Hugo Chavez is afraid.

Colombian president had a unusual meeting with his Peruvian counterpart to form a common front against Hugo Chávez. The presence of U.S. soldiers at military bases in Colombia would be to head off a possible attack Venezuela
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By Cesar Reyna (reservamoral@yahoo.com)



Surprise visit of Colombian President Álvaro Uribe to Lima is part of a quickly tour to several South American countries to explain the scope of the agreement with the U.S. military forces. USA will use seven bases in its territory would not only be to conduct joint operations against drug traffickers and guerrillas, but to dissuade the Venezuelan president Hugo Chávez to make skirmishes at the border.

Chavez is not planning, if to be necessary, a large-scale invasion, but a conflict that had targeted in a determined zone like Peru-Ecuador conflict in the mid-nineties. The possibility of a Venezuelan incursion grow at the same level of Chavez loose control and legitimacy in his country, that is, the socialist model that seeks to impose. The failure to turn Venezuela into another Cuba would generate a lot of instability when approaching its end. In such a scenario is likely to try a military action in their desperation to maintain power. The Argentine military did anything comparable in the aftermath of the dictatorship Malvinas recovering to unite people, but as we all know, were humiliated by the British.

The regime in Caracas is experiencing its peak with the fall in oil prices and the overthrow of its ally Manuel Zelaya. Chavez should not feel very secure in power after the coup in Honduras. Yesterday was back in the adoption of the draft Media Law of Crimes by the harsh criticism he received from international agencies. It also had to go backwards in their attempt to intimidate the press to "condemn" the attack against Globovision, the leading television station in that country.

Since the Government announced the agreement with United States military, Hugo Chávez ordered the formation of urban militias were formed by thousands of armed civilians to combat the threat of American troops in neighboring Colombia. Chavez will not be wanting or resources as weapons bought Kalashnikov rifles and ammunition to Russia.

The meeting of Andean presidents serve to remind Chavez that Colombia is not isolated in the region. García Uribe and share the same economic ideology and hence are staunch opponents of Chavez. This would be the second meeting between the authorities of both countries as the foreign ministers of Colombia and Peru a few weeks ago discussed the dangers of militarization in Venezuela. The fear is that Chavez Uribe seek a confrontation to divert the internal tension, ie the questions that has been receiving due to the suppression of freedoms and the rounding up of the press and the opposition.

The majority of Colombians approve of U.S. military presence in their country because it believes that there are internal and external threats to justify it. The undeniable link Chavez with the FARC and its inflammatory rhetoric generated in a highly unstable state which seeks to pacify like ours.

Uribe hopes to convince to Michelle Bachelet, Lula da Silva, Evo Morales, Fernando Lugo and Cristina Fernandez de Kirchner that the mission of U.S. forces is not a concern for continental security, but rather a guarantee of peace.



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[1] In the case of President Evo Morales is deducted his failure as a diplomat and conciliator is a strong ally of Chavez.

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Paro nacional en Perú

Con 20 lucas pretenden desincentivar paro nacional

Por César Reyna


Para desalentar el paro nacional –convocado para los días 7, 8 y 9 de julio- el Gobierno ha ofrecido una asignación extraordinaria de 20 soles (unos 6 dólares) para los trabajadores estatales que acudan a su centro de labores. La medida está dirigida principalmente a los maestros y al personal de los servicios sanitarios, quienes están afiliados a las organizaciones sindicales que promueven las movilizaciones.

Además de incentivar a los servidores públicos con esa bonificación, las autoridades no sancionarán la tardanza de sus subordinados pues habrá tolerancia de dos horas durante los tres días de huelga en Lima y Callao, y de una hora en el resto del país. El decreto que autoriza ambas disposiciones faculta a los empleadores a otorgar a sus trabajadores un bono similar por concepto de transporte para compensar el gasto que haya significado el desplazamiento a sus locales. El gremio patronal, sin embargo, ha comunicado esta mañana que no desembolsará ningún monto para cubrir las peripecias en las que deban incurrir sus empleados para llegar a tiempo a su trabajo. La negativa de la Confiep debilita la estrategia del Ejecutivo pues sólo los trabajadores públicos podrán compensar los gastos que demande su movilidad.

Durante los próximos días se prevé la huelga de un importante sector de transportistas así como la toma de carreteras y numerosos desmanes en el centro de la ciudad. La movilización ha sido preparada con antelación por diversas agrupaciones de izquierda, entre las que destaca el Sutep y la CGTP. Los nombrados se agregarían frentes de defensa regionales y organizaciones campesinas. El pliego de reclamos comprende la derogatoria de varios decretos de urgencia (aprobados por el Ejecutivo en virtud de las facultades delegadas por el Congreso para facilitar la adopción del TLC con Estados Unidos), la Ley de Carrera Magisterial (que afecta al Sutep), el incremento del salario mínimo, el cambio del modelo económico, la renuncia del Gabinete presidido por Yehude Simon, etc.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y el parlamentario aprista, Luis González Posada, aseguran la injerencia de elementos extranjeros. Según los representantes del oficialismo, estarían “detrás” de las movilizaciones cuyo propósito es derrocar al régimen democrático. La prensa conservadora -que hasta cierto punto respalda las afirmaciones de los voceros del Gobierno porque lo culpan de ser ineficiente en la ejecución de obras públicas (para paliar el descontento) y no saber dialogar con las comunidades y la sociedad civil-, ha revelado un informe de inteligencia (del Ministerio del Interior) en el que se detalla la presencia de agentes desestabilizadores. El reporte policial tenía originalmente el carácter de “confidencial”, pero ha sido filtrado para que algunos medios den credibilidad a la versión gubernamental que habla de un complot internacional.

Pocos creen realmente que Hugo Chávez y su Coordinadora Continental Bolivariana estén promoviendo paralizaciones en contra del Gobierno porque la ciudadanía rechaza más a Chávez que al presidente García. Los peruanos que quieren un cambio no desean que éste venga de afuera. La mayoría de descontentos consideramos que no debemos alinearnos con movimientos del exterior para solucionar nuestros problemas. Así como rechazamos el neoliberalismo lo hacemos con cualquier influencia socialista foránea.

La premura con la que está actuando García para reducir los efectos de la huelga se debe al fracaso de la intervención policial en la Amazonía y al éxito del paro de transportes de la semana pasada (dejó a millones de limeños sin movilidad). Esta vez no subestima la protesta que se avecina a pesar de que afirmó en “A la fe de la inmensa mayoría”, artículo del primer mandatario publicado en el diario ‘Expreso’, que los radicales llegarían a la paupérrima cantidad de 50 000 (de un total de 28 millones de peruanos). Tan pocos no deben ser los ‘revoltosos’ que demandan reformas para que el Gobierno multiplique sus esfuerzos en aras de mantener la tranquilidad.

La Policía Nacional velará por el orden interno como en otras oportunidades, pero contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las que vigilarán dependencias públicas y privadas asi como la prestación de servicios esenciales. Ante la falta de transporte los ministerios contratarán unidades privadas para suplir cualquier desatención. Con la presencia de varias unidades militares en las calles se habría decretado estado de emergencia sin llegar a la suspensión de garantías constitucionales ni de derechos fundamentales.

El personal que no justifique debidamente su ausencia será multado por faltar a su centro de labores. Como la huelga ha sido declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo –ninguna paralización ha sido aprobada por los gobiernos de turno- los empleadores podrán descontar los días u horas dejados de laborar. De esa forma se pretende amedrentar a los que decidan manifestar su oposición a una serie normas promulgadas para implementar el TLC con Estados Unidos.

Lo que le preocupa sobremanera al régimen es que la marcha contraiga aún más la actividad económica. Desde noviembre pasado el país ha entrado en un período recesivo que las autoridades ocultan en componenda con el INEI, la oficina nacional de estadísticas. Si el paro resulta exitoso (durará 3 días), es seguro que a fin de mes tengamos cifras negativas como las registradas durante los últimos meses. El comercio será la actividad más afectada porque los locales del Centro cerrarán. Si el transporte paraliza en un 30% o 40% el efecto se sentirá con fuerza en sectores que emplean mano de obra intensiva como el de la construcción, uno de los pocos que todavía mantiene su dinamismo.

Otro factor que perturba a García es la sensación de ingobernabilidad que puede proyectar el paro si lograr tener el impulso que se le vaticina. Hasta los diarios más conservadores como Correo estiman que lo que se viene será “muy fuerte”. La imagen que esta Administración ha venido construyendo –de un país estable y “seguro” para la inversión- podría desmoronarse mañana martes si se desata el caos. Lo de Bagua ha causado un daño irreparable a pesar de que no hubo genocidio de nativos y la Defensoría del Pueblo no ha reportado desaparecidos.

Un hecho destacable es que los nativos de nuestra Amazonía no se han sumado al paro convocado por las mismas organizaciones que supuestamente los manipulaban cuando exigían la derogatoria de un paquete de decretos inconsultos y negociaciones directas con el premier. Esto se debe a que no hubo tal manipulación pues sus demandas son tan legítimas como lo fueron hace exactamente un año cuando reclamaron la anulación de un par de normas que afectaban la propiedad de sus territorios. Su abstención debería confirmar la autenticidad de su lucha después de que el presidente García intentara desacreditarla ante la sociedad.



Pd: los 20 soles que ofrece el Gobierno por única vez se reduciría a 14 después de los descuentos de ley (Impuesto a la Renta), con lo que cada trabajador estatal recibiría menos de 5 soles extras durante los 3 días programados de paro.

Análisis del artículo de Alan García (segunda parte)

Análisis del artículo de Alan García: “A la fe de la inmensa mayoría” (segunda parte)

Por César Reyna

En el punto II García afirma que “el Perú escogió por 5 años un camino comprobado para el crecimiento, que fue de 9% en el 2007 y de 9.8 % en el 2008”. Su aseveración es cuestionable porque durante las elecciones que ganó en 2006 el país estaba tan o más polarizado que ahora. “Para que García triunfe”, según Raúl Wiener del diario ‘La Primera’, “fueron necesarios los votos de todos los partidos tradicionales, el apoyo de todos los medios de comunicación y de todo el poder del Estado (en contra de Ollanta Humala, naturalmente)”. García debe tener claro que fue elegido por descarte y no por convicción.

