México despenalizó el aborto

En un giro histórico, México se convierte en el primer país católico en despenalizar el aborto en sus primeras fases. La medida, si bien no es original en el continente americano porque otros países también de mayoría católica como Cuba y Puerto Rico la aprobaron, representa un gran paso hacia la desacralización de la sociedad, es decir, hacia la independencia de la Iglesia Católica en materia de cuestiones sociales. Por contraste, sólo tres países latinoamericanos lo prohíben bajo cualquier causa como Chile, Nicaragua y el Salvador, aunque peligre la vida de la madre.

Pese a la radical oposición del clero mexicano, la reforma legal fue aprobada por 46 votos a favor, contra 19 en contra y una abstención. Los promotores del cambio fueron los miembros del partido izquierdista de la Revolución Democratica (PRD), que controla la Asamblea Legislativa de la capital azteca. Los partidarios de Juan Manuel López Obrador, ex candidato presidencial, autorizaron la práctica del aborto durante las primeras doce semanas de gestación (bajo ciertas condiciones), y redujeron las penas (entre tres a seis meses) para las mujeres que interrumpan su embarazo después del plazo establecido por la norma.

La despenalización del aborto se suma a la larga lista de temas que han polarizado a la sociedad mexicana desde la última campaña electoral. Se espera, como es lógico, mucha resistencia por parte de los colectivos contrarios a la medida. Algunos planean llevar la batalla a la Corte Suprema de Justicia para plantear su inconstitucionalidad, lo que augura nuevos enfrentamientos legales entre los partidarios de uno y otro bando.

El hecho de determinar individualmente y por cualquier razón la muerte del feto dentro de las doce semanas (tres meses), revela cuestiones interesantes ya que en ese lapso no habría vida humana para el derecho, al menos no para la legislación del Distrito Federal que no le atribuye ninguna relevancia. En la misma línea podría considerarse la atenuación de la pena para las mujeres que suspendan la gestación (de tres a cinco años a unos cuantos meses, conmutables por trabajo comunitario) pues implica rebajar el valor jurídico de esa vida en desarrollo en comparación con la de un ser humano constituido.

No representa ninguna novedad, desde luego, los criterios bajo los que los representantes mexicanos basaron su argumentación para despenalizar el aborto en las etapas iniciales del embazo ya que el Colegio de Bioética Mexicano fijó una posición científica en torno a este asunto al señalar que el embrión de 12 semanas no posee el atributo de la de individualidad biológica, es decir, carece de vida independiente fuera del útero (totalmente inviable fuera de la matriz de la madre). Por ello no puede considerarse como persona, esto es, como sujeto de derechos, de ahí que, según el informe de ese colegiado, “(…) el embrión apenas ha desarrollado su cerebro y no se han establecido las conexiones nerviosas que caracterizan al ser humano. Por tanto, no experimenta dolor ni ninguna otra percepción sensorial”.

El establecimiento del límite de doce semanas no es por ende arbitrario como sostienen los diputados de PAN (partido conservador Acción Nacional y del que es líder el presidente Felipe Calderón), contrario a la terminación del embarazo por cualquier razón que aduzca la gestante.

Al legalizar el aborto es probable que salve más vidas de las que innecesariamente se pierden ya que muchas mujeres acuden a centros insalubres que practican esa intervención quirúrgica en condiciones deplorables. La decisión, contrariamente a lo que se piensa, puede sensibilizar más a la mujer que se lo realiza clandestinamente ya que tendrá acceso a instituciones sanitarias donde contará con información adecuada y asesoramiento científico acerca de los riesgos fisiológicos y emocionales que corre al desprenderse de la vida que lleva en su vientre. De lo que se trata es que el aborto no sea una solución sencilla y rutinaria a un problema que no han podido resolver las políticas sobre el control de la natalidad.

El aborto debe ser el último recurso y no un paliativo que podría llegar a fomentar la irresponsabilidad e irrespeto por la vida. Permitirlo sin campañas educativas efectivas que prevengan embarazos indeseados sólo banalizaría la condición humana. Por ello ambas cosas deben ir de la mano.

De otro lado, las mujeres que aborten no deben ser satanizadas o estigmatizadas con reprimendas sociales o eclesiásticas. La comprensión de este fenómeno es demasiado compleja como para individualizar tan fácilmente las culpas. Como estamos hablando de una falla social, la sociedad -el Estado en particular- es responsable de no concienciar a sus individuos sobre los riesgos de mantener relaciones sexuales sin protección.

