en la selva. La presunta ‘guapeada’ del presidente la convirtió en una criatura irascible cada vez que los periodistas le preguntaban por qué salió mal el operativo de Bagua.

El problema en la selva sólo se ha contenido porque los dirigentes nativos dicen que han pactado una tregua. La paz con ellos depende de los resultados de la Mesa de Diálogo y el cabal cumplimiento de los acuerdos que se logren en dicha instancia. El Gobierno ha dicho que acatara los consensos logrados por las partes para poner paños fríos a la situación. Esto puede verse como una delegación de facultades del Ejecutivo pues compartirá la potestad de dirigir la política interna. Ahora ya no la ejerce de manera exclusiva sino a través de sus delegados, encabezados por el primer ministro Yehude Simon. La cesión de poder no es negativa para el país porque está ajustada a la ley, es decir, al Convenio N° 169 de la OIT. Aunque claro, dicho instrumento dice que las autoridades deben consultar con las comunidades -cuando den leyes o resoluciones administrativas que afecten su modo de vida- y no que las prGopuestas de éstas sean vinculantes para el Estado. Lo obligatorio para el Perú es la consulta previa, pero no las peticiones que provengan de los pueblos indígenas. El Gobierno, de todos modos, ha ido más allá del propio Convenio al reconocerle competencias no establecidas a los nativos.

Esto nos coloca en un nuevo escenario de la vida republicana, y muchos no parecen haber reparado en ello, ya que por primera vez el Gobierno central dialogara en pie de igualdad con el sector más olvidado de la población. El cambio de actitud nos parece positivo porque fomentará la participación democrática de grupos tradicionalmente marginados. Si el clima de discusión y distensión prospera, es posible que en las próximas elecciones los nativos cuenten con representantes en el Parlamento y otras instituciones como los gobiernos regionales y municipales. Así habría una verdadera redistribución del poder y una mejor forma de canalizar las demandas populares. El Congreso, tan vapuleado en los últimos tiempos, ganaría algo de legitimidad pues les asignaría un determinado número de asientos en el hemiciclo.

Esta incipiente democratización no ha nacido de las urnas ni del proceso de regionalización, sino del conflicto entre las provincias del interior y el poderoso centralismo limeño. Los lamentables incidentes de Bagua han propiciado un acercamiento que al inicio fue involuntario por parte del Gobierno. El premier Simon estaba maniatado porque García no lo dejaba negociar libremente con los líderes de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). No fueron las horrendas muertes de policías y nativos las que provocaron el viraje del presidente, sino la inusitada repercusión internacional de la protesta. García jamás calculó que los sucesos trascendieran tanto. Por eso esperó unos días para analizar la reacción de la prensa y algunos organismos internacionales para tomar una decisión al respecto. Él confiaba ciegamente que la matanza de los agentes del orden le restaría legitimidad a la causa indígena pero no fue así. En lugar de disminuir o disiparse; crecieron las muestras de solidaridad y apoyo al movimiento amazónico. En vano fue decretar el toque de queda pues los indígenas no depondrían sus acciones de lucha. Estaban dispuestos a todo, inclusive a morir, hasta que el Gobierno cediera.

La tensión en la selva no podía continuar porque sólo debilitaba a la clase política (y a los pobladores de las ciudades incomunicadas lógicamente, pero eso no le interesaba mucho al Gobierno). Si la crispación se prolongaba demasiado las agencias calificadoras de riesgo y bancos multinacionales rebajarían la calificación del Perú (incrementarían el riesgo país). El bloqueo indeterminado de carreteras y vías fluviales, y el abandono del personal que trabaja en estaciones gasíferas y petroleras hubiera perjudicado la “buena” imagen del país.

Si algo preocupa verdaderamente a García es la percepción de los principales agentes económicos pues gobierna esencialmente para ellos. Más le interesa la aprobación de éstos que los índices de popularidad porque siempre ninguneo al pueblo. Para García Pérez el pueblo no es más que la masa que debe moldear porque no sabe dirigirse. La gente de a pie, según él, no sabe lo que quiere ni lo que le conviene. Son “desconcertadas gentes”, en palabras de Don Nicolás de Piérola. Él solo dialoga directamente con los grandes inversionistas, pero no porque estén a su altura, sino porque los necesita para viabilizar su proyecto político, expresado en los artículos del perro del hortelano. Como el Estado ya no puede hacer empresa ni dar empleo debe pactar nuevamente con los empresarios, –como lo hizo a mediados de los 80-, para dinamizar la economía.