Las cifras que exhibe García sobre el crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza son ‘cocinadas’ por el INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informática) ya que cambió la metodología de cálculo del PBI. Destacados analistas, como Farid Matuk, ex jede del INEI, y Richard Webb, ex presidente del Banco Central de la República, consideran que los resultados fueron inflados en 2% para que el Gobierno presuma que somos el único país que crece en la región. La disminución de la pobreza, que el presidente cifra en 12% en tres años de gestión (pasó de 48% a 36%) corre con igual suerte al no haberse actualizado los componentes de la canasta básica alimentaria desde 1997. Esto impediría determinar el verdadero nivel de pobreza según diversos expertos. La metodología empleada por el INEI, basada en calcular la pobreza monetaria, es una de tantas para medir este fenómeno. Sin embargo, la forma de cálculo actual no refleja la real dimensión del problema porque la pobreza en el Perú es multidimencional, es decir, depende de muchas variables que la oficina de estadísticas no ha considerado en sus estudios. Así se desvirtúa cualquier logro del Gobierno aprista en esa materia ya que carecemos de parámetros adecuados para cuantificar y validar la reducción.

El presidente lamenta que los peruanos no crean en los resultados de su gestión. Según él las cosas marchan estupendamente bien y no hay motivos para tomar medidas radicales como bloquear carreteras, aeropuertos o puentes. Para García la ola de protestas es “obra” de conspiradores nacionales e internacionales que azuzan a una población manipulable. Las movilizaciones sociales no son legítimas para el presidente ya que niega que los comuneros tengan capacidad de organización. Todo lo malo viene de afuera y no guarda relación con sus propias limitaciones e incapacidades. Culpa al ‘antisistema’ de la polarización y la sensación de ingobernabilidad que difunden algunos medios cuando reportan la obstaculización con troncos y piedras de alguna vía terrestre. García no se siente responsable del clima de agitación política y social porque ha encontrado su chivo expiatorio en el ‘antisistema’ que encarnan tanto el nacionalismo de Ollanta Humala como el socialismo de Hugo Chávez.

Tras el fallido operativo en Bagua Chica García aprovechó la muerte de 24 efectivos para poner en marcha la tesis del complot internacional. Del total de bajas policiales, la mitad se produjeron en la fatídica Estación N° 6 de Petroperú. Los uniformados formaban parte de un contingente de 38 agentes que habían sido destacados a la planta y posteriormente secuestrados por cientos de nativos de la etnia awajun desde hace 5 semanas. El comando policial “desconocía” su situación al igual que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Áraoz, quien dijo este domingo en La República que “nunca supo que los policías de la estación petrolera Nº 6 eran rehenes”. La versión oficial no es creíble pues los operarios de Petroperú, quienes eran reemplazados cada semana, comunicaron oportunamente la captura de la estación petrolera.

Si las autoridades insisten en su versión podemos colegir que desean emular a los ‘halcones’ del Partido Republicano tras el atentando del 11-S. La estrategia del ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y del ex vicepresidente Dick Cheney de utilizar el ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono para incursionar militarmente en Iraq ha sido imitada por este Gobierno pues trató de capitalizar las muertes de Bagua, la Estación N° 6 y la ‘Curva del Diablo´ para victimizarse y arrinconar a los opositores del régimen. La sangre de los policías le ha servido a García para montar un burdo escenario de ‘guerra fría’ y descalificar a sus críticos. Ahora todo aquel que no comulga con su modelo es satanizado y acusado de sedicioso. Lo mismo hizo el repudiado George W. Bush en el Capitolio en 2002 cuando anunció la doctrina del ‘eje del mal’ y dividió al mundo entre los que “están con la democracia y la libertad”, o sea con él; y los que apuestan “por el fanatismo y la barbarie”, en alusión a varios movimientos y gobernantes musulmanes.

Sacar partida de un atentado o masacre ha permitido que gobiernos maquiavélicos consigan el respaldo de la opinión pública para alcanzar determinados objetivos políticos. Este fue el caso de la ilegal invasión de Iraq por parte de Estados Unidos, Reino Unido y España en 2003; y lo que intentó infructuosamente García pues la ciudadanía no se puso de su lado.

Si hubiera existido injerencia extranjera en la Amazonía, los nativos no se hubieran desmovilizado tras la derogación de los decretos que rechazaban ni los campesinos de Andahuaylas hubieran firmado actas de compromiso con el cuestionado Yehude Simon. Claro que detrás de algunas protestas hay revoltosos asociados con el Sutep y Patria Roja, enquistados en el magisterio estatal, pero su participación y capacidad de movilización es mínima porque no representan a nadie, salvo a un grupo de maestros descontentos con las medidas del Ejecutivo en materia educativa (con la selección de profesores). Estos grupos no tienen la fuerza ni el apoyo para impulsar un cambio de grandes proporciones, es decir, una revolución.

En el punto III de su ¿ensayo? el delirante García atribuye la baja calidad de la educación a “viejos dirigentes” que promueven huelgas y se oponen a la capacitación de la plana docente. Esto no es cierto pues Mercedes Cabanillas, principal responsable del fracasado operativo de Bagua, permitió el ingreso de miles de apristas al magisterio en su calidad de ministra de Educación en el primer quinquenio de García. Si hay que culpar a alguien de la debacle del sector es a la titular de la cartera de Interior porque sus compañeros de partido no estaban preparados para la enseñanza. Así se condenó al atraso a millones de peruanos ya que no recibieron una educación digna. Esto es sumamente grave porque incrementó la desigualdad, el principal problema del país.

Luego García menciona a “los sobrevivientes de la izquierda de los 70”, quienes están detrás de las movilizaciones pues “predicaban la violencia y llamaban hermanos a los senderistas (miembros de Sendero Luminoso)”. Pero esto lo hacía nada más y nada menos que su primer ministro Yehude Simon, quien militó en la izquierda radical y fue encarcelado por su cercanía al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru). Simon ha negado toda vinculación con grupos subversivos pero su pensamiento extremista ha sido registrado en medios escritos de la época (los 80).

En el punto IV García dice contar con el respaldo de la inmensa mayoría, pero el 54% de la población, según la encuestadora Apoyo, no está contenta con el modelo económico. La gente demanda cambios urgentes pues la creación se empleo se ha estancado. Si las cosas marchan tan bien en el país, ¿por qué el Estado tuvo que implementar un paquete de inversiones en infraestructura a última hora? Desde que empezó la crisis económica mundial, a finales de 2007, varios funcionarios aseguraron que estábamos “blindados”, pero luego cambiaron de parecer y aprobaron un ‘plan anticrisis’ para compensar la caída de las exportaciones, la inversión privada y la demanda interna.

En cuanto al empleo, este no está garantizado como piensa García pues es tremendamente precario e informal. La inestabilidad es lo que caracteriza a la Población Económicamente Activa (PEA) pues inclusive dentro del Estado existe personal que no tiene derechos elementales (emiten recibos por honorarios cuando en realidad están sujetos a las órdenes de sus superiores y tienen que cumplir con un horario de trabajo). Sólo una minoría tiene acceso a la seguridad social, compensación por tiempos de servicios, vacaciones pagadas y está protegida contra el despido arbitrario. García ve una realidad muy distinta a la que padecen millones peruanos.

La muerte de 24 policías, señor García, se debió a la mala planificación y ejecución del operativo por parte de los responsables políticos y del comando policial, respectivamente. Quienes condenaron a muerte a 12 uniformados que custodiaban la Estación N° 6 fueron los miembros del Gabinete y el presidente de la República porque autorizaron el desalojo sabiendo que un destacamento había sido retenido. Ningún funcionario puede decir que desconocía su paradero o condición pues fueron enviados a resguardar un activo estratégico que permite el suministro de petróleo en el oriente. La falta de inteligencia, impericia y previsión causaron el desastre que todos conocemos. Entonces, al permitir el desalojo de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry se puso en peligro la vida de los efectivos secuestrados, pues debieron ser liberados antes de disparar y arrojar bombas lacrimógenas sobre miles de amazónicos enfurecidos.

Análisis del artículo de Alan García

Análisis del artículo de Alan García: “A la fe de la inmensa mayoría” (primera parte)

Por César Reyna


El presidente Alan García acaba de publicar un artículo titulado “A la fe de la inmensa mayoría” para comentar la dramática situación que vive en el país. La difusión de sus apreciaciones corrió a cargo del derechista diario ‘Expreso’, que, como casi todos recordaran, fue parte del aparato de propaganda y desinformación del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). La selección de ese medio no debe pasar inadvertida ya que en octubre 2007 García recurrió al diario ‘El Comercio’, el decano de la prensa nacional, para transmitir su mensaje a favor de la inversión privada en los controvertidos artículos de ‘El síndrome del perro del hortelano’. Esta vez García no publicó en las páginas de ‘El Comercio’ porque sus editores criticaron la falta de diálogo del Ejecutivo en el manejo el conflicto de la Amazonía. Tampoco le debió caer bien que desde ese medio se pidiera la destitución del premier Yehude Simon y de la ministra del Interior, responsables de la muerte de 34 peruanos, entre policías y civiles.

Resulta contradictorio que García se dirija a la “inmensa mayoría” desde un periódico minoritario ya que sólo lo leen los sectores más conservadores de la población. Antes de escoger a ‘Expreso’ el mandatario debió tener en cuenta que no tiene gran tiraje y no cubre todo el territorio nacional. Y, por si fuera poco, carece de credibilidad para la “inmensa mayoría” por haber servido a los intereses de la autocracia fujimontesinista. La selección de ese diario no nos parece antojadiza toda vez que sus directores comulgan con el modelo neoliberal que defiende tenazmente García.

