Perú: Gobierno asesina nativos

CONFLICTO EN LA AMAZONÍA: Gobierno asesina a nativos


Alan García no podía terminar su segundo mandato sin una expropiación como la de Panamerica, tampoco podía hacerlo sin cometer una matanza
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Por César Reyna


Fuentes confiables informan que efectivos de la Policía Nacional dispararon desde helicópteros a los nativos que tomaron la carretera Fernando Belaúnde Terry a las 4 a.m. del jueves. Esto ocurrió cerca de la ciudad de Bagua en la región de Amazonas. Los uniformados no sólo tenían la misión de recuperar la vía que une las ciudades de Bagua y Tarapoto en el oriente peruano, sino eliminar a los principales líderes nativos para desarticular al movimiento amazónico que pone en jaque al Gobierno desde hace varias semanas. Éstos, lógicamente están escondidos pues la Policía tiene órdenes de restablecer el orden a cualquier precio. El derramamiento de sangre de decenas de civiles no parece sensibilizar a las autoridades pues están enfrascadas en aplastar a las tribus para imponer leyes inconstitucionales.

Desde el inicio del paro amazónico, que dura 58 días, los pueblos de la selva han agotado todas las vías para llegar a un entendimiento con el Gobierno. Pero la negativa de éste (a derogar un paquete de normas lesivas a sus intereses) ha hecho que endurezcan su medida de fuerza. Hasta el momento han muerto 11 policías, según el primer ministro Yehude Simon. En el lado aborigen las muertes sobrepasarían largamente la treintena ya que los agentes del Estado están ocultando los cadáveres de los nativos que asesinan.

El Gobierno mantendrá el estado de emergencia en la zona y convocará a las Fuerzas Armadas para apoyar las salvajes operaciones de la Policía. El premier Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dicen que los efectivos fueron sorprendidos por hordas mientras cumplían con su deber. Los funcionarios acaparan y controlan la información que proviene y sale del interior para evitar cuestionamientos. Aún así se sabe que algunas patrullas militares no dejan trabajar a la Defensoría del Pueblo para que no realice un recuento de víctimas civiles. En la conferencia de prensa que ofrecieron los ministros sólo hablaron de los fallecidos de la Policía y minimizaron las bajas civiles (sólo contabilizaron tres).

La intransigencia del Ejecutivo nos ha llevado a esta situación ya que el aprismo y sus aliados en el Congreso aplazaron el debate sobre la derogatoria del Decreto Legislativo 1090(1), que regula el recurso forestal y la fauna silvestre. Esta norma ya había sido declarada inconstitucional la semana pasada en la Comisión de Constitución por un estrecho margen (la diferencia fue de un voto). Tras esa ajustada votación faltaba su derogatoria o confirmación en el pleno; pero eso no sucedió pues la bancada oficialista aprovechó la ausencia de la mayoría de congresistas nacionalistas, quienes apoyan las demandas de los pueblos amazónicos, para postergar el debate hasta agosto próximo, es decir, hasta la siguiente legislatura.

Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), abandonó la mesa de diálogo multisectorial encabezada por el premier Simon ante la obstinación de los apristas, quienes reafirmaron que no cederán a las presiones “de una minoría manipulada que se opone al desarrollo y realiza actos violentos”.

El presidente García, principal responsable de la situación, dijo que los dirigentes de las comunidades selváticas ni siquiera habían leído los decretos, restándole cualquier viso de racionabilidad o coherencia a sus reclamos. En Palacio de Gobierno nació la fallida estrategia de mecer a los indígenas, es decir, de prolongar la discusión sobre la derogatoria de normas promulgadas por el Ejecutivo para adecuar nuestra legislación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. García recibió facultades extraordinarias del Parlamento pero se excedió porque “debilitó los estándares ambientales y subvirtió las intenciones de este Tratado”, sostuvo Andrea Johnson, de la Agencia de Investigaciones Ambientales (AIE por sus siglas en inglés) en la revista Caretas. Las preocupaciones son tanto por el contenido como por el proceso que permitió aprobar la nueva ley (esto ya fue tratado en artículos anteriores que conviene revisar).

