Protestas en Chile: ¿Crisis en el modelo?

Tras la jornada de protestas en Santiago de Chile y otras ciudades se abre una interrogante acerca de la validez del modelo chileno para producir desarrollo. Crecimiento sí genera al menos pues las cifras macroeconómicas son estables desde hace varios años y se precia de no sufrir turbulencias políticas, salvo por los incidentes que protagonizaron miles de trabajadores sindicalizados al enfrentar a los carabineros (la policía chilena).

El problema radica entonces en la falta de bienestar que percibe gran parte de la población, la cual se debe a la enorme desigualdad material entre los estratos superiores e inferiores de la sociedad.

El cambio que solicitan las centrales sindicales y parte del oficialismo (partidos que conforman la coalición de gobierno) en el particular modelo que le permitió a Chile crecer sostenidamente y afrontar de la mejor manera las crisis económicas mundiales es un recordatorio a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, para que no incumpla sus promesas electorales. Pues la primera mandataria mujer de la región se comprometió durante la pasada campaña presidencial a mejorar los sistemas de salud y educación que preocupa a los chilenos.

No es la primera vez, dicho sea de paso, que Bachelet es desafiada por las masas ya que más de medio millón de estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir una educación de calidad. El inusual reclamo provenía de escolares del sector público, lo que dice mucho del alto grado de organización y conciencia de la sociedad chilena dado que es capaz de movilizar a sus capas más jóvenes. La masiva convocatoria realizada en mayo de 2006, a escasos meses de la asunción de mando de Bachelet, reveló que algo no funcionaba bien en el sistema.

En aquella oportunidad se hizo patente la necesidad de reformar la educación mapochina, hecho que fue reconocido por la propia presidenta pero no impulsó ningún cambio sustancial ni atendió los pedidos de los estudiantes, salvo por un programa de becas para los más pobres. Los escolares, entre otras cosas, demandaban la gratuidad en la rendición de la Prueba de Selección Universitaria y el subsidio escolar del transporte público. Como reclamo fundamental exigían la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) que fue promulgada un día antes de que el dictador Augusto Pinochet abandonara el cargo en 1990.

Los llamados para tener una educación igualitaria son la base del malestar que aqueja a millones de chilenos descontentos con las políticas de la Concertación que gobierna Chile desde que Pinochet entregara el poder. Para comprender la dimensión del problema hay que considerar que la educación inequitativa (de menor calidad a la ofrecida por el sector privado) es el factor clave ya que la desigualdad económica está profundamente relacionada con ella. Es decir, que la brecha existente entre los ingresos de ricos y pobres se origina en el deficiente sistema educativo al que los segundos tienen acceso. La reforma es indispensable para revertir a largo plazo la tendencia actual que concentra la riqueza en un pequeño porcentaje de la población.

Este fenómeno produce una suerte de "apartheid social" porque una parte de jóvenes chilenos compite en evidente desventaja frente a los miembros de clases más pudientes. Las escuelas requieren más recursos y programas para nivelar el terreno para todos. De no hacerlo continuará reproduciéndose la segregación que hace que muchos estén al margen de los beneficios, bondades y bonanzas del modelo económico. Las diferencias en la calidad de la educación tienen un efecto demoledor pues resta competitividad al país en su principal factor: el capital humano. A nivel individual una mala formación reduce las posibilidades de conseguir mejores puestos de trabajo e ingresos (de opciones de consumo). De esa forma se empeora la condición de millones de personas que tarde o temprano pasaran a engrosar las listas de programas asistenciales. Esto a su vez incrementa el riesgo de mayores enfrentamientos, protestas y desestabilización que puede afectar la gobernabilidad de cualquier Estado.

En sí los estudiantes y los trabajadores chilenos se equivocan al culpar al modelo de todos sus males toda vez que éste no está en capacidad de corregirlos, pero sí el Estado. No son las fallas del modelo (de la economía de mercado), que son archiconocidas conocidas, las que han agravado su situación sino la inacción del Gobierno porque de éste depende realizar los correctivos necesarios para mitigar sus impefecciones. Los desajustes que produce una economía abierta e insertada en los procesos de integración comercial no son ajenos a los funcionarios que diseñan las políticas públicas. Por ello hay que poner en marcha medidas destinadas a combatirlas como lo advirtió el ex presidente sureño, Ricardo Lagos. “Una cosa es tener cuentas fiscales sólidas, políticas monetarias serias, determinadas empresas que pueden privatizarse, acuerdos de libre comercio como los que tenemos con Europa, EE.UU. o con países del Asia. Otra es asegurar que todo esto conduce al crecimiento, que llegue a los que más lo necesitan. Eso requiere de políticas públicas”, destacó el ahora miembro de la Comisión de Cambio Climático de la ONU.

