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domingo, 12 de julio de 2009

Complot del Apra: Gobierno trataría de despojar a la Defensoría del Pueblo



Por César Reyna


Tras la renovación parcial del Gabinete Ministerial, el Ejecutivo se embarcará en la creación de una entidad que asumiría la mayoría de funciones de la Defensoría del Pueblo. El ente en cuestión se llamará la ‘Comisión de Diálogo Social’ y será presidido por el ex premier Yehude Simon. Aún no se sabe cuándo operará ni con qué presupuesto y personal contará, pero lo cierto es que lo hará pronto ya que debe hacerle seguimiento a las mesas de diálogo que se han instalado en diferentes partes del país.

El propósito de esta Comisión, de carácter multisectorial porque coordinará sus actividades con varios ministerios, será atender los conflictos sociales antes de que generen episodios de violencia. Simon actuará como una especie de pararrayos, el mismo rol que asumió cuando fue primer ministro para evitar que los escándalos y los errores de algunos funcionarios debiliten al presidente. La particularidad de su cargo es que contará el respaldo del primer mandatario, lo que no sólo le permitirá darle atención, sino solución a los reclamos de los pueblos amazónicos y andinos. De este modo la ‘Comisión de Diálogo Social’ reemplazará a la Defensoría en la delicada tarea de mediar entre decenas de organizaciones sociales y el Estado.

Luego de abandonar el Gabinete y no poder regresar a la presidencia regional de Lambayeque (renunció a ese puesto), la intención de Simon sería quedarse en el país pese a que se le vocea para encabezar la representación diplomática del Perú en la OEA. Su deseo de conformar un bloque de centroizquierda con el Apra, el Partido Humanista (del que proviene) y algunos frentes regionales (para participar en las próximas elecciones) lo llevaría a rechazar la tentadora oferta de residir en Washington. Apartarse temporalmente de la política local podría ser positivo para revitalizar su imagen pues perdió bastante crédito cuando se desataron las protestas en la Amazonía. Pero al parecer éste preferiría asumir nuevas responsabilidades ya que no tiene nada que perder. Tanto el Gobierno aprista como Simon Munaro pretenden incursionar o interferir en el campo de acción de muchas ONG para obtener réditos políticos, es decir, votos. Como el Estado ha descuidado la problemática de las comunidades del interior (vacío que ha sido lleno de alguna manera por entidades paraestatales, compañías mineras y la propia Defensoría), ahora se aventura a capitalizar su descontento escuchando sus necesidades.

La tarea parece titánica dada la gran desconfianza acumulada durante décadas. Sin embargo el Gobierno parece decido a desarrollar una faceta más inclusiva ante a las recientes amenazas de desestabilización.

La reducida participación de la Defensoría del Pueblo, una de las pocas entidades que cuenta con el reconocimiento de la población, debe poner en alerta a la prensa y la oposición porque daría lugar a la duplicidad de funciones –y posible copamiento aprista- dentro del Estado. Aún no se conocen la mayoría de detalles sobre las capacidades del nuevo organismo, pero sí que colisionará con las atribuciones de la única institución independiente del país.



sábado, 11 de julio de 2009

Nuevo Gabinete en Perú: Velázquez Quesquén al premierato



Por César Reyna


La ausencia de figuras concertadoras y capaces en el nuevo Gabinete Ministerial se debe al debilitamiento del sistema de partidos. De esta debacle no se ha salvado ni el Apra, la agrupación más longeva que participa en política, porque se trata de un mal de ampliamente extendido y generalizado. Este problema no es reciente pues se incubó durante el primer Gobierno de Alan García (1985-1990), período en el que la clase política resultó tremendamente desprestigiada por la pésima gestión del actual mandatario (abundaron los casos de corrupción, se desarrolló la hiperinflación y creció la violencia terrorista). Ni la derecha se salvó del descrédito pues los peruanos eligieron a un ‘outsider’ como Alberto Fujimori para que reconstruyera el país.

A partir de Fujimori comenzó una fase en la que se acentúo la ruina de los partidos porque el autócrata de origen oriental reemplazó la retórica pomposa del pasado por obras a granel. Él instauró la tecnocracia en oposición a la parálisis de los políticos tradicionales que perdían el tiempo discutiendo sobre ideas abstractas en el Parlamento. Su falta de contacto con la realidad y su nula credibilidad los apartó una década del poder. Desde entonces el electorado se acostumbró a exigir acciones y resultados concretos en lugar de discursos vacíos (por eso García está inaugurando muchas obras y ha puesto en marcha un plan anticrisis).

Otro factor que ha contribuido a la crisis de los partidos es su falta de renovación. En la mayoría de casos se observa que las viejas caras del pasado ocupan los primeros puestos en las listas al Congreso. En los últimos tiempos no han aparecido nuevas y destacadas promociones que reemplacen a las generaciones anteriores. La perniciosa vigencia de un buen número de políticos del pasado, sobre todo en el Apra, ha obstaculizado el surgimiento de personas interesadas en gestionar la cosa pública.

Lo anterior explica, en buena cuenta, la escasez de profesionales de la política. Si los últimos gobernantes han debido recurrir a tecnócratas independientes se debe a que los partidos no se han dedicado a preparar cuadros. Al no haber hecho su tarea el presidente de turno tiene que convocar a personalidades del sector privado o profesionales que laboran en organismos multilaterales para conformar su Gabinete. Cada vez que debe renovarlo, ya sea por desgaste propio de la función, censura parlamentaria o escándalos que comprometen a varios ministros se entra en un nuevo período de incertidumbre nacional. En un país con partidos sólidos los cambios ministeriales no producen ansiedad, pero ese no es nuestro caso pues el mandatario debe parchar o cubrir como pueda las carteras vacantes.

En momentos de grave crisis política o económica pocos se muestran interesados en sumarse a un nuevo Gabinete. Nadie con algún prestigio ganado está deseoso perderlo en poco meses de gestión. Las turbulencias e ingratitudes de la vida política, además de los bajos salarios (en caso de que no roben), desincentivan a los mejores profesionales y técnicos a la hora de colaborar con el presidente.

En el caso de García este asunto se agrava pues si ha designado a Javier Velázquez Quesquén, actual presidente del Congreso, es porque varios de los voceados tienen una razón adicional para negarse: la escasa autonomía que el mandatario otorga a quien elija. Pocos realmente despacharían con él en esas condiciones pues limitaría sus iniciativas individuales. El reducido campo de acción que García concede al primer ministro, como se vio en el caso de Yehude Simon, quien sólo al final de su gestión –y con 34 muertos en la Amazonía- pudo negociar libremente con los nativos, nos revela que el presidente García quiere un muñeco de ventrílocuo antes que un premier independiente.



lunes, 6 de julio de 2009

Paro nacional en Perú




Con 20 lucas pretenden desincentivar paro nacional



Por César Reyna



Para desalentar el paro nacional –convocado para los días 7, 8 y 9 de julio- el Gobierno ha ofrecido una asignación extraordinaria de 20 soles (unos 6 dólares) para los trabajadores estatales que acudan a su centro de labores. La medida está dirigida principalmente a los maestros y al personal de los servicios sanitarios, quienes están afiliados a las organizaciones sindicales que promueven las movilizaciones.

Además de incentivar a los servidores públicos con esa bonificación, las autoridades no sancionarán la tardanza de sus subordinados pues habrá tolerancia de dos horas durante los tres días de huelga en Lima y Callao, y de una hora en el resto del país. El decreto que autoriza ambas disposiciones faculta a los empleadores a otorgar a sus trabajadores un bono similar por concepto de transporte para compensar el gasto que haya significado el desplazamiento a sus locales. El gremio patronal, sin embargo, ha comunicado esta mañana que no desembolsará ningún monto para cubrir las peripecias en las que deban incurrir sus empleados para llegar a tiempo a su trabajo. La negativa de la Confiep debilita la estrategia del Ejecutivo pues sólo los trabajadores públicos podrán compensar los gastos que demande su movilidad.

Durante los próximos días se prevé la huelga de un importante sector de transportistas así como la toma de carreteras y numerosos desmanes en el centro de la ciudad. La movilización ha sido preparada con antelación por diversas agrupaciones de izquierda, entre las que destaca el Sutep y la CGTP. Los nombrados se agregarían frentes de defensa regionales y organizaciones campesinas. El pliego de reclamos comprende la derogatoria de varios decretos de urgencia (aprobados por el Ejecutivo en virtud de las facultades delegadas por el Congreso para facilitar la adopción del TLC con Estados Unidos), la Ley de Carrera Magisterial (que afecta al Sutep), el incremento del salario mínimo, el cambio del modelo económico, la renuncia del Gabinete presidido por Yehude Simon, etc.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y el parlamentario aprista, Luis González Posada, aseguran la injerencia de elementos extranjeros. Según los representantes del oficialismo, estarían “detrás” de las movilizaciones cuyo propósito es derrocar al régimen democrático. La prensa conservadora -que hasta cierto punto respalda las afirmaciones de los voceros del Gobierno porque lo culpan de ser ineficiente en la ejecución de obras públicas (para paliar el descontento) y no saber dialogar con las comunidades y la sociedad civil-, ha revelado un informe de inteligencia (del Ministerio del Interior) en el que se detalla la presencia de agentes desestabilizadores. El reporte policial tenía originalmente el carácter de “confidencial”, pero ha sido filtrado para que algunos medios den credibilidad a la versión gubernamental que habla de un complot internacional.

Pocos creen realmente que Hugo Chávez y su Coordinadora Continental Bolivariana estén promoviendo paralizaciones en contra del Gobierno porque la ciudadanía rechaza más a Chávez que al presidente García. Los peruanos que quieren un cambio no desean que éste venga de afuera. La mayoría de descontentos consideramos que no debemos alinearnos con movimientos del exterior para solucionar nuestros problemas. Así como rechazamos el neoliberalismo lo hacemos con cualquier influencia socialista foránea.

La premura con la que está actuando García para reducir los efectos de la huelga se debe al fracaso de la intervención policial en la Amazonía y al éxito del paro de transportes de la semana pasada (dejó a millones de limeños sin movilidad). Esta vez no subestima la protesta que se avecina a pesar de que afirmó en “A la fe de la inmensa mayoría”, artículo del primer mandatario publicado en el diario ‘Expreso’, que los radicales llegarían a la paupérrima cantidad de 50 000 (de un total de 28 millones de peruanos). Tan pocos no deben ser los ‘revoltosos’ que demandan reformas para que el Gobierno multiplique sus esfuerzos en aras de mantener la tranquilidad.

La Policía Nacional velará por el orden interno como en otras oportunidades, pero contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las que vigilarán dependencias públicas y privadas asi como la prestación de servicios esenciales. Ante la falta de transporte los ministerios contratarán unidades privadas para suplir cualquier desatención. Con la presencia de varias unidades militares en las calles se habría decretado estado de emergencia sin llegar a la suspensión de garantías constitucionales ni de derechos fundamentales.

El personal que no justifique debidamente su ausencia será multado por faltar a su centro de labores. Como la huelga ha sido declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo –ninguna paralización ha sido aprobada por los gobiernos de turno- los empleadores podrán descontar los días u horas dejados de laborar. De esa forma se pretende amedrentar a los que decidan manifestar su oposición a una serie normas promulgadas para implementar el TLC con Estados Unidos.