Bajo la inmensa presión de los últimos días García debió retroceder. No había dado un paso semejante desde la frustrada estatización de la banca. Era peligroso mantener vigentes los decretos 1090 y 1064 porque nos hubiera llevado al borde de la ruptura social. Ese escenario parecía inevitable hasta hace un par de semanas pero el Ejecutivo entendió que no podíamos continuar así. La incertidumbre ha derribado administraciones en todos lados, y la suya no iba a ser la excepción. García estaba acorralado y no le quedó otra alternativa avalar la postura concertadora de Yehude Simon; fue lo más sensato dadas las circunstancias actuales. La represión no iba a funcionar en este caso, y menos cuando el Gobierno podía ser acusado de genocidio y otros delitos de lesa humanidad.

Durante el debate de la derogatoria de los decretos casi todas las fuerzas políticas se echaron para atrás menos la derecha cavernaria encarnada por Unidad Nacional, la agrupación que lidera Lourdes Flores. Por lo general la derecha no es buena consejera en tiempos difíciles porque apela a recuperar el orden a como de lugar. Sacar al Ejército a las calles es muy fácil, pero, ¿de ahí quién se hace responsable por las bajas civiles que ocasiona? ¿Estarían dispuestos a asumir la instalación de una nueva Comisión de la Verdad, o ser enjuiciados por delitos de lesa humanidad ahora que la Corte Suprema valida la teoría del autor del dominio del hecho
[1]? Creemos que no.

Para terminar, Yehude Simon será interpelado
[2] la próxima semana al igual que la ministra Cabanillas. Es probable que abandone la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) antes del mensaje presidencial de 28 de julio. La bancada aprista, obligada a retractarse (defendía la validez de los decretos, postura que crispó los ánimos de la población amazónica), no evitó la presentación del jefe del Gabinete en el Congreso. Como Simon no es aprista -si no un colaborador ajeno al partido-, no tenían por qué respaldar su posición de derogar los decretos para enviar una señal de buena fe a los nativos. Los oficialistas nunca aceptaron su liderazgo ya que cuando acudió al Parlamento a presentar el plan de pacificación y desarrollo del VRAE[3] abandonaron abruptamente sus curules. Simon tuvo que enfrentar en solitario los embates de la oposición porque osó atender las demandas de los dirigentes amazónicos. Eso le valió el repudio de los congresistas del Apra, quienes creían que Simon había abierto una ventana para la derogatoria de un conjunto de decretos aprobados para implementar el TLC con Estados Unidos. Los apristas presentían que estaban por perder algo que no les sería muy fácil devolver. Quizá era algo del mismo color de la Amazonía que pretendían vender.


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[1] Esta teoría, desarrollada por la doctrina alemana, sirvió para condenar en primera instancia a Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por dos secuestros agravados.

[2] Tendrá que responder por la sangrienta intervención en la ciudad de Bagua (Amazonas), por la toma de Panamericana Televisión y por la parcialización de TV Perú, la televisora estatal que da cabida a personalidades afines al Gobierno.

[3] Valle de los ríos Apurímac y Ene, donde todavía resiste una columna de Sendero Luminoso asociada a los carteles del narcotráfico.



jueves, 18 de junio de 2009

Relaciones con Bolivia: Evo Morales enemigo del Perú

Relaciones con Bolivia: Evo Morales enemigo del Perú


Por César Reyna


El Canciller peruano José Antonio García Belaunde calificó al presidente boliviano de “enemigo” de nuestro país por declarar que el Gobierno había cometido un genocidio contra indígenas en la ciudad de Bagua. La afirmación del jefe de la diplomacia peruana merece una aclaración pues Morales no es enemigo del Perú sino de la clase política que lo dirige y de la ideología neoliberal que ésta abraza. Esta precisión es necesaria para comprender el difícil momento que atraviesan nuestras relaciones con la hermana república de Bolivia.

