domingo, 17 de mayo de 2009

INSURGENCIA INDIGENA EN PERÚ


Insurgencia indígena y el análisis de los decretos controvertidos


*Por César Reyna


La Defensoría del Pueblo anunció que Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) se compromete a deponer el llamado a la insurgencia proclamado ayer (15 de mayo). La medida supone un avance, pero no soluciona el problema de fondo -la derogatoria de nueve normas lesivas a sus intereses y el cumplimiento del derecho a consulta establecido por el Convenio 169 de la OIT- pues los nativos se han declarado de desobediencia civil. De ahora en adelante ellos deberían negarse a observar las leyes del Estado y a reconocer al Gobierno de manera pacífica ya que la desobediencia civil implica la protesta no violenta. El desconocimiento de las instituciones terminará cuando los Pueblos Amazónicos consideren que las autoridades han atendido sus justos pedidos.

Los Pueblos Amazónicos alegan que tienen muchas razones para oponerse la implementación de un paquete normativo que no se les ha consultado. Antes de analizar el asunto, creemos que los naturales peruanos están defendiendo acertadamente sus derechos, aunque ello implique la toma de carreteras y vías fluviales, y paralicen el comercio y capturen estaciones de petróleo en la región amazónica. Algunos medios señalan que los indígenas han sido manipulados y que pretenden la escisión del país, es decir, la separación territorial de la Amazonía. Los voceros de la derecha buscan que el Estado reprima sin tibieza el paro iniciado el 9 de abril para recuperar el orden.


Los hechos de violencia entre la población selvática y los agentes del Estado no son recientes pues desde agosto del año pasado el Gobierno decretó estado de emergencia por 30 días cuando la etnia aguaruna inició una huelga indefinida, convocada por Aidesep, para exigir la derogatoria de los Decretos Legislativos Nros. 1015 y 1073, referidos a la posesión de tierras en las comunidades nativas de la sierra y la selva. Después esa contundente movilización consiguieron la derogatoria de los referidos decretos que legalizaban la concesión de tierras sin consulta a las comunidades. La intransigencia de la actual administración causó que las comunidades aborígenes empiecen a sospechar del Estado pues promulga normas que afectan a la Amazonía.

Los pueblos amazónicos no pueden quedar al margen del debate de la nueva disposición de tierras, cuencas hidrográficas y recursos naturales pues no residen en la zona como habitantes comunes (como podría residir cualquier citadino en la costa), sino que pertenecen a todo un ambiente al que están perfectamente integrados y adaptados. Su peculiar modo de vida e identidad están intrínsecamente ligados a la naturaleza, de ahí que si son apartados de sus territorios o si estos son afectados por la contaminación, se les condena prácticamente a la extinción. Como sujetos podrían sobrevivir en otras partes (ciudades o países); pero difícilmente podrían hacerlo como pueblo, tribu, etnia o grupo ya que su medio los define y determina como tales. Por eso nunca se debió permitir que pudieran traspasar o vender sus tierras (reduciendo el quórum necesario) porque se extinguirían irremediablemente. La Amazonía es muy frágil. De ningún modo soportaría grandes concentraciones humanas ni explotaciones si se la reparte (lotiza) entre grandes multinacionales.

Tenemos la impresión de que a los nativos se les quiere modernizar u occidentalizar indirectamente con la dación de una serie de normas que permitiría el ingreso del gran capital. Con su estrepitosa entrada cambiarían radicalmente las relaciones de trabajo, de producción y de organización en la región afectada. Ello sería perjudicial para los nativos y el medio ambiente pues alteraría los valores tribales y presionaría a los ecosistemas. La selva, aunque se descubran yacimientos importantes, no da para grandes proyectos. El desarrollo de campos petroleros, tuberías de gas y concesiones madereras es incompatible con la preservación de la flora y la fauna. Las especies ni los nativos resistirían los cambios que desean implementarse furibundamente ya que son fruto, sin lugar a dudas, de la visión cortoplacista y malintencionada de nuestros gobernantes.

