Según diversas fuentes periodísticas, el funcionario fue cesado por suscribir un acta en la acordó que su sector no perseguiría a los manifestantes que secuestraron a 13 policías para exigir que una empresa hidroeléctrica les compre fertilizantes
Los miembros de varias comunidades de Paucartambo en Pasco recibirán los fertilizantes que solicitaban (1) a pesar de haber apresado a 13 agentes del orden en Pasco y ocasionar pérdidas por 300 mil dólares en la central de Yuncán. Los campesinos destruyeron tableros de control, puertas y equipos de vigilancia cuando incursionaron de manera ilegal en la planta. Además del secuestro cometieron otros delitos como allanamiento y causaron lesiones a uno de los vigilantes de la empresa Enersur.
El Ejecutivo, por medio del premier Velázquez Quesquén, anunció que los hechos no quedarán impunes y que los procuradores del Ministerio del Interior iniciarán acciones legales contra cerca de 4000 comuneros.
No creemos que el Gobierno, el Ministerio Público y el Poder Judicial lleguen a apresar a tanta gente ya que los centros penitenciarios de la región no se darían abasto. Siendo justos no hay motivo para que algunos hombres del campo sean arrestados y otros no pues todos participaron en la comisión del mismo delito. No sólo los representes deberían enfrentar a la Justicia sino todos los individuos involucrados. Pero el Estado no lo va a hacer porque juzgar a la vez a varias comunidades campesinas genera mala imagen a nivel internacional. A lo mucho se encalará a unos cuantos dirigentes para satisfacer a sectores de la derecha que piden mano dura y cero flexibilidad.
Con la destitución del viceministro de Orden Interno Wilson Hernández, la perturbación del orden público ya tuvo su primera baja política. Su error fue asegurarle a los acalorados manifestantes que su despacho no los perseguiría en caso realicen un paro en el futuro. La promesa cayó como un balde de agua fría en Lima e indignó a las más altas autoridades. La oposición pidió inmediatamente la cabeza del viceministro porque había generado un precedente nefasto.
En este caso al presidente no le tembló la mano para despachar al viceministro pese a que no hubo ninguna muerte que lamentar. Con la lección todavía no aprendida de Bagua, Alan García reaccionó rápidamente para acallar las críticas de que no se da debida atención a los conflictos sociales que amenazan la estabilidad. Siendo ésta la prioridad número uno, deja mucho que desear que el pueblo se organice para que el Estado o una empresa atiendan sus demandas. Esto se pudo evitar como lo de Bagua negociando y enviando representantes del Gobierno oportunamente.
Es destacable que los efectivos no hayan sufrido ningún daño; pero no que se tenga que llegar esos extremos para llamar la atención de los políticos. La movilización ocasionó la pérdida de potencia de la hidroeléctrica (bajó a 25 megavatios cuando debía operar a 110). Además de los 13 policías detenidos capturaron a 4 agentes de seguridad que fueron liberados en la tarde del sábado pasado. Los uniformados fueron trasladados a una capilla mientras esperaban que se llegara a una solución, la cual se produjo ese mismo día con la mediación del Ministro del Interior, Octavio Salazar, y de personal de la Defensoría del Pueblo.
El paternalismo de la autoridad podría explicar este hecho pues se considera a los pobladores del interior (de las comunidades nativas y campesinas) como sujetos que merecen ser tutelados porque son incapaces de discernir y comprender el alcance de sus responsabilidades. El Estado centralista tiene la culpa de difundir y mantener esa visión clasista y estamental. En lugar de empoderarlos y ayudarlos a desarrollar consciencia ciudadana los ha marginado durante mucho tiempo. Este abandono no solamente es físico pues tampoco se han adoptado políticas inclusivas que disminuyan la desigualdad.
Los comuneros han cometido hechos muy graves y deben ser sancionados por ello. No cabe olvidar lo sucedido aunque sí ser comprensivos con su situación pues son ciudadanos formales pero no reales.
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(1) Según El Comercio “El pedido iba en contra de lo que habían decidido los alcaldes de Paucartambo y Huachón, así como los representantes de Enersur y de las comunidades. Ellos, conforme a ley, iban a invertir el dinero en obras públicas. Sin embargo, la masa no quería obras, exigía fertilizantes y por ello, como sucedió en el 2007, decidió utilizar la fuerza para lograr su cometido”.
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