Al mandatario altiplánico se le acusa de promover acciones sediciosas en el territorio nacional con el fin de derrocar al Gobierno de Alan García. La interferencia de Morales se debe a que no ha renunciado a su condición de líder indígena y dirigente sindical, a pesar de que ostenta la más alta investidura de su nación. Su verborrea y locuacidad le han generado más de un entredicho con diversos dignatarios de la región. En los últimos días sus exabruptos han cobrado mayor importancia a raíz del mensaje que envió a la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, realizada en Puno a fines de mayo, días antes de que los enfrentamientos en Bagua entre nativos y policías se agudizaran. En la misiva no dejó dudas acerca de sus intenciones pues dijo que los pueblos debían pasar “de la resistencia a la rebelión y de la rebelión a la revolución
[1]”. También mencionó que “es el momento de la segunda y definitiva independencia”.

El lenguaje empleado por Morales es netamente marxista porque señala etapas o estadios previos a la constitución de una nacionalidad nativa. Para Morales, la primera independencia de los pueblos originarios ocurrió hace casi 200 años cuando se derrotó al imperio colonial español, y ahora corresponde completar esa emancipación
[2] relegando a los descendientes de los españoles del poder. El líder andino piensa excluir a los criollos y mestizos, herederos de los colonos, porque continuaron las políticas represivas de sus antepasados peninsulares.

En Perú le será difícil repetir el proceso
[3] que lo llevo al poder porque los nativos peruanos (entre quechuas, aimaras y tribus amazónicas) representan aproximadamente un tercio de la población total. En Bolivia, en cambio, la composición poblacional es distinta pues más del 60% tiene rasgos altoandinos.

Las migraciones
[4] hacia la costa, el fenómeno social más relevante del siglo XX en el país, no permitiría la realización de los propósitos de Morales pues los habitantes de la sierra despoblaron los Andes y otras regiones del Perú. Cuando los migrantes quechuahablantes se desplazaron a las ciudades costeñas -a buscar oportunidades y huir de la violencia terrorista- perdieron el vínculo con la tierra porque asimilaron otras costumbres. En la costa aprendieron el castellano, comenzaron a trabajar para terceros y utilizaron la moneda nacional en reemplazo del trueque. Los patrones de consumo cambiaron dramáticamente porque debían adaptarse a un nuevo entorno. Con el tiempo se instalaron en las periferias de los núcleos urbanos y se convirtieron en el sector informal de la economía. En esas condiciones resulta imposible vencer, ya sea por medio de la protesta generalizada en determinadas regiones o electoralmente porque el movimiento indígena no cuenta con suficiente base social. No habrá cambio radical, pero sí, con toda seguridad, una redefinición de la agenda política porque sus demandas encabezarán la lista de prioridades.

El jaque que pretendería Morales, instigado por Hugo Chávez, no podría darse por la vía de la movilización masiva. Aunque tal vez no esté buscando la captura del aparato estatal, sino más bien la escisión de algunas regiones predominantemente indígenas. La Amazonía es una de ellas así como el sur peruano donde la mayoría de habitantes son aimaras, la etnia dominante en Bolivia. El sur peruano, como se recordara, estuvo muy ligado a nuestro vecino en la colonia y también durante la primera etapa republicana en la que se destacó la Confederación Peruano-Boliviana. La injerencia de Morales, bajo esa óptica, podría apuntar a la división entre las provincias del interior y la capital. Por eso Evo Morales se presenta antes éstas como un líder legítimo (tiene el respaldo de las comunidades y campesinos de su país) y sería un aliado fundamental para que consigan su autonomía. Con su apoyo lograrían la separación si las autoridades limeñas siguen ignorando su problemática y gobiernan a favor de determinados intereses.

El actual presidente regional de Puno, cuestionado por no haber atendido la ola de frío que mató a más de 30 niños, habló de “secesión” en un mitin porque el Gobierno central se negaba a aumentarle el presupuesto. En la Amazonía también se han escuchado voces disidentes pues Alberto Pizango, dirigente de Aidesep que se asiló en Nicaragua luego de ser acusado de sedición, hizo un llamado a la “insurgencia” cuando el Ejecutivo insistió en la aplicación de normas que afectan a las comunidades nativas.

Durante los últimos días Morales habló de “genocidio” –en concreto dijo que la matanza de Bagua se debió al genocidio que impulsa el Tratado de Libre Comercio (el modelo neoliberal). Su rechazo visceral a la integración con Estados Unidos hizo que atacara constantemente al Perú por haber suscrito el acuerdo comercial con la superpotencia en 2005. La oposición del presidente boliviano nos parece un tanto hipócrita porque su país ha disfrutado los beneficios del ATPDEA, que en la práctica es un TLC pues los productos altiplánicos ingresan a territorio estadounidense sin pagar aranceles.