Ahora bien, dejando de lado los criterios que consideró García para publicar en ‘Expreso’, debemos concentrarnos en el análisis del último pronunciamiento del presidencial, el cual, al igual que los comunicados anteriores, no está exento de polémica.

El presidente articulista retoma en “A la fe de la inmensa mayoría” la misma retórica de los discursos anteriores. No hay autocrítica ni afán de enmienda pues durante la mayor parte se dedica a advertir una serie de peligros que penden sobre nuestra democracia. Si el presidente pretende infundir miedo puede que lo logre, pero no en la ciudadanía que desconfía de los políticos en general y lo culpa de las innecesarias muertes en la selva (según las encuestas de CPI y Apoyo); sino en los inversionistas extranjeros que pueden llegar a creer que hemos vuelto a ser tan inestables como en el primer período de García (1985-1990). Si el jefe de Estado continúa promoviendo la tesis de la amenaza golpista (chavista) es posible que muchos capitalistas reconsideren sus proyectos de inversión en el país. Culpar a agitadores internacionales de las revueltas del interior es una espada de doble filo pues si por un lado busca la unidad (de la clase política, medios de comunicación y organismos civiles) en contra el socialismo del siglo XXI; por otro puede estar deteriorando la imagen del Perú a nivel internacional.

Los complots no son bien vistos en el exterior porque incrementan el riesgo país y contraen los flujos de divisas. Si García defiende la tesis de que sólo la inversión privada puede desarrollarnos poco ayudan sus palabras para captar capitales en momentos de gran turbulencia internacional. García debería moderar sus expresiones antes de difundirlas porque lo que dice repercute -para bien o para mal- en el ánimo de la población y los agentes económicos. Un poco de mesura sería positivo en el actual contexto ya que su gestión ha sido duramente desaprobada en dos importantes sondeos de opinión (más del 80% reprueba su gestión y el 57% lo responsabiliza de las muertes en Bagua).

García comienza su artículo señalando la existencia de dos fuerzas antagónicas que pugnan por el control de la región. En el 2006, según él, estuvimos “a punto de caer bajo en el sendero equivocado que conduce a la pobreza y la crisis”, que es precisamente lo que caracteriza a su segundo Gobierno porque la desigualdad se ha incrementado notablemente asi como los conflictos sociales (muchos de ellos ligados al medio ambiente y a promesas estatales incumplidas). El presidente se considera “salvador de la patria”, al igual que los orgullosos golpistas hondureños, por haber derrotado al candidato nacionalista Ollanta Humala, a quien superó un escaso margen de 4%. Por evitar que se instituyera el modelo socialista, en el que su partido político estaba inscrito, confirma la ruptura del Apra con los movimientos de izquierda. A partir del 2006, o tal vez durante su exilo dorado en París, el presidente dejó de creer en la justicia social, el estado de bienestar y las políticas inclusivas.

García ahora ve un mundo bipolar que más que fruto de la realidad lo es de su propia imaginación. Esta visión o alucinación es compartida por el escritor Mario Vargas Llosa, quien considera que hubo intromisión extranjera en las protestas de la Amazonía. Vargas Llosa es una de las personalidades menos indicadas para opinar sobre la realidad nacional porque jamás comprendió al Perú. Es buen fabulador y un narrador nato, pero eso no alcanza ni sirve para entender los procesos sociales de un país. Si los hubiera entendido en su oportunidad quizá hubiera sido presidente del Perú y no el reo Alberto Fujimori.

El primer mandatario y el literato hispano-peruano escribieron sendos artículos este fin de semana en distintos medios (Vargas Llosa lo hizo en ‘El Comercio’). Ambos piensan de manera similar en lo que al papel de la inversión privada se refiere pues consideran que es clave para el desarrollo. El laureado novelista afirma, al igual que García en fechas anteriores, que los nativos se opusieron a decretos que “estaban bien orientados en el fondo”. Su afirmación nos hace pensar que no leyó las normas en cuestión, ya derogadas por el Congreso, porque la Defensoría del Pueblo y otras instituciones respetables se pronunciaron en contra de sus contenidos.

En cuanto a la inversión privada es preciso mencionar que ésta no genera necesariamente desarrollo porque su único propósito es maximizar las ganancias. El capital, entiéndalo bien señores García y Vargas Llosa, no es bueno per se. Y no lo es porque no persigue los mismos fines del Estado ni tiene la misión de crear mejores empleos en las naciones que lo cobijan. La mayoría empresas, a no ser que sean estatales, no coinciden con los intereses generales porque lo que persiguen es el beneficio de sus inversionistas, accionistas y directores. Si produce cierto bienestar en una comunidad es marginal pues su fin es incrementar la utilidad a repartir. Por eso las compañías reducen costos constantemente, lo que afecta a las planillas y a las organizaciones sindicales, ya que trasladan sus operaciones a regiones donde el factor trabajo es mucho más barato. Si China y otros países del Lejano Oriente se han convertido en potencias manufactureras es por la ambición de las trasnacionales de ganar más abaratando el proceso productivo. Esto ha generado desempleo a escala global, sobre todo en zonas donde se cierran plantas industriales. En las regiones donde finalmente se instalan las condiciones de trabajo no son mejores ya que pagan salarios miserables y la “regulación estatal” les permite ahorros importantes en materia ambiental, de seguridad y de salubridad.

En otra parte de su escrito, García compara al chavismo con la dominación de la corona española en América. El presidente dijo que el Perú “es un centro vital para los hechos continentales”. Es decir, es una pieza clave para decidir el destino geopolítico de Sudamérica. García recurre a esa semejanza para alertarnos del peligro extremista que nos acecha. En este caso no se refirió directamente a Venezuela y su gobernante pero no hizo falta. Pero Chávez y su país distan de ser comparados con una potencia colonial porque no usaron las armas para llegar al poder, sino canales estrictamente democráticos. Nadie puede objetar sus victorias electorales, aunque sí sus métodos y su persecución contra opositores y medios de comunicación hostiles.

En el punto II, García dijo que “el Perú ganó la batalla pero la guerra (contra el antisistema) continúa”. Esto merece una aclaración porque el denominado ‘antisistema’ aspira a transformar la sociedad de manera democrática y no me mediante un golpe de Estado como el ocurrido en Honduras. Así ganó Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, por citar tres ejemplos. La derecha, y no la izquierda, es la que apela a la ruptura constitucional cuando las cosas comienzan a tomar un rumbo ajeno a sus intereses. Si la mayoría de un país desea regirse bajo parámetros socialistas no hay por qué impedírselo porque se supone que el pueblo es soberano para elegir su destino. Lo verdaderamente antidemocrático es tratar de obstaculizar esa legítima aspiración pues se opone al sentir popular. Si gran parte de la ciudadanía considera que sus demandas pueden ser mejor atendidas y canalizadas por otros actores políticos es porque los actuales gobernantes no han cumplido su labor.

Golpe de Estado en Honduras

Golpe de Estado en Honduras

Por César Reyna


En su columna de ayer sábado, Aldo Mariátegui, director del conservador diario 'Correo', dijo que “mal se haría en prestar oídos a la versión chavista de que se está dando un golpe de Estado (en Honduras)”. Aldo Mariátegui, nieto del gran pensador de la izquierda continental José Carlos Mariátegui, utiliza ese medio para difundir pronósticos y argumentos errados, y para expresar comentarios racistas en contra congresistas y diplomáticos que no comparten sus ideas (a una parlamentaria quechuahablante la llamó anafalbeta por no saber escribir en castellano y dijo que el embajador nicaragüense en Lima tenía rasgos anfibios). No hace mucho recomendó al Gobierno lanzar napalm sobre la Amazonía para acabar con un par de columnas narcoterroristas que se ocultan en la zona del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene), y sobre miles de nativos que tomaban vías, puentes y estaciones de petróleo en la selva. Pedía un crimen ecológico y un genocidio para recuperar la tranquilidad en esa convulsionada región. Poca cosa para él.

Nombró a Aldo Mariátegui porque encarna la descabellada visión de la extrema derecha de aquí y otras latitudes. Así como Mariátegui invoca poner orden por medio a métodos poco “convencionales” cuando surgen graves disturbios en el país (en su mayoría el Estado peruano los ha originado por su incapacidad y desinterés), la derecha hondureña ha reaccionado de la misma forma quebrando el marco constitucional.

Las condenas escuchadas hasta el momento sobre la penosa situación en Honduras son unánimes. Los pronunciamientos en ese sentido provienen de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, la ONU, etc. Ningún miembro de la comunidad internacional respalda a los golpistas que pretenden validar el nuevo status quo alegando que el presidente Manuel Zelaya violó reiteradamente las leyes y trató de imponer un referéndum este domingo. Su sorpresiva destitución no se ajusta a ningún parámetro democrático aceptable porque la fuerza no es un medio reconocido por la Constitución hondureña para deponer a la máxima autoridad del país. Para removerlo se necesitaba implementar un proceso justo y transparente, es decir, una acusación constitucional en la que se precisen los cargos y el presidente cuestionado cuente con suficientes garantías para realizar sus descargos (ejercer su derecho a la defensa). Esto no ocurrió en el caso de la nación caribeña pues los grupos de poder económico y la oposición servil orquestaron un atentado contra la democracia.

Lo que causó la caída de Zelaya fue haberse vinculado con Hugo Chávez y con el resto de países socialistas de la región (con los que integran el ALBA), relación que criticaba la derecha. Pero su gran error fue proponer una cuarta pregunta -en la consulta debía realizarse este domingo- para que el electorado decidiera si estaba de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución. El propósito de la pregunta era introducir la reelección presidencial porque la normativa vigente no la permitía.

En su artículo Mariátegui acusaba a Zelaya de “querer perpetuarse en el poder” mediante la reforma constitucional, un procedimiento democrático por excelencia pues depende del pueblo el rechazo o la aceptación de su iniciativa. El periodista peruano dijo que la popularidad de Zelaya rondaba el 10%. Si era así, ¿por qué temer entonces a la consulta popular? Con ese magro porcentaje no había necesidad de destruir la democracia ni ganarse el repudio de la comunidad internacional.