Lo que le preocupa sobremanera al régimen es que la marcha contraiga aún más la actividad económica. Desde noviembre pasado el país ha entrado en un período recesivo que las autoridades ocultan en componenda con el INEI, la oficina nacional de estadísticas. Si el paro resulta exitoso (durará 3 días), es seguro que a fin de mes tengamos cifras negativas como las registradas durante los últimos meses. El comercio será la actividad más afectada porque los locales del Centro cerrarán. Si el transporte paraliza en un 30% o 40% el efecto se sentirá con fuerza en sectores que emplean mano de obra intensiva como el de la construcción, uno de los pocos que todavía mantiene su dinamismo.

Otro factor que perturba a García es la sensación de ingobernabilidad que puede proyectar el paro si lograr tener el impulso que se le vaticina. Hasta los diarios más conservadores como Correo estiman que lo que se viene será “muy fuerte”. La imagen que esta Administración ha venido construyendo –de un país estable y “seguro” para la inversión- podría desmoronarse mañana martes si se desata el caos. Lo de Bagua ha causado un daño irreparable a pesar de que no hubo genocidio de nativos y la Defensoría del Pueblo no ha reportado desaparecidos.

Un hecho destacable es que los nativos de nuestra Amazonía no se han sumado al paro convocado por las mismas organizaciones que supuestamente los manipulaban cuando exigían la derogatoria de un paquete de decretos inconsultos y negociaciones directas con el premier. Esto se debe a que no hubo tal manipulación pues sus demandas son tan legítimas como lo fueron hace exactamente un año cuando reclamaron la anulación de un par de normas que afectaban la propiedad de sus territorios. Su abstención debería confirmar la autenticidad de su lucha después de que el presidente García intentara desacreditarla ante la sociedad.



Pd: los 20 soles que ofrece el Gobierno por única vez se reduciría a 14 después de los descuentos de ley (Impuesto a la Renta), con lo que cada trabajador estatal recibiría menos de 5 soles extras durante los 3 días programados de paro.

martes, 30 de junio de 2009

Análisis del artículo de Alan García (segunda parte)


Análisis del artículo de Alan García: “A la fe de la inmensa mayoría” (segunda parte)



Por César Reyna


En el punto II García afirma que “el Perú escogió por 5 años un camino comprobado para el crecimiento, que fue de 9% en el 2007 y de 9.8 % en el 2008”. Su aseveración es cuestionable porque durante las elecciones que ganó en 2006 el país estaba tan o más polarizado que ahora. “Para que García triunfe”, según Raúl Wiener del diario ‘La Primera’, “fueron necesarios los votos de todos los partidos tradicionales, el apoyo de todos los medios de comunicación y de todo el poder del Estado (en contra de Ollanta Humala, naturalmente)”. García debe tener claro que fue elegido por descarte y no por convicción.

Las cifras que exhibe García sobre el crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza son ‘cocinadas’ por el INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informática) ya que cambió la metodología de cálculo del PBI. Destacados analistas, como Farid Matuk, ex jede del INEI, y Richard Webb, ex presidente del Banco Central de la República, consideran que los resultados fueron inflados en 2% para que el Gobierno presuma que somos el único país que crece en la región. La disminución de la pobreza, que el presidente cifra en 12% en tres años de gestión (pasó de 48% a 36%) corre con igual suerte al no haberse actualizado los componentes de la canasta básica alimentaria desde 1997. Esto impediría determinar el verdadero nivel de pobreza según diversos expertos. La metodología empleada por el INEI, basada en calcular la pobreza monetaria, es una de tantas para medir este fenómeno. Sin embargo, la forma de cálculo actual no refleja la real dimensión del problema porque la pobreza en el Perú es multidimencional, es decir, depende de muchas variables que la oficina de estadísticas no ha considerado en sus estudios. Así se desvirtúa cualquier logro del Gobierno aprista en esa materia ya que carecemos de parámetros adecuados para cuantificar y validar la reducción.

El presidente lamenta que los peruanos no crean en los resultados de su gestión. Según él las cosas marchan estupendamente bien y no hay motivos para tomar medidas radicales como bloquear carreteras, aeropuertos o puentes. Para García la ola de protestas es “obra” de conspiradores nacionales e internacionales que azuzan a una población manipulable. Las movilizaciones sociales no son legítimas para el presidente ya que niega que los comuneros tengan capacidad de organización. Todo lo malo viene de afuera y no guarda relación con sus propias limitaciones e incapacidades. Culpa al ‘antisistema’ de la polarización y la sensación de ingobernabilidad que difunden algunos medios cuando reportan la obstaculización con troncos y piedras de alguna vía terrestre. García no se siente responsable del clima de agitación política y social porque ha encontrado su chivo expiatorio en el ‘antisistema’ que encarnan tanto el nacionalismo de Ollanta Humala como el socialismo de Hugo Chávez.

Tras el fallido operativo en Bagua Chica García aprovechó la muerte de 24 efectivos para poner en marcha la tesis del complot internacional. Del total de bajas policiales, la mitad se produjeron en la fatídica Estación N° 6 de Petroperú. Los uniformados formaban parte de un contingente de 38 agentes que habían sido destacados a la planta y posteriormente secuestrados por cientos de nativos de la etnia awajun desde hace 5 semanas. El comando policial “desconocía” su situación al igual que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Áraoz, quien dijo este domingo en La República que “nunca supo que los policías de la estación petrolera Nº 6 eran rehenes”. La versión oficial no es creíble pues los operarios de Petroperú, quienes eran reemplazados cada semana, comunicaron oportunamente la captura de la estación petrolera.

Si las autoridades insisten en su versión podemos colegir que desean emular a los ‘halcones’ del Partido Republicano tras el atentando del 11-S. La estrategia del ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y del ex vicepresidente Dick Cheney de utilizar el ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono para incursionar militarmente en Iraq ha sido imitada por este Gobierno pues trató de capitalizar las muertes de Bagua, la Estación N° 6 y la ‘Curva del Diablo´ para victimizarse y arrinconar a los opositores del régimen. La sangre de los policías le ha servido a García para montar un burdo escenario de ‘guerra fría’ y descalificar a sus críticos. Ahora todo aquel que no comulga con su modelo es satanizado y acusado de sedicioso. Lo mismo hizo el repudiado George W. Bush en el Capitolio en 2002 cuando anunció la doctrina del ‘eje del mal’ y dividió al mundo entre los que “están con la democracia y la libertad”, o sea con él; y los que apuestan “por el fanatismo y la barbarie”, en alusión a varios movimientos y gobernantes musulmanes.

Sacar partida de un atentado o masacre ha permitido que gobiernos maquiavélicos consigan el respaldo de la opinión pública para alcanzar determinados objetivos políticos. Este fue el caso de la ilegal invasión de Iraq por parte de Estados Unidos, Reino Unido y España en 2003; y lo que intentó infructuosamente García pues la ciudadanía no se puso de su lado.

Si hubiera existido injerencia extranjera en la Amazonía, los nativos no se hubieran desmovilizado tras la derogación de los decretos que rechazaban ni los campesinos de Andahuaylas hubieran firmado actas de compromiso con el cuestionado Yehude Simon. Claro que detrás de algunas protestas hay revoltosos asociados con el Sutep y Patria Roja, enquistados en el magisterio estatal, pero su participación y capacidad de movilización es mínima porque no representan a nadie, salvo a un grupo de maestros descontentos con las medidas del Ejecutivo en materia educativa (con la selección de profesores). Estos grupos no tienen la fuerza ni el apoyo para impulsar un cambio de grandes proporciones, es decir, una revolución.

En el punto III de su ¿ensayo? el delirante García atribuye la baja calidad de la educación a “viejos dirigentes” que promueven huelgas y se oponen a la capacitación de la plana docente. Esto no es cierto pues Mercedes Cabanillas, principal responsable del fracasado operativo de Bagua, permitió el ingreso de miles de apristas al magisterio en su calidad de ministra de Educación en el primer quinquenio de García. Si hay que culpar a alguien de la debacle del sector es a la titular de la cartera de Interior porque sus compañeros de partido no estaban preparados para la enseñanza. Así se condenó al atraso a millones de peruanos ya que no recibieron una educación digna. Esto es sumamente grave porque incrementó la desigualdad, el principal problema del país.

Luego García menciona a “los sobrevivientes de la izquierda de los 70”, quienes están detrás de las movilizaciones pues “predicaban la violencia y llamaban hermanos a los senderistas (miembros de Sendero Luminoso)”. Pero esto lo hacía nada más y nada menos que su primer ministro Yehude Simon, quien militó en la izquierda radical y fue encarcelado por su cercanía al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru). Simon ha negado toda vinculación con grupos subversivos pero su pensamiento extremista ha sido registrado en medios escritos de la época (los 80).

En el punto IV García dice contar con el respaldo de la inmensa mayoría, pero el 54% de la población, según la encuestadora Apoyo, no está contenta con el modelo económico. La gente demanda cambios urgentes pues la creación se empleo se ha estancado. Si las cosas marchan tan bien en el país, ¿por qué el Estado tuvo que implementar un paquete de inversiones en infraestructura a última hora? Desde que empezó la crisis económica mundial, a finales de 2007, varios funcionarios aseguraron que estábamos “blindados”, pero luego cambiaron de parecer y aprobaron un ‘plan anticrisis’ para compensar la caída de las exportaciones, la inversión privada y la demanda interna.

En cuanto al empleo, este no está garantizado como piensa García pues es tremendamente precario e informal. La inestabilidad es lo que caracteriza a la Población Económicamente Activa (PEA) pues inclusive dentro del Estado existe personal que no tiene derechos elementales (emiten recibos por honorarios cuando en realidad están sujetos a las órdenes de sus superiores y tienen que cumplir con un horario de trabajo). Sólo una minoría tiene acceso a la seguridad social, compensación por tiempos de servicios, vacaciones pagadas y está protegida contra el despido arbitrario. García ve una realidad muy distinta a la que padecen millones peruanos.

La muerte de 24 policías, señor García, se debió a la mala planificación y ejecución del operativo por parte de los responsables políticos y del comando policial, respectivamente. Quienes condenaron a muerte a 12 uniformados que custodiaban la Estación N° 6 fueron los miembros del Gabinete y el presidente de la República porque autorizaron el desalojo sabiendo que un destacamento había sido retenido. Ningún funcionario puede decir que desconocía su paradero o condición pues fueron enviados a resguardar un activo estratégico que permite el suministro de petróleo en el oriente. La falta de inteligencia, impericia y previsión causaron el desastre que todos conocemos. Entonces, al permitir el desalojo de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry se puso en peligro la vida de los efectivos secuestrados, pues debieron ser liberados antes de disparar y arrojar bombas lacrimógenas sobre miles de amazónicos enfurecidos.



jueves, 25 de junio de 2009

Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas



Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas (primera parte)




Las respuestas del premier y la encargada de la cartera del Interior dejan mucho que desear pues no han asumido su responsabilidad en los luctuosos hechos de Bagua donde fallecieron 35 peruanos, entre policías y nativos.
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Por César Reyna



El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, afirmó delante de la representación nacional que el desalojo de carreteras fue una decisión del Gabinete; sin embargo, un par de días después de la masacre en la Amazonía, la ex ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso[1], dijo que en el último Consejo de Ministros que participó, previo al operativo policial, no se discutió la intervención aludida por el premier. La versión ofrecida por Simon no se ajusta a la verdad pues no hubo reunión de Gabinete en la que se autorizara el despeje de la carretera Fernando Belaunde Terry, donde miles de indígenas se enfrentaron a decenas de efectivos cuyo trágico saldo todos conocemos.


