Pueblos y autonomía.

LICENCIA SOCIAL

Más allá de los trámites y la legalidad del papel

Límberg Chero S.

lchero@plades.org.pe

El proceso de concesión de un derecho minero tiene al Estado como fuente de autorización y supervisión para su labor de explotación, fundición, concentración y comercialización. Así, la empresa interesada en explotar un recurso mineral tiene que aprobar los requisitos y controles que éste imponga. Una larga lucha a favor del medioambiente hizo que los requisitos incluyan estudios de impacto ambiental y que hoy en día se pueda hablar de pasivos ambientales
como instrumento para orientar el proceso de concesión de un derecho minero tiene al Estado como fuente de autorización y supervisión para su labor de explotación, fundición, concentración y comercializar la actividad minera hacia el uso de tecnología limpia.

Sin embargo, dichos requisitos son sólo una parte de los costos no operativos de instalación que la empresa tiene que asumir. Es común que al desarrollar una actividad rentable en medio de territorios poco desarrollados se generen expectativas de progreso en la población vinculada. Para la empresa extractora es vital tener esa idea presente, de lo contrario se podrían generar conflictos que perjudiquen el desarrollo de su actividad. Las empresas han empezado a tomar conciencia de ello, sobre todo durante la última década. De modo que hoy en día, de la mano con los acuerdos y licencias del Estado, también buscan la aprobación de la comunidad para operar. Es decir, necesitan de una licencia social.

La licencia social es así, un requisito para consolidar una buena imagen y obtener un óptimo desempeño de la empresa. El Perú no debería ser la excepción a estas prácticas, sin embargo, los conflictos empresa-comunidad han sido parte de la relación durante los últimos años. Quizá ocurre que buena parte de la discusión internacional sobre el tema aún no está del todo desarrollada en nuestro país. Las razones de ese desconocimiento son variadas y complejas pero encierran dos factores comunes de parte de la empresa (al menos en los conflictos vistos recurrentemente): por un lado el poco o nulo conocimiento de las tradiciones y capacidades de los pobladores de las comunidades; y por otro, la convicción de tener al Estado de su lado. Esto contrasta fuertemente con la visión internacional, pues las empresas tienen en el Global Compact de las Naciones Unidas (UNGC) y la Red Business for Social Responsibility (BSR), dos importantes centros de opinión sobre su responsabilidad con la sociedad. Precisamente el BSR, en un informe titulado, Social License To Operate (Licencia Social para Operar), indica que el cumplimiento de las expectativas sociales se reconoce cuando la empresa ha logrado el respaldo de las partes interesadas para la ejecución del proyecto, además de cumplir con los requisitos legales para su explotación.

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"...the corporate executive would be spending someone else's money for a general social interest. Insofar as his actions in accord with his 'social responsibility' reduce returns to stockholders, he is spending their money."
Milton Friedman, 1970. New York Times.
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La experiencia de la relación entre las compañías y las comunidades aledañas a su territorio de exploración es vasta. Dicha experiencia debiera servir a los hacedores de políticas en relaciones comunitarias de las empresas para conseguir la licencia social. Una de las herramientas básicas en ese sentido es la comunicación. Llevarla a cabo no es fácil, pues se necesitan interlocutores, un código (idioma, términos técnicos) y un canal (oral, escrito, virtual, real, público, privado) para realizarla.

Dentro de los requisitos citados por los mismos empresarios en el UNGC y la red BSR, el principal para obtener esta licencia es transparencia total con la comunidad acerca de sus operaciones. Esta transparencia es comunicación clara y concreta, sobre su proyecto, sus métodos, sus posibles impactos positivos y negativos. Esto lógicamente incluye el compromiso de que la información dada sea realmente útil, es decir, que incluya cosas elementales como la traducción de documentos al idioma más usado, el resumen de información técnica, la distribución de informes escritos, la preparación de presentaciones de audiovisuales, y hasta la elaboración de maquetas en escala de la mina propuesta. El vínculo oral, canal de comunicación por excelencia, no es el único camino posible, también puede buscarse otros en los que un diálogo – y por ende una muestra de respeto y consideración y no un monólogo – que se presta a malas interpretaciones, en el cual, la comunidad tenga la oportunidad de participar en las decisiones que la afectan.

Desglosando un poco más la visión empresarial mundial puesta de manifiesto en sus publicaciones y producción varia, hacen mención también a la importancia de incluir el compromiso de contratación de mano de obra local, la promoción de negocios locales, el control ambiental conjunto y un acuerdo sobre los procesos de cierre. Señalan incluso si es necesario, se deben crear una nueva estructura comunitaria que constituirá el vehículo principal para definir los intereses de la comunidad y tratar con la empresa.

Dar por descontadas todas estas recomendaciones que en un contexto como el nuestro más suenan a buenas intenciones es un peligro, asociado con que muchas veces se piensa que en realidades como la peruana estas premisas son innecesarias, ingenuas e inútiles; y que el poder sobre las autoridades locales, sus medios de prensa y los líderes de opinión son más prácticos y reales. Nada más alejado de la idea de desarrollo sostenible, que abarca los impactos ambientales, económicos y sociales y de la rentabilidad de una empresa tanto en el corto como en el largo plazo. Si esto sucede, el parecer de Friedman sobre que la responsabilidad social de una empresa es hacer dinero, puede ser mal entendido si no se tienen los medios adecuados para controlar la acción privada.

Hacer que la licencia social sea efectiva en nuestro país aún requiere que todos los stakeholders tomen conciencia de su importancia, pues puede ser fuente de diálogo y empoderamiento de los actores más débiles hoy. Las relaciones establecidas entre la comunidad y la empresa en nuestro país tienen ejemplos que clasifican a las exitosas, como resultado del diálogo; y a las violentas como producto de la falta de comunicación horizontal y transparente. En un país con 9848 millones de dólares por invertirse en este sector para los próximos diez años es hora que se ponga en debate la sostenibilidad de un recurso que, si bien no ha sacado a ningún país del subdesarrollo sólo, si es una importante fuente de oportunidades para el desarrollo de proyectos del Estado y de los capitales internacionales mineros.

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