Sus palabras ilustran diáfanamente lo que se pretende sostener. Lagos y sus antecesores, como se recordara, fueron dignos impulsores de la “Tercera Via” en Latinoamérica. Gracias a la adopción de ese programa político y económico Chile siguió un camino muy diferente al propuesto en el Consenso de Washington que exigía liberalizaciones, privatizaciones y aperturas a ultranza en economías muy débiles. Chile optó en los 80 por un modelo mixto que no descuidara los aspectos sociales, que a larga le han brindado la estabilidad política que envidian sus pares sudamericanos. Además, en vez de privatizar sus industrias, Chile conservó la propiedad de Codelco, la principal productora de cobre a nivel mundial (que le otorga importantes ingresos pues su principal commoditie se viene cotizando a precios históricos).

El aspecto macroeconómico, que ha sido destacado por organismos financieros internacionales como el FMI o el BM e inversionistas occidentales ha sido decisivo para reducir la desocupación que en la actualidad asciende a 7%, su menor nivel en casi 10 años. El crecimiento y una combinación de medidas estatales (incentivos, subsidios y flexibilización laboral) permitieron que la pobreza retrocediera de un 45,1% a menos de 20% de la población a 17 años de recuperada la democracia. Esos indicadores han llevado a Chile a ocupar el primer lugar dentro del ranking de competitividad en Latinoamérica según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum). Este indicador señala que Chile es el mejor país en la zona para realizar negocios debido a la reducción de la inflación, disciplina fiscal, caída en los niveles de deuda pública y un menor papel del Estado en la captación de recursos. A ello se suma el bajo indice de corrupción que posee Chile según Transparencia Internacional (TI) y su saludable estabilidad política (puesta en entredicho por las demandas sociales de los últimos días).

Los progresos chilenos han llamado la atención de muchos economistas pues fue el único país de la región en mantener tasas de crecimiento cercanas a la de los países asiáticos. En el periodo 1987- 1996 Chile creció a tasas regulares de 8%. En periodos de enorme volatilidad y confusión financiera su desempeño fue menor pues alcanzó un 2% en promedio de 1998 a 2003. Esta aparente solidez ni siquiera fue desafiada por los ciclos económicos de los minerales que por lo general repercuten negativamente hasta generar recesión.

Si bien Chile ha logrado mucho en materia social pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo ubica en la cima de las naciones latinas que más han avanzado en desarrollo humano (salud, educación, mortalidad y acceso a servicios públicos), queda pendiente la enorme tarea de reducir la desigualdad, pues en ese rubro se posiciona sólo por detrás de Brasil como el país más inequitativo de América Latina. El propio Lagos, en una entrevista concedida a la BBC en 2003, manifestó, con total sinceridad (algo inusual en un político), que la actual distribución del ingreso, "con todo y lo difícil que son las comparaciones internacionales, no es mejor que en 1973 (cuando gobernaba Salvador Allende)". Esta revelación es interesante porque ni la vigente prosperidad económica ha podido acercar las rentas de los chilenos ubicados en los extremos de la pirámide social. El ingreso ha subido significativamente según Lagos y hay un menor número de pobres, pero las cosas no son mejores en ciertos aspectos a las registradas durante el gobierno socialista derrocado por Pinochet.

Antes de asumir el mando los chilenos esperaban mucho del actual gobierno de Michelle Bachelet pues consideraban que sería una prolongación de la exitosa presidencia de su antecesor, Ricardo Lagos. Bachelet no tenía forma de ignorar las necesidades que se le reclama dado que fue parte del equipo de Gobierno de Lagos como ministra de Defensa. La preocupación al inicio parecía ser mínima porque la presencia de una colaboradora cercana a Lagos garantizaba el énfasis que éste puso en lo social, en particular en la salud. Pero al parecer la paciencia se agotó rápidamente ya que los cambios y mejoras no se han cristalizado.

Muchos chilenos, con las altas expectativas que había despertado su triunfo, tenían depositadas muchas esperanzas en los proyectos anunciados (por Bachelet) durante la justa electoral. Se podría decir que esperaban una mezcla de cambio y continuidad, y la baja calidad de la educación era sindicada, casi por consenso, como el principal problema social.