Zelaya se encuentra actualmente en Costa Rica, donde el presidente Óscar Arias le ha expresado su solidaridad tras ser expulsado de territorio hondureño. El Tribunal Supremo de Honduras había dispuesto su captura, pero los militares encapuchados que lo secuestraron ignoraron la orden judicial y lo enviaron directamente a San José.

Hoy por la tarde, durante la sesión extraordinaria que fue televisada desde el Parlamento hondureño se escucharon cosas realmente inconcebibles de parte de los diputados golpistas, quienes eligieron a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, como mandatario provisional hasta las próximas elecciones generales que se celebrarán en noviembre de este año. Entre los disparates que dijeron alcance a oír algunos que reproduzco a continuación: “Aquí no hubo golpe de Estado sino el funcionamiento del Estado de Derecho”; “Nadie puede estar por encima de la ley… del derecho… de la Constitución”; “Honduras va consolidando su democracia”. Estas frases se decían entre aplausos y vítores de los exaltados legisladores. Los diputados congregados se expresaron con desbordante entusiasmo como si hubieran hecho algo positivo y se alucinaban próceres de su agitada República.

Muchas cosas irregulares sucedieron este domingo como el arresto de embajadores y personal diplomático de las delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, además de la detención de varios ministros del Gabinete del defenestrado Zelaya. El corte del suministro eléctrico y la supresión de la información fueron dos medidas propias de una dictadura o autocracia. El Tribunal Supremo, el Congreso y las Fuerzas Armadas han sido los ejecutores visibles de la ruptura orden democrático; detrás de estas seudo instituciones se ubica, por supuesto, el poder económico.

Para terminar, en lo que acertó Mariátegui es que la propuesta de Zelaya (de un cambio de modelo) no iba a llegar lejos. Pero ésta no sucumbió por la vía democrática, como mandan las formas civilizadas del siglo XXI, sino por medio de la violencia a la que está muy acostumbrada la derecha.

La muerte de Michael Jackson

Por César Reyna

Como no veo mucha televisión, un correo del New York Times me anunció la muerte del ‘Rey del Pop’. Desde hace bastante tiempo no seguía la carrera de Michael Jackson ni escuchaba sus canciones. A Michael lo había marginado de mis preferencias musicales a mitad de mi adolescencia cuando supe de sus abusos sexuales contra menores. Su pedofilia terminó por sepultarlo para muchas personas, entre las que me cuento; pero no para otras que lo admiraban tanto o más cuando integraba los ‘Jackson Five’ o estrenó el pegajoso ‘Thriller’.

Muchas cosas me pasaron por la mente cuando abrí el mail: ansiedad, desconcierto y una serie de imágenes difusas de mi niñez. En pocos segundos repasé sus grandes éxitos y recordé las veces que había bailado sus canciones, la mayoría a solas tratando de imitar sus complicadas coreografías. Fue una sensación nostálgica la que me embargó porque noté que había dejado de ser el de antes.

Cuando Michael Jackson murió me di cuenta del tiempo transcurrido cuando me ubica frente al espejo a imitar sus movimientos. Algunos me salían idénticos -según yo- y otros no tanto. No era el único que los repetía, pues todo aquel que a travesó esa complicada etapa en los ochenta intentó deslizarse hacia atrás alguna vez. Afortunadamente no copié nada más de él como sus transtornos de personalidad ni quise corregirme la nariz ni alisarme el cabello. Mi fanatismo nunca llegó a tanto porque comenzaron a interesarme otros estilos y Michael había pasado de moda cuando comenzaron los noventa.

Nunca lo odié del todo por haber tocado indebidamente a menores porque no hubo sentencia condenatoria. Como arregló su caso fuera de la corte se libró del escarnio público. Tal vez por eso muchos lamentan sinceramente su muerte y cientos se han congregado alrededor de su placa en el Teatro Chino de Los Angeles a corear sus canciones. La comunidad negra parece haberlo perdonado por decolorarse la piel y realizarse cientos de cirugías que desfiguraron su rostro. Su visible amaneramiento y su extraña conducta parecen no importar ahora que ha dejado sin heredero al mundo del pop. Parte de su vigencia se explica porque no ha aparecido otro fenómeno musical capaz de influir en tantas culturas, tierras y escenarios.

Conforme me nutro de informaciones relativas a su fallecimiento siento repentina curiosidad por su persona y su impresionante discografía. Al revisar los archivos de mi Mp3 me doy cuenta de que no tenía ninguna de sus canciones, ni los hits de antaño ni las compilaciones más recientes. ¡No puede ser que haya cambiando tanto! ¿Tantos años han pasado desde que repasaba su coreografía antes de salir a una fiesta? (no es que haya sido un virtuoso del baile, sino que no tenía miedo de hacer el ridículo como ahora).

Tras conocer la noticia de su partida dejé lo que estaba haciendo para asumir que parte de mi pasado había desaparecido. Si bien mi niñez se había extinguido hace varios años, nunca me detuve a pensar que me estaba haciendo más viejo. Muchas de las cosas que viví cuando era pequeño las superé o dejé de practicar mientras crecía. Así dejé de montar bicicleta, jugar a las escondidas o escuchar los discos de Michael.

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Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas

Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas (primera parte)

Las respuestas del premier y la encargada de la cartera del Interior dejan mucho que desear pues no han asumido su responsabilidad en los luctuosos hechos de Bagua donde fallecieron 35 peruanos, entre policías y nativos.
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Por César Reyna

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, afirmó delante de la representación nacional que el desalojo de carreteras fue una decisión del Gabinete; sin embargo, un par de días después de la masacre en la Amazonía, la ex ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso[1], dijo que en el último Consejo de Ministros que participó, previo al operativo policial, no se discutió la intervención aludida por el premier. La versión ofrecida por Simon no se ajusta a la verdad pues no hubo reunión de Gabinete en la que se autorizara el despeje de la carretera Fernando Belaunde Terry, donde miles de indígenas se enfrentaron a decenas de efectivos cuyo trágico saldo todos conocemos.

Esto nos confirma que la operación en Bagua fue obra exclusiva del presidente Alan García y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ya que el primer ministro Yehude Simon no fue capaz determinar quién fue la autoridad de más alto rango que dio la orden de desbloquear la vía Bagua-Tarapoto, única pregunta que debía contestar en el Pleno sobre la espinosa materia.

Para diluir su responsabilidad dijo que “todos somos responsables (de lo ocurrido en la selva)”, en clara alusión a la clase política que pedía su renuncia. Con sus expresiones Simon Munaro mete dentro del mismo saco al Ejecutivo, a la oposición, a gobiernos anteriores y a todos los ciudadanos por desconocer “la deuda histórica con la Amazonía”. Cuando inició su presentación evitó individualizar a los responsables del desencuentro entre peruanos, aunque luego mencionó que grupos radicales -que se oponen al modelo democrático y al progreso del país- están detrás de las acciones desestabilizadoras en el oriente y sur peruanos.

Después de la primera intervención de Yehude Simon (participó en la sesión un par de veces más para responder las inquietudes de los congresistas de oposición), le tocó el turno a la ministra Mercedes Cabanillas, quien ratificó la tesis del jefe del Gabinete al señalar que “radicales financiados desde el exterior buscan implantar un modelo de caos y anarquía”. Luego justificó la fallida acción policial mencionando un par de artículos de la Constitución que señalan los deberes de los ministros y la Policía, “encargada de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana”.

Las contradicciones que evidenció la Cabanillas en otras oportunidades volvieron a repetirse en el Congreso, donde fue interpelada por el mismo suceso que motivó la presencia del primer ministro. La Cabanillas dijo que el Gobierno cumplió con el mandato constitucional de recuperar las vías bloqueadas para aliviar a las poblaciones afectas por las medidas de los nativos. Según ella, el desabastecimiento de combustibles y alimentos que llevaba 55 días fue la causa principal de la actuación de las fuerzas del orden. Esto desmentiría al propio Yehude Simon[2], quien tres semanas atrás reveló que la intervención se realizó porque los indígenas iban a dejar sin petróleo y gas al país. Entre la escasez de productos básicos en ciudades amazónicas y la falta de carburante a nivel nacional hay mucha diferencia.

Otra falacia del premier, de las tantas que dijo ayer en el hemiciclo, está relacionada con la supuesta “inmolación” de los policías retenidos en la Estación N° 6 de Petroperú. Sobre este punto aseveró que los uniformados “no cayeron en el juego de los desestabilizadores que buscaban que el Gobierno cometiera un genocidio… y entregaron sus vidas por la democracia”. Esto último es inexacto porque los custodios de la planta de bombeo fueron sorprendidos con el desalojo que inició el comando policial en la ‘Curva del Diablo’. Si éstos permitieron que los nativos awajun tomaran sus fusiles AKM fue porque confiaban en que no pasaría nada. Lo que queda claro es que los policías detenidos no dispararon sus armas para no ser procesados por delitos de lesa humanidad; y no porque hayan querido convertirse en mártires.

Durante la segunda participación de la ministra Cabanillas, la funcionaria mencionó que las Fuerzas Armadas iban a proteger la Estación N° 6, pero no explicó porque no se produjo el relevo de las Fuerzas Policiales. La gran es falla del operativo en Bagua es haberla ordenado mientras 38 efectivos permanecían secuestrados en dicha estación. La acción no debió efectuarse en esas condiciones pues las autoridades y el Comando General de la Policía abandonaron a su suerte a ese desventurado contingente. En este caso, el sentido común manda averiguar en qué situación se encontraba el destacamento que vigilaba la estación de Petroperú antes de liberar la convulsionada vía terrestre. Al no interesarse por su seguridad, el Gobierno pone de manifiesto que deseaba sus muertes para victimizarse y culpar a los indígenas de la violencia desatada en la Amazonía. De esa forma pretendían postergar indefinidamente sus demandas acusándolos de genocidas y salvajes, tal y como se reflejó en un spot producido por del Ministerio del Interior.

