Le ganaron a oscuro Luksic. Ahora sólo falta que el Estado peruano le gane a Baruv Ivhcer. (AméricaEconomía.com) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) puso fin a la disputa que protagonizaron el gobierno peruano y Lucchetti, luego de que la empresa chilena decidiera construir una fábrica en una reserva ecológica en Lima.
El canciller peruano, José García Belaunde, manifestó su satisfacción. "Este es un resultado favorable y el reconocimiento internacional de la solidez de la posición jurídica peruana”, informó una nota del ministerio de Relaciones Exteriores.
El organismo notificó al gobierno de Alan García el dictamen, descartando los argumentos de Lucchetti, quien afirmó que el Ciadi no era una entidad competente para pronunciarse sobre asunto debido a que la disputa se produjo en 1998, fecha anterior al convenio de promoción y protección de inversiones que firmaron Chile y Perú en 2001.
Posteriormente, la prensa peruana destapó un supuesto vínculo entre Vladimiro Montesinos, ex asesor de Alberto Fujimori y los empresarios chilenos. En ese entonces se acusó a los ejecutivos de Lucchetti de intentar utilizar influencias políticas para ganar en la disputa legal.
Andrónico Luksic y Fernando Pacheco, ejecutivos de la empresa chilena fueron procesados por la justicia peruana. Sin embargo, la acción penal en su contra prescribió.
Con el fallo de la Ciadi se pone fin a casi 10 años de una disputa que en algún momento alcanzó ribetes de escándalo.La decisión del Ciadi implica que el gobierno peruano no pagará la compensación de US$ 150 millones más intereses que reclamaba Lucchetti.
Viernes 30 de septiembre de 2005: Orden de captura internacional en contra de Andrónico LuksicEl tribunal limeño a cargo de la jueza Inés Villa Bonilla, declaró reos a los ejecutivos de Lucchetti por no presentarse ante la justicia peruana.
La Nación.com.ar
La Primera Sala Anticorrupción de Perú emitió en la tarde de ayer una orden de captura internacional contra los empresarios chilenos Andrónico Luksic, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco Novoa, por no presentarse al juicio oral que se inició en su contra por presuntos vínculos con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
De esta forma, el tribunal a cargo de Inés Villa Bonilla declaró reos a los ejecutivos de Lucchetti por no presentarse ante la justicia peruana.
La defensa de los chilenos cuestionó esta decisión, argumentando que atenta contra la libertad de sus patrocinados y no considera el recurso de amparo que habían interpuesto ante la Corte Superior de Lima para que el juicio no se llevara a cabo.
Carlos Caro, abogado del equipo legal de los empresarios, habían solicitado que los ejecutivos declararan ante tribunales chilenos ya que, a su juicio, no existen garantías para un proceso justo ni para una comparencia libre de presiones ilegítimas por parte de la Primera Sala Anticorrupción.
El profesional sostuvo que la petición para que sus defendidos declaren en los tribunales chilenos se basa en la aplicación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Derecho Penal del año 1992, ratificado por el Perú y Chile.
“Esto permite que un Estado parte de la Convención pueda recibir testimonios y declaraciones en general de otro Estado. En este caso, nuestros patrocinados pueden prestar declaraciones ante un juez o tribunal chileno o en su defecto se puede realizar una teleconferencia, práctica muy común en procesos penales europeos y anglosajones en general’’, sostuvo.
El abogado también recalcó la voluntad de los directivos de Lucchetti de seguir cooperando con las autoridades judiciales peruanas.
El abogado también recalcó la voluntad de los directivos de Lucchetti de seguir cooperando con las autoridades judiciales peruanas.
Por su parte, el Presidente de la República, Ricardo Lagos, señaló que el denominado caso Lucchetti es monitoreado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Es un tema que está viendo la Cancillería y hemos seguido de cerca la situación, y esperemos que tenga una buena definición”, indicó el Mandatario.
En tanto, el ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, dijo que el Ejecutivo “no se quedará de brazos cruzados” y analizará las medidas que correspondan ante el fallo de la justicia peruana.
“El Gobierno nunca se queda de brazos cruzados, el Gobierno está atento y alerta. Pero serán los canales diplomáticos los que evaluarán el hecho”, precisó el secretario de Estado, al agregar que “se va a hacer lo que hay que hacer”, sin entrar en mayores detalles.
A juicio del vocero, “no hay que adelantarse, ya que Perú es considerado un país amigo, soberano y donde las instituciones funcionan, por lo que esperaremos a ver qué ocurre en los tribunales limeños”.
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