Buen Romance. Una consulta válida y democrática
Carlos Reyna. La República
El ideal democrático es que la gente vote respecto a sus asuntos comunes. Unas veces los resultados de las votaciones son de cumplimiento obligatorio, otras sirven como importante elemento referencial para las autoridades.
El segundo es el caso de la consulta vecinal de los municipios de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, respecto a la conveniencia de una explotación minera en su jurisdicción. Es totalmente válida y legal como expresión de opinión popular. Y ya le ha hecho varios aportes al desarrollo institucional de la democracia en el país.
La consulta, así como su antecedente en Tambogrande, saca a colación una de las grandes deficiencias de nuestra actual democracia: la completa exclusión de las poblaciones locales y regionales, así como de sus autoridades electas, de toda decisión importante respecto al establecimiento de explotaciones mineras en sus jurisdicciones. Esta falla, quién no lo sabe, ha sido un recurrente factor de conflicto entre mineras y comunidades. Un mérito de la consulta es recordarlo con firmeza, a ver si es reparada.
También sirve para señalar que las democracias modernas sí trasladan atribuciones a las autoridades locales o regionales en materia de explotaciones mineras. Sólo un par de ejemplos: en Canadá los municipios deciden si tal emprendimiento minero se establece o no en su jurisdicción. En Chile, son autoridades ambientales regionales, visibles, especializadas y autónomas las que fiscalizan y deciden sobre las cuestiones ambientales.
Lamentablemente, el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido cortejar al gobierno en este asunto. Ha acusado a la consulta de ilegal e ilegítima y ha denunciado judicialmente a los alcaldes promotores. Con ello, ha recubierto de legalidad a todo el cerco tendido contra ellos por buena parte del actual régimen. Ojalá tuviera los mismos arrestos sancionadores cuando los partidos incumplen la ley que los rige.
La consulta sería ilegal si pretendiera que sus resultados fueran de cumplimiento obligatorio. Los promotores han señalado, por el contrario, que la idea es la de dejar expresada la opinión de la gente. El mecanismo escogido es uno tan conocido como el del sufragio universal. Este es un simple e importante acto de libertad de expresión.
Lo que es ridículo es que el JNE cuestione la legitimidad de la consulta. Sólo la gente misma puede quitar la legitimidad a un evento o a una institución. Esto revela que el JNE conoce poco de sus propias atribuciones y muestra su tendencia a sobrepasarlas. Con razón se ha convertido en el punching ball del Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, ya que no les prestan los colegios, los promotores de la consulta preparan a las canchas deportivas como locales de votación. Que les vaya bien.
Las implicancias de Majaz
Humberto Campodónico. La República
Hace poco, Alan García dijo que los recursos naturales son de toda la Nación y su explotación en Majaz no podrá ser impedida por pequeños grupos de pobladores, comunistas, curas rojos y "verdes" financiados por el extranjero. Pero los recursos naturales no son de la nación, sino de las empresas mineras, cuando se plantea que deben pagar un impuesto a las sobreganancias debido al enorme aumento de los precios internacionales de los minerales.
Si el cobre, el oro y el zinc son de la Nación, entonces a la Nación le asiste el derecho de percibir un ingreso adicional por su explotación. Pero no, en este caso "se respetan los convenios de estabilidad tributaria" y se acepta un bajísimo óbolo, malbaratando así el valor que el Estado debe percibir por sus recursos naturales.
De otro lado, los avances en la legislación internacional sobre minería han determinado que la participación y consulta de las poblaciones en las zonas mineras, es decir, la llamada "licencia social", son indispensables para la estabilidad de largo plazo de las inversiones.
Eso no sucede en Majaz, pues, como dice la Defensoría del Pueblo, existe una violación "de los derechos de los comuneros a la propiedad, a la manera que quieren usar su propiedad y a su derecho a su participación informada en las decisiones sobre sus opciones de desarrollo". Sin gobernabilidad, la conflictividad será permanente.
Y la cosa empeora cuando se insulta a aquellos que tienen una posición distinta a la oficial pues, de un lado, se exhibe autoritarismo y, de otro, se garantiza la inestabilidad, cuando se quiere impedir que se pronuncien libremente en consulta popular.
Tampoco se ha avanzado en crear una autoridad ambiental autónoma. Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene dos funciones contradictorias: debe promover la inversión minera y, también, es el ente que aprueba los estudios de impacto ambiental. En casi todos los casos, se inclina por la primera. Agreguemos una tercera: el MEM define los términos de la participación ciudadana. Increíble.
No son así las cosas en los países vecinos, pues en Ecuador existe el Ministerio del Ambiente; en Bolivia, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente; en Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
En Chile, en marzo, el gobierno creó el Ministerio del Ambiente. Dijo Michelle Bachelet: "es un paso que contribuirá decisivamente al desarrollo, la productividad y el crecimiento de nuestro país, en este convencimiento de que la economía y el desarrollo no tienen por qué entrar en pugna con el cuidado del medio ambiente".