El primer gran error de su administración vino tras la implantación del sistema Transantiago, mediante el cual operan los buses de la ciudad, pero causó muchos malestares a los usuarios por no lograr una cobertura adecuada. Este proyecto, que dañó la popularidad de Bachelet, fue llevado a cabo por su ministro de Hacienda, Andrés Velasco, a quien la principal organizadora de las protestas, la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) demanda su renuncia.

De alguna forma la dura crítica al modelo neoliberal, que en realidad es una oposición a la pasividad gubernamental para encarar los desafíos que representa crecer sostenidamente y con justicia social (o rostro humano), había sido advertida por miembros del Partido Comunista ya que anunciaron su lucha contra la Concertación por la Democracia por considerar que el modelo aplicado genera altos niveles de desigualdad social.

Durante las marchas de los estudiantes, el sociólogo chileno Paulo Hidalgo vaticinó hace más de un año atrás que “Vamos a tener el surgimiento de demandas que no van a referirse a un eje sociopolítico sino que van a ser movimientos sociales transversales". Razón no le falta pues las manifestaciones que alteraron la tranquilidad de Santiago y otras ciudades contaron con una amplia participación popular y política. Entre los agitadores no sólo se encontraban profesores, médicos o transportistas, sino integrantes de la propia coalición partidaria de gobierno como el senador socialista Alejandro Navarro, herido durante las trifulcas entre manifestantes y los policías. A este legislador se sumó el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS) encabezado por Camilo Escalona y Miguel Insulza, secretario general de la OEA. Este último, si bien no participó físicamente, respaldó a los congregados en las calles de Santiago porque se requiere “políticas de distribución más justas”. "No es que esté de vuelta el populismo, está de vuelta el Estado. El denostado modelo de la CEPAL produjo más crecimiento que el modelo neoliberal", concluyó de manera categórica.

A estos cuestionamientos también se unió el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el chileno Juan Somavía, de visita en Chile durante los disturbios al precisar que “(…) esta movilización es un llamado de atención a la sociedad chilena. Efectivamente los temas de la desigualdad son reales en esta sociedad y sería bueno que encontráramos fórmulas para responder", afirmó.

Las noticias que vienen de Chile dan cuenta de un malestar casi generalizado. Al menos así se percibe luego de tomar nota de las declaraciones de varios dirigentes de la sociedad civil. En concreto el presidente del Colegio Médico, el doctor Juan Luis Castro, señaló que “no hay acceso igualitario a la salud. Hay que esperar días, semanas o meses para una atención médica y tenemos un importante déficit de especialistas. Esos son problemas reales que no han sido abordados". Por su parte el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pávez, dijo que “no ha cambiado la matriz de la dictadura que entiende la educación como un privilegio para quienes pueden pagarla. Nosotros creemos en la unidad del pueblo". Ambos comentarios fueron realizados a la BBC durante la agitada jornada del miércoles que dejó más de 700 detenidos y varios heridos.

La violencia llegó a los niveles descritos porque el Gobierno prohibió la marcha en las principales arterias de Santiago como la avenida Alameda. Su denegatoria es producto de la frustración que siente por no haber atajado el problema a tiempo y porque miembros del ala izquierdista de la Coalición (sus aliados) apoyaron la “Jornada Nacional de Movilización Social y Sindical” -convocada por la CUT- en aras de obligar al gobierno de Bachelet a efectuar cambios políticos y sociales urgentes. Sólo la Democracia Cristiana no respaldó la protesta, lo que deja mal parada no sólo a la presidenta Bachelet, sino a la propia Concertación (coalición de partidos de centroizquierda que gobierna desde 1990) pues puede producir divisiones que alteren la estabilidad política que caracterizaba a Chile, esto es, generar incertidumbre sobre los consensos alcanzados en materia económica.

En el ámbito laboral las demandas están relacionadas con el alza de los salarios, sobre todo de la remuneración mínima. Para encontrar una solución, Bachelet constituyó el Consejo de la Equidad para establecer un nuevo salario mínimo que supere los 274 dólares mensuales. Inclusive la Iglesia Católica participó del asunto al proponer a través del presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, un “salario ético” con el que se remunere adecuadamente a los trabajadores de empresas que perciben elevadas utilidades. El religioso postuló la idea de salario equivalente a US$ 500. En la actualidad el salario mínimo asciendo a US$ 260 luego de un incremento de 4% que la CUT considera insuficiente.