Esto nos confirma que la operación en Bagua fue obra exclusiva del presidente Alan García y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ya que el primer ministro Yehude Simon no fue capaz determinar quién fue la autoridad de más alto rango que dio la orden de desbloquear la vía Bagua-Tarapoto, única pregunta que debía contestar en el Pleno sobre la espinosa materia.


Para diluir su responsabilidad dijo que “todos somos responsables (de lo ocurrido en la selva)”, en clara alusión a la clase política que pedía su renuncia. Con sus expresiones Simon Munaro mete dentro del mismo saco al Ejecutivo, a la oposición, a gobiernos anteriores y a todos los ciudadanos por desconocer “la deuda histórica con la Amazonía”. Cuando inició su presentación evitó individualizar a los responsables del desencuentro entre peruanos, aunque luego mencionó que grupos radicales -que se oponen al modelo democrático y al progreso del país- están detrás de las acciones desestabilizadoras en el oriente y sur peruanos.


Después de la primera intervención de Yehude Simon (participó en la sesión un par de veces más para responder las inquietudes de los congresistas de oposición), le tocó el turno a la ministra Mercedes Cabanillas, quien ratificó la tesis del jefe del Gabinete al señalar que “radicales financiados desde el exterior buscan implantar un modelo de caos y anarquía”. Luego justificó la fallida acción policial mencionando un par de artículos de la Constitución que señalan los deberes de los ministros y la Policía, “encargada de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana”.

Las contradicciones que evidenció la Cabanillas en otras oportunidades volvieron a repetirse en el Congreso, donde fue interpelada por el mismo suceso que motivó la presencia del primer ministro. La Cabanillas dijo que el Gobierno cumplió con el mandato constitucional de recuperar las vías bloqueadas para aliviar a las poblaciones afectas por las medidas de los nativos. Según ella, el desabastecimiento de combustibles y alimentos que llevaba 55 días fue la causa principal de la actuación de las fuerzas del orden. Esto desmentiría al propio Yehude Simon
[2], quien tres semanas atrás reveló que la intervención se realizó porque los indígenas iban a dejar sin petróleo y gas al país. Entre la escasez de productos básicos en ciudades amazónicas y la falta de carburante a nivel nacional hay mucha diferencia.

Otra falacia del premier, de las tantas que dijo ayer en el hemiciclo, está relacionada con la supuesta “inmolación” de los policías retenidos en la Estación N° 6 de Petroperú. Sobre este punto aseveró que los uniformados “no cayeron en el juego de los desestabilizadores que buscaban que el Gobierno cometiera un genocidio… y entregaron sus vidas por la democracia”. Esto último es inexacto porque los custodios de la planta de bombeo fueron sorprendidos con el desalojo que inició el comando policial en la ‘Curva del Diablo’. Si éstos permitieron que los nativos awajun tomaran sus fusiles AKM fue porque confiaban en que no pasaría nada. Lo que queda claro es que los policías detenidos no dispararon sus armas para no ser procesados por delitos de lesa humanidad; y no porque hayan querido convertirse en mártires.

Durante la segunda participación de la ministra Cabanillas, la funcionaria mencionó que las Fuerzas Armadas iban a proteger la Estación N° 6, pero no explicó porque no se produjo el relevo de las Fuerzas Policiales. La gran es falla del operativo en Bagua es haberla ordenado mientras 38 efectivos permanecían secuestrados en dicha estación. La acción no debió efectuarse en esas condiciones pues las autoridades y el Comando General de la Policía abandonaron a su suerte a ese desventurado contingente. En este caso, el sentido común manda averiguar en qué situación se encontraba el destacamento que vigilaba la estación de Petroperú antes de liberar la convulsionada vía terrestre. Al no interesarse por su seguridad, el Gobierno pone de manifiesto que deseaba sus muertes para victimizarse y culpar a los indígenas de la violencia desatada en la Amazonía. De esa forma pretendían postergar indefinidamente sus demandas acusándolos de genocidas y salvajes, tal y como se reflejó en un spot producido por del Ministerio del Interior.

El Ejecutivo apeló una vez más a la amenaza externa para acallar las críticas que provienen de diversos sectores de la sociedad civil. Así trata de conseguir el respaldo de algunos medios independientes y grupos políticos para que los últimos dos años que le quedan no estén marcados por la inestabilidad. El principal objetivo del presidente García, como se dijo en otros artículos, es mejorar su imagen ante la ciudadanía. García cree que si mantienen el mismo rumbo (de crecimiento sostenido, atracción de capitales y reducción de la pobreza) podrá revertir los desajustes que hizo en su primer gobierno. De momento sólo le interesa cambiar la percepción de los peruanos que lo padecieron cuando era más joven e irreflexivo, ya que no puede postular en las próximas elecciones. Forjar la unidad nacional en un momento álgido para el país en base a mentiras y exageraciones no dará resultado pues los peligros que intenta magnificar no son creíbles. Sólo la periodista Cecilia Valenzuela, el director del diario ‘Correo’ y el entrevistador Jaime de Althaus acogen la teoría conspirativa porque forman parte del aparato de propaganda del Gobierno.


En otra parte de la sesión, la ministra Cabanillas esquivó su responsabilidad política y aseguró que “en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales, fue el director general de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, quien dispuso la intervención policial para desbloquear la carretera Fernando Belaunde”. Para ella dicha orden fue una mera formalidad ya que no se determinó la fecha del operativo, dado que la misma correspondía definirla al Comando General de la Policía de la zona de operaciones.


En otro momento de la interpelación, el premier dijo que el Gobierno “no acepta la violencia como método para exigir demandas”; pero eso es justamente lo que hizo hace poco en la selva pues toleró la toma de carreteras –durante 20 horas al día- hasta que se derogaran los decretos que rechazaban los amazónicos. Este hecho fue duramente cuestionado por miembros de la bancada de Unidad Nacional pues consideran que el Ejecutivo ha claudicado ante los radicales. Para esta agrupación se ha perdido el ‘principio de autoridad’, que para la derecha significa el miedo que debe infundir el Estado a las poblaciones que cuestionan las cosas, es decir, el orden o status quo. El quiebre de este principio le causa mucho temor a los conservadores y a la clase adinerada en general porque era -o es- su “garantía” contra las turbas enajenadas que reclaman más atención y/o derechos.


Durante las respuestas que daba el premier sobre los sucesos en Bagua, señaló que el bloqueo de carreteras es un delito y lo equiparó a una táctica de guerra convencional, pues entraña violencia contra las ciudades, repitiendo el mismo argumento que esgrimió un par de días atrás Aldo Mariátegui en el racista diario ‘Correo’.


Lo que más nos sorprendió durante la accidentada jornada en el hemiciclo fue el total desconocimiento de la realidad por parte del primer ministro ya que es increíble que asegure haber “resuelto el problema de la Amazonía optando por la vida”, es decir, por la vía de la concesión y el diálogo con las comunidades, en lugar de la represión. Yehude Simon no puede estar más distanciado de lo que pasa en el país pues los nativos sólo han pactado una tregua. Los pueblos amazónicos sólo se han desmovilizado porque dos de los nueve decretos que rechazan han sido derogados; pero su lucha seguirá si el Gobierno incumple los acuerdos que se tomen en la Mesa de Diálogo que también integran la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.




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[1] Recordemos que ella renunció, a pesar de no ser responsable directa de lo sucedido, por una cuestión de principios y por desacuerdos con funcionarios que realizaban actividades partidarias dentro de su cartera en lugar de cumplir con sus obligaciones (nos estamos refiriendo al jefe del Indepa, Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos).

[2] Fue durante una entrevista que concedió a la periodista Mariela Balbi del diario El Comercio.


lunes, 22 de junio de 2009

Crisis Política en Perú: la censura contra Yehude Simon




Por César Reyna



A partir del miércoles el presidente Alan García deberá recomponer el Gabinete porque la oposición y los aliados del Gobierno (el Fujimorismo y Unidad Nacional) votarán, con casi con toda seguridad, por la censura del primer ministro Yehude Simon. El premier será la primera baja sensible en el Ejecutivo tras los trágicos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Bagua, en el nororiente peruano. A Simon podría seguirle la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, responsable directa del fallido operativo que enlutó a decenas de familias el 5 de junio pasado. Simon pagará el precio de haber hecho las cosas a la manera de García pues el segundo se negaba a solicitar la derogatoria de los decretos 1090 y 1064 al Parlamento.

El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich dijo (en su columna del sábado pasado en el diario La República) que la censura blindaría al próximo gabinete que nombre García pues el Congreso no se atreverá a censurar dos gabinetes consecutivos ya que el artículo 134 de la Constitución señala que: “El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros”. Que el presidente tenga esa potestad no quiere decir que vaya a utilizarla pues el 2010 es un año netamente electoral. Ni a la versión más impetuosa de García se le ocurría defenestrar a sus partidarios y opositores en represalia porque podría ser tildado de autócrata. Ciertamente la comunidad internacional no vería con buenos ojos que el Ejecutivo gobierne sin fiscalización ni oposición política por un tiempo. En la práctica el cierre del Legislativo es una medida antidemocrática y de último recurso, pues sólo procedería -y sería aceptada- si el Congreso boicotea abiertamente las políticas del Gobierno. Sólo en ese escenario sería viable. En los últimos tiempos ningún mandatario ha recurrido a la disolución de la Cámara porque la presión mediática y ciertos sectores de la sociedad civil se han encargado de ello.

La renovación está de todos modos cantada: habrá cambio de Gabinete sí o sí. Simon era fusible y se quemó. Y es culpable de lo sucedido en la Amazonía por su falta de aplomo para plantearle las cosas a García. Al permitir -desde el comienzo del conflicto- que las cosas se hicieran a su modo deberá dimitir ya que no hizo todo lo que pudo para evitar la muerte de 34 peruanos. Su falta es por omisión y por creer que ignorando el problema durante cuarenta días o recurriendo la violencia, como le hizo creer García al hablar de conspiradores internacionales, podría controlar la situación. Lo de Bagua era totalmente previsible pues los nativos no iban a ceder en sus peticiones. Para ellos era la derogatoria o nada asi las normas cuestionadas tuvieran disposiciones favorables, que no las tenían, desde luego.

Una vez que se confirme la salida de Simon Munaro los apristas recuperaran la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). La recaptura del premierato –anteriormente estuvo en manos del congresista Jorge del Castillo- es fundamental para sus aspiraciones políticas. Sin el control de la PCM no podrían encauzar la política del Gobierno, es decir, hacerla coincidir con sus objetivos partidarios. Tal vez muchos ‘compañeros’ ingresen en el último tramo de esta Administración para realizar proselitismo político con recursos del Estado (obras públicas, publicidad estatal, etc.). El despilfarro y la ineficiencia gubernamental seguramente estarán a la orden del día en los próximos meses. Por eso habrá que estar vigilantes para denunciar los excesos que se comenten desde el poder.






miércoles, 17 de junio de 2009

Crisis política en Perú: Gobierno peruano cede a demandas de indígenas



Crisis política en Perú: Gobierno peruano cede a demandas de indígenas


Tras varias jornadas luto, zozobra y violencia, el Gobierno finalmente cedió a las peticiones de los nativos de nuestra Amazonía
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Por César Reyna




Tres son las razones por las que el presidente Alan García ha decido dar marcha atrás en la validación de dos controvertidos decretos. La primera de ellas, sin duda la más importante, es que el conflicto estaba minando la imagen del Perú en el exterior como lugar ‘seguro’ para las inversiones. La confianza que muchos inversionistas mostraban sobre de la economía peruana –era la única que crecería en la región- podía deteriorarse si la tensión se mantenía en la selva. Por eso fue necesario buscar una solución “armoniosa” que bajara los decibeles a la magnitud protesta amazónica. El propio García lo ha dejado entrever hoy día pues dijo que “(…) necesitamos muchas inversiones. Y ellas sólo vienen cuando ven a un país que crece”. Luego complementó lo anterior diciendo: “para ello (crecer) necesitamos tranquilidad en los espíritus, reconciliación y paciencia cuanto sea necesaria”. La repercusión internacional de las movilizaciones asustó al Gobierno porque temía que se proyectara la idea de un Perú ingobernable, inestable y sin rumbo. Desde el fin de la guerra contrasubersiva, a inicios de los noventa, no vivíamos episodios donde policías y civiles eran brutalmente asesinados.

