Doe Run se declara en insolvencia

Empresa se salió con la suya pues el PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental) seguirá en suspenso. Medida favorece a Ira Rennert, principal accionista de la metalúrgica, pues es su mayor acreedor. Ministro de Energía y Minas desconoce la naturaleza del proceso concursal
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Por César Reyna

Hace un par de meses el Gobierno descartaba que Doe Run Perú (DRP), operaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya, se declarara en insolvencia ante el Indecopi para permitir la formación de una junta de acreedores que gestione la empresa. El anuncio lo hizo el entonces ministro de Vivienda y Construcción, Enrique Cornejo, actual titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones.

Las autoridades también estaban dispuestas a avalarla por 70 millones de dólares para evitar el cierre de sus operaciones. La garantía del Estado iba respaldar los créditos que Doe Run Perú contraería con la banca local. Así la fundición seguiría adquiriendo concentrados de mineral para procesarlos, y cumplir con el PAMA y el resto de sus obligaciones financieras.

Lo que temía el Ejecutivo era que los 3500 trabajadores de La Oroya paralizaran y tomaran la Carretera Central, una vía que conecta a la capital con varias provincias del interior. El salvataje resultaba prioritario para evitar actos vandálicos contra la propiedad pública y privada. Sin embargo, los desmanes se produjeron hace tres semanas cuando obreros del complejo obstaculizaron el tránsito de pasajeros y mercaderías en la Carretera Central.

El conflicto social sigue latente pues los operarios han dado un plazo de 90 días para que la empresa atienda sus demandas. La tregua se rompería -concluido el plazo- porque la gerencia no tiene recursos para asegurar el pago de las planillas. Sin mineral para procesar no tiene como generar flujo de caja.

Doe Run Perú publicó hoy día en la sección económica de El Comercio un aviso en el que insiste en la ampliación del PAMA por 30 meses más, una condición indispensable “para que los organismos financiaros” le otorguen “un crédito para garantizar su cumplimiento y seguir abasteciéndose de concentrados”. En el comunicado curiosamente no menciona que se encuentra inmersa en un procedimiento concursal, seguramente para no empeorar su “imagen” corporativa.

Al haber solicitado la protección de Indecopi ningún acreedor podrá iniciar acciones legales que embarguen sus cuentas o rematen sus activos. Aún es prematuro saber si podrá reestructurarse o liquidarse porque la Junta de Acreedores tardará unos 6 meses en instalarse y decidir el destino de la empresa. Mientras tanto, todas sus obligaciones, financieras o no, quedan suspenso porque DRP se acogió al procedimiento concursal.

Los más perjudicados con el ingreso de DRP a Indecopi son las mineras que le suministraban concentrados ya que deberán esperar varios meses o un par de años para cobrar sus acreencias. Los trabajadores también se encuentran en el limbo pues ignoran si la compañía podrá ser viable. Se estima que necesita cerca de 420 millones de dólares para reactivarse, entre los que se incluyen 120 millones para afrontar varios pagos atrasados a sus proveedores mineros.

La crisis financiera de DRP se debe a malas apuestas en el mercado de commodities. Su dueño, el norteamericano Ira Rennert, es uno de los hombres más ricos del mundo (Forbes calcula su patrimonio en 4000 mill millones de dólares). Según diversas fuentes informativas, hizo su fortuna gracias a inversiones en industrias altamente impopulares. El diario El Comercio revela que “hasta el año 2001 sus empresas en Estados Unidos acumularon US$ 900 millones en multas por incumplimientos ambientales, los cuales no pagaba al declarar a cada una de sus empresas multadas en bancarrota y luego cambiarles de nombre”. En el año 1997 adquirió el Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Al declararse en insolvencia el único beneficiado sería el millonario Ira Rennert pues también es el principal acreedor de la empresa. Doe Run Perú le adeudaría unos US$ 156 millones que éste originalmente iba a capitalizar para sanear las finanzas de la fundición pero no se concretó para exigir (al Gobierno) la prorroga del PAMA (las proveedoras mineras estaban de acuerdo con la capitalización de la deuda porque mejoría la calificación crediticia de DRP).

Desde hace varios meses DRP no puede obtener recursos para seguir operando (la caída de los precios de los minerales procesados la golpeó duramente). La directiva de la refinería de La Oroya considera que no recibirá financiamiento sin la ampliación del PAMA. El PAMA requiere unos US$ 150 millones para mitigar los efectos de la contaminación en La Oroya. Pero como su cumplimiento no beneficia directamente a la empresa, su directiva ha decido postergarlo hasta que el Estado acceda a sus peticiones.

En una muestra de absoluto desconocimiento la situación, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Polo, declaró que “el PAMA debe ser visto en el contexto concursal ante Indecopi”. El PAMA, que vence inexorablemente el próximo 31 de octubre, no puede ser incluido en el procedimiento concursal porque la ley no lo permite. A manera de recordatorio, sólo las obligaciones de carácter financiero o laboral pueden ser reconocidas ante dicha instancia. De modo que el PAMA, por ser básicamente una obligación ambiental, no podría exigirse. Los pasivos ambientales forman parte de otro tipo de obligaciones que son demandables por parte del Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Energía y Minas, de ser el caso.

Doe Run Perú no tiene la menor intención de respetar los compromisos asumidos. Por eso ha manipulado a los trabajadores de su planta para presionar a las autoridades competentes buscando la ampliación del PAMA. Como están las cosas, el escenario más probable es que el accionista mayoritario se vaya y las vías respiratorias de los pobladores de La Oroya continúen envenenándose con plomo.