Por César Reyna
Tras la renovación parcial del Gabinete Ministerial, el Ejecutivo se embarcará en la creación de una entidad que asumiría la mayoría de funciones de la Defensoría del Pueblo. El ente en cuestión se llamará la ‘Comisión de Diálogo Social’ y será presidido por el ex premier Yehude Simon. Aún no se sabe cuándo operará ni con qué presupuesto y personal contará, pero lo cierto es que lo hará pronto ya que debe hacerle seguimiento a las mesas de diálogo que se han instalado en diferentes partes del país.
El propósito de esta Comisión, de carácter multisectorial porque coordinará sus actividades con varios ministerios, será atender los conflictos sociales antes de que generen episodios de violencia. Simon actuará como una especie de pararrayos, el mismo rol que asumió cuando fue primer ministro para evitar que los escándalos y los errores de algunos funcionarios debiliten al presidente. La particularidad de su cargo es que contará el respaldo del primer mandatario, lo que no sólo le permitirá darle atención, sino solución a los reclamos de los pueblos amazónicos y andinos. De este modo la ‘Comisión de Diálogo Social’ reemplazará a la Defensoría en la delicada tarea de mediar entre decenas de organizaciones sociales y el Estado.
Tras la renovación parcial del Gabinete Ministerial, el Ejecutivo se embarcará en la creación de una entidad que asumiría la mayoría de funciones de la Defensoría del Pueblo. El ente en cuestión se llamará la ‘Comisión de Diálogo Social’ y será presidido por el ex premier Yehude Simon. Aún no se sabe cuándo operará ni con qué presupuesto y personal contará, pero lo cierto es que lo hará pronto ya que debe hacerle seguimiento a las mesas de diálogo que se han instalado en diferentes partes del país.
El propósito de esta Comisión, de carácter multisectorial porque coordinará sus actividades con varios ministerios, será atender los conflictos sociales antes de que generen episodios de violencia. Simon actuará como una especie de pararrayos, el mismo rol que asumió cuando fue primer ministro para evitar que los escándalos y los errores de algunos funcionarios debiliten al presidente. La particularidad de su cargo es que contará el respaldo del primer mandatario, lo que no sólo le permitirá darle atención, sino solución a los reclamos de los pueblos amazónicos y andinos. De este modo la ‘Comisión de Diálogo Social’ reemplazará a la Defensoría en la delicada tarea de mediar entre decenas de organizaciones sociales y el Estado.
Luego de abandonar el Gabinete y no poder regresar a la presidencia regional de Lambayeque (renunció a ese puesto), la intención de Simon sería quedarse en el país pese a que se le vocea para encabezar la representación diplomática del Perú en la OEA. Su deseo de conformar un bloque de centroizquierda con el Apra, el Partido Humanista (del que proviene) y algunos frentes regionales (para participar en las próximas elecciones) lo llevaría a rechazar la tentadora oferta de residir en Washington. Apartarse temporalmente de la política local podría ser positivo para revitalizar su imagen pues perdió bastante crédito cuando se desataron las protestas en la Amazonía. Pero al parecer éste preferiría asumir nuevas responsabilidades ya que no tiene nada que perder. Tanto el Gobierno aprista como Simon Munaro pretenden incursionar o interferir en el campo de acción de muchas ONG para obtener réditos políticos, es decir, votos. Como el Estado ha descuidado la problemática de las comunidades del interior (vacío que ha sido lleno de alguna manera por entidades paraestatales, compañías mineras y la propia Defensoría), ahora se aventura a capitalizar su descontento escuchando sus necesidades.
La tarea parece titánica dada la gran desconfianza acumulada durante décadas. Sin embargo el Gobierno parece decido a desarrollar una faceta más inclusiva ante a las recientes amenazas de desestabilización.
La reducida participación de la Defensoría del Pueblo, una de las pocas entidades que cuenta con el reconocimiento de la población, debe poner en alerta a la prensa y la oposición porque daría lugar a la duplicidad de funciones –y posible copamiento aprista- dentro del Estado. Aún no se conocen la mayoría de detalles sobre las capacidades del nuevo organismo, pero sí que colisionará con las atribuciones de la única institución independiente del país.
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