Ese es el quid de la cuestión y lo que se debería también hacer aquí. Así, por ejemplo, en la minería, la autoridad sectorial (el Ministerio) debería coordinar todos los aspectos relacionados con el medio ambiente con el ministerio del ramo y, en el caso de Áreas Naturales Protegidas, es ese Ministerio el que tiene la última palabra.
Pero en el Perú el INRENA no tiene esa categoría ni esas facultades y es constantemente "bypasseado", no solo en la actividad minera y petrolera, sino también en materia agrícola y forestal, entre otras. En un país como el Perú, rico en recursos naturales, biodiversidad y paisajes, debería existir una política consistente con el desarrollo de esos atributos (que, además, proveen importantes cantidades de divisas y son fuentes generadoras de empleo), como lo hace Costa Rica.
Lo que está pasando en Majaz demuestra cabalmente que el actual modelo de exploración y explotación minera ha caducado y que es hora de analizar y proponer alternativas que nos pongan al día con los avances que se dan a nivel mundial. El problema no está en los izquierdistas y curas rojos. Está en comprender que en este mundo globalizado, el respeto al medio ambiente y al derecho de las personas y comunidades es un tema prioritario en la agenda de los gobiernos responsables.
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La República
Domingo 09 de Septiembre 2007
Entrevista
MARCO ARANA:
"NO PUEDEN IGNORAR LA OPINIÓN DE LOS CAMPESINOS"
A una semana de la consulta popular que mostrará si los habitantes de la sierra de Piura están de acuerdo o no con el ingreso de la minera Majaz a sus tierras, el padre Marco Arana es señalado por algunas voces como el instigador del conflicto. Se lo pinta como una especie de improvisado promotor de la antiminería. Lo cierto es que Arana, dedicado a advertir los peligros de la actividad minera y a defender el derecho de las comunidades a vivir sin contaminación, sí sabe de lo que habla. A su formación teológica en Roma, añade una sobresaliente especialización profesional (obtuvo una maestría en Sociología con una tesis sobre conflictos ambientales, un diplomado en Agua y Saneamiento y otro diplomado en Gerencia Social en Washington). En sus palabras no solo hay convicción, también sólidos argumentos.
Por Enrique Patriau
Fotos: Claudia Alva
Usted es el principal activista que se opone a la gran minería por razones ambientales. Cerrarle el paso, más allá de las razones que existan, ¿no le abre las puertas a la minería informal, que no respeta derechos laborales y contamina tanto o más que la formal?
–No es cierto. Una cosa no es consecuencia de la otra. Lo que preocupa, más bien, es la incapacidad total del Estado para regular actividades mineras ilegales.
–Que emergen por todos lados.
–Porque se permite la corrupción y el contrabando de sustancias químicas y explosivas. ¿Quién controla eso? Nadie. Estamos frente a un tema de política ambiental. Si el Estado no opera, entonces aparece la minería ilegal con esclavitud infantil, como ocurre en Madre de Dios. Si nadie actúa se violan leyes laborales, ambientales, fiscales…
–Sin embargo, a usted se le escucha hablar más de Yanacocha.
–Nosotros venimos hablando de minería ilegal desde las épocas del ministro Jaime Quijandría (en el gobierno de Alejandro Toledo). Lo que pasa es que el foco en Cajamarca está puesto en la gran minería, que contamina más que la pequeña. Esta última no mueve más de 350 toneladas métricas diarias de material, usa unos cientos de kilos de cianuro por semana y emplea pequeña maquinaria, palanas y picos. Yanacocha, en cambio, moviliza 600,000 toneladas de roca diarias y quema tres millones de galones de combustible al mes…
–Prefiere la minería ilegal a Yanacocha, entonces.
–Lo que digo es que no pueden hacerse afirmaciones gruesas del tipo: si se impide la minería grande, viene el reino de la más pequeña. No es así. Miremos el tema en profundidad. Existen fallas claves en la legislación actual. ¿Quién está a cargo de la fiscalización ambiental? El Ministerio de Energía y Minas. ¿Y quién promueve la inversión minera? Ese mismo ente. ¿Se puede hablar de imparcialidad? No. ¿Quién hace el control del agua para consumo humano? La Dirección de Salud Ambiental. ¿Con qué recursos? Prácticamente ninguno. Toman sus muestras, las mandan a Lima y los resultados tardan en llegar de tres a cuatro meses.
–No contamos con una autoridad ambiental independiente.
–Y qué difícil es que el Estado sancione a la gran minería que ha ocasionado daños ambientales graves. Tenemos a La Oroya, a Yanacocha en Cajamarca. Nadie le va a poner la mano a esta empresa minera que tiene el 50% de las exportaciones de oro de todo el país.
–¿Pero cuál es su posición respecto a la minería informal?
–Creo que responde a necesidades básicas de poblaciones pobres. Claro, allí también debe haber fiscalización y regulación firmes y eficientes para evitar malas prácticas ambientales…
–Me refería a la ilegal.