Cualquier intento por trastocar el delicado equilibrio supone una amenaza contra los pueblos originarios y como tal debe ser denunciada ante la desmedida ambición empresarial. Para evitar conflictos futuros se debería declarar la intangibilidad e inalienabilidad constitucional de la Amazonía. Sólo así se la protegería al más alto nivel, evitando los mandatarios de turno intenten adjudicarla al mejor postor.

Ahora bien, es preciso desmenuzar el intríngulis legal de los decretos que han ofuscado a los habitantes de nuestra Amazonía. En principio nos parece cuestionable que se elimine la negociación de las comunidades con las empresas a las que el Gobierno otorga concesiones ya que socava la relación entre particulares. Desde hace un par de años las autoridades del sector de hidrocarburos se vanaglorian de suscribir más acuerdos de explotación petrolera[1] que en otras épocas; pero lo hacen a espaldas de las tribus y comunidades ya que no se les consulta el otorgamiento de esa clase de concesiones. El artículo 6 del Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre pueblos indígenas y tribales) indica que los gobiernos deben “(…) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (…)”. Esto permitiría, entre otras cosas, que las comunidades sean consultadas antes de que las autoridades anuncien una convocatoria, una típica medida administrativa, para explorar o explotar recursos una zona que está dentro de su territorio.

Además del respeto del derecho a consulta[2], que es vinculante para el Estado en la medida que su omisión puede conducir a la inconstitucionalidad de la norma o a la nulidad del acto administrativo (dado que violaría un convenio internacional), los nativos demandan la derogación de los Decretos Legislativos Nros. 994, 995, 1020, 1060, 1064, 1089, 1090 (los cinco últimos fueron modificados por la Ley 29317) y la Ley 29398 (de Recursos Hídricos).

El controvertido Decreto Legislativo 994 promueve la Inversión Privada en Proyectos de Irrigación para la Ampliación de la Frontera Agrícola. Con dicha norma se busca impulsar la agricultura a gran en escala en un territorio sensible a la deforestación, la fumigación e introducción de otras especies. Se pretende el desarrollo de la agroindustria, con la cual hemos destruido la mayor cantidad de bosques y hábitats del planeta. Dicha actividad requiere un uso intensivo del agua y la tierra disponibles, lo que a la postre alterará el entorno en el que se ubica.

Con respecto al Decreto Legislativo 995, que modifica la Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario y fija las condiciones para los préstamos, los pueblos indígenas aún no han expresado exactamente a qué se oponen.

El polémico Decreto Legislativo 1020, que promueve la Organización de los Productores Agrarios y la Consolidación de la Propiedad Rural para el Crédito Agrario, es rechazado porque ignora las formas tradicionales de organización indígena. Sobre este punto es preciso mencionar que la constitución de entidades y organizaciones agrícolas servirá para establecer instituciones o reglas de mercado en la selva. La agroindustria será la punta de lanza con la cual se parcelará poco a poco la Amazonía. Con ella ingresará una nueva forma de organizar el trabajo y la producción. El indígena se convertirá en un peón, obrero, capataz o empleado de una gran plantación al mejor estilo del Delta del Mississippi o Alabama. Así se introducirá el comercio occidental, la moneda y patrones de consumo exógenos que trastocarán los usos ancestrales. Los latifundistas establecerán el orden, la forma de pago y el aprovechamiento de los recursos.

El Decreto Legislativo 1060, que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, no es bien visto porque no considera a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Bajo este sistema se planificará la producción en la Amazonía, esto es, se determinará qué tipo de productos se cultivarán, la tecnología que será utilizada, entre otros aspectos.

