La maldición de apellidarse García

Alan García habría intervenido de manera arbitraria en conformación de IV lista de Ceses Colectivos.

Prima hermana del primer mandatario no fue reincorporada a Petroperú para evitar que lo acusen de beneficiar a sus familiares

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Por César Reyna

Rosa Mercedes Barreda García, de 55 años, viuda y madre de dos jóvenes, pese a cumplir con todos los requisitos para volver a la petrolera estatal, no fue seleccionada por el Comité encargado porque cometió un pequeño error: pedir una cita al ministro de Trabajo Jorge Villasante, quién la atendió después de 8 largas horas de espera. Si no hubiera concertado el encuentro hubiera ingresado casi toda seguridad porque había acreditado que fue despedida de manera arbitraria.

El error de Rosa fue haberle contado su situación al ex ministro aprista, quien a su vez debió haber puesto al tanto a su poderoso primo de su posible reingreso. Es probable que tras una rutinaria reunión del Consejo de Ministros en Palacio murieran las esperanzas de Rosa de encontrar justicia. Sólo por apellidarse García fue despida sin miramientos por superiores que tenían la misión adelgazar el aparato estatal. Y También por apellidarse García no será restituida tras 15 años de injusticias y penurias materiales.

Las draconianas leyes del neoliberalismo fujimorista la lanzaron a la calle a pesar de ser el único sostén para sus tres menores hijos (uno de ellos, el mayor, fue asesinado durante un asalto en 2002). Ella recibió una indemnización por su cese intempestivo, pero no la aceptó de manera voluntaria como algunos de sus colegas, sino obligada por las circunstancias ya que de todas maneras la iban a botar del trabajo. En su despido primó la amenaza de jefes de Recursos Humanos prepotentes que la conminaron a firmar su carta de renuncia. Si no lo hacía se hubiera ido con las manos vacías, es decir, sin la indemnización que le entregaron para darle visos de legalidad a su despido.

Rosa no estaba en condiciones para dejar su cargo de secretaria del Departamento de Contabilidad porque dependía del programa médico que Petroperú ponía a disposición de sus empleados. El seguro la protegía a ella, su anciana madre y sus hijos. En un país donde la atención médica es costosa no podía darse el lujo de renunciar aunque le ofrecieran incentivos.

Ella debió beneficiarse como tantos otros que fueron cesados por el régimen fujimorista sin justificación alguna. Su caso merecía atención de la junta que calificó los expedientes de los despedidos. Tal vez por inseguridad y desesperación acudió al ex ministro de Trabajo pensando que podía asegurarle su reincorporación; pero olvidó que por encima de él estaba su primo presidente, quien seguramente al escuchar que postulaba para ingresar a la IV Lista de Ceses Colectivos decidió borrarla para que ni la prensa ni la oposición lo acusen de favorecer a un familiar.

El jefe de Estado seguramente temía que en los días siguientes la reposición de Rosa se hable de “copamiento aprista” y baje su popularidad en la próxima encuesta. Por una cuestión de imagen el presidente y sus allegados ignoraron sus derechos como quien se deshace un clip o papel arrugado en el tacho de basura.

La difusión este artículo tal vez no ayude a Rosa a volver a su antiguo puesto de trabajo, pero al menos dejará constancia por enésima vez de las injusticias que comete un partido que dice fundarse en la “justicia social”.

Ley mordaza: análisis del proyecto de ley de rectificación

La presentación de una solicitud de rectificación o el inicio de acciones legales si un medio divulga afirmaciones supuestamente inexactas, agraviantes o difamatorias resulta lesiva para la libertad de expresión.

La iniciativa es innecesaria porque los asuntos que trata en están contemplados en la legislación vigente.

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Por César Reyna

El objeto del anteproyecto “creado” por el congresista José Vargas Fernández, e impulsado por la legisladora Mercedes Cabanillas, es regular el ejercicio de la rectificación a la que tiene derecho toda persona agraviada, sea natural o jurídica. Este derecho está supeditado, por eso su naturaleza es accesoria o adjetiva, a la defensa del honor o el buen nombre, que sería el derecho principal o sustantivo.

