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lunes, 21 de septiembre de 2009

Francis Allison y la ética política peruana






El actual ministro de Vivienda y Construcción ocultó información relacionada con su pasado profesional para conseguir su nombramiento en la referida cartera
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Por César Reyna


Al parecer pesó más la ambición política del ex alcalde de Magdalena, Francis Allison, que la ética que debe regir la conducta de todo funcionario público cuando juramentó como ministro de Estado pues debió informar al primer mandatario que había bridado asesorías externas a Business Track (BTR), empresa dedicada a la interceptación de comunicaciones de personajes públicos.

El simple hecho de ocultar ese servicio de consultoría revela que Allison engañó o indujo a error al presidente de la República, ya que, de haber tenido García conocimiento oportuno de la situación, seguramente no le hubiera encargado el despacho de Vivienda y Construcción.

La relación entre el presidente y sus ministros se sustenta en la confianza, de ahí que el jefe de Estado pueda removerlos sin ofrecer mayores explicaciones a los medios o al Parlamento. Debido a que la confianza constituye un elemento fundamental, sobre todo al momento de realizar cambios en el Gabinete, es necesario que el presidente sea advertido de las incompatibilidades de las personas que podrían ocupar un puesto de relevancia política. Antes proceder con la designación resulta vital conocer bien el currículo de cualquier prospecto o candidato a ministro. Por eso la omisión de Allison representa una falta grave contra la confianza depositada por el mandatario, la que sólo podría ser subsanada con su renuncia.

El caso de BTR, como muchos recordarán, provocó la caída del primer Gabinete aprista tras el escándalo de los petroaudios (la mayoría conversaciones entre el lobista Rómulo León Alegría y sus cómplices para adjudicarse de manera irregular concesiones petroleras). El asunto de fondo es que cualquier personaje vinculado a esa empresa, así no tuviera conocimiento de sus ilícitas actividades, jamás hubiera llegado un ministerio u otro cargo de importancia mientras no aclare su situación.

Allison ganó ese puesto inflando el ego de García y proponiéndole una marcha por la paz para contrarrestar la ola de protestas en la capital y otras regiones del país a raíz de la violencia desatada en la Amazonía, concretamente en la ciudad de Bagua. Gracias a su propuesta y a la agilización de obras en la Costa Verde, en la parte que corresponde al distrito de Magdalena, la carrera de Allison consiguió escalar posiciones en poco tiempo.

Ahora bien, ésa no es la única falta ética de Allison ya que anteriormente protagonizó un escándalo en la vía pública cuando el Serenazgo del distrito de San Isidro lo detuvo por manejar en estado de ebriedad. El hecho ocurrió hace seis años cuando cumplía su primer período como burgomaestre de Magdalena. En esa oportunidad agredió a dos agentes policiales y se resistió al arresto.




El caso de Allison y su rápido ascenso puede compararse con el de su jefe inmediato, Javier Velásquez Quesquén, cuya carrera política también experimentó un ascenso meteórico tras amanecer borracho en Brasil. De ser un congresista sin trayectoria, Velásquez Quesquén pasó a ser presidente del Congreso y actualmente se desempeña como primer ministro.

Ni Allison ni Velásquez Quesquén llegaron a donde están por sus méritos políticos o profesionales, sino porque supieron moverse bien (relacionarse) dentro de las más altas esferas del poder. La ausencia de valores y cualidades en nuestra clase política indican que el problema pasa indudablemente por nuestra sociedad, la cual se ha venido acostumbrando a la mediocridad de sus dirigentes.

La tolerancia hacia ese tipo de conductas revela nuestra incapacidad para indignarnos. Mientras no exijamos que nuestros representantes ejerzan su función con honestidad y respeto a la investidura jamás nos acercaremos a los estándares de vida de los países desarrollados, que no sólo se caracterizan por su progreso económico o material, sino porque han conseguido estabilidad política y social a través de sus instituciones.






jueves, 6 de agosto de 2009

Útero de Marita recibe publicidad de Odebrecht


Página web de Útero.pe

El que se supone el blog más underground y contracorriente es auspiciado por una constructora brasilera involucrada en escándalos de corrupción
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Por César Reyna


Fue una sorpresa nada grata encontrar en el Útero de Marita un aviso que promueve un concurso periodístico por el trigésimo aniversario de la presencia de Odebrecht en el Perú. Tanto la publicidad como el concurso dejan mucho que desear pues Odebrecht está íntimamente vinculada al Gobierno de turno. Debido a esta relación, casi queda anulada la licitación internacional convocada por Proinversión para construir la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada.