Con el Decreto Legislativo 1064, objetado por las comunidades, se aprueba el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario. Sus opositores señalan que eliminaría la imprescriptibilidad de las tierras nativas. La estrategia del Ejecutivo consiste en cambiar el uso a las tierras de uso forestal deforestadas, de modo que con su nueva definición sí puedan ser vendidas, dado que como tierras de uso forestal sólo pueden darse en concesión y no en venta. El cambio de uso de las tierras debe ser autorizado por el Ministerio de Agricultura (Minag) basado en un expediente técnico que “garantice la sostenibilidad” del ecosistema. Así se busca promover la inversión en el desarrollo de actividades agrarias. Esta norma promueve el fraude a la ley pues si un concesionario forestal desea realizar otra actividad, lo único que debe hacer es dejar de reforestar las tierras (incumplir el contrato de concesión) para solicitar el cambio al Minag (para que se las den en calidad agrícola), pudiendo venderlas luego. De ese modo se crearía un mercado para la comercialización de tierras de uso forestal. Por si fuera poco, el decreto 1064, que deroga la Ley de Tierras 26505, elimina el requisito del acuerdo previo con las comunidades campesinas y nativas para iniciar actividades extractivas en sus tierras. El decreto 1064, lesiona el derecho a la propiedad de las comunidades ya que las compañías mineras no necesitarían autorización de las primeras para la realización de actividades.


El Decreto Legislativo 1080 no es menos controversial pues modifica la Ley General de Semillas. Esta norma actuaría en contra de las semillas nativas no mejoradas. Así se abre el paso para la agricultura transgénica o genéticamente modificada, que es prohibida por la Unión Europea porque tendría impacto en la flora y fauna amazónicas. En ecosistemas delicados, los efectos de las semillas de la multinacional Monsanto son totalmente impredecibles. Con el libre cultivo de esas semillas debería aumentar el rendimiento de los campos deforestados, lo que incentivaría, a la larga, la tala de millones de hectáreas de árboles porque dicha actividad generaría mucha rentabilidad.

El Decreto Legislativo 1089 establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales. Los indígenas exigen su derogación porque vulneraría la estabilidad jurídica de la propiedad nativa. El Estado, a través de Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), asegura que dicha norma no afecta a las comunidades, sino por el contrario delimitaría a la formalización y titulación de los predios rústicos y tierras eriazas del Estado. Los nativos creen que las tierras que no tienen título (propietario definido) pasarán al Estado, el cual las entregaría a las empresas privadas. Esta norma no tiene como objetivo principal la venta de tierras de las comunidades; pero sí podría ser usada junto a otros decretos para favorecer a los inversionistas privados, sobre todo sabiendo que muchas de las comunidades nativas y campesinas no cuentan con un título que les acredite los terrenos donde viven y producen para que sean respetados. El artículo 89 de la Constitución declara imprescriptible a los territorios de las Comunidades Campesinas y Nativas, los que además se rigen por su propia Ley Orgánica. Lo que cabe aquí es respetar y formalizar los territorios comunales como tal, para después hacer el proceso individualmente como plantea el Decreto Legislativo 1089. El Convenio 169 de la OIT dice que “(…) Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (…)”. La falta de reconocimiento de muchas comunidades nativas y campesinas se debe a la falta de delimitación de sus territorios, teniendo como consecuencia a muchas de éstas sin ningún documento legal que los respalde como propietarios del área donde viven.

En cuanto al Decreto Legislativo 1090, mediante el cual se aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es tachado por las comunidades porque se opondría a lo establecido en el artículo 165 de la Constitución sobre el patrimonio nacional forestal. La Defensoría del Pueblo se ha opuesto tajantemente a este decreto porque podría generar la destrucción de áreas forestales. La norma dejaría fuera del régimen especial de patrimonio forestal a unas 45 millones de hectáreas, lo que representa el 60% de los bosques primarios del Perú, según el Foro Ecológico. A través del decreto, según Sandro Chávez, presidente del Foro Ecológico, también se establece que "en el caso de existir un cultivo de interés nacional se puede cambiar la denominación para el uso de las tierras de forestal a agrícola (...)".