Si una persona aludida en algún medio escrito, radial, audiovisual o digital no se siente ofendida en su honor no tendría por qué pedir una rectificación. El ejercicio de esta prerrogativa siempre será subjetiva ya que depende exclusivamente del individuo, su familia (en caso esté incapacitado, ausente o haya fallecido) o su representante legal.

El sujeto del derecho es naturalmente el agraviado; y el del deber, sobre quien recae la acción de rectificarse: el medio de comunicación social. Como medio de comunicación social se entiende a los tradicionales (prensa escrita, radial, televisiva, semanarios, revistas, boletines, agencias noticiosas, etc.) y a los electrónicos (páginas web, blogs, foros, páginas de contacto social, portales como Twitter, etc.).

El primer artículo de la iniciativa menciona que se puede ofender “el honor, la buena reputación, la intimidad personal o familiar” mediante expresiones o imágenes. Esto abre la puerta a que los cómicos lo piensen dos veces antes de personificar a un político, personaje de la farándula, etc., pues sus caracterizaciones suelen ser polémicas. El corrupto Rómulo León Alegría, por ejemplo, podría ampararse en este acápite para demandar al imitador Carlos Álvarez por presentarlo como una ‘rata’. El genial caricaturista Carlín también correría con la misma suerte pues suele retratar las miserias de nuestra clase política. Lo mismo podría suceder con los fotógrafos, diagramadores o editores que publiquen imágenes que hieren la susceptibilidad de alguna “ilustre” personalidad, sobre todo si las retocan, alteran o modifican.

El artículo 2, referido a la solicitud de la rectificación, establece que la persona ofendida, su familia o su representante legal deben presentar la solicitud al director del medio o al que realice sus funciones. El plazo con el que cuentan los agraviados es de 15 días naturales tras la publicación o difusión de la información que se pretende rectificar.

El tercer artículo indica que los medios de comunicación social y digital deben nombrar un director al que se dirigirán las rectificaciones. Es decir, que los creadores y manejadores de blogs, páginas web y demás soportes tecnológicos informativos deben revelar sus identidades para divulgar sus ideas (cada blogger debería publicar su nombre real en las entradas o comentarios que son de su autoría). Esto podría ser peligroso para muchos usuarios del ciberespacio, sobre todo a los que difunden contenidos polémicos y se meten con medio mundo.

Además de salir del anonimato, el proyecto exige que los medios coloquen una dirección para que los reclamos de los difamados puedan recepcionarse. Consignar el lugar exacto donde se difunde el medio electrónico podría ser imposible en el caso de un blogger que viaja constantemente por el país o por el mundo. En caso de no ser un viajero frecuente también sería difícil determinar su ubicación exacta. ¿Cuál sería? ¿A caso un cibercafé? ¿Una cabina de Internet? ¿Starbucks? ¿Su oficina? ¿Su domicilio? No sería seguro para él ni su familia divulgar donde vive ya que podrían agredirlo por propalar informaciones supuestamente inexactas o difamatorias. El anteproyecto normativo presenta un vacío pues dice claramente que debe determinarse “el lugar exacto donde se edita o emite”, sin considerar que los responsables de páginas web o blogs pueden hacerlo en cualquier sitio debido a la tecnología Wi-Fi. Esto podría solucionarse si cada usuario de Internet establece una dirección de correo electrónico para recibir las solicitudes (lo que tiene sus pros y sus contras ya que el medio podría ser bombardeado con correo inútil o virus).

En el artículo 4, el más extenso de todos, trata sobre el plazo y la oportunidad de la rectificación. En él se establece un plazo máximo de 3 días naturales para que el medio realice la rectificación. El plazo comienza a correr desde que la solicitud es recibida. En caso de que los responsables del proyecto tomen nota del párrafo anterior y realicen la modificación pertinente, cabe la posibilidad de que el correo electrónico no pueda funcionar por la suspensión del servicio o la caída de la red. Si eso llegara a suceder el responsable del medio emplazado no podría conocer la solicitud del agraviado y el plazo expiría sin que pudiera atenderla. Una solución sería suspender el período que tiene para analizar la petición por causas ajenas y fortuitas.

Reproducir íntegramente el texto de la solicitud puede resultar excesivo si la nota periodística cuestionada es extensa. La carta podría abarcar varias páginas que el medio destina a informaciones o publicidad. La reproducción no sólo reduciría el interés en el medio ya que no podría divulgar más contenidos, sino que mermaría sus ingresos al limitar su espacio publicitario.