La reacción de la cancillería no se hizo esperar pues llamó a consulta a su embajador en La Paz después de declaraciones de Morales sobre política interna peruana en las que se refirió a los trágicos enfrentamientos en la selva como un “genocidio contra nativos”. El presidente boliviano, según las autoridades peruanas, habría incitado a la rebelión
[5] de las comunidades nativas antes del desalojo de la carretera cercana a la ciudad de Bagua.

Otro hecho que desencadenó la furia del mandatario andino fue el asilo concedido a cuatro ex ministros bolivianos que pertenecieron al Gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada. Los ex funcionarios fueron acusados de asesinato durante las manifestaciones que organizó Morales en 2003.

El tercer desencuentro se produjo cuando el Gobierno peruano demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para definir sus límites marítimos. Morales considera que la demanda peruana obstaculiza su aspiración boliviana de salida al mar. Sin el consentimiento de Lima –así lo establece el Tratado de 1929-, Bolivia no podría superar el enclaustramiento geográfico
[6] porque la eventual cesión de territorio (por parte de Chile) se realizaría sobre antiguos dominios peruanos. Lo que le preocupa mucho a Morales es que si Perú triunfa en La Haya recibiría un mar recortado pues los precedentes indican que la Corte[7] ha fallado a favor de la línea bisectriz cuando existen fronteras adyacentes.

Nuestros países mantienen una relación vecinal cargada de tensiones por la diferencia ideológica de ambos gobiernos. Según, el ex canciller y embajador altiplánico, Armando Loaiza, entrevistado por el diario El País, “(…) el excesivo contenido ideológico vinculado a la construcción del eje La Paz-Caracas-La Habana, (…) relegan los intereses estratégicos y de afinidad que Bolivia estuvo privilegiando con su entorno, con sus vecinos”.

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[1] La violencia en la Amazonía tensó más las relaciones entre La Paz y Lima, luego de conocerse que Morales envió una carta a un congreso indígena celebrado a finales de mayo en Puno, donde justificaba la ‘rebelión’ contra las transnacionales.

[2] El discurso de Morales es esencialmente ‘mesiánico’ pues pretende liberar a las naciones del subcontinente donde los indígenas han sido explotados. La restauración de las culturas precolombinas es su meta a largo plazo.

[3] Según el Canciller, “(Evo Morales) está tratando de que en el Perú se den las condiciones que se dieron en Bolivia y que arrastraron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, primero, y de Carlos Mesa, después”.

[4] Empezaron en la década del 40’ y continuaron hasta los 80’. Redefinieron el espacio urbano y las relaciones sociales, dando lugar a diversas manifestaciones culturales como la ‘chicha’ y la revaloración de lo andino.

[5] El primer ministro, Yehude Simon, advirtió que “dicho mensaje provoca dificultades y puede incendiar la pradera”.

[6] Bolivia sufrió la pérdida de 120.000 kilómetros de litoral en la guerra del Pacífico (1879-1884).

[7] El artículo 15 de la Convención de los Derechos del Mar, que dice que "los países con fronteras adyacentes no tienen derecho de ampliar su mar territorial más allá de la línea media". Chile, por cierto, ratificó la Convención en 1997 expresando reserva en cuanto a los límites. Pero si el Perú llevara el asunto a la Corte Internacional seguramente ganaría con algunos ajustes equitativos. El diferendo marítimo abarca un área de más de 35,000 kilómetros cuadrados.

miércoles, 17 de junio de 2009

Crisis política en Perú: Gobierno peruano cede a demandas de indígenas



Crisis política en Perú: Gobierno peruano cede a demandas de indígenas


Tras varias jornadas luto, zozobra y violencia, el Gobierno finalmente cedió a las peticiones de los nativos de nuestra Amazonía
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Por César Reyna




Tres son las razones por las que el presidente Alan García ha decido dar marcha atrás en la validación de dos controvertidos decretos. La primera de ellas, sin duda la más importante, es que el conflicto estaba minando la imagen del Perú en el exterior como lugar ‘seguro’ para las inversiones. La confianza que muchos inversionistas mostraban sobre de la economía peruana –era la única que crecería en la región- podía deteriorarse si la tensión se mantenía en la selva. Por eso fue necesario buscar una solución “armoniosa” que bajara los decibeles a la magnitud protesta amazónica. El propio García lo ha dejado entrever hoy día pues dijo que “(…) necesitamos muchas inversiones. Y ellas sólo vienen cuando ven a un país que crece”. Luego complementó lo anterior diciendo: “para ello (crecer) necesitamos tranquilidad en los espíritus, reconciliación y paciencia cuanto sea necesaria”. La repercusión internacional de las movilizaciones asustó al Gobierno porque temía que se proyectara la idea de un Perú ingobernable, inestable y sin rumbo. Desde el fin de la guerra contrasubersiva, a inicios de los noventa, no vivíamos episodios donde policías y civiles eran brutalmente asesinados.

