El negocio de la Amazonía

Amazonía,biocombustibles y corrupción en el Perú


Por César Reyna

El presidente peruano Alan García ha conseguido lo impensado desde hace varios siglos: la unión de los pueblos amazónicos y comunidades alto andinas. Desde el levantamiento del curaca Tupac Amaru II (1780) no se había producido un brote similar entre los nativos de esta parte del continente. Lo que amalgama a etnias tan diversas es la derogatoria de una serie de decretos legislativos que el Ejecutivo insiste en convalidar. La terquedad de las autoridades políticas ha generado mucho malestar entre los pueblos originarios, los que, al estar mejor organizados y financiados, han podido articular protestas, manifestaciones y bloqueos en varios puntos del territorio nacional. Más allá de si su lucha es justa o no, lo interesante es que parecen haber despertado de su letargo. Con su movilización, sobre todo en la Amazonía, se inicia otro capítulo en nuestra accidentada historia republicana.

Los dirigentes indígenas ahora son actores muy importantes. Los funcionarios de la capital ya no podrán ignorarlos o mecerlos tan fácilmente porque tienen gran poder de convocatoria y representatividad. Si se les persigue, como en el caso de Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), se corre el riesgo de que se radicalicen y desconozcan a las autoridades y las leyes que rigen para el resto de peruanos. No creemos que las cabezas de las organizaciones nativas busquen la escisión o autonomía de los territorios que ocupan, sino que se les considere interlocutores válidos y exista igualdad en el diálogo. Aunque algunos medios de derecha sostengan que tratan de romper el orden constitucional, como ocurrió en Bolivia y Ecuador, países en los que las comunidades originarias derribaron a los gobiernos de turno, este no es el caso pues las condiciones son muy distintas. Para empezar, la fuerza de los nativos se hace sentir básicamente en las regiones que habitan y no en otras circunscripciones. Además, la composición étnica en el Perú es diferente a la de nuestros vecinos porque el mestizaje ha sido más pronunciado. Lo que se quiere decir es que la proporción de indígenas es menor a la de Bolivia y Ecuador, comparativamente hablando. En Bolivia los nativos superan largamente el 60% de la población; pero en el Perú ese porcentaje alcanza al 30%, aproximadamente. Otro motivo es que hasta el momento solo se han declarado en rebeldía, principalmente contra los decretos que limitan sus derechos (a la consulta previa) y afectan el medio ambiente; pero no persiguen la renuncia de las autoridades ni la implantación de un régimen predominantemente indígena, como sí se dio en Bolivia, por ejemplo.

Los que tratan de convencernos, sobre todo al Gobierno, de que existe un complot internacional dirigido desde Caracas y La Paz, sólo buscan que éste emplee la fuerza (la represión) con el objetivo de restaurar el orden. Las paralizaciones en los ductos de gas y petróleo en la selva son repudiadas por la derecha peruana porque ahuyentan la inversión. Sin la “legalidad” que les brinda los cuestionados decretos no podrían expandir sus negocios en la codiciada Amazonía. Por eso se oponen férreamente a su derogatoria y piden una respuesta más enérgica por parte del Ejecutivo. Su defensa se mantiene invariable a pesar de que la aprobación de esas normas es inconstitucional porque nunca se consultó a los pueblos afectados. El derecho de estos últimos no les importa ya que están en juego cientos de millones de dólares comprometidos para producir biocombustibles y presuntos pagos que han hecho al oficialismo para que impulse el desarrollo de ese lucrativo negocio.

El mercado para los biocombustibles no se creó de manera natural (por un arreglo entre oferta y demanda), sino de manera legal pues el Estado obliga que las gasolinas y el diesel sean menos contaminantes. Para reducir progresivamente las emisiones vehiculares de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera, los combustibles fósiles deben ser mezclados con etanol o biodiesel. Las normas que regulan ese mercado fueron promulgadas hace un par de años para que los capitales tuvieran tiempo de construir sus biorefinerías y adquirieran campos de cultivo. La Amazonía peruana es pieza clave en la ecuación porque allí se van a instalar plantas para conseguir biocombustibles a partir de una serie de cultivos exógenos, es decir, extraños, y posiblemente nocivos (por el uso de pesticidas y semillas genéticamente modificadas) para la flora y fauna. Las mejores tierras se encuentran en la selva porque cuenta con muchos ríos y el clima subtropical es apropiado. Se aprovechará el abundante recurso hídrico de la zona para abastecer a las nuevas plantaciones (posiblemente se construyan embalses que alteren los ecosistemas y el suministro de agua de las poblaciones nativas).

El Partido Aprista es el principal promotor de la lotización y venta de los bosques amazónicos. Si está tan interesado en abrir la selva al capital no se debe a que busca su preservación y desarrollo, sino porque ha recibido importantes sumas de dinero. De ahí que sus congresistas actúen como lobbystas en lugar de defender los intereses nacionales. A los líderes apristas no se les encontrará dineros del Estado en sus cuentas bancarias –que seguramente están a nombre de terceros- porque su principal fuente de ingresos proviene de las comisiones que les pagan las empresas que desean una determinada regulación. El negocio de la política peruana radica en plasmar o asegurar mediante una norma el interés de algunos particulares. Por eso dicha actividad resulta altamente rentable para quienes llevan años operando de esa forma.

Somos bastante ingenuos si creemos que escogemos gobiernos democráticos cada vez que acudimos a las urnas, pues la mal llamada democracia sólo sirve para dar legitimidad a mafias bien organizadas que ya no tienen en su mira las arcas del Tesoro público; sino las cuentas corrientes de los grupos económicos que financian sus campañas y les proporcionan un buen nivel de vida. La clase política ha encontrado una forma de enriquecerse sin ser descubierta. Los verdaderos peces gordos de la política no se quedan con una parte de los contratos que suscriben –como sucedía antes- ya que sólo los mandos inferiores lucran indebidamente de ese modo. Para la élite el modo es mucho más sofisticado porque no deja huella. Al no apropiarse de recursos públicos no dan pie a investigaciones fiscales o congresales, a pesar de despertar sospechas cuando se empecinan en lograr la aprobación de una ley, so pretexto de beneficiar a los más pobres y olvidados. Ahora el robo es más elegante, aunque técnicamente no es un robo, sino un cobro por gestionar intereses privados. Llegar a la política significa convertirse en representante de grupos que siempre han movido los hilos del poder. Ese es el sueño de todo aquel que pisa o ha pisado Palacio de Gobierno, con contadas excepciones naturalmente.