Finalmente, la Ley de Recursos Hídricos (N° 29338) es impugnada porque sancionaría la privatización del agua. Esta norma es eminentemente privatista pues la promoción de la inversión privada ha sido elevada al rango de principio de derecho. La inversión no es más que un medio para conseguir mayor producción, empleo, rentas tributarias, bienestar y desarrollo, pero no puede ser considerada un principio. La ley promueve la participación del sector privado en la gestión del agua. Como los otros dispositivos legales, esta norma se aprobó sin consulta para favorecer a las empresas. El usuario que obtenga excedentes en el manejo del agua tendrá preferencias para futuras concesiones del recurso. Esto es cuestionable pues las futuras licencias están condicionadas al aprovechamiento eficiente que sólo lograrían los grandes usuarios ya que estos pueden invertir en tecnologías que mejoren su ahorro. Así acapararán el preciado recurso en desmedro de los campesinos que no tienen acceso a moderna tecnología de riego.


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[1] Según el investigador Humberto Campodónico, “Las comunidades amazónicas han visto invadido su territorio por una gran cantidad de contratos petroleros que cubren gran parte de la Amazonía. Hasta el 2007, los contratos de licencia en la Amazonía ascienden a 35.2 millones de hectáreas, a las que se suman las áreas otorgadas en el 2008. Es importante resaltar que en el conjunto de los países amazónicos, las áreas de exploración llegan a 44 millones de hectáreas, lo que quiere decir que el Perú ha otorgado el 80% del total”.

[2] La consulta también es necesaria para que sus actos tengan legitimidad y no sea denunciado ante la OIT.

8 comentarios:

Amalia dijo...

Estimado Dr Reyna, lo felicito por su análisis. Estamos con ustedes reserva moral!!! Gracias desde el Amazonas sufrido por el abandono del gobierno central!

Morante dijo...

Señores de Reserva Moral, si no fuera por el Dr. Reyna nadie nos haría caso. Saludos

ENGLISH VERSION dijo...

Indigenous insurgency and the analysis of the controversial decrees


* By Cesar Reyna


The Ombudsman's Office announced that AIDESEP (Interethnic Association for Development of the Peruvian Jungle) undertook to remove the call to the insurgents proclaimed yesterday (May 15). The measure represents a step forward but does not solve the fundamental problem-the repeal of nine prejudicial to their interests and fulfilling the right to consultation by the ILO Convention 169, because the natives have declared civil disobedience. From now on they should refuse to observe the laws of the State and recognize the Government as a peaceful civil disobedience involves non-violent protest. Ignorance of the institutions will end when the Amazonian Peoples consider that the authorities have handled their rightful order.

Amazon claims that Peoples are many reasons to oppose the implementation of a regulatory package that they have not been consulted. Before discussing the matter, we believe that Peruvians are the natural right to defend their rights, even if this means making the roads and waterways, and paralyze trade and capture stations for oil in the Amazon region. Some media report that the natives have been handled and seeking the division of the country, namely the territorial separation in the Amazon. The spokesmen of the right sought to suppress the State unemployment without tepidity started April 9 and restore order.


The acts of violence among the population jungle and State agents are not recent since since August last year the government declared state of emergency for 30 days when Aguaruna ethnicity began an indefinite strike, called by AIDESEP to demand the repeal of Legislative Decrees Nros. 1015 and 1073, relating to possession of land in native communities of the highlands and the jungle. After the forceful mobilization obtained the repeal of these ordinances to legalize the granting of lands without consulting the communities. The intransigence of the current administration caused Aboriginal communities begin to suspect the State when promulgating rules affecting the Amazon.