La derogación de los decretos 1064[1] y 1090[2] no implica un ‘mea culpa’ del Gobierno porque García cree que los pueblos originarios no entendieron las normas que impulsó para implementar el TLC con Estados Unidos. “Si no hay aún información y conciencia suficiente para comprender qué es lo positivo que se plantea, tenemos tiempo suficiente para que el tiempo convenza”, afirmó García. El presidente se expresa con soberbia y lamenta que los selváticos no hayan comprendido su visión. Sigue creyendo que actuó de buena fe y que el impasse de los últimos 67 días –tiempo que dura el paro amazónico- se debió a que los indígenas no pudieron asimilar su propuesta de desarrollo para la Amazonía.
El segundo motivo es reducir el clima de polarización en esa región y otras partes porque es favorable a grupos antisistema liderados por el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Si los pobladores de la selva se mantienen en pie de lucha indefinida porque el Ejecutivo no atiende sus demandas podrían aliarse con algunos agentes nacionales y extranjeros que tratan de desestabilizar el ‘establishment’. Eso es lo que a nuestro entender se quiso evitar pues los regímenes socialistas del subcontinente[3] están deseosos de buscar un mayor acercamiento con el movimiento indígena. Lo anterior no quiere decir que las medidas de fuerza de los nativos hayan sido dirigidas desde Caracas o La Paz, sino que ambos aprovecharían el vacío dejado por el poder para capitalizar el descontento, esto es, para orientarlo según sus intereses.

El tercer elemento es la imposibilidad, por parte del Ejecutivo, de aplicar medidas fuerza para despejar carreteras, estaciones de bombeo de petróleo y vías fluviales porque acarrearía un nuevo derramamiento de sangre. Lo último que desea el Gobierno, dadas las circunstancias, es ser acusado de "genocida" por sus opositores y organismos no gubernamentales. Esa alternativa se canceló de plano tras la funesta recuperación del orden en la ciudad de Bagua Chica, en el oriente peruano. Como resultado del lamentable operativo, el Estado peruano cogobierna con las comunidades nativas -en la región amazónica- pues les ha permitido mantener el control sobre varias carreteras, siempre que permitan el tránsito de vehículos por cuatro horas al día.

Ahora bien, el Gobierno cometió un grave error al acusar a los indígenas de “sediciosos” pues su protesta es legítima, autóctona y no ha sido manipulada por ningún país. Desde agosto de 2008, los pueblos amazónicos han reclamado la derogación de un paquete normas que afectaban su forma de vida ancestral y el medio ambiente, consiguiendo la anulación de los decretos 1015 y 1073. En aquella oportunidad no se dijo que los aborígenes habían sido azuzados por terceros y se tuvo que ceder ante la ola movilizaciones. La toma de carreteras y desmanes hicieron retroceder al Ejecutivo el año pasado y ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo.
Para que las cosas se calmen se formó un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos[4], integrado por miembros del Gabinete de Yehude Simon, presidentes regionales, alcaldes provinciales y organizaciones representativas de las comunidades nativas. Todos ellos tratarán de alcanzar consensos para modificar las demás normas que cuestionan los indígenas y debatirán una serie de temas vinculados con el desarrollo de esa inmensa zona del país.

En la primera sesión del Grupo de Trabajo, donde también interviene la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica como mediadores y facilitadores del diálogo, se acordaron varios puntos entre los que destaca la anulación[5] de los decretos 1064 y 1090. Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana), organismo que representa a más de mil comunidades amazónicas, sospecha del cambio del Gobierno porque ya fueron “mecidos” por el oficialismo. Aidesep tiene razones para desconfiar ya que en el decreto supremo que creaba de la Mesa de Diálogo (Grupo de Trabajo) no lo reconocía como interlocutor válido. Por eso el premier Simon tuvo que salir a aclarar que la asociación que presidía el asilado Pizango participaría junto con otras entidades que habían sido excluidas[6] a petición de Aidesep.

