Brasil rompe patente de fármaco contra el Sida

La decisión del presidente brasilero Luiz Inácio Lula da Silva de desconocer la patente del principal fármaco contra el Sida (propiedad del laboratorio estadounidense Merck) que se comercializa en ese país establece un nuevo hito en las relaciones entre los Estados en vías de desarrollo y las multinacionales occidentales.

Alabada por muchos y cuestionada por otros, la medida ha caído como balde de agua fría para las farmacéuticas que desarrollan medicamentos de gran demanda en la mayoría de países del Tercer Mundo.

La determinación de Brasil, siendo la décima economía del mundo (según la nueva metodología implementada por su ministerio de Hacienda para calcular el Producto Bruto Interno), abre la posibilidad de que naciones menos ricas (de Africa, Asia o Latinoamérica) sigan el mismo camino en aras de atender las necesidades sanitarias de sus poblaciones.

En la raíz del asunto está si los países como Brasil, afectados por diversas enfermedades de transmisión sexual, pueden recurrir unilateralmente a este tipo de medidas, es decir, a desconocer indefinidamente los derechos de propiedad intelectual.

La respuesta a la interrogante planteada parece ser positiva toda vez que durante las rondas de Doha de 2001, se autorizó a los Estados a producir como genéricos los medicamentos protegidos por patentes gracias a una “licencia obligatoria”. Esta resolución de la OMC permite, desde hace 6 años, producir fármacos en caso de emergencia nacional, esto es, de una catástrofe sanitaria.

Pero a pesar de que comercialmente estaba permitido, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC jamás se llevó a la práctica -hasta la decisión brasilera-, debido a la rotunda negativa de los laboratorios a desprenderse de las lucrativas licencias sobre sus medicamentos. Para evitar la “liberalización de las patentes” las industrias se vieron obligadas a negociar individualmente con los países con el fin de obstaculizar la implementación del acuerdo de 2001.

Aunque el Acuerdo mencionado no dice nada sobre la importación de medicinas protegidas por licencias de patentes, es posible interpretar, por las razones humanitarias en las que está inspirado, que, ante una profunda crisis sanitaria, la importación de dichas medicinas -mientras el país no sea capaz de producirlas localmente-, debe contar con la facultad de importarlas toda vez que su demanda no puede quedar desatendida (pues existen bienes fundamentales en juego como la salud). Se entiende que las graves urgencias provocan que, por cierto tiempo, hasta que se constituya una industria nacional de genéricos, la importación debe ser legal, es decir, estar contemplada dentro de la regla que concede las “licencias obligatorias”. A modo de ejemplo, en Africa, donde el Sida llega a niveles alarmantes (se calcula unos 30 millones de infectados), muchos de los países del continente africano no cuentan con la tecnología ni los capitales para montar una industria de genéricos, de ahí que requieran importarlos por un buen tiempo.

En concreto el artículo 31 letra f) del ADPIC permite el uso de la licencia obligatoria en situaciones de extrema urgencia o de emergencia nacional. En ese sentido, la Unión Europea (UE) entiende que es aplicable “(…) para el sida, la tuberculosis y la malaria, y, en ciertos casos, para otras situaciones o enfermedades”. “El hecho de que en algunos casos se deban expedir dos licencias obligatorias no debería en sí representar un problema. Esencialmente, es una cuestión de correspondencia y coordinación entre los procedimientos de los países productores y los países importadores”, refiere el comunicado de prensa de la UE acerca de la vigencia del Acuerdo sobre medicamentos genéricos.

Algunos interpretan el Acuerdo en un sentido contrario al manifestar que para aplicar la licencia obligatoria el país debe estar en capacidad de abastecer su mercado interno, con lo cual no podría otorgar dos licencias obligatorias (una de producción local y otra de importación). Pero como la disposición de la OMC no regula la importación, no hay motivo para prohibirla dado que puede ser necesaria por lo mencionado en los párrafos anteriores.

También podría estar permitido el supuesto en que un país, que ya posee una industria de genéricos, resuelva importar medicamentos de un tercero por fabricarlos a un menor costo que su industria local. Esto sería posible porque en principio un precio más alto siempre representa un obstáculo para satisfacer adecuadamente la demanda de pacientes infectados con Sida, sobre todo en países extremadamente pobres. Aquí hay que volver a tener en cuenta que la razón para desconocer los de derechos de los productores farmacéuticos se origina en motivaciones de índole humanitaria, por ello, al momento de aplicar las reglas del Acuerdo deben primar las necesidades sanitarias de los países afectados por encima de los derechos de exclusividad comercial de la industria.

