*Por César Reyna
Venezuela es vista en la región, y particularmente en Perú, como una amenaza. El régimen de Caracas no sólo apunta a construir el socialismo en Venezuela; sino a exportarlo al resto del continente para formar un frente común contra el imperialismo norteamericano y cualquier otro tipo de injerencia exterior. El modelo que promueve Hugo Chávez es abiertamente autoritario en lo político, y estatista en lo económico. Su triunfo en varios países se debe al descontento generalizado con las políticas de libre mercado (implantadas durante la década de los noventa) y al desprestigio de la clase política (los partidos tradicionales). El laureado escritor peruano Mario Vargas Llosa calificó a Chávez como “un peligro” para la democracia latinoamericana por encabezar un “socialismo autoritario”. El peligro radica en el afán intervencionista del presidente venezolano en los asuntos internos de sus vecinos. Chávez desea que nuestros países (los miembros de la CAN) sean satélites o anexos de Venezuela para revivir a la Gran Colombia (la patria grande bolivariana), con Hugo Chávez haciendo de Simón Bolívar.
Si Caracas hubiera mantenido un perfil bajo (no expansivo ni amenazante para el establishment latinoamericano) seguramente no recibiría tantas críticas ni generado tantas resistencias. Si Venezuela hubiera sido más amigable con la inversión privada y menos intervencionista, quizá hasta cultivaría adeptos en otras latitudes donde se santifica y venera al capital. Pero Chávez, como todos sabemos, emprendió otro camino: uno que lo llevó a ser considerado el mandatario más desestabilizante de Sudámerica porque financia a candidatos y agrupaciones afines en otros países. Su apuesta por la homogenización ideológica colisiona directamente con los intereses de los grandes grupos de poder de la región, es decir, con las clases empresariales locales (las oligarquías) y las multinacionales extranjeras.
En Perú, un nutrido grupo de intelectuales, abogados, artistas, periodistas, escritores y líderes empresariales han firmado un comunicado en el que promueven el retorno de las libertades en Venezuela, hecho que el cuestionado Gobierno de ese país podría interpretar como una condenable injerencia en sus asuntos domésticos. Lo que buscan es que la OEA y sus estados miembros sean proactivos para crear mecanismos que posibiliten la democratización venezolana en el más breve plazo. Semejante empresa parece destacable porque los firmantes de la declaración, entre los que se encuentran el ex presidente Alejandro Toledo, el escritor Mario Vargas Llosa, el pintor Fernando de Szyszlo, la cantante afroperuana Susana Baca, entre otras personalidades, invitan a constituir “Foros de Apoyo a la Democracia” en toda América Latina y “hacer realidad” la “Carta Democrática Interamericana”. El secretario general del Partido Aprista Peruano, Mauricio Mulder, también expresó su respaldo a dicha iniciativa. Lo mismo hizo el ex premier y congresista oficialista Jorge del Castillo, y la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano. A todos ellos les preocupa la persecución política que sufre el dirigente opositor Manuel Rosales, y el hostigamiento hacia medios “independientes” como Globovisión, cuyo propietario fue intervenido sin causa aparente en su domicilio.
La declaración sería creíble si todos los suscriptores demandaran con el mismo énfasis, especialmente los empresarios mineros, los agroexportadores y las autoridades, el establecimiento de la democracia en China. Si impulsaran algo similar su manifestación tendría credibilidad pues la potencia emergente es la mayor violadora de derechos humanos del mundo. Al otro lado del Pacífico no hay democracia ni ninguna libertad fundamental. En China se dan a conocer casos de torturas a diario y se imponen controles abusivos a la natalidad. El gobierno vigila, acosa, detiene y procesa a periodistas, escritores, activistas y abogados, asi como a sus familias, por tratar de ejercer derechos universales como la libertad de expresión. El régimen comunista es un violador sistemático de derechos humanos. El asunto del Tíbet y de las iglesias cristianas revela la intolerancia de la cúpula con las prácticas religiosas, a las que considera desestabilizadoras y sumamente peligrosas. La censura mediática es cosa de todos los días pues se clausuran miles de páginas y blogs en Internet. El acceso a la información está regulado estrictamente por Beijing. El Gran Hermano chino lo controla todo y amenaza con juicios sumarios y la cárcel a los que realizan “actividades ilegales” y “perturban el orden interno”, cuando en realidad sólo dicen la verdad.
Cuando el presidente chino Hu Jintao llegó a Palacio de Gobierno, con motivo de la Cumbre de la APEC, fue recibido con todos los honores y deferencias por su anfitrión, el mandatario peruano Alan García. Éste colmó en elogios a su ilustre visitante y alabó sin parar el modelo de desarrollo del país oriental. Además se tomó la licencia de expresarle a él y a su numerosa comitiva su aprecio y agradecimiento en chino Mandarín (haciendo un papelón que su imperturbable huésped disimuló). Antes de su arribo, Perú había declarado a China como “economía de mercado”, cuando en realidad no lo es porque subsidia su agricultura, sus exportaciones e industrias y facilita la piratería y el dumping social. La declaración fue necesaria para conseguir que los funcionarios chinos aceptaran suscribir un TLC con nosotros este año. De derechos humanos, medio ambiente y reformas democráticas no se habló ni se habla con China. Esos temas están vedados en nuestra agenda bilateral en aras de preservar la fructífera relación económica y comercial que mantenemos con los asiáticos. China tiene carta blanca para pisotear derechos mientras nos siga comprando minerales, harina de pescado y productos no tradicionales como mangos, uvas y café.
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