Antauro Humala seguirá en prisión

Tribunal Constitucional cedió a las presiones del Ejecutivo para mantener en la cárcel al líder del etnocacerismo. El Poder Judicial no quería verse obligado a liberar a Antauro porque hubiera afectado su índice de aprobación

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Por César Reyna

Hace un par de semanas se daba por descontado la excarcelación de Antauro Humala, principal implicado en la sangrienta toma de una comisaría. En la asonada desatada en la ciudad de Andahuaylas murieron cuatro policías y dos rebeldes con entrenamiento militar.

La mayoría de peruanos temía que el hermano del candidato nacionalista Ollanta Humala abandonara el penal de Piedras Gordas en Puno para hacer de las suyas. Antauro les recordaba el terror que azotó al país durante los ochenta y principios de los noventa. Después de Abimael Guzmán Reynoso y Víctor Polay Campos, cabecillas de Sendero Luminoso y el MRTA, respectivamente, Antauro era considerado el enemigo público número uno por su fanatismo dogmático. Su discurso racista asustaba –y asusta- a las clases más privilegiadas porque pensaba establecer una república de indios o cobrizos. El etnocacerista hablaba de fusilamientos masivos para corruptos y traidores a la patria. Utilizaba simbología nazi –en sus banderas y estandartes reemplazaba el aguila imperial alemana por el cóndor- para crear una imagen similar a la del Führer pero en las alturas de los Andes.

La captura de la comisaría en Andahuaylas, una de las zonas más pobres y olvidadas del Perú, se produjo después de las celebraciones para recibir el año 2003. En la madrugada del primer día de enero capturó una estación policial donde los ocho efectivos de guardia se habían emborrachado la noche anterior. Antauro los sorprendió durmiendo y sobrellevando la resaca. Luego los apresó sin que opusieran resistencia y requiso todo el armamento que encontró. Más de 150 hombres lo acompañaron el día que quiso reeditar el Punch de Munich con el propósito convertir el ‘Andahuaylazo’ en el hito fundacional de su movimiento.

Antauro debió ser juzgado varios meses atrás teniendo en cuenta el abundante material probatorio en su contra. Su responsabilidad penal está fuera de toda duda en los delitos de rebelión, secuestro, tenencia ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir. De lo que todavía no se le puede acusar es de la muerte de cuatro agentes del orden porque el hecho ocurrió lejos de la comisaría. Mientras no se esclarezca si dio la orden de disparar contra los uniformados no hay manera de condenarlo por homicidio calificado.

Los jueces tuvieron todo el tiempo del mundo para sentenciarlo pero se demoraron en varias etapas procesales. El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, dijo que las maniobras dilatorias de Humala y sus abogados obstaculizaron la labor de sus juzgadores. Él atribuye el lento avance del proceso a la permanente falta de respeto que muestra Humala ante el tribunal.

Ante la posibilidad de que fuera excarcelado por haber exceso de carcelería muchos políticos y magistrados su alzaron su voz de protesta. Su inminente salida, en realidad semilibertad porque hubiera permanecido bajo arresto domiciliario, alarmó a diversos actores políticos, al empresariado y a ciertos sectores de la prensa pues temían un rebrote de la violencia. Les preocupaba que Humala escape de la ‘Justicia’ y pase a la clandestinidad para reorganizar a sus huestes: cientos de ex licenciados de las Fuerzas Armadas que creen en que los cambios que necesita el país se deben producir mediante la revolución y las armas.

El Tribunal Constitucional (TC) estaba a favor de concederle la semilibertad, es decir, de declarar fundado su pedido de hábeas corpus porque la ampliación de su detención se hizo fuera de plazo. Pero un magistrado (Carlos Eto Cruz) varió su posición a último momento y la votación terminó siendo desfavorable por un voto. Inicialmente Humala contaba con cuatro votos favorables, los de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayén y el mencionado Eto Cruz. El representante del aprismo en el órgano constitucional, el “jurista” Carlos Mesía Ramírez, trató de anular la primera votación aduciendo que su colega Beaumont adelantó opinión cuando reveló que cuatro magistrados se habían pronunciado a favor del hábeas corpus (sólo se requería mayoría simple).

Conocida la posición de los cuatro magistrados, el TC recibió una andanada de críticas del titular de la Corte Suprema, quien advirtió que el Poder Judicial desconocería el fallo si los intérpretes de la Constitución disponían la excarcelación de Humala. También hubo pronunciamientos aireados como el del congresista y secretario general del Apra, Mauricio Mulder, quien amenazó con desactivar el Tribunal para convertirlo en una sala adicional de la Corte Suprema.

A nuestro juicio, el viraje que ha dado del TC es ilegal porque los juzgadores no resolvieron dentro del plazo señalado por la ley. El proceso penal está plagado de formalidades que los jueces deben observar para que sus actos no sean sancionados con la nulidad. Una de las alegaciones en contra de la excarcelación de Antauro es que la Sala que juzga el ‘Andahuaylazo’ tenía mucha carga procesal y eso dificultaba que no pudiera cumplir con los plazos; sin embargo, no podía ampararse en ese “argumento” pues se dedica exclusivamente a ese caso.

En las conclusiones del fallo del TC se señala que la ‘tardanza’ no es motivo para anular la decisión judicial de extender la carcelería del procesado. Esto es grave porque la institución que debe velar por la legalidad del ordenamiento jurídico ha resuelto contra legem (contra la ley). El exceso de carga procesal no constituye una causal para que los jueces omitan los plazos establecidos. Es totalmente inadmisible que la máxima instancia interpretativa y jurisprudencial considere que los plazos legales son meras sugerencias como si fuera la luz ámbar de un semáforo.

Como la desestimación del hábeas corpus no iba a causar ninguna conmoción social o repudio generalizado, los magistrados que violaron la ley se sintieron un tanto legitimados pues la mayoría de peruanos no desea ver libre a Humala aunque permanezca recluido en su casa. A pesar de que el caso solo afecta intereses individuales (los de Antauro Humala), el TC ha sentado un nefasto precedente entre los conocedores del derecho ya que se ha dejado manipular por nuestras autoridades políticas.

Su defensa ha anunciado que apelará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revocar la resolución del Tribunal Constitucional, pero el pronunciamiento de la Corte Interamericana, en caso de ser favorable a Humala, no podrá ejecutarse ya que en setiembre próximo, según Villa Stein, habrá sido condenado por alguno de los delitos por los que viene siendo procesado.