El Ejecutivo apeló una vez más a la amenaza externa para acallar las críticas que provienen de diversos sectores de la sociedad civil. Así trata de conseguir el respaldo de algunos medios independientes y grupos políticos para que los últimos dos años que le quedan no estén marcados por la inestabilidad. El principal objetivo del presidente García, como se dijo en otros artículos, es mejorar su imagen ante la ciudadanía. García cree que si mantienen el mismo rumbo (de crecimiento sostenido, atracción de capitales y reducción de la pobreza) podrá revertir los desajustes que hizo en su primer gobierno. De momento sólo le interesa cambiar la percepción de los peruanos que lo padecieron cuando era más joven e irreflexivo, ya que no puede postular en las próximas elecciones. Forjar la unidad nacional en un momento álgido para el país en base a mentiras y exageraciones no dará resultado pues los peligros que intenta magnificar no son creíbles. Sólo la periodista Cecilia Valenzuela, el director del diario ‘Correo’ y el entrevistador Jaime de Althaus acogen la teoría conspirativa porque forman parte del aparato de propaganda del Gobierno.

En otra parte de la sesión, la ministra Cabanillas esquivó su responsabilidad política y aseguró que “en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales, fue el director general de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, quien dispuso la intervención policial para desbloquear la carretera Fernando Belaunde”. Para ella dicha orden fue una mera formalidad ya que no se determinó la fecha del operativo, dado que la misma correspondía definirla al Comando General de la Policía de la zona de operaciones.

En otro momento de la interpelación, el premier dijo que el Gobierno “no acepta la violencia como método para exigir demandas”; pero eso es justamente lo que hizo hace poco en la selva pues toleró la toma de carreteras –durante 20 horas al día- hasta que se derogaran los decretos que rechazaban los amazónicos. Este hecho fue duramente cuestionado por miembros de la bancada de Unidad Nacional pues consideran que el Ejecutivo ha claudicado ante los radicales. Para esta agrupación se ha perdido el ‘principio de autoridad’, que para la derecha significa el miedo que debe infundir el Estado a las poblaciones que cuestionan las cosas, es decir, el orden o status quo. El quiebre de este principio le causa mucho temor a los conservadores y a la clase adinerada en general porque era -o es- su “garantía” contra las turbas enajenadas que reclaman más atención y/o derechos.

Durante las respuestas que daba el premier sobre los sucesos en Bagua, señaló que el bloqueo de carreteras es un delito y lo equiparó a una táctica de guerra convencional, pues entraña violencia contra las ciudades, repitiendo el mismo argumento que esgrimió un par de días atrás Aldo Mariátegui en el racista diario ‘Correo’.

Lo que más nos sorprendió durante la accidentada jornada en el hemiciclo fue el total desconocimiento de la realidad por parte del primer ministro ya que es increíble que asegure haber “resuelto el problema de la Amazonía optando por la vida”, es decir, por la vía de la concesión y el diálogo con las comunidades, en lugar de la represión. Yehude Simon no puede estar más distanciado de lo que pasa en el país pues los nativos sólo han pactado una tregua. Los pueblos amazónicos sólo se han desmovilizado porque dos de los nueve decretos que rechazan han sido derogados; pero su lucha seguirá si el Gobierno incumple los acuerdos que se tomen en la Mesa de Diálogo que también integran la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

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[1] Recordemos que ella renunció, a pesar de no ser responsable directa de lo sucedido, por una cuestión de principios y por desacuerdos con funcionarios que realizaban actividades partidarias dentro de su cartera en lugar de cumplir con sus obligaciones (nos estamos refiriendo al jefe del Indepa, Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos).

[2] Fue durante una entrevista que concedió a la periodista Mariela Balbi del diario El Comercio.

Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Cuando un Gobierno se siente acorralado por las demandas sociales suele inventar excusas o crear falsas amenazas para ocultar su incapacidad.
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Por César Reyna

Después de que el Ejecutivo llegara a un entendimiento con los representantes de los pueblos nativos, congresistas del Partido Aprista dijeron que habría más protestas y que detrás estarían grupos radicales que buscan el derrocamiento del presidente Alan García. Los personajes que respaldan esa apócrifa versión de los hechos son Mauricio Mulder, parlamentario y secretario general del Apra, y Luis Giampietri, también congresista y vicepresidente de la república. Ellos se han encargado de difundir y dar detalles sobre la supuesta asonada golpista que se prepara en el interior del país. Mulder advirtió que algunas agrupaciones vinculadas al Partido Nacionalista se están preparando para “tomar el poder”. El objetivo sería repetir el accidentado proceso que consiguió la destitución de los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia y Jamil Mahuad en Ecuador.

La posibilidad de un golpe popular de esas magnitudes no es real por diferentes factores. Uno de ellos sería, como se dijo en artículos anteriores, la peculiar composición demográfica o sociocultural del Perú. A diferencia de nuestros vecinos sudamericanos, las comunidades altoandinas y amazónicas representan un tercio de la población total. La situación es distinta en Bolivia y Ecuador pues esos grupos representan un porcentaje significativamente mayor (cerca de un 45% en Ecuador y más de 60% en Bolivia). Además hay que tener en cuentan que en esos países los indígenas se encuentran mejor organizados, lo que les permite realizar movilizaciones a nivel nacional. Esto no sucede en el Perú pues las medidas de fuerza de las comunidades se circunscriben al ámbito local o regional, y la única manera que en que pueden afectar otras partes del territorio es cuando bloquean grandes vías interprovinciales. La fuerza del movimiento andino o selvático no tiene la repercusión que se le pretende adjudicar. El que las protestas sean focalizadas nos indica que carecen de articulación suficiente para cercar las principales ciudades. Ni con el dinero del mandatario venezolano Hugo Chávez se podría construir una base social (masa violentista) de grandes proporciones porque el Perú está bastante desintegrado.

Nadie niega que eso pueda ocurrir en algún momento pero no será en un futuro inmediato. Si bien no lo podemos descartar -porque no sabemos cuáles serán las condiciones del país en los próximos años-, al menos sí podemos afirmar, dadas las actuales circunstancias sociopolíticas, que no hay fundamentos para que se produzca la ruptura del orden constitucional por esa vía.

Cuando el Gobierno dice que hay conspiraciones internacionales en marcha lo hace para ocultar las causas que desencadenaron las movilizaciones en Bagua, Andahuaylas, Sicuani o La Oroya. Todos estos problemas son atribuibles al Partido Aprista porque, o no atendió a tiempo los reclamos de las poblaciones descontentas (como en el caso de la Amazonía), o incumplió sus promesas pre y postelectorales. En la selva, por ejemplo, los nativos exigían la consulta previa cuando una norma o disposición administrativa afecte sus territorios y su modo de vida (hecho que los gobiernos de turno venían desconociendo desde 1993 cuando se ratificó el Convenio Nro. 169 de la OIT). En cuanto a los desmanes en la ciudad de Andahuaylas, paralizada desde el 11 de junio, estos se produjeron porque el presidente García había prometido asfaltar la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay (la demora en la rehabilitación se debe a que no se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental). En Sicuani, pobladores de la provincia de Canchis (Cusco) piden la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la que tampoco se les había consultado, y la paralización de las obras de la hidroeléctrica de Salca-Pucará, un proyecto a cargo del Ejecutivo. En estos dos últimos casos las autoridades pretendieron culpar a los gobiernos regionales de la falta de diálogo y los retrasos para evitar su responsabilidad.

Lo de la fundición de La Oroya se veía venir pues el accionista mayoritario de Doe Run, el Grupo Renco, se negaba a invertir en la empresa y cumplir con el PAMA (Programa de Manejo Ambiental). En juego están más de tres mil puestos de trabajo y la economía de la sierra central que depende de la minería. Los obreros del complejo metalúrgico tomaron la Carretera Central para que el Gobierno tome cartas en el asunto. Lo que demandan es una solución definitiva que asegure sus empleos y la viabilidad de la fundición. Pero la Administración de García no quiere intervenir (asumir el control), como sí lo hizo por un día en Panamericana Televisión, para no ser demanda en cortes internacionales. El bloqueo de la carretera lleva dos días y está causando el desabastecimiento en la región central.

A Mulder y Giampietri se ha unido la periodista Cecilia Valenzuela, quien forma parte del aparato de propaganda del Gobierno. Esta comunicadora tiene la misión de corroborar las denuncias de los congresistas del Apra. Para este fin ha realizado investigaciones para descubrir a los presuntos conspiradores y sus planes. Ayer se presentó en la ‘Hora N’, programa televisivo que conduce Jaime de Althaus[1], otro hombre de prensa de discutida credibilidad. Valenzuela se explayó a sus anchas para decir que había “identificado” a los promotores de la violencia que sacude a varias regiones del país. Ella acusó directamente a un movimiento llamado “MIR Venceremos”, vinculado al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru); a Patria Roja, relacionado con el sindicato de profesores estatales; y a la facción más radical del Partido Nacionalista de Ollanta Humala, es decir, al ‘etnocacerismo’ que lideró Antauro Humala, hoy en prisión por haber capturado una comisaría en Andahuaylas. También mencionó que miembros de las FARC asesoraban a los desestabilizadores y que se éstos se proponían cercar la capital en setiembre. La Valenzuela defiende la tesis del presidente García de que los nativos fueron manipulados. Durante la entrevista confirmó que Hugo Chávez financiaba a los revoltosos y que Evo Morales les proporcionaba apoyo y refugio político.

A la Valenzuela no se le puede tomar en serio –por eso ningún medio serio difunde sus investigaciones- porque no realiza un periodismo crítico ni independiente. Su cercanía al poder la convierte en caja de resonancia de las más disparatadas teorías del Gobierno.