Luego de la adopción del Acuerdo podría pensarse que los laboratorios quedan totalmente desprotegidos (aunque por sea buenas razones), pero no es así. Ya que habrá de todos modos una regalía que pagar en función del valor económico del medicamento en el país importador. Tailandia aplica por ejemplo una compensación de 0.5% de las ventas de los fármacos que son producidos en su territorio.

De otro lado, como resultado de las tratativas entre las farmacéuticas y los Estados se redujo el precio de los medicamentos (antirretrovirales) significativamente. Además se garantizó el monopolio de los laboratorios a través de acuerdos con las industrias químicas locales, quienes los fabricaban a bajo costo, lo que impedía el acceso de medicinas genéricas producidas en terceros países.

En cierto modo, el anuncio brasilero, con el que ahorrará unos 30 millones de dólares anuales, no cae por sorpresa en la industria puesto que en el pasado había Brasil amenazado con suspender la licencia de dos medicamentos insignia de los laboratorios Roche y Abbot, Nelnfinavir y Kaletra, respectivamente, por similares motivos. En aquella oportunidad las presiones del Gobierno de Lula posibilitaron la reducción del precio de un conjunto de medicinas contra el Sida.

Ahora, el pequeño monto que asigna Brasil a la salud por habitante (597 dólares en el 2003, según la OMS) y las enormes desigualdades sociales (acrecentadas por las crisis sociales que se traducen en magros ingresos per capita) hacen que Brasil adopte políticas radicales amparadas en autorizaciones del ente rector del comercio mundial (OMC).

En materia de salud el Banco Mundial (BM) ha señalado que el incremento del gasto en ese componente deteriora la condición de las familias más pobres. El estudio del Banco, titulado “Beyond Survival: Protecting Households from Health Shocks in Latin America” (Más allá de la supervivencia: proteger a los hogares contra crisis de salud en América Latina), revela que la deficiente cobertura sanitaria estatal obliga a los individuos (generalmente de menores ingresos) a recurrir a sistemas de salud privados donde el costo por atención médica es sensiblemente mayor. Como la salud es un factor que no se puede desatender, el desembolso en medicinas y tratamientos resulta imperioso, lo cual disminuye o posterga la capacidad de gasto en otras áreas como la educación, por ejemplo.

En América Latina el gasto en salud ronda el 6.4% del PNB (Producto Nacional Bruto), en Brasil llega al 7.6% (OMS). La asignación regional según el informe del BM está sólo por debajo de Europa, pero no llega a cubrir las necesidades más urgentes del sector.

Pese al énfasis de los regímenes en la salud, las políticas sectoriales no han producido resultados alentadores en el área. Tal vez haga falta implementar un programa preventivo como el que desarrolla Tailandia pues el país asiático, aquejado también por la propagación del Sida, ha reducido significativamente el número de infectados con dicho mal gracias a planes preventivos. El BM destaca constantemente la labor realizada por Bangkok ya que su plan no sólo contempla distribuir medicamentos gratuitos entre la población afectada, sino ejecutar campañas de prevención gracias “a una amplia red de hospitales a nivel de distrito, de consultorios de salud rurales con capacidad brindar tratamiento generalizado y una sólida comunidad de ONG que ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno para ejecutar el programa”, concluye el informe del la institución financiera llamado "The Economics of Effective AIDS Treatment: Evaluating Policy Options for Thailand" (La economía de un tratamiento efectivo contra el SIDA: evaluación de las opciones de políticas públicas para Tailandia).

El resultado de ambas medidas ha generado una asignación mucho más eficiente del gasto, que ha llevado al país a invertir mayores recursos por habitante. El buen desempeño tailandés es digno de imitarse pero para conseguir sus metas se amparó en “una de las flexibilidades que ofrece la ADPIC para otorgar licencias compulsivas respecto de productos amparados bajo patentes farmacéuticas. El producto afectado, como en el caso brasilero, resultó ser el Efavirenz, utilizado para tratar el Sida o VIH, y cuya patente se encuentra registrada a nombre de la empresa farmacéutica internacional Merck”, manifiesta el investigador chileno Rafael Pastor Besoain.