La derogación de los decretos 1064[1] y 1090[2] no implica un ‘mea culpa’ del Gobierno porque García cree que los pueblos originarios no entendieron las normas que impulsó para implementar el TLC con Estados Unidos. “Si no hay aún información y conciencia suficiente para comprender qué es lo positivo que se plantea, tenemos tiempo suficiente para que el tiempo convenza”, afirmó García. El presidente se expresa con soberbia y lamenta que los selváticos no hayan comprendido su visión. Sigue creyendo que actuó de buena fe y que el impasse de los últimos 67 días –tiempo que dura el paro amazónico- se debió a que los indígenas no pudieron asimilar su propuesta de desarrollo para la Amazonía.
El segundo motivo es reducir el clima de polarización en esa región y otras partes porque es favorable a grupos antisistema liderados por el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Si los pobladores de la selva se mantienen en pie de lucha indefinida porque el Ejecutivo no atiende sus demandas podrían aliarse con algunos agentes nacionales y extranjeros que tratan de desestabilizar el ‘establishment’. Eso es lo que a nuestro entender se quiso evitar pues los regímenes socialistas del subcontinente[3] están deseosos de buscar un mayor acercamiento con el movimiento indígena. Lo anterior no quiere decir que las medidas de fuerza de los nativos hayan sido dirigidas desde Caracas o La Paz, sino que ambos aprovecharían el vacío dejado por el poder para capitalizar el descontento, esto es, para orientarlo según sus intereses.

El tercer elemento es la imposibilidad, por parte del Ejecutivo, de aplicar medidas fuerza para despejar carreteras, estaciones de bombeo de petróleo y vías fluviales porque acarrearía un nuevo derramamiento de sangre. Lo último que desea el Gobierno, dadas las circunstancias, es ser acusado de "genocida" por sus opositores y organismos no gubernamentales. Esa alternativa se canceló de plano tras la funesta recuperación del orden en la ciudad de Bagua Chica, en el oriente peruano. Como resultado del lamentable operativo, el Estado peruano cogobierna con las comunidades nativas -en la región amazónica- pues les ha permitido mantener el control sobre varias carreteras, siempre que permitan el tránsito de vehículos por cuatro horas al día.

Ahora bien, el Gobierno cometió un grave error al acusar a los indígenas de “sediciosos” pues su protesta es legítima, autóctona y no ha sido manipulada por ningún país. Desde agosto de 2008, los pueblos amazónicos han reclamado la derogación de un paquete normas que afectaban su forma de vida ancestral y el medio ambiente, consiguiendo la anulación de los decretos 1015 y 1073. En aquella oportunidad no se dijo que los aborígenes habían sido azuzados por terceros y se tuvo que ceder ante la ola movilizaciones. La toma de carreteras y desmanes hicieron retroceder al Ejecutivo el año pasado y ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo.
Para que las cosas se calmen se formó un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos[4], integrado por miembros del Gabinete de Yehude Simon, presidentes regionales, alcaldes provinciales y organizaciones representativas de las comunidades nativas. Todos ellos tratarán de alcanzar consensos para modificar las demás normas que cuestionan los indígenas y debatirán una serie de temas vinculados con el desarrollo de esa inmensa zona del país.

En la primera sesión del Grupo de Trabajo, donde también interviene la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica como mediadores y facilitadores del diálogo, se acordaron varios puntos entre los que destaca la anulación[5] de los decretos 1064 y 1090. Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana), organismo que representa a más de mil comunidades amazónicas, sospecha del cambio del Gobierno porque ya fueron “mecidos” por el oficialismo. Aidesep tiene razones para desconfiar ya que en el decreto supremo que creaba de la Mesa de Diálogo (Grupo de Trabajo) no lo reconocía como interlocutor válido. Por eso el premier Simon tuvo que salir a aclarar que la asociación que presidía el asilado Pizango participaría junto con otras entidades que habían sido excluidas[6] a petición de Aidesep.

El retroceso de la postura del Gobierno es saludable porque la mano dura que exigía la derecha peruana no conducía a nada bueno. Si bien la flexibilidad del premier Simon puede pueden constituir un precedente para que los sectores sociales que quieran puedan lograrlo mediante la violencia, el endurecimiento de posiciones frente a la demanda de los indígenas tampoco era la solución pues alejarían a los empresarios de la Amazonía, quienes no invertirían en una región convulsionada.

La discusión más grave en este momento es de índole moral pues tuvo producirse un alto costo humano para que el Ejecutivo cediera. Los deudos reclamarán con justicia que la vida de sus seres queridos fue sacrificada por un capricho presidencial, es decir, en vano. Su pérdida no se puede reparar como la demanda de los pueblos amazónicos que consiguieron una victoria importante con la anulación de los decretos.

Hacer retroceder a García no es poca cosa dada su incorregible megalomanía. Su “deseo de revolucionarlo todo por la vía de la modernización, la maquinización y el avance”, según él, se sustenta en la explotación intensiva de recursos naturales de la selva, es decir, la realización de una actividad primaria, típica de países subdesarrollados. Su visión colisiona directamente con la de los nativos pues su sociedad, a parte de considerar a la Amazonía como su medio de vida, se basa en el conocimiento porque mediante el ensayo-error y siglos de experimentación, descubrieron propiedades medicinales en una gran variedad de frutos. El principal defecto de la concepción gubernamental es que no considera a los pueblos nativos como sujetos sobre los que debería recaer el desarrollo ya que prescinde de éstos para abocarse a la entrega de concesiones sobre tierras que se superponen con la de las comunidades nativas.

En estos momentos se vocea la salida de Yehude Simon y ya se barajan varios nombres para sustituirlo. La renuncia era reclamada por Daisy Zapata, dirigente de Aidesep, quien se encarga de la presidencia porque Alberto Pizango, ex presidente de la organización, se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua tras ser acusado de sedición y otros delitos. Pizango permanece en esa sede diplomática desde hace más de una semana porque la Cancillería no había extendido el salvoconducto que le permita salir del país. Ahora que García ha dado su brazo a torcer, Pizango recibió el mencionado documento según diversas fuentes periodísticas. Esta decisión, que supone un giro de 180 grados, no formaba parte del acuerdo de doce puntos entre el Ejecutivo y los nativos, pero se consideró pues Aidesep demandaba el cese de la persecución de sus dirigentes.[7]

Mientras el Gobierno se decanta por la apertura (los acuerdos que se tomen en la mesa de diálogo con las comunidades nativas serán vinculantes); el Parlamento aprobó por unanimidad la formación de una comisión multipartidaria encargada de investigar los hechos de Bagua por un plazo de 120 días. La triple alianza conformada el Apra, Unidad Nacional y el Fujimorismo tendrá mayoría pues contará con tres congresistas designados de un total de cinco. Eso le confiere el manejo de las investigaciones y la redacción del informe final.
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[1] El decreto 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de tierras en uso agrario, no contemplaría el mayor uso forestal, en comparación al agropecuario, que le dan los habitantes de la selva a sus terrenos. La norma es cuestionada porque faculta al gobierno central a otorgar permisos de extracción de los recursos naturales sin la necesidad de contar con la aprobación previa de las comunidades locales.

[2] El decreto 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es criticado por los especialistas al considerar que en su afán de regular la propiedad privada no toma en cuenta la falta de titulación en los territorios de las comunidades. Los manifestantes consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante un régimen de concesiones.

[3] Hay que mencionar que el mandatario altiplánico envió un comunicado en el que llamaba a la ‘revolución’ durante la IV Cumbre de Pueblos Indígenas realizada en Puno.

[4] Además de la derogación de los decretos legislativos, que es apenas una parte y la más superficial en el asunto de las comunidades nativas, se discutirán problemas de fondo de estas poblaciones como la falta de salud, educación en su idioma, carreteras y, en general, mejores condiciones de vida.

[5] Su eliminación en realidad fue una iniciativa del primer ministro para recuperar la confianza de sus contrapartes nativas.

[6] Durante las primeras tratativas con Yehude Simon, Pizango fue el único representante de las comunidades originarias.

[7] Además de Pizango, otros cinco representantes de la entidad tienen orden de captura.


lunes, 15 de junio de 2009

Crisis política en Perú: Yehude Simon se pasó al lado oscuro



Por César Reyna


El cambio del presidente del Consejo de Ministros es tan radical como el de Anakin Skywalker cuando se convierte en Darth Vader. La comparación entre un personaje real y otro de ficción es porque Simon ha sucumbido al poder del lado oscuro de la política. Cuando Simon era un exitoso presidente regional, lograba fácilmente consensos entre inversionistas y campesinos azucareros descontentos y amotinados. Durante varios años su gestión en Lambayeque fue un modelo a seguir ya que no había sido salpicado por acusaciones de corrupción como sus homólogos. Su tono conciliador y su pragmatismo lo llevaron al premierato donde, tras la estrepitosa salida de Jorge del Castillo, debía infundir tranquilidad y recuperar la confianza.

Poco tiempo le bastó al presidente García para transformar a un hombre bien intencionado en un afanoso defensor de las peores formas de hacer Gobierno. Si renuncia a la PCM ya no puede volver a dirigir la región que lo devolvió a la arena política porque fue vacado
[1] por el Consejo Regional. Tras un accidentado paso Izquierda Unida y pasar nueve años de su vida en prisión –fue acusado de terrorismo durante el Gobierno de Alberto Fujimori; pero luego fue indultado por Alejandro Toledo por insistencia del Padre Hubert Lanssiers-, abandonó su militancia para asumir posiciones de centroizquierda como la de los presidentes Lula da Silva en Brasil y Tabaré Vázquez en Uruguay. Desde el centro del espectro político relanzó su imagen y consiguió la adhesión de independientes, derrotando al Partido Aprista en el “sólido norte”.

Ahora Simon es una persona muy distinta a la que vino de Lambayeque porque emplea el mismo discurso de un presidente que perdió la brújula. Las reuniones con el primer mandatario en Palacio de Gobierno debieron ser tan persuasivas como las del Senador Palpatine antes de darse a conocer como el Lord de los Sith. García seguramente usó todos sus recursos retóricos para quebrar la posición centrista de Simon pues este se deja usar por el primer mandatario. El premier parece no darse cuenta de que es utilizado como colador para que las críticas más ácidas contra el Gobierno no dañen la imagen del primer mandatario. Más que un bombero que apaga incendios o previene conflictos como Jorge del Castillo; Yehude Simon dirige la PCM en medio de la zozobra que genera la personalidad de un presidente que no admite la discrepancia, rasgo esencial de la democracia y de un Estado de Derecho.