El retroceso de la postura del Gobierno es saludable porque la mano dura que exigía la derecha peruana no conducía a nada bueno. Si bien la flexibilidad del premier Simon puede pueden constituir un precedente para que los sectores sociales que quieran puedan lograrlo mediante la violencia, el endurecimiento de posiciones frente a la demanda de los indígenas tampoco era la solución pues alejarían a los empresarios de la Amazonía, quienes no invertirían en una región convulsionada.

La discusión más grave en este momento es de índole moral pues tuvo producirse un alto costo humano para que el Ejecutivo cediera. Los deudos reclamarán con justicia que la vida de sus seres queridos fue sacrificada por un capricho presidencial, es decir, en vano. Su pérdida no se puede reparar como la demanda de los pueblos amazónicos que consiguieron una victoria importante con la anulación de los decretos.

Hacer retroceder a García no es poca cosa dada su incorregible megalomanía. Su “deseo de revolucionarlo todo por la vía de la modernización, la maquinización y el avance”, según él, se sustenta en la explotación intensiva de recursos naturales de la selva, es decir, la realización de una actividad primaria, típica de países subdesarrollados. Su visión colisiona directamente con la de los nativos pues su sociedad, a parte de considerar a la Amazonía como su medio de vida, se basa en el conocimiento porque mediante el ensayo-error y siglos de experimentación, descubrieron propiedades medicinales en una gran variedad de frutos. El principal defecto de la concepción gubernamental es que no considera a los pueblos nativos como sujetos sobre los que debería recaer el desarrollo ya que prescinde de éstos para abocarse a la entrega de concesiones sobre tierras que se superponen con la de las comunidades nativas.

En estos momentos se vocea la salida de Yehude Simon y ya se barajan varios nombres para sustituirlo. La renuncia era reclamada por Daisy Zapata, dirigente de Aidesep, quien se encarga de la presidencia porque Alberto Pizango, ex presidente de la organización, se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua tras ser acusado de sedición y otros delitos. Pizango permanece en esa sede diplomática desde hace más de una semana porque la Cancillería no había extendido el salvoconducto que le permita salir del país. Ahora que García ha dado su brazo a torcer, Pizango recibió el mencionado documento según diversas fuentes periodísticas. Esta decisión, que supone un giro de 180 grados, no formaba parte del acuerdo de doce puntos entre el Ejecutivo y los nativos, pero se consideró pues Aidesep demandaba el cese de la persecución de sus dirigentes.[7]

Mientras el Gobierno se decanta por la apertura (los acuerdos que se tomen en la mesa de diálogo con las comunidades nativas serán vinculantes); el Parlamento aprobó por unanimidad la formación de una comisión multipartidaria encargada de investigar los hechos de Bagua por un plazo de 120 días. La triple alianza conformada el Apra, Unidad Nacional y el Fujimorismo tendrá mayoría pues contará con tres congresistas designados de un total de cinco. Eso le confiere el manejo de las investigaciones y la redacción del informe final.
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[1] El decreto 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de tierras en uso agrario, no contemplaría el mayor uso forestal, en comparación al agropecuario, que le dan los habitantes de la selva a sus terrenos. La norma es cuestionada porque faculta al gobierno central a otorgar permisos de extracción de los recursos naturales sin la necesidad de contar con la aprobación previa de las comunidades locales.

[2] El decreto 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es criticado por los especialistas al considerar que en su afán de regular la propiedad privada no toma en cuenta la falta de titulación en los territorios de las comunidades. Los manifestantes consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante un régimen de concesiones.

[3] Hay que mencionar que el mandatario altiplánico envió un comunicado en el que llamaba a la ‘revolución’ durante la IV Cumbre de Pueblos Indígenas realizada en Puno.

[4] Además de la derogación de los decretos legislativos, que es apenas una parte y la más superficial en el asunto de las comunidades nativas, se discutirán problemas de fondo de estas poblaciones como la falta de salud, educación en su idioma, carreteras y, en general, mejores condiciones de vida.

[5] Su eliminación en realidad fue una iniciativa del primer ministro para recuperar la confianza de sus contrapartes nativas.

[6] Durante las primeras tratativas con Yehude Simon, Pizango fue el único representante de las comunidades originarias.

[7] Además de Pizango, otros cinco representantes de la entidad tienen orden de captura.