Corrupción en Perú: el caso de la planta de Taboada

El Gobierno no anulará la licitación del proyecto de Taboada porque no desea que se investiguen los motivos que lo llevaron a reevaluar el proceso
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Por César Reyna

El 3 de julio se expidió un decreto de urgencia en el que se declaró en emergencia el proyecto por supuestas fallas en las bases. La intención era no firmar el contrato con la empresa ganadora, la española ACS, para convocar un nuevo concurso. Durante la última semana se habló de procedimientos y requisitos legales pasados por alto por Proinversión, entidad encargada de la licitación. Al parecer el Gobierno aprista quería favorecer – y todo lo indica que así fue- a la constructora brasilera Odebrecht, empresa que perdió el concurso.

Odebrecht tiene fuertes vinculaciones con el Apra pues financió la campaña electoral del presidente García en 2006. En ese mismo año el primer mandatario dijo que la compañía se alistaba para realizar grandes proyectos en el país como el de la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada, evidenciando su favoritismo por los brasileros 3 años antes de la accidentada convocatoria intencional. Esas declaraciones y el reevaluación del proceso nos hicieron pensar que las autoridades se preparaban para patear el tablero.

Eso no sucedió porque la Contraloría se encargó de confirmar la legalidad del proceso en tiempo récord. El nuevo contralor, Fuad Khouri, debió recibir presiones de García para que el informe llegara al despacho presidencial antes de pasar por el portafolio de Vivienda, que era el que había hecho las coordinaciones para que el proceso pueda ser evaluado por ese órgano de control. García seguramente desistió para no afectar la recuperación de su popularidad (ha subido 6% en el último sondeo de Apoyo) ni ser acusado de corrupción antes del mensaje presidencial de Fiestas Patrias.

Profundizando en este último punto, los inversores privados hubieran considerado una mala señal la anulación del proceso. El Gobierno se jacta de convertir al país en un polo de atracción de capitales, pero la suspensión de la firma del contrato con ACS hubiera puesto en entredicho su política de promoción de inversiones pues enviaría el mensaje de que para ganar una licitación no importa que una empresa presente la mejor propuesta sino que pueda comprar a las autoridades de turno.

El caso de Taboada estaba dando mucho que hablar a pesar de algunas cortinas de humo lanzadas por el Ejecutivo como el regreso a prisión del militante aprista Rómulo León Alegría y del trascendido de que el peluquero Marco Antonio –asesinado en su casa- portaba el virus del HIV. Lo que causó controversia fue el intento de soborno al ministro de Vivienda y Construcción, Francis Allison. Según la revista “Poder”, el funcionario comentó que recibió una propuesta indecorosa de un abogado cercano a la española ACS para cerrar el contrato en el seno del Consejo de Ministros.