Amnistía Internacional, persecución y manipulación de cifras de pobreza en Perú
Por César Reyna
El día de hoy se espera que se haga público el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Para el Perú, particularmente para sus autoridades, las conclusiones del estudio no son nada positivas porque el organismo revela la existencia de prácticas intolerantes y persecutorias contra los críticos del gobierno peruano. Podría decirse que el Gobierno del Perú está a la par del de Venezuela en materia de violaciones a los derechos humanos ya que se ensaña contra todo aquel que cuestione sus políticas sociales, económicas y medioambientales.
El caso de Farid Matuk, ex jefe del INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Información), resulta preocupante y emblemático aunque muchos medios de comunicación peruanos no se dignen a cubrir el acoso que sufre por parte de la administración aprista. A Matuk, quien es un reputado economista y tiene cinco procesos penales abiertos, se le persigue por denunciar que las cifras de crecimiento y de pobreza no se ajustan a la realidad. Según este académico, “(…) los valores presentados por el INEI son desproporcionados o incoherentes con la realidad, ya que el gobierno viene manipulando las cifras con la finalidad de crear un falso crecimiento o un falso éxito del gobierno”. Como bien señala, “es la voluntad presidencial” la que determina los números que presenta el INEI en sus mediciones mensuales, trimestrales y anuales. No hay matemática, método estadístico serio ni hechos que validen los datos recientemente publicados por dicha institución en materia de pobreza. Que el Banco Mundial avale los resultados del informe del INEI no significa que sean creíbles pues el Banco, en medio de la espeluznante crisis internacional, busca que los resultados que exhibe nuestro país sean la mejor prueba de que modelo económico neoliberal funciona, a pesar de las vicisitudes y turbulencias que ha causado.
Según el INEI, 765.000 habitantes han dejado de ser pobres en 2008 por obra y gracia de las políticas públicas que ha implementado el Gobierno. Lo que sorprende es que de 39.3% se pasó a 36.2%, una reducción de 3.1% a nivel nacional, aun cuando el PBI creció a 9.84% el año pasado, la tasa más alta de los últimos 14 años. Resulta contradictorio que la caída de la pobreza haya sido menor porque en periodos anteriores se creció menos y la contracción de la pobreza fue mayor. Del año 2006 al 2007, según cifras oficiales, el número de pobres se redujo en 5.2% pues pasó de 44.5% a 39.3%; pero el crecimiento del producto fue menor pues llegó a 8.99% en 2007. ¿Cómo se explica que una mayor expansión de la economía genere menores tasas de reducción de la pobreza cuando el incremento del PBI fue de casi un punto porcentual entre el 2007 y el 2008? Aquí pasa algo muy raro pues lo lógico seria que el declive de la pobreza, que es inversamente proporcional al aumento de la actividad económica, sea más pronunciado en periodos de mayor crecimiento. Del 5.2% del 2006-2007 al 3.1% del 2007-2008 hay mucha diferencia. Lo que cualquier analista hubiera esperado son cifras equivalentes o superiores, y más cuando el Gobierno ha aumentado el presupuesto de los programas sociales, pero eso, inexplicablemente, no ha ocurrido.
El INEI, que forma parte del aparato de propaganda oficial, ha establecido la línea de pobreza por debajo de 251 soles mensuales (unos 85 dólares). Lo que nos quiere decir el INEI es que si una persona iguala o supera esa cantidad –aunque sea por un sol- pertenece automáticamente a la clase media del país. Esa aseveración carece de toda lógica pues el costo de la canasta mínima alimentaria supera con creces los 251 soles. Si un ciudadano asigna ese ridículo monto a su alimentación jamás cubriría sus necesidades calóricas. Para llegar a los 85 dólares una persona debería percibir casi 3 dólares diarios, dinero con el que, según el INEI, dejaría de pasar hambre (para tener una idea, el kilo de pollo cuesta más de 3 dólares en la actualidad). En ese monto no se incluye, por supuesto, lo que un sujeto pobre gasta en servicios básicos (como el agua, por la que paga más que las personas que pertenecen a estratos socioeconómicos superiores), en vivienda, transporte público, electricidad, combustible (generalmente kerosene), etc. Incluir esos rubros incrementaría el valor de lo que un connacional requiere para atender sus necesidades elementales.
Más de la mitad de peruanos viven bajo estándares de consumo similares al de los de alemanes, rusos o japoneses tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, sumamente precarios. La desnutrición infantil alcanza a un tercio de ese grupo, sin duda el más vulnerable. La pobreza no se abandona o se deja de pertenecer a ella porque el Estado otorga un bono (de 100 soles) o reparte alimentos entre los más necesitados pues, para salir de esa postrante condición, se requiere que el sujeto sea capaz de mantenerse por sí mismo, es decir, que pueda generar ingresos que le permitan vivir con dignidad. Los programas sociales no son más que paliativos que ocultan la real dimensión del problema ya que muchas veces no se atiende a los que realmente requieren asistencia gubernamental. Jugar con las líneas de pobreza y pobreza extrema (en el Perú está fijada en 139.8 soles) para presentar supuestos logros no cambian la dramática situación de millones de peruanos.
Para terminar, las cifras del INEI tampoco se ajustan a la verdad en el área rural[1], donde dice que la pobreza disminuyó en 4.7% porque los ingresos de los productores agropecuarios han subido más de 10%, toda vez que la entidad no considera los impactos ambientales que causan las empresas que explotan recursos naturales en las zonas andinas ni los perjuicios que también ocasiona el cambio climático, sin dejar de lado el desempleo que ha producido la crisis mundial.
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[1] Según el INEI, la reducción de la pobreza durante el 2008 se explica por el crecimiento de los salarios en casi el 40% de la población más pobre, sobre todo, la rural.
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