Amazonian peoples can not be excluded from discussion of the new provision of land, watersheds and natural resources because they do not reside in the area as common people (as might reside in any coastal dwellers), but all belong to the environment that are well integrated and adapted. His peculiar way of life and identity are intrinsically linked to nature, so if you are away from their territories or whether these are affected by pollution, they are virtually condemned to extinction. As subjects could survive elsewhere (cities or countries), but could hardly do as a people, tribe, ethnic group or because of their defined and determined as such. So never allow that due to transfer or sell their land (by reducing the required quorum) because it is irretrievably extinct. The Amazon is very fragile. In no way tolerate high concentrations of human or explode if the split (lotiza) among large multinationals.

We have the impression that the natives want to modernize them westernise'their or indirectly to the foundation of a series of rules that allow the entry of big business. With its entry crash changed radically labor relations, production and organization in the affected region. This would be detrimental to the native environment and thus alter the pressure tribal values and ecosystems. The jungle, although significant deposits are discovered, not for large projects. The development of oil fields, gas pipelines and logging concessions is incompatible with the preservation of flora and fauna. Native species or resist the changes they wish furious as they are implemented result, undoubtedly, the short-term vision of our leaders and mischievous.

Any attempt to disrupt the delicate balance is a threat against indigenous people and as such should be reported to the unbridled ambition of business. To avoid future conflicts should be declared the inviolability and inalienability of constitutional Amazonia. Only then will protect the highest level, avoiding the agents try to shift to the highest bidder.

It must crumble intríngulis the legal decrees that have obscured the people of Amazon. Seems questionable in principle to eliminate negotiating with business communities to which the Government granted concessions as it undermines the relationship between individuals. Since a couple of years ago the authorities in the hydrocarbon sector boast to sign agreements over oil [1] than in other seasons, but do so without the knowledge of the tribes and communities as they were not consulted granting such concessions. Article 6 of Convention No. 169 of the International Labor Organization (Indigenous and Tribal Peoples Convention) states that governments must "(...) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, each when legislative or administrative measures which may affect them directly (...) ". This would, among other things, that communities are consulted before the authorities announce a call, a typical administrative measure, to explore or exploit a resource area that is within its territory.

Besides respecting the right to consultation [2], which is binding on the State to the extent that their omission may lead to the unconstitutionality of the rule or the annulment of an administrative act (because it would violate an international convention), the natives call the repeal of legislative decrees Nros. 994, 995, 1020, 1060, 1064, 1089, 1090 (the last five were amended by Law 29317) and Law 29398 (Water Resources).

The controversial Decree 994 promote private investment in irrigation projects for the enlargement of the agricultural frontier. With this rule is to promote agriculture on a large scale in an area susceptible to deforestation, spraying and the introduction of other species. Aims at the development of agribusiness, with which we have destroyed much of forests and habitats of the planet. Such activity requires an intensive use of land and water available, which ultimately alter the environment in which it is located.

With regard to Legislative Decree 995, which amends the Bank Act Relaunching agriculture and provides the conditions for loans, indigenous peoples have not expressed exactly what opponents.

The controversial Act 1020, which promotes the Organization of Agricultural Producers and the Consolidation of Ownership for the Rural Agricultural Credit, was rejected because it ignores the traditional forms of indigenous organization. On this point it is worth mentioning that the establishment of agricultural organizations and institutions or used to establish market rules in the jungle. Agribusiness is the spearhead with which the plots gradually Amazon. She paid with a new way of organizing work and production. The native will become a laborer, worker, manager or employee of a large plantation in the best tradition of the Mississippi Delta or Alabama. This will introduce the Western trade, currency and exogenous consumption patterns that disrupt traditional uses. The landowners shall order the payment method and use of resources.

Legislative Decree 1060, which regulates the National System for Agricultural Innovation, is not well seen because they believed the organizations representing indigenous peoples. Under this system will be planned production in the Amazon, that is, determine what kind of products are grown, the technology will be used, among other things.