Las afirmaciones anteriormente reseñadas se difundieron a pocos días de la interpelación al primer ministro Yehude Simon por los lamentables sucesos en Bagua. Si algo nos ha enseñado la historia es que no hay casualidades en política, de ahí que García busque la unidad, destapando una supuesta injerencia extranjera, en momentos en que sus acciones van a ser cuestionadas en el Parlamento. Porque la censura al premier es también una censura al presidente por no saber manejar una crisis. Sus marchas y contramarchas han afectado sus índices de popularidad pues apenas un quinto de la población lo respalda, así lo revela la última encuesta de Ipssos-Apoyo.

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[1] De Althaus es un lobista encargado de promover la inversión privada y defender el modelo neoliberal, de ahí su sesgo y parcialización. Hace dos semanas, en una emisión pasada, trató de callar maleducadamente a una experta que deshizo todos los argumentos a favor de los decretos antiamazónicos.

Crisis política en Perú: encuesta de Apoyo, violencia en el sur, el conflicto en la Amazonía y elecciones en 2011

Crisis política en Perú: encuesta de Apoyo, violencia en el sur, el conflicto en la Amazonía y elecciones en 2011

Por César Reyna


La última encuesta urbana de Ipssos-Apoyo presenta datos interesantes pues el 53% de los entrevistados respalda la derogatoria de los decretos 1090 y 1063, cuya vigencia desencadenaron terribles enfrentamientos en la Amazonía (si la muestra hubiera incluido zonas rurales y selváticas el porcentaje seguramente hubiera sido mayor). Esto revela que la población, contrario a lo que pensaba el Gobierno, se solidariza con las demandas de las comunidades nativas. El Ejecutivo ha salido más que magullado en el sondeo pues la ciudadanía considera que el presidente García es el principal responsable de la crisis desatada en la selva. El mandatario concentra la mayor condena con un contundente 84%, y su bancada no la pasa mejor pues el 82% desaprueba su participación en el conflicto. Por si fuera poco, un 57% encuentra culpable a García de la muerte de 34 personas, entre policías y nativos.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, también del Apra, es cuestionada por el 77% de los encuestados, catorce puntos más de los que reprueban al premier Yehude Simon, quien es menos repudiado que García y Cabanillas al recibir un 63%.

La popularidad del líder aprista ha caído 9% (de 30% a 21%) a raíz de los sucesos de Bagua, su nivel más bajo desde el escándalo de los ‘pretroaudios’, que provocó la salida del ex primer ministro Jorge del Castillo. Las cifras nos señalan que la estrategia de comunicación del Gobierno ha sido derrotada, y más si tomamos en cuenta que el 63% piensa que murieron más indígenas que efectivos policiales, cuando en realidad las bajas policiales duplican a la de los civiles.

La aprobación del primer mandatario continuará en caída libre mientras la población piense que no se ha recuperado el orden. Si bien las cosas se han calmado en la selva (la carretera Tarapoto-Yurimaguas ha sido desbloqueada por los manifestantes y el Gobierno ha levantando el toque de queda en Bagua), en el sur del país han surgido nuevos brotes de violencia en Andahuaylas (Apurímac), Sicuani (Cusco) y La Oroya (Cerro de Pasco). Los desmanes, las paralizaciones e irrupciones del tránsito están afectando gravemente el turismo y el comercio. Las cancelaciones de paquetes turísticos y reservas hoteleras están a la orden del día. De continuar la obstrucción de las vías terrestres los precios de los alimentos y otros productos subirán considerablemente en las ciudades costeñas. La inflación y la escasez no sólo son enemigas de los consumidores, sino de los gobiernos de turno pues generan desconcierto, movilizaciones e inestabilidad.

La proliferación de protestas se debe a las deficiencias del Estado para anticipar y atender las demandas de las poblaciones del interior. En la ciudad Andahuaylas, ubicada en la región más pobre del Perú, los campesinos exigen la rehabilitación de la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay y piden la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, también rechazada por los nativos de la selva. En Sicuani, campesinos de la provincia de Canchis han cercado el Cusco y estuvieron a punto de tomar el aeropuerto Velasco Astete, custodiado por tropas del Ejército. Los hombres del campo exigen la presencia del premier Yehude Simon para dialogar sobre la Ley de Recursos Hídricos, las concesiones mineras y la construcción de la hidroeléctrica Salca-Pucará. En estos reclamos se ha detectado a grupos radicales -Sutep, Patria Roja, reservistas vinculados a Antauro Humala, hermano del candidato nacionalista Ollanta Humala, etc.- que piden la vacancia del presidente, una nueva Constitución, entre otras demandas radicales. En La Oroya la situación es tan o más crítica pues trabajadores de la fundición de Doe Run han bloqueado la Carretera Central, en protesta porque la empresa no cumple sus promesas y el Estado no hace nada para ponerla en su lugar (debe cumplir su Programa de Manejo Ambiental).

Volviendo al análisis de la encuesta de Ipssos-Apoyo, hay que destacar varias cosas pues la población prefiere el diálogo a la represión uniformada. Eso explica por qué el primer ministro Yehude Simon, quien está a punto de ser censurado por el Congreso, sale mejor parado que García y la ministra Cabanillas, partidarios de imponer orden a toda costa. La desaprobación de 63% del premier no es nada halagüeña para él, pero indica que su posición conciliadora tiene muchos más adeptos de lo que estimaba el presidente. El mensaje de la ciudadanía parece ser que ceder no es malo si evita muertes y no compromete la imagen del país. Los peruanos quieren vivir en paz, pero no a cualquier precio, ya que la tensión social ahuyenta la confianza y las inversiones. Por eso exigen que el Gobierno negocie antes de emplear la fuerza en contra de civiles. Un gran sector del electorado considera que García ha afectado nuestra imagen en el exterior por el alto saldo de vidas perdidas en la Amazonía. De ahí que éste encabece la lista de culpables por su pésimo manejo de la crisis amazónica.

El conflicto en la Amazonía no solo marca un punto de quiebre en la manera en que se gestionará asuntos similares, sino que determinará el clima electoral. Según Alfredo Torres, director de Ipssos-Apoyo, “ningún opositor pudo capitalizar la molestia con el Gobierno por conflicto en la Amazonía”. Y pronostica que “el escenario de conflictos sociales que afronta el país podría hacer surgir la figura de un ‘outsider’”. Su apreciación nos sugiere dos cosas: 1) que ni siquiera Keiko Fujimori, cuyo padre fue muy popular en la selva, sacó réditos importantes pues su popularidad apenas subió de 19% a 22% en la muestra (su crecimiento se debe básicamente al declive de otras figuras de la derecha como el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y de la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano. Castañeda empata con Ollanta Humala en el segundo lugar de las preferencias, ambos con 15%).

En cuanto al punto dos, la aparición o el deseo de que aparezca un ‘outsider’ –un actor político no contaminado por el sistema- cobra fuerza pues hay un vacío de liderazgo (el electorado considera que la clase política no lo representa). Los peruanos -los seres humanos en general- necesitan creer en algo o en alguien, por eso reclaman un ‘outsider’ que plantee metas comunes y les devuelva la confianza en sí mismos. La falta de propósito, rumbo o destino es lo que se necesita recuperar para darle viabilidad al proyecto que somos de país.

El padre Marco Arana bien podía aprovechar el descontento con el sistema económico (un 54% considera que deben hacerse reformas) y con la manera en que el Ejecutivo viene “resolviendo” las cosas pues tiene experiencia en el diálogo con las comunidades, a las que ha organizado para que puedan defender sus derechos.

Finalmente, el liderazgo de la congresista de Alianza para el Futuro, Keiko Fujimori, se debe a que la población, según Torres, “añora la idea de orden que se tenía de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, distinto a la percepción actual sobre el manejo que le da el Gobierno a las protestas”. Sobre esto conviene realizar algunas precisiones pues el “orden” que hubo durante el fujimorato fue precario e ilegal ya que el ex presidente y reo en cárcel clausuró el Parlamento, restringió libertades ciudadanas y persiguió a sus opositores. El “orden” fue aparente porque los medios de comunicación, comprados con el dinero sucio de Vladimiro Montesinos, transmitían la sensación de que las cosas andaban bien en el país. La tranquilidad era ficticia pues los grandes problemas del Perú seguían sin resolverse. Tampoco hay que olvidar que para garantizar el “orden” el régimen formó comandos de aniquilamiento que asesinaron a dirigentes sindicales[1], periodistas y políticos, y otros tuvieron que exiliarse. Fujimori y su socio político son responsables de la debilidad de nuestro sistema de partidos pues instituyeron una forma de gobernar alejada de la formalidad donde ‘todo vale’ para preservar el poder.

Para apaciguar a la Amazonía, por ejemplo, Fujimori concedió generosas exoneraciones tributarias que no existen en otras regiones. Así, los selváticos no pagan Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto a la Renta (IR) ni el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC, que grava principalmente a los combustibles). Las exoneraciones incluyen a los inversionistas que reinviertan sus utilidades en la zona (no pagan Impuesto a la Renta). De ahí que no sea difícil comprender por qué Keiko Fujimori cuenta con respaldo en la selva.

Keiko Fujimori no restablecería el orden como su padre -tras el nefasto primer Gobierno de García (1985-1990)- porque no tiene un Vladimiro Montesinos a su lado dispuesto a ensuciarse las manos ni goza de la simpatía de la mayoría de peruanos. Su 22% es fruto de los reacomodos del electorado de derecha que busca desesperadamente un candidato que defienda al sistema del peligro que representa Ollanta Humala.

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[1] Fue el caso de Pedro Huilca Tecse, presidente de la CGTP, la central de trabajadores más importante del país.