En nada ayuda la Iglesia Católica al promover la abstinencia o el no uso de métodos anticonceptivos que pueden impedir enfermedades o desgracias (como el aborto). Siendo realistas, las condiciones no están dadas para atender las irresponsables demandas que solicita el Vaticano, y menos en medio de la extrema pobreza que aqueja a una gran parte del mundo cristiano. El teólogo Hans Küng es muy claro al respecto al atribuir parte de la miseria del mundo a la posición sobre la regulación de la natalidad y la explosión demográfica de la Santa Sede. “Su postura en contra de la píldora y del preservativo, podría tener mayor responsabilidad que cualquier estadista (refiriéndose a Juan Pablo II) en el crecimiento demográfico descontrolado de numerosos países y la extensión del sida en África”. Los efectos de esa política o dogmatismo han generado un indudable rechazo “en países tradicionalmente católicos como Irlanda y España”, concluye el gran pensador suizo.

Con el texto legal que modifica el artículo nº 144 del Código Penal y la Ley de Salud, se podrá concluir el embarazo sin que sea considerado delito, porque la norma considera que hay aborto sólo después de ese tiempo. Antes de esa modificación el aborto sólo estaba permitido en casos de violación, malformación congénita del feto, riesgos para la vida de la mujer o inseminación artificial sin consentimiento de la mujer. De ahora en más se espera que la reforma sea promulgada por el gobernador del Distrito Federal toda vez que es del mismo partido de los legisladores que la aprobaron en la Asamblea de Representantes.

La colisión de dos derechos (el de la libertad de la mujer para elegir la terminación del embarazo y la vida del feto) ha sido tratada con anterioridad y mucha polémica por la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el caso Virginia Mabes contra el estado de Alabama (1973) se consideraron en estricto la vida versus la libertad de decisión, dos preciados derechos que entraron en conflicto. La decisión de la Corte fue de legalizar el aborto hasta las primeras 20 semanas. Los argumentos que aportó el Juez Joseph Kirkland, ponente en aquel controversial caso, fue de balancear ambos derechos “puesto que si bien cada uno de ellos tiene razón, otra verdad inobjetable es que ambos están errados, porque la conveniencia del argumento cada parte le negaría sus derechos a la contraparte”. Así, el Supremo Tribunal dividió la gestación en dos periodos iguales de 20 semanas en el que el primero de ellos está admitido el aborto y en el segundo no.

El conflicto determinó una decisión salomónica ya que restringe, pero no impide, el ejercicio de ninguno de los derechos en pugna. La Suprema incluyó dentro de su argumentación elementos indispensables para hacer reflexionar a la madre las consecuencias de su acción abortiva, entre éstas cabe mencionar: “a) información y asesoría para la madre, si razonablemente requeridos, para ayudarla a tomar su determinación. Esto puede incluir material escrito y fotográfico aunque resulte molesto para la sensibilidad de la madre; b) Orientación obligatoria individual o grupal con uno o varios asesores, dirigida a la toma de la decisión sobre el aborto con un período de espera de hasta setenta y dos horas; c) el Estado podrá requerir de la madre una declaración escrita en la que ratifique que está tomado su determinación en pleno conocimiento y voluntariamente”.

En este caso en particular la Corte optó por la libertad porque de ésta depende que la vida merezca la pena de ser vivida. La determinación de llevar a cabo el aborto “no debe ser fácil”, como sostiene el Tribunal, pues “la facilidad puede volverse indiferencia”. El razonamiento del máximo órgano jurisdiccional se basó también en la cantidad de niños no queridos (en albergues) que aumentan en decenas de miles cada año. “Si el aborto fuera criminal, la cifras de los no queridos crecerían irremediablemente”. La postura es evidentemente utilitarista puesto que considera aspectos relacionados con la calidad de vida de ciertos colectivos afectados (mujeres embarazadas que contemplan el aborto) en vez de valorar per se la vida del feto. Aquí entran a tallar las cuestiones numéricas (vinculadas al principio de felicidad), sobre la cantidad de personas infelices que llegan a ser los no deseados por sus madres. Bajo este enfoque es preferible dejar morir a un ser antes verlo infeliz. Como la calidad de vida que recibiría (cuidados, cariños y atenciones) sería mínima, es mejor optar por la terminación de su existencia que prolongar su sufrimiento.

