Con el reciente nombramiento del procurador ad hoc Darío Ríos Patio, cuyas funciones específicas serán las de investigar y denunciar las presuntas irregularidades del régimen toledista, el Gobierno busca dictar nuevamente la agenda política del país. En el sentido de que dicha procuraduría ad hoc sería utilizada para emprender una ofensiva mediática contra el único partido que ha sabido ejercer, hasta ahora, el rol de oposición que le corresponde. Nos estamos refiriendo evidentemente a Perú Posible, ya que ante los continuos ataques verbales provenientes de Palacio y de la PCM, no le quedaba otra opción que responder y salir al frente.
Cabe mencionar ademàs que los entredichos entre los perùposibilistas y los apristas venìan arrastràndose desde los inicios de la campaña electoral por iniciativa de los segundos. Los cuales continuaron con mayor ènfasis por parte de voceros oficialistas engardados de las comisiones de transferencia como Alva Castro, Maurico Mulder y Jorge del Castillo, entre otros. Es decir, que eran desde todo punto de vista premetidados y respondìan a una clara estrategia del aprismo para descreditar, aùn màs, la mediocre gestiòn del partido de la Chakana.
Pero màs allà de lo anecdòticos que pudieran resultar estos antecedentes. La intención del Gobierno con esta designación es nìtida, pues lo que pretende es tener una suerte de vía de escape cuando las circunstancias le sean adversas. Es decir, emplear la procuraduría para soltar una que otra bomba mediática (denuncia de supuesta irregularidad) con el único fin de distraer la atención pública cuando el clima político, económico y social ponga en entre dicho la gobernabilidad, esto es, su estabilidad en el gobierno. Lo que está haciendo obviamente el Apra es anticipar de antemano las futuras insatisfacciones y desilusiones que generará su gestión. Bien sea por un panorama internacional crítico o por un frente interno que exija la implementación de reformas y mayores definiciones de su parte. Con esta medida política el Apra también busca atajar cuanto antes los errores y exabruptos que cometan sus autoridades, así como tapar o minimizar eventuales destapes periodísticos en su contra.
Recordemos que la necesidad de tener un procurador afín se debe a que el principal órgano de control con el que cuenta el Ejecutivo, la Contraloría General de la República, se encuentra justamente en manos del toledismo. De ahí que resulte imperativo contar con la presencia de este funcionario si se quiere prosperar en el hallazgo de malversaciones, cohechos, peculados de uso (término recientemente popularizado por la labia aprista), etc.
Por otro lado, este personaje --Rìos Patio-- cumplirá encargos muy distintos a los que desempeñò del inefable y rollizo “escudero” Gustavo Pacheco, ya que, sin lugar a dudas, el primero no sólo “blindará” la labor del Gobierno, sino también lanzarà sus dardos y alguna que otra pedrada contra el ex oficialismo. De este modo el Apra, al ampliar sus funciones, hará también "oposición" mediante la fiscalización de los sospechosos y turbios manejos del anterior régimen. Algo totalmente inaudito en la política nacional reciente, ya que ni el fujimorismo hizo lo propio con el Apra, aún cuando tuviera mayores indicios y elementos de juicio para investigarlo.
El objetivo del Apra no es la lucha contra la corrupción. Ya que resulta contradictorio que uno de los peores Gobiernos de la historia del Perú, lleve adelante una cruzada como ésta.
Además, no tiene legitimidad política ni moral para hacerla, dadas las graves acusaciones que pesaron--en materia derechos humanos y corrupción-- sobre muchos de sus dirigentes. Sin que èstas, finalmente, pudieran llegar a esclarecerse, dado que algunos funcionarios se ampararon en la figura de la prescripción penal como García.
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