Durante la suspensión del proceso, que ganó la compañía española ACS, se tuvo conocimiento de un soborno al ministro de Vivienda Francis Allison para inclinar la balanza hacia un lado. La coima ascendía a la friolera suma de un millón de dólares.



En cuanto al concurso periodístico resulta nauseabundo que un profesional se presente al mismo para destacar las obras o proyectos de responsabilidad que hace Odebrecht en beneficio de la comunidad. El asunto mismo del concurso insulta a los hombres y mujeres de prensa pues se les atrae con 10 500 mil dólares en premios para ensalzar a una empresa con turbias conexiones con el poder.

El concurso puede ser más bien la oportunidad para:

DESCUBRE LAS HISTORIAS (NON SANCTAS) DETRÁS DE ODEBRECHT

http://www.construyendofuturo.pe/ (de los que reciben aceite)



domingo, 26 de julio de 2009

Corrupción en Perú: el caso de la planta de Taboada



El Gobierno no anulará la licitación del proyecto de Taboada porque no desea que se investiguen los motivos que lo llevaron a reevaluar el proceso
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Por César Reyna



El 3 de julio se expidió un decreto de urgencia en el que se declaró en emergencia el proyecto por supuestas fallas en las bases. La intención era no firmar el contrato con la empresa ganadora, la española ACS, para convocar un nuevo concurso. Durante la última semana se habló de procedimientos y requisitos legales pasados por alto por Proinversión, entidad encargada de la licitación. Al parecer el Gobierno aprista quería favorecer – y todo lo indica que así fue- a la constructora brasilera Odebrecht, empresa que perdió el concurso.

Odebrecht tiene fuertes vinculaciones con el Apra pues financió la campaña electoral del presidente García en 2006. En ese mismo año el primer mandatario dijo que la compañía se alistaba para realizar grandes proyectos en el país como el de la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada, evidenciando su favoritismo por los brasileros 3 años antes de la accidentada convocatoria intencional. Esas declaraciones y el reevaluación del proceso nos hicieron pensar que las autoridades se preparaban para patear el tablero.

Eso no sucedió porque la Contraloría se encargó de confirmar la legalidad del proceso en tiempo récord. El nuevo contralor, Fuad Khouri, debió recibir presiones de García para que el informe llegara al despacho presidencial antes de pasar por el portafolio de Vivienda, que era el que había hecho las coordinaciones para que el proceso pueda ser evaluado por ese órgano de control. García seguramente desistió para no afectar la recuperación de su popularidad (ha subido 6% en el último sondeo de Apoyo) ni ser acusado de corrupción antes del mensaje presidencial de Fiestas Patrias.

Profundizando en este último punto, los inversores privados hubieran considerado una mala señal la anulación del proceso. El Gobierno se jacta de convertir al país en un polo de atracción de capitales, pero la suspensión de la firma del contrato con ACS hubiera puesto en entredicho su política de promoción de inversiones pues enviaría el mensaje de que para ganar una licitación no importa que una empresa presente la mejor propuesta sino que pueda comprar a las autoridades de turno.

El caso de Taboada estaba dando mucho que hablar a pesar de algunas cortinas de humo lanzadas por el Ejecutivo como el regreso a prisión del militante aprista Rómulo León Alegría y del trascendido de que el peluquero Marco Antonio –asesinado en su casa- portaba el virus del HIV. Lo que causó controversia fue el intento de soborno al ministro de Vivienda y Construcción, Francis Allison. Según la revista “Poder”, el funcionario comentó que recibió una propuesta indecorosa de un abogado cercano a la española ACS para cerrar el contrato en el seno del Consejo de Ministros.