Hay que dejar en claro que “sin las eficaces campañas de prevención de este tipo efectuadas en años anteriores, Tailandia habría tenido 7,7 millones de casos de VIH y 850.000 casos de SIDA en 2005, cerca de 14 veces más de los que tiene hoy día”, reporta el estudio del BM.

Brasil y Tailandia fabrican la mayoría de medicamentos contra el Sida localmente gracias a licencias otorgadas a sus laboratorios. El estimado de infectados en ambos casos es similar si son comparados con el total de su población (menos del 1% en los dos países). Además han logrado una cobertura muy cercana: un 90% para Tailandia y un 80% para Brasil. Pero se diferencian en la manera en la que han encarado la contención del VIH. Mientras Tailandia se aboca a las tareas de prevención (sin descuidar las terapias con antirretrovirales, por su puesto); Brasil apuesta por la distribución gratuita y universal de tratamientos retrovirales a toda la población infectada.

El acceso a los medicamentos mediante el desconocimiento de las patentes puede desincentivar a las farmacéuticas como Merck a invertir en medicamentos contra el Sida y otras enfermedades comunes en los países del Tercer Mundo. De hecho Merck ya se ha pronunciado al respecto al señalar que la medida del Gobierno brasilero “podría frenar su interés por la investigación de enfermedades que afectan a países en vías de desarrollo”.

Aquí naturalmente rivalizan dos distintos tipos de interés. Del lado estatal, de Brasil, prima naturalmente el bien común, en este caso, la salud de sus habitantes. En cambio, por el lado de las industrias farmacéuticas, el espíritu de lucro orienta en gran medida sus desarrollos e investigaciones científicas.

Hasta donde se tiene conocimiento Brasil no discute el derecho de los laboratorios a defender sus patentes pues reconocen que deben estar protegidas, pero lo violan para atender a su población. El caso le permite a Brasil reducir sus gastos de 1.59 dólares por comprimido de Efavirenz a 0.45 dólares al importarlos de la India, según revela el diario El País.

El dilema, si bien puede ubicarse dentro de la comercialización ilegal de medicamentos, no llega a calzar con los requisitos de dicho comercio pues el Estado (brasilero) no persigue ganancias, sino atender las necesidades elementales de sus habitantes. Otra diferencia notable con la venta de medicinas falsificadas (25% del total de fármacos se consumen en los países en vías de desarrollo según la OMS) es que la producción de genéricos contra el Sida no se realiza inescrupulosamente.

Al desconocer Brasil los derechos de propiedad sobre los medicamentos retrovirales estaría legalizando un tipo piratería. Lo que abre la puerta a que se ponga en tela de juicio la validez y eficacia del sistema que protege a las patentes. Esto daría pie a que algunas industrias ilegales tiendan a formalizarse por medio de la iniciativa estatal.

Si bien la determinación de Lula puede afectar los resultados económicos de las trasnacionales occidentales, concretamente, sus ingresos, encarecimiento de su financiamiento y menor cotización de sus acciones en la bolsa, la medida es insignificante si se la compara con las severas distorsiones al comercio mundial que provocan las economías occidentales. Al respecto, tanto el FMI como el BM han advertido en un comunicado conjunto que las “(…) distorsiones al comercio que perjudican a los consumidores de todo el mundo y a una gran cantidad de pobres de los países en desarrollo que se ganan la vida gracias a la agricultura”.

Desde punto de vista la resolución brasilera no reviste malicia, lo que no podría decirse en el caso de Estados Unidos, Europa y Japón al perjudicar con sus onerosos subsidios a la población más vulnerable de las naciones en desarrollo.

A medida que aumenta la cantidad de infectados, en muchos países la cobertura con retrovirales resulta ser insatisfactoria por lo que el ejemplo brasilero no tardará en imitarse y convertirse en regla pues “en América Latina hay un 50% de cobertura de las personas que necesitan tratamiento, África no llega al 4% y Asia está entre el 7% y 8%”, así lo revela Txema Calleja, epidemiólogo y parte del equipo de la Unidad VIH/SIDA de la ONU.