With the Legislative Decree 1064, objected to by the communities, approved the legal regime for land use to agricultural use. Opponents say that would eliminate the applicability of the native lands. Executive's strategy is to change the land use of forest cleared, so that with its new definition it can be sold, given that land use and forestry can only be given in concession and not for sale. The change of land use must be authorized by the Ministry of Agriculture (Minago) based on a technical file that ensures sustainability of the ecosystem. This seeks to promote investment in the development of farming. This rule promotes fraud to law because if a licensee wishes to make another forest, all you have to do is stop reforest land (not the dealership) to request a change to Minago (so they give as agriculture) and may sell later. This will create a market for the sale of land in forest use. In addition, Decree 1064, which repealed the Land Act 26505, removes the requirement of prior agreement with the peasant and indigenous communities to start mining activities on their lands. Decree 1064, with the right to ownership of the communities and the mining companies would not need authorization for the initial activities.

Legislative Decree 1080 is no less controversial since amended the General Law on Seeds. This would rule against the non-native seeds improved. This opens the way for genetically modified or GM agriculture, which is prohibited by the European Union because it would impact on the Amazonian flora and fauna. In fragile ecosystems, the effects of the seed multinational Monsanto are totally unpredictable. With the free cultivation of these seeds should increase the performance of deforested areas, which provide incentives, in the long run, cutting millions of acres of trees because such activity would generate much profit.

Legislative Decree 1089 establishes the temporary Extraordinary Degree of Formalization and rural lands. Indigenous people demand its repeal because it would violate the legal stability of native property. The State, through COFOPRI (Body Formalization of Informal Property), ensures that this rule does not affect the communities, but on the contrary delimit the formation and certification of farms and agricultural lands eriazas State. The natives believe that the land they do not have title (ownership defined) pass to the State, which handed to private companies. This rule does not have as main objective the sale of community lands, but it could be used along with other decrees to encourage private investors, especially knowing that many of the peasant and native communities do not have a title to be credited the land where they live and produce in order to be respected. Article 89 of the Constitution declares imprescriptible to the territories of the peasant and indigenous communities, which are also governed by its own Act. So it is here is to respect and make communal territories as such, then go through the process individually and raises the Legislative Decree 1089. The ILO Convention 169 states that "(...) shall be recognized by the peoples concerned the right of ownership and possession over the lands they traditionally occupy (...)". The lack of recognition of indigenous and peasant communities is due to the lack of demarcation of their territories, resulting in many of them without any legal document to back them as owners of the area where they live.

With regard to Legislative Decree 1090, which approves the Law on Forestry and Wildlife, is accused by the communities that oppose the provisions of Section 165 of the Constitution on the national forest. The Ombudsman's Office has been strongly opposed to this decree because it could generate the destruction of forest areas. The rule would leave out the specific arrangements for the forest to about 45 million hectares, representing 60% of the primary forests of Peru, according to the Environmental Forum.

Finally, the Water Resources Law (No. 29338) is punished because it challenged the privatization of water. This rule is eminently privatist as the promotion of private investment has been elevated to the rank of a principle of law. The investment is merely a means to increased production, employment, income tax, welfare and development, but can not be considered a beginning. The law encourages private sector participation in water management. Like other legal provisions, this rule was adopted without consultation to favor companies. The user obtains surplus in water management will have preferences for future resource concessions. This is questionable, because the licenses are subject to future efficiency achieved only large users because they can invest in technologies that improve their saving. This accounted for precious resource to the detriment of farmers who have no access to modern irrigation technology.


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[1] According to the researcher Humberto Campodonico, "The Amazonian communities have seen their land invaded by a large number of oil contracts that cover much of the Amazon. Until 2007, the licensing in the Amazon region amount to 35.2 million hectares, in addition to the areas granted in 2008. It is important to note that in all the Amazon countries, areas for exploration to reach 44 million hectares, meaning that Peru has granted 80% of the total. "

[2] The consultation is also necessary so that their actions have no legitimacy and be reported to the ILO.

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