Cajamarcazo I

Luego de haber sido tomada durante 5 días la carretera Cajamarca- Bambamarca por parte de los pobladores de la comunidad de Combayo, la Minera Yanacocha—que explota el yacimiento más grande de oro de la región—decidió paralizar sus operaciones dada la falta de seguridad para la continuación de las mismas. Si bien resulta lógica esta reacción ya que la vía en cuestión representa el principal acceso desde y hacia la mina, y supone poner en serio riesgo la integridad física de sus trabajadores; no pensamos, sin embargo, que esas sean las razones más importantes por las que la minera resolvió suspender sus trabajos.

Para empezar, la relación entre la mina y las comunidades ya era ---y siempre fue---bastante áspera y violenta. Y desde mucho antes de la toma de la carretera la situación era de total intransigencia entre las partes, pues ni una ni otra pretendían ceder ni un ápice en sus pretensiones. De ahí que el bloqueo de la vía y el cierre temporal Yanacocha sean sólo otras formas en las que se manifiesta este conflicto. Tanto una como otra posición resultan extremas y negativas para el país, pues colocan en entredicho la gobernabilidad y la capacidad del Estado para anticipar y resolver los conflictos sociales. En verdad, con medidas tan extremas como estas, lo único que se busca es la participación o involucramiento del Estado, a través del Gobierno, en el asunto. Es esta la principal razón y no otra de por qué la empresa de capitales nacionales y extranjeros, se vio obligada a dejar de operar. Es lamentable que se recurra a formas radicales para llamar la atención del Estado pero así es (ya que éste tiene escasa o nula presencia en los lugares más alejados del territorio).

Y lo malo de todo esto es que se vuelve a generar un precedente negativo, pues el mensaje que se envía a la población es que sòlo si se radicalizan: sus demandas serán eventualmente atendidas o escuchadas por las autoridades. De este modo se genera un círculo vicioso que socava la estabilidad y el orden que debe primar en un Estado de Derecho. Pero lo más lamentable aun, es que la empresa privada haya tenido que optar por maneras tan extremas. Ahora es el capital el que ve réditos al endurecer sus acciones, ya que con éstas, logra, finalmente, la preocupación estatal.

Para Yanacocha, si bien paralizar en estos momentos supone asumir pérdidas del orden de los 6 millones de soles por día; para el Estado y para la región (Cajamarca) èstas representan cantidades mucho mayores, dado que la mina cuenta con suficientes ganancias-- obtenidas en ejercicios anteriores--para soportar las pérdidas de este cese. Todo lo contrario sucede en el caso del Estado, pues esta falta de actividades le reporta menos ingresos por renta y canón minero. Y para un Gobierno apremiado por la carencia de recursos para atender las demandas sociales representa un duro golpe y un serio revés.

Pero más allá de eso, esta situación se presenta como la primera prueba de fuego para las cualidades concertadoras del premier Del Castillo. Las cuales serán sin duda necesarias a la hora del diálogo, pero no sabemos si bastarán pues se requieren soluciones ingeniosas, convincentes y más que nada, perdurables a la problemática minero-comunitaria o minero—campesina. Yanacocha no es Cerro Verde ni mucho menos Antamina, de ahí que precisemos de soluciones ad hoc, es decir, para el caso, dado que se tratan de realidades culturales distintas, aun cuando todas ellas compartan y enfrenten problemas comunes como la exclusión, la pobreza, el analfabetismo y la corrupción.

El clima desde ya se presenta complicado para iniciar una negociación debido a que ambas partes cuestionan a los representantes de la otra. Esto hace que sea doblemente difícil llegar a algún acuerdo, puesto que se enfrentan problemas tanto de fondo como forma. De forma, en el sentido de que los interlocutores—aquellos que hablan en nombre de los actores— gozan de gran desconfianza y animadversión entre sì. Y son precisamente estos quienes más que trasladar o llevar el mensaje de sus representados, lo manipulan o reelaboran según sus términos, intereses y conveniencias. Nos estamos refiriendo concretamente a los emisarios de las comunidades, quienes tienen gran influencia en èstas y son los que encausan y dirigen a la población. En principio debe generar cierto recelo sentarse a conversar con alguien que encabeza la ola de marchas y protestas violentas. Por eso seria necesario convocar a otros miembros que muestren una actitud más dialogante o concertadora. Para por lo menos empezar a dialogar sin ningún cuestionamiento.

Eso por un lado, pues se requiere además que cada parte ceda en sus pretensiones. Y he ahí que ambas han puesto condiciones o trabas para iniciar las tratativas, pues por un lado la minera pide que se levante el bloqueo de la carretera, y la comunidad pretende no desbloquearla en tanto no se produzcan las pláticas que conduzcan a un arreglo definitivo de su pliego de reclamos.

Cabe resaltar que dicho pliego ha sido modificado pues se ha incluido en la agenda el aspecto ambiental, según versión de la propia Yanacocha. Cuando anteriormente el principal requerimiento era el ofrecimiento de puestos de trabajo.

Fuentes periodísticas dan detalle que la oposición de los comuneros se debe a la ampliación del proyecto de Carachugo, el cual les ocasionaría escasez de agua y la contaminación de la misma para su uso agrícola y ganadero.

El padre de la vicaría de la Solidaridad de Cajamarca, Efraín Castillo, explicó en un programa televisivo que habría intereses de empresarios locales que movilizan a la población al no haber ganado alguna licitación con la minera Yanacocha. "Al no ver sus expectativas satisfechas, convocan al caserío para que presione a la minera", explicó. Según este eclesiástico, el gran problema es la aparición de agentes que afectan las interrelaciones sociales y de poder en las comunidades. Dichos agentes (empresarios informales) pretendían captar mano de obra campesina para utilizarla en las eventuales licitaciones que convoque la minera, con el fin de enriquecerse, naturalmente. De esa frustración es que surge a su entender la reacción de la comunidad.

Pero el problema es mucho más grave y tiene muchas más aristas de las que se mencionan, y tiene que ver, esencialmente, con el rol del Estado y su participación en el desarrollo nacional. La falta de proyectos para emplear los recursos del canón o las regalías mineras son una clara muestra de que aun no existe una voluntad de enmienda en el aparato burocrático. Ya que lo que desespera a la población es la inactividad gubernamental, es decir, su pasividad (característica típica del quinquenio toledista). De modo que la falta de una respuesta estatal, que no necesariamente pasa por el empleo inmediato de la fuerza pública para poner orden, es la gran desencadenadora de situaciones alarmantes de este tipo. Por eso no resulta nada extraño que las cosas exploten de la noche a la mañana como bombas de tiempo. Y es que si no se resuelven adecuadamente estos problemas no cabe otra cosa que esperar.

Mientras tanto, estaremos expectantes y analizaremos cualquier eventual definiciòn.