Alan García lo está acostumbrando a disfrutar del poder casi ilimitado que ofrece la función pública. Simon todavía puede volver a ser el de antes y lavar su imagen si renuncia a los ofrecimientos del corrompido García. Gobernar al lado de él es lo peor que le ha podido pasar, peor que ir a prisión o apasionarse por trasnochadas ideas revolucionarias porque está vendiendo su alma al diablo. El manipulado es él, y no los indígenas que se defienden desde hace siglos de la injerencia y prepotencia del cruel mundo occidental. El que los pueblos amazónicos no se dejen avasallar no los convierte en “genocidas de policías”, como piensa perversamente García. El que tengan voz propia y capacidad de organización –que envidian muchas “instituciones” del Estado- no los convierte en “agentes desestabilizadores” pues lo único que demandan es que los dejen vivir en paz y que les consulten antes de cualquier decisión que los afecte.

Simon es ingenuo -así se considera en la entrevista que concedió al diario El Comercio-, si cree en la buena fe de García. El líder aprista no ha cambiado ni un ápice desde que asumió la presidencia aunque al principio de su segundo mandato haya disimulado los abismos y exabruptos de su personalidad. En la cara de Alan está reflejada la locura y el deseo de poder omnímodo, y también el afán de doblegar voluntades con su labia. García es la cabeza de una maquinaria destinada exclusivamente a ganar elecciones pero no a gobernar. De ahí los innumerables problemas que origina porque no sabe cómo administrar la cosa pública (que comprende entender a los demás desde una perspectiva multicultural). Lo paradójico es que el Partido Aprista está condenado a pesar de que García lo ha llevado dos veces a la victoria. Simon pudo ser el delfín que buscaba el aprismo en vista de que no posee un dirigente de proyección nacional. Pudo serlo con toda tranquilidad porque había dejado una buena gestión en su provincia, la que podía repetir en Lima sin muchos altibajos pese al complicado panorama internacional.

La fuerte caída de la economía mundial no afectó su silenciosa administración, sino el empecinamiento de proseguir en la aplicación de decretos inconsultos por parte del jefe de Estado. El paquete normativo que lo obligó a dialogar con representantes de las comunidades nativas había sido aprobado por el Gabinete anterior. Simon no los había firmado, pero aún así debía defender su validez para no resquebrajar la “seguridad jurídica” en el país, es decir, las garantías que otorga el poder político a los inversionistas.

En la entrevista que concedió al diario El Comercio este fin de semana habló de muchas cosas, sobre todo de la crisis interna. Entre las cosas que respondió destaca la descalificación a la ministra del Interior pues dijo que la decisión de intervenir en Bagua partió del Ejecutivo. La ministra había dicho hace unos días atrás en La República que “no tuvo participación en el operativo” y que el comando policial actuó con total autonomía. Simon la involucra directamente en el manejo de la crisis, pero ella se ha lavado las manos culpando a Ollanta Humala, el candidato nacionalista, de la muerte de 24 efectivos por enviar a sus congresistas a la selva “para azuzar a la población”.

En otra parte de la entrevista Simon respalda y limpia inexplicablemente a Cabanillas diciendo que “ella no es responsable de las cosas (en referencia a la masacre del 5 de junio)”. Si ella no es responsable, ¿quién lo es? Más adelante señala que “con el tiempo se reconocerá que el Gobierno actuó con mucha paciencia y prudencia y que no tiene por qué sentirse responsable de lo sucedido”. Esto francamente rebasa el cinismo y cualquier resquicio de sentido común. No creo que merezca mayor comentario pues resulta evidente que el premier ha perdido, como el presidente, todo contacto con la realidad.

Cuando dice que representaba a la facción del Gabinete que buscaba poner paños fríos menciona que había sectores que apuraban la intervención armada.”(…) puedo jurar que si hubiéramos actuado con fuerza desde el primer día, hoy no tendríamos Gobierno y estaríamos lamentando la muerte de 500 nativos; había gente que quería eso”, revela. Si había gente que deseaba ese trágico desenlace pertenecía a la derecha peruana que desde algunos medios y pasquines pedía orden y represión. El director del diario Correo, Aldo Mariátegui, proponía, por ejemplo, que imitáramos a Chile, país que masacró a muchos indios mapuches cuando se rebelaron por la incursión empresas madereras en sus territorios. El pedido de sangre venía del extremismo conformado por el Fujimorismo, tan apegado al orden como a la falta libertades ciudadanas; los congresistas apristas Mauricio Mulder y Aurelio Pastor; el fascista diario La Razón y algunos empresarios de la Confiep, la organización patronal.

Simon no piensa en dimitir porque considera que sería “desleal con el país” y que sólo lo haría hasta que “el mundo nativo entienda que somos sus aliados, que tenemos una política para la Amazonía que nunca tuvo ningún Gobierno”. Traducción: seguirá en el cargo porque no quiere desaparecer del mapa político. Si se va se quedaría aislado porque ninguna agrupación le daría cabida. Sólo García lo necesita para que siga poniendo el pecho por él, esto es, para aguantar los cuestionamientos. Lo necesita como escudo humano hasta que ya no soporte más y deba reemplazarlo por otro. En tiempos tan convulsionados ningún dirigente aprista quisiera asumir la PCM porque se “quemaría” al instante, es decir, se desacreditaría rápidamente. Por eso el presidente prefiere mantenerlo a sacrificar a uno de sus compañeros. Cuando las cosas se calmen y estemos más cerca de las elecciones, García realizará varios cambios y ajustes en uno de los Gabinetes más cuestionados de los últimos tiempos, empezando, naturalmente, por Yehude Simon.

El poder de Simon realmente es decorativo pues la Iglesia y la Defensoría del Pueblo están cumpliendo sus funciones ante los líderes nativos en la renovada Mesa de Diálogo Multisectorial. Mientras se instala ese órgano o comisión ad hoc, planea dialogar con los apus (líderes tribales) para “crear confianza y conocer directamente la zona del conflicto”.

El Fujimorismo ha pedido su renuncia porque lo vincula al MRTA (fue miembro del Movimiento Patria Libre, ala legal del grupo sedicioso). Pero él ha manifestado que cuenta con el respaldo del presidente.

El primer ministro no descarta que la Policía o el Ejército intervengan pues varias carreteras del interior continúan bloqueadas y el aeropuerto de Andahuaylas ha sido tomado. A la pregunta de por qué no autorizó el operativo antes, dijo que no dio la orden porque “Pensaba que todos amaban la democracia y no calculaba que mucha gente pretende ser presidente, no le interesaba solucionar el problema sino crear el desborde (…)”.

Señor Simon, la democracia en el Perú es un concepto gaseoso pues muchos la confunden con desorden e ingobernabilidad; otros no piensan en ella sino en su bolsillo, si hay trabajo y en oportunidades para salir de la pobreza. La democracia en sí no importa porque durante la autocracia de Fujimori, mientras las cosas marchaban bien, pocos se atrevieron a denunciar los abusos, la corrupción, los asesinatos selectivos y el pisoteo de la legalidad en el país.

En cuanto a las leyes que los indígenas repudian, Simon dice que no pueden derogarse porque “El Perú no puede quedarse sin leyes (…)”. Sin leyes para los grandes intereses será, porque cuando las comunidades solicitan la atención de sus pedidos de ampliación territorial deben esperar años de años. Eso no ocurre, en cambio, cuando empresas privadas piden la concesión de tierras para explorar y explotar hidrocarburos (33 millones de hectáreas, de un total de 67, ya han sido entregadas). La titulación de territorios amazónicos
[2], que marcha a paso de tortuga, genera inseguridad jurídica entre los pueblos amazónicos y más cuando el Gobierno pretende otorgar derechos (concesiones) sobre zonas no delimitadas.

La respuesta más llamativa de todas es la que contestó sobre quién dio la orden de intervenir en Bagua porque reveló el verdadero detonante de la operación policial. El primer ministro dijo que “Cuando se supo de daños al gasoducto se gestó la decisión y esta se tomó en el Consejo de Ministros dos días antes”. Entonces la intervención no fue para que volviera a fluir el tránsito por la carretera que conecta a las ciudades de Bagua y Tarapoto, ni para aliviar las condiciones en las ciudades afectadas por el desabastecimiento que ocasionó el paro indígena. Ahora todo queda mucho más claro pues el bienestar de la población no fue determinante para nuestras autoridades, sino el peligro que corrían las instalaciones de una importante empresa privada.

En el último Consejo de Ministros que participó la renunciante ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso, mencionó
[3] que el Gabinete pensaba no recurrir a la represión para despejar la ‘Curva del Diablo’, pero las cosas cambiaron días después porque hubo otras reuniones a las que no acudió. Las verdaderas coordinaciones no podían realizarse en presencia de ministros independientes como Vildoso pues los líderes apristas no confían en personas ajenas a la disciplina partidaria. Es probable que ni el mismo Yehude Simon supiera lo que se tramaba en las oficinas de Palacio.

El operativo policial en cuestión fue muy similar al que planificó Vladimiro Montesinos para deslegitimar la Marcha de los Cuatro Suyos que convocó el ex presidente Toledo. Para criminalizar a las fuerzas de la oposición, el ex asesor del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) perpetró un atentado contra la sede principal del Banco de la Nación, donde murieron asfixiados cuatro humildes vigilantes. El fuego consumió varios pisos del viejo edificio mientras estudiantes universitarios, sindicalistas, obreros de construcción civil y diversos dirigentes políticos luchaban con escuadrones rompemanifestaciones. Al día siguiente la prensa alineada con el régimen de Fujimori acusó a los organizadores y manifestantes de la muerte de cuatro inocentes, pero la verdad finalmente salió a la luz. Lo mismo parece haber replicado el maquiavélico Dr. García, con algunos matices y diferencias, desde luego, pues no tuvo ensuciarse directamente las manos como Montesinos, sino provocar a los selváticos que retenían a 38 agentes en la Estación N° 6 de Petroperú. García además aprovechó los temores de los uniformados que participaron en el operativo (de ser procesados por excederse en el uso de la fuerza) para que no causaran muertes en el bando nativo. Ambos elementos produjeron el horrendo número de bajas (de efectivos) que el presidente necesitaba para calificar de “salvajes”, “terroristas” y “genocidas” a quienes reclamaban por justamente sus derechos.



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[1] Las leyes no le permiten regresar pues fue elegido para un puesto de dirección, el cual es incompatible con las funciones administrativas y ejecutivas de un primer ministro.

[2] Según la antropóloga Margarita Benavides, “faltan 7 millones de hectáreas por sanear y el Decreto Legislativo 1089 otorga esa facultad a Cofopri, cuando esa dependencia no cuenta con especialistas en esos temas”.

[3] Fue en el programa de César Hildebrandt (emitido el 14 de junio).

domingo, 17 de mayo de 2009

INSURGENCIA INDIGENA EN PERÚ


Insurgencia indígena y el análisis de los decretos controvertidos


*Por César Reyna


La Defensoría del Pueblo anunció que Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) se compromete a deponer el llamado a la insurgencia proclamado ayer (15 de mayo). La medida supone un avance, pero no soluciona el problema de fondo -la derogatoria de nueve normas lesivas a sus intereses y el cumplimiento del derecho a consulta establecido por el Convenio 169 de la OIT- pues los nativos se han declarado de desobediencia civil. De ahora en adelante ellos deberían negarse a observar las leyes del Estado y a reconocer al Gobierno de manera pacífica ya que la desobediencia civil implica la protesta no violenta. El desconocimiento de las instituciones terminará cuando los Pueblos Amazónicos consideren que las autoridades han atendido sus justos pedidos.