Crisis política en Perú: Alan García se parece a Hugo Chávez

Alan García se parece a Hugo Chávez

Por César Reyna

La victoria de Alan García en 2006 frustró los planes del presidente venezolano de tener más preponderancia en Sudamérica. Si sumaba al Perú hubiera controlado la CAN (Comunidad Andina de Naciones), convirtiéndola en una plataforma para relanzar el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina) y reducir la injerencia de Estados Unidos. Eso no ocurrió porque el candidato nacionalista Ollanta Humala fue relacionado y satanizado por su cercanía con Chávez. El factor Chávez decidió la pasada elección y probablemente vuelva a hacerlo si Humala accede a la segunda vuelta en 2011.

Muchos analistas creían que García sería capaz de contener la amenaza chavista que se extiende por la región gracias a sus petrodólares y su prédica en contra el neoliberalismo. Nadie parecía más indicado para bajarle el tono a Hugo Chávez pues el mandatario peruano tiene dotes de buen orador y polemista. Al principio hubo una serie de intercambios verbales porque Chávez es un enemigo declarado del modelo económico que impera en el Perú. Las relaciones diplomáticas se resintieron en más de una ocasión por la decidida oposición de Venezuela al TLC suscrito por nuestro país con Estados Unidos.

Los comentarios en contra de Alan García (algunos eran justificados, sobre todo uno el que Chávez lo acusaba de ladrón pues el mandatario incaico exhibía inexplicables signos de riqueza) dominaron la agenda entre ambos países. Durante un tiempo la tensión caracterizó nuestra relación con Caracas y estuvimos al borde de la ruptura diplomática porque hubo retiro de embajadores.

Durante la primera parte de su mandato García buscaba diferenciarse de Chávez porque en su periodo anterior había implementado la mayoría de políticas que ahora lleva a cabo su homólogo venezolano. Chávez encarnaba el pasado con el que García debía de romper para convencer al electorado y capital internacional de que había cambiado. Por eso debía preservar el modelo que había generado relativa estabilidad macroeconómica. Los peruanos no le perdonarían otro periodo hiperinflacionario porque ya lo habían sufrido de 1987 a 1990. Los ciudadanos lo observaron con mucho recelo pues temían por sus ahorros, la cotización del dólar, la escasez de alimentos y la pérdida de empleos, hechos que caracterizaron a su anterior administración. Pero el miedo se fue diluyendo en la medida que el aprismo convocó a profesionales independientes y personajes de otros partidos para que manejen la economía, la producción, las relaciones exteriores, las comunicaciones, la defensa del país, entre otros sectores. El aprismo se reservaba para sí la conducción política, convirtiéndose en el garante del modelo y en el primer defensor contra cualquier amenaza desestabilizadora (el nacionalismo, el chavismo, el narcosenderismo, etc.).

García estaba lejos de ser comparado con Chávez pese a que veinte años atrás gobernó con la misma intolerancia del jefe de Estado llanero. Antes García apostaba por la nacionalización (estatización de la banca) y la producción local en lugar de abrir la economía al mundo. Creía en los incentivos para la industria y la agricultura. Defendía la rígida legislación laboral que convertía a cada trabajador en propietario de su puesto. Además denunciaba al imperialismo yanqui y se solidarizaba con los países amenazados por Washington. García era otro, sin duda, al menos en el plano económico. Pero con el correr del tiempo está dando muestras de que su cambio no fue real sino un burdo maquillaje o control de sus rasgos más temidos.

Ahora mismo es casi imposible distinguir las aptitudes antidemocráticas de García y Chávez pues tratan de imponer su punto de vista. Para ellos las opiniones de los demás no cuentan a menos que sean similares a las suyas. Todo aquel que discrepe es proscrito y acosado sea por Lima o por Caracas. La verdadera personalidad de García afloró cuando obligó a los mandamases de los diarios El Comercio y Perú 21 a despedir a un grupo periodistas[1] que investigaban el escándalo de los ‘petroaudios’. Este destape, cabe recordar, provocó la caída del Gabinete de Jorge del Castillo porque varios de sus miembros, incluido el primer ministro, recibieron en más de una oportunidad al lobista Rómulo León Alegría, personaje vinculado al Partido Aprista que amañaba licitaciones con un ex director de Perupetro, entidad estatal que adjudica lotes petroleros. Tras la revelación el Gobierno no sólo obstaculizó la labor periodística sino también la judicial porque hasta el momento no se ha podido conocer el contenido que almacena la computadora de León Alegría, pieza fundamental para conocer las implicancias de la red de corrupción que zarandeó al régimen. Las trabas provienen directamente de Palacio y se ejecutaron por medio de Juan Vargas, presidente de la Corte Superior de Lima, quien es conocido militante del partido de la estrella.

A esto hay que sumar la persecución política que padece el economista Farid Matuk, ex jefe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (Inei), por demostrar que las cifras de crecimiento del PBI y de reducción de la pobreza no se ajustan a la realidad. Matuk ha declarado en varios medios y a través de su blog que los “estupendos” resultados que exhibe el Gobierno no son creíbles. Esto se debe a que el Inei modificó el sistema de cálculo, el que todavía no ha hecho público para magnificar los logros gubernamentales. Matuk no es el único que cuestiona la información del Inei pues Richard Webb, ex presidente del BCR y destacado economista también sospecha de que no nos están diciendo la verdad. Por criticar con argumentos sólidos se le abrieron cinco procesos judiciales por supuesta malversación de fondos cuando dirigió la oficina de estadísticas. Las acusaciones son realmente ridículas; no son más que represalias con las que se trata de amedrentar a una voz independiente.

El canal estatal (TV Perú), por su parte, es el brazo propagandístico del Ejecutivo. En lugar de ser una televisión pública y plural, es decir, abierta, como ocurre en otros países, se de dedica a exaltar las virtudes de la gestión oficialista. La oposición, desde luego, no tiene cabida para denunciar irregularidades en la gestión estatal. La única voz que se escucha en ese medio es la de los ministros, congresistas o aliados del Gobierno. Los programas noticiosos solamente hacen publirreportajes para apuntalar la imagen de las autoridades. La parcialidad de ese canal desacredita cualquier información que propala pues sus contenidos son revisados por funcionarios que dependen de Palacio.

De otro lado, en los primeros días de junio el Gobierno intentó tomar la administración de Panamericana Televisión, un canal privado con alcance nacional que estaba a punto de ser entregado a la familia Schütz, los accionistas mayoritarios. La devolución iba a hacerse efectiva mediante una resolución judicial; pero el presidente, por medio de la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) intervino para impedir que cayera en manos de los Schütz. Alan García pensaba apoderarse de Panamericana, un ‘canalazo’ según Ernesto Schütz Landázuri, prófugo de la justicia peruana, quien se encuentra en Suiza luego de recibir varios millones de dólares del ex asesor Vladimiro Montesinos a cambio de vender la línea editorial de su canal. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, había anunciado públicamente que el caso Panamericana era emblemático –llevaba más de siete años sin solución- y debía resolverse a la brevedad. El magistrado supremo exhortó a los jueces a actuar con celeridad, lo que alertó a García pues temía que el medio, bajo otra gestión, comenzara a criticar al Gobierno. El pretexto para ingresar a las instalaciones de Panamericana fue su abultada deuda tributaria, la que creció descontroladamente sin que la Sunat realizara cobranzas coactivas. La Sunat pudo tomar otras medidas o incautar sus activos pero convalidó la morosidad de la emisora durante años. La administración de la Sunat duró menos de un día porque diversos sectores de la sociedad mostraron preocupación[2] por la intervención del Estado en medios privados.

El hecho más saltante, sin duda, es el manejo de crisis en la Amazonía pues de ella se derivan varios elementos que debemos tener en consideración. El primero de ellos es la cancelación de la licencia de la radioemisora ‘La Voz’ de Junín. A la radio se la acusa de “incitar la violencia” entre los nativos durante el paro amazónico. Este no es el único caso porque otra radio en Tacna fue clausurada por razones “técnicas” y “administrativas” que funcionarios incompetentes no han sabido explicar. La intención detrás del cierre de algunos medios es suprimir las voces disidentes o contrarias a las políticas de esta corrompida Administración. El Gobierno pretende que circule un discurso único que beatifica a la inversión privada. Por eso no admite la crítica ni la discrepancia política, y todo aquel que el ataca al modelo o a las autoridades políticas es acusado de “sedicioso” y “traidor”.

Los decretos antiamazónicos no pueden dejar de mencionarse pues revela la prepotencia con la que el Ejecutivo viene haciendo las cosas. Pasar por encima de un Convenio Internacional (el 169 de la OIT que versa sobre pueblos nativos) no es poca cosa ya que tiene rango constitucional al reconocer derechos a las minorías. La consulta que ignoró -para aprobar una serie de normas[3] lesivas a los intereses de los pueblos originarios- indica el poco respeto de García a los procedimientos regulares. Eso mismo hace Chávez cada vez que desea apurar la intervención de un medio de comunicación o restringe libertades.

El conflicto en la selva peruana ha generado que el Gobierno aprista presione al Poder Judicial para apresar a Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), quien solicitó asilo a Nicaragua cuando el presidente y su ministra del Interior pidieron su detención al mejor estilo de Hugo Chávez. La Constitución de 1993 y las anteriores habían establecido la separación de poderes para evitar este tipo de interferencias que quebrantan la democracia y el Estado de Derecho. Si el Ejecutivo no respeta el fuero judicial y le dice lo que tiene que hacer a la Suprema ya no estamos hablando de poderes independientes sino de una posible autocracia. En eso puede degenerar la frágil democracia peruana si García logra imponer monocorde su visión.