A los indígenas y cientos de pobladores que se han sumado a las protestas se les acusa de asesinato, alterar el orden público y destruir propiedad privada. La reacción de los pueblos del interior se justifica en la medida que el Estado ha decido actuar al margen de la ley, desconociendo convenios internacionales que ha ratificado como el 169 de la OIT, que trata sobre las comunidades nativas y desarrolla el derecho a la consulta. Este derecho tiene rango constitucional, aunque muchos apristas le confieran una categoría inferior, pues reconoce prerrogativas para minorías que durante siglos han sido explotadas e ignoradas por el poder. Su contenido es constitucional porque permite que otros derechos fundamentales como la salud, la propiedad(2), etc., puedan garantizarse. Sin la consulta previa(3), cualquier acto legal o administrativo que disponga el aprovechamiento de sus tierras (o del subsuelo) perturbaría su modo de vida ancestral, el cual debe ser respetado. Si no se les advierte oportunamente el interés de determinadas empresas de explotar yacimientos o la realización de proyectos de infraestructura (que atravesarán sus territorios) se corre el riesgo, por ejemplo, de afectar su salud y contaminar el ambiente.

Las acciones iniciales de los indígenas devinieron en bloqueos de carreteras, vías fluviales y oleoductos que estaban asfixiando a varias ciudades de la selva peruana. Esto causó que varias ciudades como Tarapoto y Yurimaguas sufrieran desabastecimiento de alimentos y energía los últimos días. Los nativos se vieron obligados a radicalizar sus medidas porque temen que los decretos abran la puerta a una descontrolada inversión privada (básicamente en biocombustibles, agroindustria y plantaciones forestales). Desde el 9 de abril se mantienen firmes, pero aceptaron dialogar con el Gobierno, sin deponer sus acciones, mientras siguiera vigente el estado de emergencia.

En los próximos días Alberto Pizango podría ser detenido por el delito de sedición, según lo anunció la ministra Cabanillas. Los últimos datos oficiales indican que hay 119 heridos (45 de ellos de gravedad) y 38 policías capturados(4) en una estación de Petroperú, la petrolera estatal. Para mañana, diversos legisladores de oposición han convocado a una sesión extraordinaria para retomar el debate de la derogatoria del Decreto 1090. Si no se anula la norma, el baño de sangre podría ser mayor. La paralización continuará y probablemente se extenderá como reguero de pólvora por toda la Amazonía.

Los servicios médicos de Amazonas no se dan abasto para atender a los heridos de bala que llegan a las salas de emergencia. Muchos cuerpos yacían sin vida en las calles de Bagua sin que los fiscales pudieran apersonarse para levantar los cadáveres. Los enfrentamientos entre la Policía y los nativos son responsabilidad exclusiva de Alan García y su política a favor de los intereses privados. Los locales incendiados (uno de ellos fue el del Partido Aprista) y el vandalismo descontrolado son la respuesta a un Gobierno que se pone al margen de la ley.

Los incidentes no pueden compararse con el “Andahuaylazo” registrado en 2005, como señala el congresista Aurelio Pastor del Apra, pues en esta ocasión se buscó una solución negociada, pero no hubo espíritu de enmienda en el oficialismo. Lo que perpetró Antauro Humala, ex mayor del Ejército Peruano y hermano del candidato nacionalista Ollanta Humala, fue un acto sedicioso destinado a irrumpir, al mejor estilo de Adolfo Hitler, en el escenario político. Su acción fue una réplica, a menor escala, claro está, del Punch de Munich (1923), hecho fundacional del Nazismo.

No sabemos a ciencia cierta cuántos peruanos han muerto, pero, de propagarse la violencia, el Gobierno enfrentará acusaciones por asesinato, desapariciones y secuestros a pesar de haber decretado estado de emergencia. El desplazamiento “legal” de sus agentes no impedirá que García y sus ministros puedan ser procesados por delitos de lesa humanidad. Si la justicia peruana se niega a realizar investigaciones, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional podría activarse para perseguir los crímenes que estamos presenciando.

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(1) Según la Defensoría del Pueblo, contiene serias deficiencias y vacíos. Conviene revisar el informe que publicó en su página Web.

(2)El desconocimiento de este derecho por parte del Ejecutivo –no le consultó a las tribus amazónicas la aprobación de los decretos– originó la movilización de 60 etnias peruanas, aglutinadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

(3) En cuanto a la propiedad, merecerían una compensación económica por permitir servidumbres en sus territorios.

(4) Un total de 38 policías y un ingeniero de la estación 6 de Petroperú fueron secuestrados por cientos de manifestantes en el distrito de Imazita, en Bagua, informó un poblador que se identificó como Carlos Huamán, tras señalar que si la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, no ordena el retiro de las Fuerzas Armadas de la ciudad, procederán a ejecutarlos.