Descentralización contranatura

 

La descentralización al revés*

 

 

"El principal problema que afronta el país es la descentralización", afirmó hace algún tiempo el destacado sociólogo Julio Cotler. Su incuestionable aseveración la expresó en el programa Prensa Libre a mediados de 2007. En aquella oportunidad dijo que "el centralismo no se cambia con un decreto", en alusión al rimbombante discurso que el presidente Alan García dirigió (el 28 de julio de ese año) en el Congreso. En la clase política existe la tozudez de que los problemas se pueden arreglar por medio de la dación de la ley. A mi modo de ver, promulgar una norma es la forma más sencilla de lavarse las manos y desentenderse de un asunto de gran importancia, sobre todo cuando la norma carece de suficientes recursos humanos y materiales para ser cumplida. De esta forma han venido operando las instituciones más "representativas" del Estado (el Ejecutivo y el Parlamento): expidiendo leyes sin respaldo presupuestario y sin las condiciones necesarias para su implementación. Dicho esto, resulta comprensible por qué la regionalización, al día de hoy, ha fracasado estrepitosamente.

 

Pero su revés no está vinculado a la poca asignación financiera por parte del gobierno central, sino a la pobre ejecución de los diversos proyectos que los gobiernos regionales tienen a su cargo. Durante los últimos años se han transferido miles de millones de soles a las arcas de las regiones producto del canon minero, petrolero, etc. El derecho a percibir regalías también han sido significativo para algunas demarcaciones territoriales, y un puñado gozan de exoneraciones tributarias, en el caso de la amazonía, y en el sur  existen zonas francas. Pese a la avalancha de recursos (producto de la alta cotización de los minerales), los males se han acrecentado así como el descontento popular, lo que ha derrumbado los índices de aprobación de los últimos presidentes y puesto en ciernes la gobernabilidad.

 

El problema a todas luces es de gestión porque de nada sirve incrementar las transferencias de fondos públicos si la administración regional no es capaz de administrarlos. El gran error que cometió el gobierno del ex presidente Toledo –y que repite la actual administración– fue considerar que bastaba conferir una serie competencias (185 en su momento) a autoridades y funcionarios incapaces. Esa falta de previsión y tino político ha originado que las demandas sociales, canalizadas a través de protestas, toma de carreteras y destrucción de propiedad pública y privada, se desborden. No es casual que la mayor incidencia de desmanes se haya producido luego de la aprobación de la controvertida Ley de Bases de la Regionalización (N° 27783).

 

Cotler no duda en calificar que las regiones "son incapaces de hacer algo". En la entrevista que le hizo la ex fujimorista Rosa María Palacios (recordar que trabajó en Cable Canal de Noticias, medio comprado con dinero del Ministerio de Defensa) dijo que "la ausencia de tecnocracia generó la parálisis". La descentralización estuvo mal hecha por una cuestión básica: las regiones no contaban con personal calificado. Antes de iniciar tan ambicioso proceso –cuyos orígenes se pueden rastrear en el virreinato Borbón y fue un anhelo republicano– se debió crear una escuela de servidores públicos porque no cualquiera puede trabajar para el Estado. Así como no cualquier ciudadano puede ser policía, militar, diplomático de carrera o magistrado si antes no ha estudiado en la academia o institución correspondiente, tampoco un burócrata debería serlo si no acredita estudios superiores en una institución similar. La razón principal para crear una academia para funcionarios y servidores sería la de uniformizar criterios y conocimientos que todo empleado público debería poseer. Lo que eventualmente se exigiría a todos los aspirantes a laborar en cualquier dependencia estatal, regional o municipal serían destrezas y habilidades elementales de gestión y manejo del marco normativo. Esto es, de las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios del Estado, del conocimiento de la ley de contratación estatal, del manejo -al revés y al derecho- de la ley de carrera administrativa, la aplicación de reglas y principios contables básicos, etc. Lo que se busca con ello es contar con promociones de servidores calificados, quienes serían destacados a distintas instituciones y dependencias públicas. Con este cuerpo especializado se podría poner en marcha diversos programas sociales y de obras públicas que han sido paralizados u obstaculizados por otras entidades como el satanizado Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) o la Contaduría General de la Nación. Sin instituciones eficientes no podremos ver realizado el sueño de ser un país desarrollado, y para eso justamente se necesitan burócratas capaces. Con el establecimiento de la citada escuela no sólo abasteceríamos al aparato estatal de funcionarios preparados, sino que mejoraríamos la imagen que el Estado proyecta en la sociedad porque brindaría un servicio mucho más eficiente. Así disminuirían los tiempos de atención de reclamos y solicitudes diversas y se cumpliría con el olvidado principio de celeridad. En manos de gente capaz nuestros recursos serían mejor asignados y desterraríamos progresivamente delitos como la malversación de fondos o la apropiación ilícita. 

 

La descentralización, tal y como es concebida en la actualidad, no caminará a menos que se tomen impostergables medidas correctivas. Mientras aguardamos con ansias la formación un grupo de profesionales expertos en gestión estatal (porque todavía no ha sido concebida la escuela para funcionarios y servidores públicos), se podría convocar a los estudiantes de las universidades más prestigiosas para que colaboren en la administración de las regiones, como lo sugirió desde hace un tiempo el economista Jürgen Schuldt. El catedrático de la Universidad el Pacífico propuso que los alumnos de pregrado obtengan su título luego de trabajar remuneradamente para el Estado (su sueldo se pagaría con parte del generoso presupuesto que manejan las regiones). De momento parece una solución práctica y viable ya que, además de dar empleo a jóvenes profesionales, se los involucraría de lleno en la dura problemática nacional.

 

Por: César Reyna

Reservamoral.org