Los Pueblos Amazónicos alegan que tienen muchas razones para oponerse la implementación de un paquete normativo que no se les ha consultado. Antes de analizar el asunto, creemos que los naturales peruanos están defendiendo acertadamente sus derechos, aunque ello implique la toma de carreteras y vías fluviales, y paralicen el comercio y capturen estaciones de petróleo en la región amazónica. Algunos medios señalan que los indígenas han sido manipulados y que pretenden la escisión del país, es decir, la separación territorial de la Amazonía. Los voceros de la derecha buscan que el Estado reprima sin tibieza el paro iniciado el 9 de abril para recuperar el orden.


Los hechos de violencia entre la población selvática y los agentes del Estado no son recientes pues desde agosto del año pasado el Gobierno decretó estado de emergencia por 30 días cuando la etnia aguaruna inició una huelga indefinida, convocada por Aidesep, para exigir la derogatoria de los Decretos Legislativos Nros. 1015 y 1073, referidos a la posesión de tierras en las comunidades nativas de la sierra y la selva. Después esa contundente movilización consiguieron la derogatoria de los referidos decretos que legalizaban la concesión de tierras sin consulta a las comunidades. La intransigencia de la actual administración causó que las comunidades aborígenes empiecen a sospechar del Estado pues promulga normas que afectan a la Amazonía.

Los pueblos amazónicos no pueden quedar al margen del debate de la nueva disposición de tierras, cuencas hidrográficas y recursos naturales pues no residen en la zona como habitantes comunes (como podría residir cualquier citadino en la costa), sino que pertenecen a todo un ambiente al que están perfectamente integrados y adaptados. Su peculiar modo de vida e identidad están intrínsecamente ligados a la naturaleza, de ahí que si son apartados de sus territorios o si estos son afectados por la contaminación, se les condena prácticamente a la extinción. Como sujetos podrían sobrevivir en otras partes (ciudades o países); pero difícilmente podrían hacerlo como pueblo, tribu, etnia o grupo ya que su medio los define y determina como tales. Por eso nunca se debió permitir que pudieran traspasar o vender sus tierras (reduciendo el quórum necesario) porque se extinguirían irremediablemente. La Amazonía es muy frágil. De ningún modo soportaría grandes concentraciones humanas ni explotaciones si se la reparte (lotiza) entre grandes multinacionales.

Tenemos la impresión de que a los nativos se les quiere modernizar u occidentalizar indirectamente con la dación de una serie de normas que permitiría el ingreso del gran capital. Con su estrepitosa entrada cambiarían radicalmente las relaciones de trabajo, de producción y de organización en la región afectada. Ello sería perjudicial para los nativos y el medio ambiente pues alteraría los valores tribales y presionaría a los ecosistemas. La selva, aunque se descubran yacimientos importantes, no da para grandes proyectos. El desarrollo de campos petroleros, tuberías de gas y concesiones madereras es incompatible con la preservación de la flora y la fauna. Las especies ni los nativos resistirían los cambios que desean implementarse furibundamente ya que son fruto, sin lugar a dudas, de la visión cortoplacista y malintencionada de nuestros gobernantes.

Cualquier intento por trastocar el delicado equilibrio supone una amenaza contra los pueblos originarios y como tal debe ser denunciada ante la desmedida ambición empresarial. Para evitar conflictos futuros se debería declarar la intangibilidad e inalienabilidad constitucional de la Amazonía. Sólo así se la protegería al más alto nivel, evitando los mandatarios de turno intenten adjudicarla al mejor postor.

Ahora bien, es preciso desmenuzar el intríngulis legal de los decretos que han ofuscado a los habitantes de nuestra Amazonía. En principio nos parece cuestionable que se elimine la negociación de las comunidades con las empresas a las que el Gobierno otorga concesiones ya que socava la relación entre particulares. Desde hace un par de años las autoridades del sector de hidrocarburos se vanaglorian de suscribir más acuerdos de explotación petrolera[1] que en otras épocas; pero lo hacen a espaldas de las tribus y comunidades ya que no se les consulta el otorgamiento de esa clase de concesiones. El artículo 6 del Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre pueblos indígenas y tribales) indica que los gobiernos deben “(…) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (…)”. Esto permitiría, entre otras cosas, que las comunidades sean consultadas antes de que las autoridades anuncien una convocatoria, una típica medida administrativa, para explorar o explotar recursos una zona que está dentro de su territorio.

Además del respeto del derecho a consulta[2], que es vinculante para el Estado en la medida que su omisión puede conducir a la inconstitucionalidad de la norma o a la nulidad del acto administrativo (dado que violaría un convenio internacional), los nativos demandan la derogación de los Decretos Legislativos Nros. 994, 995, 1020, 1060, 1064, 1089, 1090 (los cinco últimos fueron modificados por la Ley 29317) y la Ley 29398 (de Recursos Hídricos).

El controvertido Decreto Legislativo 994 promueve la Inversión Privada en Proyectos de Irrigación para la Ampliación de la Frontera Agrícola. Con dicha norma se busca impulsar la agricultura a gran en escala en un territorio sensible a la deforestación, la fumigación e introducción de otras especies. Se pretende el desarrollo de la agroindustria, con la cual hemos destruido la mayor cantidad de bosques y hábitats del planeta. Dicha actividad requiere un uso intensivo del agua y la tierra disponibles, lo que a la postre alterará el entorno en el que se ubica.

Con respecto al Decreto Legislativo 995, que modifica la Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario y fija las condiciones para los préstamos, los pueblos indígenas aún no han expresado exactamente a qué se oponen.

El polémico Decreto Legislativo 1020, que promueve la Organización de los Productores Agrarios y la Consolidación de la Propiedad Rural para el Crédito Agrario, es rechazado porque ignora las formas tradicionales de organización indígena. Sobre este punto es preciso mencionar que la constitución de entidades y organizaciones agrícolas servirá para establecer instituciones o reglas de mercado en la selva. La agroindustria será la punta de lanza con la cual se parcelará poco a poco la Amazonía. Con ella ingresará una nueva forma de organizar el trabajo y la producción. El indígena se convertirá en un peón, obrero, capataz o empleado de una gran plantación al mejor estilo del Delta del Mississippi o Alabama. Así se introducirá el comercio occidental, la moneda y patrones de consumo exógenos que trastocarán los usos ancestrales. Los latifundistas establecerán el orden, la forma de pago y el aprovechamiento de los recursos.

El Decreto Legislativo 1060, que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, no es bien visto porque no considera a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Bajo este sistema se planificará la producción en la Amazonía, esto es, se determinará qué tipo de productos se cultivarán, la tecnología que será utilizada, entre otros aspectos.

Con el Decreto Legislativo 1064, objetado por las comunidades, se aprueba el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario. Sus opositores señalan que eliminaría la imprescriptibilidad de las tierras nativas. La estrategia del Ejecutivo consiste en cambiar el uso a las tierras de uso forestal deforestadas, de modo que con su nueva definición sí puedan ser vendidas, dado que como tierras de uso forestal sólo pueden darse en concesión y no en venta. El cambio de uso de las tierras debe ser autorizado por el Ministerio de Agricultura (Minag) basado en un expediente técnico que “garantice la sostenibilidad” del ecosistema. Así se busca promover la inversión en el desarrollo de actividades agrarias. Esta norma promueve el fraude a la ley pues si un concesionario forestal desea realizar otra actividad, lo único que debe hacer es dejar de reforestar las tierras (incumplir el contrato de concesión) para solicitar el cambio al Minag (para que se las den en calidad agrícola), pudiendo venderlas luego. De ese modo se crearía un mercado para la comercialización de tierras de uso forestal. Por si fuera poco, el decreto 1064, que deroga la Ley de Tierras 26505, elimina el requisito del acuerdo previo con las comunidades campesinas y nativas para iniciar actividades extractivas en sus tierras. El decreto 1064, lesiona el derecho a la propiedad de las comunidades ya que las compañías mineras no necesitarían autorización de las primeras para la realización de actividades.


El Decreto Legislativo 1080 no es menos controversial pues modifica la Ley General de Semillas. Esta norma actuaría en contra de las semillas nativas no mejoradas. Así se abre el paso para la agricultura transgénica o genéticamente modificada, que es prohibida por la Unión Europea porque tendría impacto en la flora y fauna amazónicas. En ecosistemas delicados, los efectos de las semillas de la multinacional Monsanto son totalmente impredecibles. Con el libre cultivo de esas semillas debería aumentar el rendimiento de los campos deforestados, lo que incentivaría, a la larga, la tala de millones de hectáreas de árboles porque dicha actividad generaría mucha rentabilidad.

El Decreto Legislativo 1089 establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales. Los indígenas exigen su derogación porque vulneraría la estabilidad jurídica de la propiedad nativa. El Estado, a través de Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), asegura que dicha norma no afecta a las comunidades, sino por el contrario delimitaría a la formalización y titulación de los predios rústicos y tierras eriazas del Estado. Los nativos creen que las tierras que no tienen título (propietario definido) pasarán al Estado, el cual las entregaría a las empresas privadas. Esta norma no tiene como objetivo principal la venta de tierras de las comunidades; pero sí podría ser usada junto a otros decretos para favorecer a los inversionistas privados, sobre todo sabiendo que muchas de las comunidades nativas y campesinas no cuentan con un título que les acredite los terrenos donde viven y producen para que sean respetados. El artículo 89 de la Constitución declara imprescriptible a los territorios de las Comunidades Campesinas y Nativas, los que además se rigen por su propia Ley Orgánica. Lo que cabe aquí es respetar y formalizar los territorios comunales como tal, para después hacer el proceso individualmente como plantea el Decreto Legislativo 1089. El Convenio 169 de la OIT dice que “(…) Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (…)”. La falta de reconocimiento de muchas comunidades nativas y campesinas se debe a la falta de delimitación de sus territorios, teniendo como consecuencia a muchas de éstas sin ningún documento legal que los respalde como propietarios del área donde viven.

En cuanto al Decreto Legislativo 1090, mediante el cual se aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es tachado por las comunidades porque se opondría a lo establecido en el artículo 165 de la Constitución sobre el patrimonio nacional forestal. La Defensoría del Pueblo se ha opuesto tajantemente a este decreto porque podría generar la destrucción de áreas forestales. La norma dejaría fuera del régimen especial de patrimonio forestal a unas 45 millones de hectáreas, lo que representa el 60% de los bosques primarios del Perú, según el Foro Ecológico. A través del decreto, según Sandro Chávez, presidente del Foro Ecológico, también se establece que "en el caso de existir un cultivo de interés nacional se puede cambiar la denominación para el uso de las tierras de forestal a agrícola (...)".

