Lo peor que le puede pasar a un pobre es enfermarse y lo peor que le puede pasar a gente pobre es sufrir un terremoto. A dos años del devastador movimiento telúrico Pisco parece una ciudad bombardeada por la aviación norteamericana
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Al apreciar las imágenes de Pisco uno no puede evitar asociarlas con algunos documentales de la Segunda Guerra Mundial o con reportajes de la ocupación estadounidense en Iraq. La pobreza anterior a la catástrofe se ha convertido ahora en absoluta miseria y desolación. Miles de casas, centros escolares, postas médicas, iglesias e infraestructura básica lucen igual desde el día de la tragedia. Eso es inaceptable para un país que aspira a acabar con la pobreza y otros fenómenos sociales cuando celebre su bicentenario.
El programa de Núcleos Ejecutores Urbanos podría revertir la parálisis de las autoridades locales, regionales y gubernamentales en la reconstrucción de la ciudad siempre que no despilfarren los recursos fiscales y cuenten con debida asistencia técnica y supervisión.
No todos los damnificados han recibido el Bono 6000 para reparar sus viviendas. Esto ha causado mucho recelo y frustración entre los que no han recibido la bonificación y los pocos beneficiados ya que los primeros se sienten excluidos y a los segundos no les alcanza el bono para construir una vivienda mínimamente aceptable.
Para agilizar las obras se creó el Forsur (Fondo de Reconstrucción del Sur), a cargo de empresarios, ministerios, el gobierno regional de Ica y los municipios afectados. Esta entidad debía distribuir el dinero del Ministerio de Economía y calificar rápidamente los proyectos pero lo hizo con pasmosa con lentitud.
La alianza entre el Estado y el sector privado ha sido ineficiente. La demora no sólo se explica por la desconfianza de los funcionarios, quienes se niegan a aprobar expedientes técnicos o poner su firma en documentos que otorgan contratos o licencias. No. El asunto va más allá de las trabas burocráticas e irregularidades que tratan de evitar ya que no existe voluntad política para resolver los problemas del sur. Esa es la verdadera razón detrás de tanta incompetencia e inoperancia estatal. Es la desidia, la pereza y el desinterés del funcionario lo que condena a miles de peruanos a vivir en condiciones de extrema pobreza.
Así como en una situación de emergencia se suspenden algunos derechos fundamentales para restaurar la seguridad en una determinada localidad, lo mismo debe ocurrir con los trámites y el papeleo cuando ocurre un desastre natural. No se está diciendo que se adjudiquen los contratos a dedo, sino que se exoneren a las empresas de algunos requisitos y se liberen a los burócratas de algunos pasos porque la ayuda no puede esperar.
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