El arrinconamiento de la oposición es otro episodio lamentable que tiene sus raíces y bemoles en la crisis amazónica pues un grupo parlamentarios nacionalistas, que defiende la posición de los nativos (de derogar los decretos inconstitucionales promulgados por el Gobierno), fue severamente sancionado por la Mesa Directiva del Congreso, presidida por el aprista Velázquez Quesquén. Un tercio de la bancada opositora fue suspendida por 120 días sin goce de haber y sin derecho a votar en el Pleno. El castigo se impuso a raíz de las protestas que estos hicieron en el Hemiciclo. La triple alianza conformada por el Apra, el Fujimorismo y Unidad Nacional ha iniciado una cacería de brujas contra los nacionalistas porque cuenta con los votos para imponer sus decisiones. El objetivo de tan innoble alianza es amedrentar a sus rivales acusándolos de una serie de faltas en la Comisión de Ética o en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. En paralelo, algunos dirigentes del Apra han dicho que varios legisladores nacionalistas deberían ser acusados penalmente por “azuzar a la población amazónica” de Bagua, ciudad en la que se produjo el trágico operativo policial del 5 de junio pasado, cuyo saldó arrojó 24 efectivos muertos y 10 civiles asesinados.

El Partido Aprista parece haber ofrecido la presidencia del Congreso a Unidad Nacional, inscrito en la democracia cristiana (la derecha), para respaldarlo en el desafuero de los parlamentarios nacionalistas. El grupo de Lourdes Flores ya ha anunció que presentará su candidatura porque cuenta con los votos del Apra, partido que ha acaparado la dirección del Parlamento durante las últimas legislaturas.

El encarcelamiento de Carlos Rivera, abogado del IDL (Instituto de Defensa Legal), representa otro atropello a las libertades pues se le arrestó sin motivo. Rivera es un conocido defensor de derechos humanos y ha participado en el megajuicio seguido al ex presidente Fujimori, donde asesora a la parte civil (los deudos de las acciones represivas del Comando de Aniquilamiento Colina). Pero los procesos a Fujimori no parecen haber originado su detención, sino su intervención en casos de violaciones de derechos humanos que comprometen a Alan García. El abogado del IDL ha sido el responsable de que la matanza de El Frontón no prescriba. Este hecho involucra a García Pérez pues era presidente y a Luis Giampietri, ex almirante de la Marina que participó en el masacre y actual vicepresidente de la república.

Por todas estas cosas es creemos que existen similitudes insoslayables entre el Dr. García y el mandatario venezolano. La persecución política, la toma -fallida o no- de medios de comunicación y la imposición de un modelo oficial son elementos que más que diferenciarlos, los acerca, aunque comulguen con ideologías radicalmente distintas.

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[1] Nos estamos refiriendo al director de Perú 21, Augusto Álvarez Rodrich, y al encargado de la Unidad de Investigación de El Comercio, Pedro O´Brien.

[2] La libertad de expresión estaba en juego y hasta medios afines al Gobierno –como el diario Correo- expresaron su rechazo a la injerencia gubernamental.

[3] En este punto hay que destacar que la negociación del TLC con Estados Unidos se utilizó para contrabandear una serie de normas que poco o nada tenían que ver con el acuerdo comercial

Strike three: Peru in problems

Violence in Peru: tales of the Government, Keiko Fujimori, Alberto Pizango, the quit of the Secretary Vildoso and the Decree 1090 off

By César Reyna -reservamoral.org

There are several points about we must speak. Here an analysis of the most salient today about what happened in our Amazonian land:

1) The "official tales" have been cleared yesterday night in "Intimate Enemies" TV show in Frecuencia Latina (Channel 2). This means, despite being part of the apparatus of government and have sympathies with Fujimorism, distributed version of a couple of former Police whose brother was in charge of the safety of the Station 6 PETROPERU. The former official disclosed that the police had been kidnapped several weeks ago by hundreds of native Aguaruna (Awajun) and not 5 june.

This version was confirmed by a woman of this ethnic group. She was also invited to TV show "Enemigos Íntimos" with Beto Ortiz, the presenter. The government had said through the Minister of Interior (Secretary of intern affairs), Mercedes Cabanillas, that the soldiers guarding the Station 6 had been massacred and their throats slit on June 5, World Environment Day, and the atrocities that occurred in the town of Bagua, Amazonas, Indians handled by outside interests. Knowing in advance that President Garcia was unarmed contingent because the natives had taken away their arms, proceeded with the eviction operation disastrous road of Bagua. The recovery of the track could not be carried out under such conditions as over twenty agents were taken hostage. To break violently against the demonstrators, most of the tribe was Aguaruna was put at risk the lives of the policemen held. The outcome under these particularities, could not only be fatal to the troops captured.

To make the matter clear, imagine what would happen if the family members of a gang bank robbers , who maintains several civilians captive in an agency, they are harassed or suppressed by the police. Do not react bandits in some way against the hostages? Did not lose for a moment the wisdom to know that their loved ones being hurt? Well, that just happened to the natives who kept the police at Station 6 PETROPERU as surely aware that members of his tribe were being repressed. The eviction of protesters from various ethnic groups was interpreted as a declaration of war by the Government, which ultimately led to the hits with the police. Here it is remarkable that they were being treated cordially by the Aguaruna and his insanity was unleashed by the cowardly and reckless actions of the authorities. If someone put at risk the lives of police officers was arrested because the government knew that Amazon would take reprisals against them. The operation had ever done in these circumstances. Therefore the responsibility for what happened lies with the Cabinet chaired Yehuda Simon and the Minister of Interior. Officials said the natives were savages and could not talk with them, so spread a spot, we decided to apply force. However, based on dialogue, a small group of police got 3000 native reopen for a few hours the road that connects with Yurimaguas Tarapoto.

2) The Fujimorism, including Congresswoman Keiko Fujimori can not be more timely at this time to raise the temporary suspension of the Legislative Decree 1090. Not that the proposal to establish a balance between enforcement and the repeal of the controversial rule seems unreasonable, but that is not yours. This initiative, awarded erroneously concluded the Keiko, came from the former leftist parliamentarian Javier Diez Canseco, who proposed the legislation vacatio "from the decree in the daily La República, ie its momentary failure" while it discusses its unconstitutionality or repealing " in Congress. The position of Monsignor Diez Canseco joined Miguel Cabrejos, president of the Peruvian Episcopal Conference, and now a mediator between the state and Amazonian communities. This was also the religious to the Republic that "the government should suspend the implementation of decrees rejected by the natives." The call was picked up by Rolando Souza, Carlos Raffo, Fujimori lawmakers to say that Keiko is carving statesman. Both seek to create an image of the candidate conciliatory in order not to lose the votes of the electors of the jungle, a former stronghold of Fujimorism.

3) Granted asylum by Nicaragua Mr Pizango it was to be in that executive officials pressured the judiciary. Both Alan García as its Minister of Interior, Mercedes Cabanillas, called the arrest of "offender" Pizango before the judicial authorities issued an arrest warrant. In addition, the National Congress that helped the president to leave an injured AIDESEP press conference were accused by their peers APRA "to obstruct the administration of justice by facilitating the 'leak' of the leading native version that collapses to the fact that you attended where there was no warrant of arrest issued by the competent judge, "according to The First newspaper in Lima. Despite being granted protection Pizango for "humanitarian reasons", we should not ignore that the president of the country is aligned with Chavez asilante. The Daniel Ortega in Nicaragua is dependent on Venezuelan aid to supply subsidized fuel. This can not overlook because Nicaragua is within the orbit or sphere of influence of Venezuela. If asylum was proceeded by an indication of Chavez, who coordinated Ortega surely because Pizango could not take refuge in neighboring Bolivia, where he received numerous expressions of support, much less in Venezuela, because it would support the Government's outlandish thesis native protest that was directed from abroad. While Pizango takes refuge in the Nicaraguan embassy in Lima, tens of APRA were taken in buses to protest against the asylum that was granted by the Government of Nicaragua. The "companions" of the star were taken under the promise of getting a job (in the state) in exchange for stopping traffic and disrupt the order in a residential area. Technically took a public road and no police came to evict them. Surely the Executive rod when measured with different manifestations which disturb the peace are designed to harass their rivals.

4) The resignation of Minister of Women and Social Development, Carmen Vildoso, put pressure on the ministers who have decided to remain in their posts. Yehuda Simon should take a step to the side. Politically it is burned, is a stinking corpse that nobody respects or cree. If the Ombudsman and the Church will play its part in the Roundtable with representatives of native communities for what is he? Their lack of credibility forces him to consult, now, with experts (anthropologists, negotiators, etc.). On matters that are beyond their capabilities long. Good intentions are not enough and the opening in the absence of knowledge and experience, as in the case of Yehude Simon, who is a veterinarian by profession. Simon, who had reached fame as a congressman and former premier Jorge del Castillo has lost that quality in their dealings with the leaders of AIDESEP. Without the essential attribute that you installed in the Presidency of the Council of Ministers (PCM), their presence is foolish and capricious.

5) Had to die over 30, to agree in the Peruvian Congress finally to discuss the Legislative Decree 1090. The order for suspension of the rule, which have now been folded APRA and National Unity (Unidad Nacional), the main opponents to the repeal, shall be conducted during the national strike called by the Indians. This was carried out despite a state of emergency and curfew by the Government. Today is a day for decisive progress towards a settlement agreed between all political forces and representatives of communities or apus. Al aprismo and its allies had no choice but to give as the purpose of the decree can not be achieved under current conditions. No investment required to develop land for crops or exploiting exogenous find much resistance because of the indigenous peoples. As its purpose becomes impossible, the government has no choice but to sit down to discuss a new regime for land and natural resources of the Amazon. For the mediator (the Ombudsman and the Church) will not be easy to talk to the peoples of the Amazon after the unfortunate events of last Friday, killing 24 policemen and 9 civilians (5 of them natives, according to official figures). The anomaly that caused the Administration to not having consulted with the natives. This obligation arises from the Peruvian government of ratifying the ILO Convention 169 in 1993. Now back to the consultation will be made, which distorts the nature of the Convention.

The debate about rules affecting communities should be repealed because it is illegal to convene public hearings, involving representatives of native communities. Things have to be done properly without skipping steps or pre-established procedures. Otherwise new questions arise to what the House finally approved. One can only repeal the policy package. Its cancellation would not leave in limbo the forests of the Amazon, as many claim, because the rules would become effective earlier repealed. All orders affected by this defect should be removed from the legal system to begin to discuss substantive issues that sought to regulate.