El contexto macroeconómico en el que se realizan las marchas y paralizaciones es de especial “bonanza” para Chile porque registra interesantes aumentos en las exportaciones, pese a las heladas que afectaron su producción agrícola. En minerales los precios del cobre siguen por las nubes. Su balanza comercial es positiva en más de 20 000 millones de dólares gracias a los tratados de libre comercio que ha firmado con países desarrollados, el último fue con Japón.

Arturo Martínez, presidente de la CUT, dijo en tono desafiante y profético que “a partir de ahora Chile no va a ser el mismo". La fuerza de su llamado reside en que varios chilenos, organizados o no, comparten la misma sensación de que las cosas tienen que cambiar. Esto explica como es que los sindicatos, que apenas afilian al 10% de los asalariados, han podido movilizar a diversos grupos de variada ideología.

La corresponsal Mónica González, del diario La Nación de Buenos Aires, indica que “cuatro (son los) ejes centrales de la protesta: los alcances de la reforma previsional, el menguado seguro de cesantía, la imposibilidad de realizar negociación colectiva por las leyes heredadas de la dictadura y una urgente reforma a la ley general de enseñanza que restablezca la inversión en calidad para los colegios fiscales”. “La paradoja es que los cuatro puntos forman parte de los proyectos centrales del programa de gobierno de Michelle Bachelet”.

Para calmar los ánimos, Bachelet propuso una agresiva reforma del sistema previsional para evitar, según González, que “de aquí a 20 años menos del 50% de los afiliados al sistema privado de pensiones alcanzará a financiar una pensión mínima de 150 dólares mensuales”. El proyecto preemitirá “crear una pensión básica solidaria de US$ 143”.

Siguiendo con lo laboral, González relata que “las reglas del mercado dejan a los trabajadores en total vulnerabilidad frente a sus empleadores y han dado paso a una sociedad marcada por la competencia y la incertidumbre. La precariedad del empleo es hoy uno de los grandes fantasmas de Chile. El peligro de quedar sin trabajo o sufrir una enfermedad es para muchos la condena a la ruina económica”, añade laperiodista.

Mientras tenían lugar las protestas, Michelle Bachelet intentó hacer un llamado a la calma a los manifestantes. "En democracia y en mi gobierno, los trabajadores podrán siempre expresar pacíficamente sus demandas y defender sus derechos. Eso sí, hay un límite y quiero que todos lo entiendan muy bien".

El entorno en el que Chile venía creciendo, que le preemitió ubicarse entre las 25 economías más competitivas del mundo (puesto 23 en el 2006) según el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), reveló que habían importantes problemas que ponían en riesgo sus merecidos galardones. El estudio del Foro dio a conocer que Chile tiene tareas pendientes en materia de desarrollo económico. Esto se refiere a la baja calidad del sistema educativo público debido a un menor acceso a la universidad e institutos técnicos. El informe también reportó retrocesos en los factores de innovación, la disponibilidad tecnológica y la capacidad de agregar valor a los productos y servicios.

Lo anterior fue señalado oportunamente por Francisco Panizza, profesor de política de la London School of Economics, quien a escasos días de la victoria de Bachelet, definió los tres retos que ahora perturban a la presidenta socialista. “Primero, la cuestión de la desigualdad. El éxito económico de Chile no ha beneficiado a todos por igual. Entonces, la pregunta es cómo va a hacer para que se beneficien los sectores más pobres de la población.

Segundo, asegurar la continuidad de ese crecimiento económico. ¿Por qué? Porque Chile tiene que dar un salto en su desarrollo económico. Chile ha tenido éxito pero un éxito basado en la exportación de materias primas pero, para mejorar, tiene que dar un salto cualitativo y tener un perfil de exportaciones con más valor agregado, con más tecnología, con más conocimiento.

Y tercero, reformas políticas. Todavía quedan asignaturas pendientes de la época de la Constitución de Pinochet. Ahí va a tener que hacer acuerdos con la oposición para tratar de eliminar los últimos vestigios del autoritarismo pinochetista”.

Ese fue el análisis del Chile que recibió Bachelet al tomar el poder. La mayoría de expertos coincidían -mucho antes de que asumiera el mando- que las dificultades descritas eran las más importantes. El principal problema, sin duda, era la mala educación pues sobre ésta se construyó la gran desigualdad que hace que los más ricos perciban un ingreso 14 veces superior al de un pobre en promedio. En resumidas cuentas el 20% más acaudalado recibe el 61% de los ingresos y el 20% menos favorecido tan solo el 3.3%.



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