–Si se comprueba que no cumple con requisitos laborales, sociales, ambientales, debería ser prohibida por el daño que pueda ocasionar a las poblaciones aledañas. Pero no olvidemos que cientos de familias viven de ella…
–¿Y el hecho de que sean pobres debe impedir su fiscalización?
–De ninguna manera. Por eso habría que establecer, rigurosamente, cuáles son las minas que podrían cumplir ciertas condiciones y formalizarse. Caso contrario, que se cierren. En ese caso, el Estado deberá resolver el problema social que significa toda esa gente que no tiene otro medio de subsistencia.
–¿Por qué sus críticas son más frontales con la gran minería?
–Porque poseen recursos económicos para llevar a cabo buenas prácticas ambientales, y si no lo hacen es porque prefieren ahorrarse costos. En segundo lugar yo les pregunto: ¿por qué se oponen a tributar más? Los mineros, los grandes y los chicos, no pagan derechos por la extracción del mineral, mientras todos los productores del país sí pagan sus insumos. Ahí tienes al carpintero, que paga por la madera. O al agricultor, que paga por sus semillas. Eso no es justo. Encima de todo, las grandes empresas influyen mucho en la política pública para hacer que la legislación sea benigna. Recordemos que la Sociedad Nacional de Minería se opuso a que se aprueben algunos artículos en la Nueva Ley General del Ambiente.
–Se ha criticado su silencio respecto a casos tan dramáticos como los que ocurren en Puno, en La Ananea.
–Bueno, no puedo estar en todos lados. Por lo demás, no es cierto que no haya dicho nada sobre la situación de Puno. Yo he estado un par de veces ahí y he abordado no solamente el tema de Ananea, que es gravísimo. También he alertado, por escrito, sobre el hecho de que empresas canadienses han hallado uranio, concretamente en Macusani. Si en el Perú no hay institucionalidad para regular actividades mineras metálicas, ¿se imagina qué grave sería la promoción de minería radioactiva? Hoy ya se extrae uranio en Puno de manera informal. Incluso algunos campesinos han afirmado que les hacen transportar el material en costales de plástico.
–¿Usted se imagina a Cajamarca sin minería? Parece complicado, ¿no?
–Yo sí me la imagino.
–¿Después de tantos años? Hasta los hábitos de vida han cambiado.
–Los urbanos solamente. El 72% de la población es rural. Cajamarca es la segunda región ganadera más importante del Perú, aunque falta tecnología y capacitación para mejorar, por ejemplo, la producción lechera, que es de las más bajas. Con políticas adecuadas eso podría revertirse. Ese potencial no debería desperdiciarse.
–Si Yanacocha se va, eso representaría problemas para la economía de la región.
–De acuerdo, pero tampoco es como lo pintan desde Lima, que si Yanacocha cierra Cajamarca se paraliza…
–¿Opina igual de Río Tinto? ¿Y de Cerro Corona?
–Río Tinto está para comenzar y no implica mayor mano de obra. Por último, Cerro Corona piensa producir 150 mil onzas de oro anuales. Yanacocha produjo en el 2006 3.3 millones de onzas…
–Usted permitiría a Cerro Corona y no a Yanacocha. ¿No habla eso de un sesgo?
–El proyecto Cerro Corona se ubica en un distrito tradicionalmente minero desde el siglo XVIII como Hualgayoc, con una población que sí quiere a la minería, porque ha trabajado en ella toda su vida. Es diferente, por ejemplo, de Majaz, donde la minería se impone desde fuera. Un criterio que debemos respetar es lo que las poblaciones desean como modelo de desarrollo. Ahora, Hualgayoc es uno de los distritos más contaminados y es evidente que se necesita hacer mejor las cosas, con compromisos ambientales serios y con un Estado que se dedique a hacerlos cumplir. Hay que diferenciar caso por caso.
–El domingo 16 es la consulta para que la población se pronuncie sobre si desea o no que Majaz lleve adelante el proyecto Río Blanco. ¿Qué piensa de esta iniciativa?
–Se trata del mejor mecanismo para buscar una solución pacífica. No obstante, si el gobierno y el Estado ignoran los derechos legítimos de las comunidades e insisten con un proyecto que incurre en abierta y reconocida ilegalidad, se abre la posibilidad de un conflicto que puede tornarse socialmente violento.
–Cuando se escucha a los ambientalistas, queda la sensación de: minería en ningún lado. ¿Comparte esa posición?
–Debe haber minería donde no se pongan en peligro los ecosistemas ni la salud ni los derechos de las poblaciones. ¿Cómo podemos aplaudir la minería en La Oroya, que ha contaminado al 98% de niños con plomo en la sangre? Necesitamos regular el desarrollo. En Montana, Estados Unidos, se ha prohibido la minería de lixiviación (lavado) con cianuro. Igual en algunas provincias de Argentina, en Costa Rica, y ya se está debatiendo el tema en Honduras. Acá nos siguen recomendando ese método. ¡Por Dios, hay que abrir los ojos!
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