Finalmente, la Ley de Recursos Hídricos (N° 29338) es impugnada porque sancionaría la privatización del agua. Esta norma es eminentemente privatista pues la promoción de la inversión privada ha sido elevada al rango de principio de derecho. La inversión no es más que un medio para conseguir mayor producción, empleo, rentas tributarias, bienestar y desarrollo, pero no puede ser considerada un principio. La ley promueve la participación del sector privado en la gestión del agua. Como los otros dispositivos legales, esta norma se aprobó sin consulta para favorecer a las empresas. El usuario que obtenga excedentes en el manejo del agua tendrá preferencias para futuras concesiones del recurso. Esto es cuestionable pues las futuras licencias están condicionadas al aprovechamiento eficiente que sólo lograrían los grandes usuarios ya que estos pueden invertir en tecnologías que mejoren su ahorro. Así acapararán el preciado recurso en desmedro de los campesinos que no tienen acceso a moderna tecnología de riego.


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[1] Según el investigador Humberto Campodónico, “Las comunidades amazónicas han visto invadido su territorio por una gran cantidad de contratos petroleros que cubren gran parte de la Amazonía. Hasta el 2007, los contratos de licencia en la Amazonía ascienden a 35.2 millones de hectáreas, a las que se suman las áreas otorgadas en el 2008. Es importante resaltar que en el conjunto de los países amazónicos, las áreas de exploración llegan a 44 millones de hectáreas, lo que quiere decir que el Perú ha otorgado el 80% del total”.

[2] La consulta también es necesaria para que sus actos tengan legitimidad y no sea denunciado ante la OIT.

Peru: Indigenous insurgency and the analysis of the controversial decrees

Indigenous insurgency and the analysis of the controversial decrees


* By Cesar Reyna


The Ombudsman's Office announced that AIDESEP (Interethnic Association for Development of the Peruvian Jungle) undertook to remove the call to the insurgents proclaimed yesterday (May 15). The measure represents a step forward but does not solve the fundamental problem-the repeal of nine prejudicial to their interests and fulfilling the right to consultation by the ILO Convention 169, because the natives have declared civil disobedience. From now on they should refuse to observe the laws of the State and recognize the Government as a peaceful civil disobedience involves non-violent protest. Ignorance of the institutions will end when the Amazonian Peoples consider that the authorities have handled their rightful order.

Amazon claims that Peoples are many reasons to oppose the implementation of a regulatory package that they have not been consulted. Before discussing the matter, we believe that Peruvians are the natural right to defend their rights, even if this means making the roads and waterways, and paralyze trade and capture stations for oil in the Amazon region. Some media report that the natives have been handled and seeking the division of the country, namely the territorial separation in the Amazon. The spokesmen of the right sought to suppress the State unemployment without tepidity started April 9 and restore order.


The acts of violence among the population jungle and State agents are not recent since since August last year the government declared state of emergency for 30 days when Aguaruna ethnicity began an indefinite strike, called by AIDESEP to demand the repeal of Legislative Decrees Nros. 1015 and 1073, relating to possession of land in native communities of the highlands and the jungle. After the forceful mobilization obtained the repeal of these ordinances to legalize the granting of lands without consulting the communities. The intransigence of the current administration caused Aboriginal communities begin to suspect the State when promulgating rules affecting the Amazon.

Amazonian peoples can not be excluded from discussion of the new provision of land, watersheds and natural resources because they do not reside in the area as common people (as might reside in any coastal dwellers), but all belong to the environment that are well integrated and adapted. His peculiar way of life and identity are intrinsically linked to nature, so if you are away from their territories or whether these are affected by pollution, they are virtually condemned to extinction. As subjects could survive elsewhere (cities or countries), but could hardly do as a people, tribe, ethnic group or because of their defined and determined as such. So never allow that due to transfer or sell their land (by reducing the required quorum) because it is irretrievably extinct. The Amazon is very fragile. In no way tolerate high concentrations of human or explode if the split (lotiza) among large multinationals.

We have the impression that the natives want to modernize them westernise'their or indirectly to the foundation of a series of rules that allow the entry of big business. With its entry crash changed radically labor relations, production and organization in the affected region. This would be detrimental to the native environment and thus alter the pressure tribal values and ecosystems. The jungle, although significant deposits are discovered, not for large projects. The development of oil fields, gas pipelines and logging concessions is incompatible with the preservation of flora and fauna. Native species or resist the changes they wish furious as they are implemented result, undoubtedly, the short-term vision of our leaders and mischievous.

Any attempt to disrupt the delicate balance is a threat against indigenous people and as such should be reported to the unbridled ambition of business. To avoid future conflicts should be declared the inviolability and inalienability of constitutional Amazonia. Only then will protect the highest level, avoiding the agents try to shift to the highest bidder.

It must crumble intríngulis the legal decrees that have obscured the people of Amazon. Seems questionable in principle to eliminate negotiating with business communities to which the Government granted concessions as it undermines the relationship between individuals. Since a couple of years ago the authorities in the hydrocarbon sector boast to sign agreements over oil [1] than in other seasons, but do so without the knowledge of the tribes and communities as they were not consulted granting such concessions. Article 6 of Convention No. 169 of the International Labor Organization (Indigenous and Tribal Peoples Convention) states that governments must "(...) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, each when legislative or administrative measures which may affect them directly (...) ". This would, among other things, that communities are consulted before the authorities announce a call, a typical administrative measure, to explore or exploit a resource area that is within its territory.

Besides respecting the right to consultation [2], which is binding on the State to the extent that their omission may lead to the unconstitutionality of the rule or the annulment of an administrative act (because it would violate an international convention), the natives call the repeal of legislative decrees Nros. 994, 995, 1020, 1060, 1064, 1089, 1090 (the last five were amended by Law 29317) and Law 29398 (Water Resources).

The controversial Decree 994 promote private investment in irrigation projects for the enlargement of the agricultural frontier. With this rule is to promote agriculture on a large scale in an area susceptible to deforestation, spraying and the introduction of other species. Aims at the development of agribusiness, with which we have destroyed much of forests and habitats of the planet. Such activity requires an intensive use of land and water available, which ultimately alter the environment in which it is located.

With regard to Legislative Decree 995, which amends the Bank Act Relaunching agriculture and provides the conditions for loans, indigenous peoples have not expressed exactly what opponents.

The controversial Act 1020, which promotes the Organization of Agricultural Producers and the Consolidation of Ownership for the Rural Agricultural Credit, was rejected because it ignores the traditional forms of indigenous organization. On this point it is worth mentioning that the establishment of agricultural organizations and institutions or used to establish market rules in the jungle. Agribusiness is the spearhead with which the plots gradually Amazon. She paid with a new way of organizing work and production. The native will become a laborer, worker, manager or employee of a large plantation in the best tradition of the Mississippi Delta or Alabama. This will introduce the Western trade, currency and exogenous consumption patterns that disrupt traditional uses. The landowners shall order the payment method and use of resources.

Legislative Decree 1060, which regulates the National System for Agricultural Innovation, is not well seen because they believed the organizations representing indigenous peoples. Under this system will be planned production in the Amazon, that is, determine what kind of products are grown, the technology will be used, among other things.

With the Legislative Decree 1064, objected to by the communities, approved the legal regime for land use to agricultural use. Opponents say that would eliminate the applicability of the native lands. Executive's strategy is to change the land use of forest cleared, so that with its new definition it can be sold, given that land use and forestry can only be given in concession and not for sale. The change of land use must be authorized by the Ministry of Agriculture (Minago) based on a technical file that ensures sustainability of the ecosystem. This seeks to promote investment in the development of farming. This rule promotes fraud to law because if a licensee wishes to make another forest, all you have to do is stop reforest land (not the dealership) to request a change to Minago (so they give as agriculture) and may sell later. This will create a market for the sale of land in forest use. In addition, Decree 1064, which repealed the Land Act 26505, removes the requirement of prior agreement with the peasant and indigenous communities to start mining activities on their lands. Decree 1064, with the right to ownership of the communities and the mining companies would not need authorization for the initial activities.

Legislative Decree 1080 is no less controversial since amended the General Law on Seeds. This would rule against the non-native seeds improved. This opens the way for genetically modified or GM agriculture, which is prohibited by the European Union because it would impact on the Amazonian flora and fauna. In fragile ecosystems, the effects of the seed multinational Monsanto are totally unpredictable. With the free cultivation of these seeds should increase the performance of deforested areas, which provide incentives, in the long run, cutting millions of acres of trees because such activity would generate much profit.

Legislative Decree 1089 establishes the temporary Extraordinary Degree of Formalization and rural lands. Indigenous people demand its repeal because it would violate the legal stability of native property. The State, through COFOPRI (Body Formalization of Informal Property), ensures that this rule does not affect the communities, but on the contrary delimit the formation and certification of farms and agricultural lands eriazas State. The natives believe that the land they do not have title (ownership defined) pass to the State, which handed to private companies. This rule does not have as main objective the sale of community lands, but it could be used along with other decrees to encourage private investors, especially knowing that many of the peasant and native communities do not have a title to be credited the land where they live and produce in order to be respected. Article 89 of the Constitution declares imprescriptible to the territories of the peasant and indigenous communities, which are also governed by its own Act. So it is here is to respect and make communal territories as such, then go through the process individually and raises the Legislative Decree 1089. The ILO Convention 169 states that "(...) shall be recognized by the peoples concerned the right of ownership and possession over the lands they traditionally occupy (...)". The lack of recognition of indigenous and peasant communities is due to the lack of demarcation of their territories, resulting in many of them without any legal document to back them as owners of the area where they live.

With regard to Legislative Decree 1090, which approves the Law on Forestry and Wildlife, is accused by the communities that oppose the provisions of Section 165 of the Constitution on the national forest. The Ombudsman's Office has been strongly opposed to this decree because it could generate the destruction of forest areas. The rule would leave out the specific arrangements for the forest to about 45 million hectares, representing 60% of the primary forests of Peru, according to the Environmental Forum.

Finally, the Water Resources Law (No. 29338) is punished because it challenged the privatization of water. This rule is eminently privatist as the promotion of private investment has been elevated to the rank of a principle of law. The investment is merely a means to increased production, employment, income tax, welfare and development, but can not be considered a beginning. The law encourages private sector participation in water management. Like other legal provisions, this rule was adopted without consultation to favor companies. The user obtains surplus in water management will have preferences for future resource concessions. This is questionable, because the licenses are subject to future efficiency achieved only large users because they can invest in technologies that improve their saving. This accounted for precious resource to the detriment of farmers who have no access to modern irrigation technology.


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[1] According to the researcher Humberto Campodonico, "The Amazonian communities have seen their land invaded by a large number of oil contracts that cover much of the Amazon. Until 2007, the licensing in the Amazon region amount to 35.2 million hectares, in addition to the areas granted in 2008. It is important to note that in all the Amazon countries, areas for exploration to reach 44 million hectares, meaning that Peru has granted 80% of the total. "

[2] The consultation is also necessary so that their actions have no legitimacy and be reported to the ILO.



Insurgencia indígena y el análisis de los decretos controvertidos

*Por César reyna


La Defensoría del Pueblo anunció que Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) se compromete a deponer el llamado a la insurgencia proclamado ayer (15 de mayo). La medida supone un avance, pero no soluciona el problema de fondo -la derogatoria de nueve normas lesivas a sus intereses y el cumplimiento del derecho a consulta establecido por el Convenio 169 de la OIT- pues los nativos se han declarado de desobediencia civil. De ahora en adelante ellos deberían negarse a observar las leyes del Estado y a reconocer al Gobierno de manera pacífica ya que la desobediencia civil implica la protesta no violenta. El desconocimiento de las instituciones terminará cuando los Pueblos Amazónicos consideren que las autoridades han atendido sus justos pedidos.