No creemos que las razones de la Suprema sean del todo convincentes, pero al menos han dado una clara señal sobre qué elementos contemplar al momento de legislar sobre la admisibilidad del aborto. Lo esencial de fallo es que si bien permite el derecho a abortar, lo contempla siempre que incluya planes comprensivos– de asesoramiento para la gestante y de cuidado infantil, para proporcionar a los niños abandonados la garantía de mejores cuidados que les reconoce la Constitución.

En otras latitudes menos favorecidas el problema sigue siendo el creciente número de abortos clandestinos. La presión de grupos feministas ha servido para poner en el tapete el via crucis de las cientos de miles de mujeres que tiene que recurrir a prácticas insalubres para abortar. Se estima que por cada aborto atendido hay cuatro no registrados, lo que eleva preocupantemente la tasa de mortalidad entre las mujeres gestantes. Fuentes gubernamentales consideran que en México se practican unos 110,000 abortos ilegales al año. Aunque para grupos defensores de la libertad de abortar la cifra es muy superior.

Lo lamentable es el grado de intransigencia al que han llegado los sectores ultraconservadores representados por el cardenal Norberto Rivera Carrera, quien además de ser investigado por su polémica participación en el debate, dijo que: "Si esta ley se impone habrá violencia para los médicos, para las enfermeras y para todos aquellos que se vean obligados a ejercer este reclamo de algunos, a terminar la vida antes de que nazca".

Jorge Serrano Limón, presidente del grupo ultrarradical Provida, en la misma línea del prelado, amenazó al alcalde de la capital mexicana, Marcelo Ebrard (del PRD) en estos términos: "Tendrá que pagar un costo político, porque él gestó ésto. Lo señalamos como responsable y todo su sexenio (de Gobierno) tendrá que cargar con este costo, que es un costo de sangre". El religioso advirtió a los diputados que si lo aprueban serían excomulgados, igual que las mujeres que interrumpan su embarazo.

Aunque Serrano ha bajado el tono luego de la despenalización del aborto al expresar que la protesta en los centros médicos que practiquen el aborto será pacífica. “No creo que en México haya personas inconscientes que ejerzan violencia contra los abortistas. Al menos en nuestro movimiento todo los vamos a hacer de forma pacífica”, manifestó el lidera de la organización.

Desde que la Unión Soviética permitió esta práctica en 1920, el movimiento de la despenalización se ha convertido en uno de escala mundial. Generalmente su impulso en países del tercer mundo ha estado relacionado con la mortalidad materna asociada a la práctica de abortos ilegales (esto fuerza a mujeres de bajos recursos a buscar clínicas clandestinas para hacerse abortos, mientras las que tienen más recursos viajan a Estados donde es legal). En naciones más desarrolladas la legalización de su ejecución se debió a la presión del activismo feminista y de los nuevos roles de la mujer (gracias a su incorporación masiva al ámbito del trabajo asalariado y tener mayor control sobre su cuerpo, a través de la píldora anticonceptiva).

En México, donde el nacionalismo es tan fuerte como el catolicismo, muchos consideraron como una intromisión los pronunciamientos del papa Benedicto XVI en torno al aborto.
Ciertamente la nueva situación es preferible a la anterior donde peligraba la vida de las gestantes. Las complicaciones surgidas de una pésima intervención quirúrgica en muchos casos privaron a las mujeres de sus capacidades físicas, incluidas las reproductivas.

Mientras en México se regula este grave problema social, la actual Corte Suprema de EE UU, controlada por magistrados conservadores (designados por George W. Bush), abolió una forma de practicar el aborto (por 5 votos a favor y 4 en contra) , la llamada dilación y extracción intacta del feto entero. El fallo modifica uno anterior de hace siete años y abre la posibilidad a establecer nuevas limitaciones al aborto.

Las "consideraciones morales" de los jueces han primado a la hora de restringir las opciones (la libertad) de la abortante y su médico. De esta forma la Suprema ratifica la prohibición de un tipo de aborto incluida en una ley que fue firmada por el presidente George W. Bush en el 2003, cuando los republicanos dominaban ambas cámaras del Congreso.

El método ahora censurado por la Ley de Prohibición del Aborto por Nacimiento Parcial y la jurisprudencia de la Corte, impide ejecutar una operación que muchos especialistas consideran necesaria en determinados casos. Así, la presencia de los jueces ultraconservadores Roberts y Alito, hacen añorar la sensatez de la juez Sandra Day O' Connor, la primera mujer en ocupar un lugar entre los nueve miembros de la Suprema, quien se caracterizó por su moderación al tratar casos que dividieron a la opinión pública norteamericana.