Los Pueblos Amazónicos alegan que tienen muchas razones para oponerse la implementación de un paquete normativo que no se les ha consultado. Antes de analizar el asunto, creemos que los naturales peruanos están defendiendo acertadamente sus derechos, aunque ello implique la toma de carreteras y vías fluviales, y paralicen el comercio y capturen estaciones de petróleo en la región amazónica. Algunos medios señalan que los indígenas han sido manipulados y que pretenden la escisión del país, es decir, la separación territorial de la Amazonía. Los voceros de la derecha buscan que el Estado reprima sin tibieza el paro iniciado el 9 de abril y recupere el orden.

Los hechos de violencia entre la población selvática y los agentes del Estado no son recientes pues desde agosto del año pasado el Gobierno decretó estado de emergencia por 30 días cuando la etnia aguaruna inició una huelga indefinida, convocada por Aidesep, para exigir la derogatoria de los Decretos Legislativos Nros. 1015 y 1073, referidos a la posesión de tierras en las comunidades nativas de la sierra y la selva. Después esa contundente movilización consiguieron la derogatoria de los referidos decretos que legalizaban la concesión de tierras sin consulta a las comunidades. La intransigencia de la actual administración causó que las comunidades aborígenes empiecen a sospechar del Estado cuando promulga normas que afectan a la Amazonía.

Los pueblos amazónicos no pueden quedar al margen del debate de la nueva disposición de tierras, cuencas hidrográficas y recursos naturales pues no residen en la zona como habitantes comunes (como podría residir cualquier citadino en la costa), sino que pertenecen a todo un ambiente al que están perfectamente integrados y adaptados. Su peculiar modo de vida e identidad están intrínsecamente ligados a la naturaleza, de ahí que si son aparta de sus territorios o si estos son afectados por la contaminación, se les condena prácticamente a la extinción. Como sujetos podrían sobrevivir en otras partes (ciudades o países); pero difícilmente podrían hacerlo como pueblo, tribu, etnia o grupo ya que su medio los define y determina como tales. Por eso nunca se debió permitir que pudieran traspasar o vender sus tierras (reduciendo el quórum necesario) porque se extinguirían irremediablemente. La Amazonía es muy frágil. De ningún modo soportaría grandes concentraciones humanas ni explotaciones si se la reparte (lotiza) entre grandes multinacionales.

Tenemos la impresión de que a los nativos se les quiere modernizar u occidentalizar indirectamente con la dación de una serie de normas que permitiría el ingreso del gran capital. Con su estrepitosa entrada cambiarían radicalmente las relaciones de trabajo, de producción y de organización en la región afectada. Ello sería perjudicial para los nativos y el medio ambiente pues alteraría los valores tribales y presionaría los ecosistemas. La selva, aunque se descubran yacimientos importantes, no da para grandes proyectos. El desarrollo de campos petroleros, tuberías de gas y concesiones madereras es incompatible con la preservación de la flora y la fauna. Las especies ni los nativos resistirían los cambios que desean implementarse furibundamente ya que son fruto, sin lugar a dudas, de la visión cortoplacista y malintencionada de nuestros gobernantes.

Cualquier intento por trastocar el delicado equilibrio supone una amenaza contra los pueblos originarios y como tal debe ser denunciada ante la desmedida ambición empresarial. Para evitar conflictos futuros se debería declarar la intangibilidad e inalienabilidad constitucional de la Amazonía. Sólo así se la protegería al más alto nivel, evitando los mandatarios de turno intenten adjudicarla al mejor postor.

Ahora bien, es preciso desmenuzar el intríngulis legal de los decretos que han ofuscado a los habitantes de nuestra Amazonía. En principio nos parece cuestionable que se elimine la negociación de las comunidades con las empresas a las que el Gobierno otorga concesiones ya que socava la relación entre particulares. Desde hace un par de años las autoridades del sector de hidrocarburos se vanaglorian de suscribir más acuerdos de explotación petrolera que en otras épocas; pero lo hacen a espaldas de las tribus y comunidades ya que no se les consulta el otorgamiento de esa clase de concesiones. El artículo 6 del Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre pueblos indígenas y tribales) indica que los gobiernos deben “(…) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (…)”. Esto permitiría, entre otras cosas, que las comunidades sean consultadas antes de que las autoridades anuncien una convocatoria, una típica medida administrativa, para explorar o explotar recursos una zona que está dentro de su territorio.

Además del respeto del derecho a consulta
[1], que es vinculante para el Estado en la medida que su omisión puede conducir a la inconstitucionalidad de la norma o a la nulidad del acto administrativo (dado que violaría un convenio internacional), los nativos demandan la derogación de los Decretos Legislativos Nros. 994, 995, 1020, 1060, 1064, 1089, 1090 (los cinco últimos fueron modificados por la Ley 29317) y la Ley 29398 (de Recursos Hídricos).

El controvertido decreto 994 promueve la Inversión Privada en Proyectos de Irrigación para la Ampliación de la Frontera Agrícola. Con dicha norma se busca impulsar la agricultura a gran en escala en un territorio sensible a la deforestación, la fumigación e introducción de otras especies. Se pretende el desarrollo de la agroindustria, con la cual hemos destruido la mayor cantidad de bosques y hábitats del planeta. Dicha actividad requiere un uso intensivo del agua y la tierra disponibles, lo que a la postre alterará el entorno en el que se ubica.

Con respecto al Decreto Legislativo 995, que modifica la Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario y fija las condiciones para los préstamos, los pueblos indígenas aún no han expresado exactamente a qué se oponen.

El polémico Decreto Legislativo 1020, que promueve la Organización de los Productores Agrarios y la Consolidación de la Propiedad Rural para el Crédito Agrario, es rechazado porque ignora las formas tradicionales de organización indígena. Sobre este punto es preciso mencionar que la constitución de entidades y organizaciones agrícolas servirá para establecer instituciones o reglas de mercado en la selva. La agroindustria será la punta de lanza con la cual se parcelará poco a poco la Amazonía. Con ella ingresará una nueva forma de organizar el trabajo y la producción. El indígena se convertirá en un peón, obrero, capataz o empleado de una gran plantación al mejor estilo del Delta del Mississippi o Alabama. Así se introducirá el comercio occidental, la moneda y patrones de consumo exógenos que trastocarán los usos ancestrales. Los latifundistas establecerán el orden, la forma de pago y el aprovechamiento de los recursos.

El Decreto Legislativo 1060, que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, no es bien visto porque no considera a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Bajo este sistema se planificará la producción en la Amazonía, esto es, se determinará qué tipo de productos se cultivarán, la tecnología que será utilizada, entre otros aspectos.

Con el Decreto Legislativo 1064, objetado por las comunidades, se aprueba el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario. Sus opositores señalan que eliminaría la imprescriptibilidad de las tierras nativas. La estrategia del Ejecutivo consiste en cambiar el uso a las tierras de uso forestal deforestadas, de modo que con su nueva definición sí puedan ser vendidas, dado que como tierras de uso forestal sólo pueden darse en concesión y no en venta. El cambio de uso de las tierras debe ser autorizado por el Ministerio de Agricultura (Minag) basado en un expediente técnico que “garantice la sostenibilidad” del ecosistema. Así se busca promover la inversión en el desarrollo de actividades agrarias. Esta norma promueve el fraude a la ley pues si un concesionario forestal desea realizar otra actividad, lo único que debe hacer es dejar de reforestar las tierras (incumplir el contrato de concesión) para solicitar el cambio al Minag (para que se las den en calidad agrícola), pudiendo venderlas luego. De ese modo se crearía un mercado para la comercialización de tierras de uso forestal. Por si fuera poco, el decreto 1064, que deroga la Ley de Tierras 26505, elimina el requisito del acuerdo previo con las comunidades campesinas y nativas para iniciar actividades extractivas en sus tierras. El decreto 1064, lesiona el derecho a la propiedad de las comunidades ya que las compañías mineras no necesitarían autorización de las primeras para la realización de actividades.


El Decreto Legislativo 1080 no es menos controversial pues modifica la Ley General de Semillas. Esta norma actuaría en contra de las semillas nativas no mejoradas. Así se abre el paso para la agricultura transgénica o genéticamente modificada, que es prohibida por la Unión Europea porque tendría impacto en la flora y fauna amazónicas. En ecosistemas delicados, los efectos de las semillas de la multinacional Monsanto son totalmente impredecibles. Con el libre cultivo de esas semillas debería aumentar el rendimiento de los campos deforestados, lo que incentivaría, a la larga, la tala de millones de hectáreas de árboles porque dicha actividad generaría mucha rentabilidad.

El Decreto Legislativo 1089 establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales. Los indígenas exigen su derogación porque vulneraría la estabilidad jurídica de la propiedad nativa. El Estado, a través de Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), asegura que dicha norma no afecta a las comunidades, sino por el contrario delimitaría a la formalización y titulación de los predios rústicos y tierras eriazas del Estado. Los nativos creen que las tierras que no tienen título (propietario definido) pasarán al Estado, el cual las entregaría a las empresas privadas. Esta norma no tiene como objetivo principal la venta de tierras de las comunidades; pero sí podría ser usada junto a otros decretos para favorecer a los inversionistas privados, sobre todo sabiendo que muchas de las comunidades nativas y campesinas no cuentan con un título que les acredite los terrenos donde viven y producen para que sean respetados. El artículo 89 de la Constitución declara imprescriptible a los territorios de las Comunidades Campesinas y Nativas, los que además se rigen por su propia Ley Orgánica. Lo que cabe aquí es respetar y formalizar los territorios comunales como tal, para después hacer el proceso individualmente como plantea el Decreto Legislativo 1089. El Convenio 169 de la OIT dice que “(…) Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (…)”. La falta de reconocimiento de muchas comunidades nativas y campesinas se debe a la falta de delimitación de sus territorios, teniendo como consecuencia a muchas de éstas sin ningún documento legal que los respalde como propietarios del área donde viven.

En cuanto al Decreto Legislativo 1090, mediante el cual se aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es tachado por las comunidades porque se opondría a lo establecido en el artículo 165 de la Constitución sobre el patrimonio nacional forestal. La Defensoría del Pueblo se ha opuesto tajantemente a este decreto porque podría generar que se destruyan áreas forestales. La norma dejaría fuera del régimen especial de patrimonio forestal a unas 45 millones de hectáreas, lo que representa el 60% de los bosques primarios del Perú, según el Foro Ecológico.

Finalmente, la Ley de Recursos Hídricos (N° 29338) es impugnada porque sancionaría la privatización del agua. Esta norma es eminentemente privatista pues la promoción de la inversión privada ha sido elevada al rango de principio de derecho. La inversión no es más que un medio para conseguir mayor producción, empleo, rentas tributarias, bienestar y desarrollo, pero no puede ser considerada un principio. La ley promueve la participación del sector privado en la gestión del agua. Como los otros dispositivos legales, esta norma se aprobó sin consulta para favorecer a las empresas. El usuario que obtenga excedentes en el manejo del agua tendrá preferencias para futuras concesiones del recurso. Esto es cuestionable pues las futuras licencias están condicionadas al aprovechamiento eficiente que sólo lograrían los grandes usuarios ya que estos pueden invertir en tecnologías que mejoren su ahorro. Así acapararán el preciado recurso en desmedro de los campesinos que no tienen acceso a moderna tecnología de riego.




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[1] La consulta también es necesaria para que sus actos tengan legitimidad y no sea denunciado ante la OIT.