En el caso de los medios televisivos o radiales el proyecto señala que la rectificación debe hacerse a la misma hora y en el mismo programa en que fue difundida la información ofensiva. Aquí se presenta un problema muy común en los medios, sobre todo en la televisión, pues los programas pueden ser cancelados antes de que el agraviado dirija una solicitud al director de la emisora.

Si la rectificación no satisface al reclamante “podrá hacer uso de los medios de defensa”, es decir, interponer una denuncia en el Poder Judicial por el presunto delito de difamación.

El artículo 5 faculta a los periodistas a rechazar las solicitudes de rectificación. Acto seguido desarrolla seis supuestos que les permitiría defenderse de las acusaciones de supuestos agraviados.

A) El primero de ellos menciona que se puede desechar el pedido si no hay relación con los hechos o imágenes aludidas. Esto es muy subjetivo y se necesitaría más tiempo para analizar a fondo cada solicitud. Es por eso que el proyecto debería mantener el plazo que figura en la ley vigente.

B) Si la carta es injuriosa o contraria a las leyes o las buenas costumbres no hay necesidad de contestarla ni de rectificarse. Esto en caso haya amenazas, insultos, expresiones grotescas e imágenes obscenas en la misiva. En dicha situación el periodista o blogger podría iniciar acciones legales por recibir groserías.

C) En este punto se dice que el hombre de prensa está dispensado de la rectificación cuando se refiere a una tercera persona sin causa justificada, esto es, cuando se atribuye a un sujeto o medio distinto la difusión de la información injuriosa.

D) “Cuando la solicitud esté redactada en idioma distinto al de la emisión del programa o de la edición incriminada” cabe desecharla.

E) Cuando la rectificación se produce de manera voluntaria, espontánea y antes de que el agraviado presente la solicitud.

La parte más controversial de este artículo se ubica al final pues el periodista o director debe evitar cualquier “juicio de valor” y “opiniones de carácter subjetivo” en la redacciòn de la rectificaciòn. El “infractor” debe limitarse a los hechos mencionados en la información difundida. En otras palabras, se le pide 100% de objetividad al momento de escribir o registrar en un audio o video la rectificación, algo prácticamente imposible.

El artículo 6 es el que más asusta a los periodistas, directores y propietarios de medios de comunicación porque convierte en "tercero civilmente responsable" al último de los mencionados. Es decir que si el comunicador o director cuestionado no paga la indemnización el medio debe asumir el pago de la obligación de manera solidaria. Los medios serían deudores solidarios (por mandato legal y judicial) si sus subordinados no cumplen con la reparación económica. Si los primeros efectúan un pago parcial de la obligación corresponde al medio cubrir el saldo. En caso los medios asuman el ìntegro de la indemnización están facultados a exigir el pago a los periodistas o directores infractores. La obligación de éstos últimos no se extingue si sus patrones pretenden cobrar una parte o la totalidad de la reparación.

El artículo 8 modifica el artículo 132º del Código Penal que define el delito de difamación para incluir al periodismo digital. “Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, incluido el periodismo digital a través de la Internet, la pena privativa de la libertad será no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días multa”.

El artículo 9 deroga expresamente la Ley Nº 26775, modificada por la Ley Nº 26847 y cualquier otra disposición que se oponga al proyecto aprista.

En la parte del análisis se menciona normas de derecho internacional y nacional para fundamentar y dar respaldo jurídico a la iniciativa oficialista. La rectificación, según la Constitución de 1993 y los párrafos finales, debe ser inmediata (dentro del plazo estipulado), gratuita y proporcional.

Desde la perspectiva de los autores del proyecto, una persona jurídica como la Iglesia Católica, por ejemplo, podría interponer acciones legales contra medios que ofendan símbolos religiosos o valores cristianos, esto es, conceptos o elementos inmateriales que son objetos de devoción. Así, un blogger que sostenga que Santa Rosa de Lima no hizo milagros podría ser acusado por los fieles u obispos heridos en su sensibilidad religiosa.

La delimitación del derecho a la rectificaciòn, según el anteproyecto, le permitiría al periodista rechazar la solicitud si no se ajusta a determinados parámetros. Sin embargo, este filtro podría no funcionar porque la iniciativa abarca la inexactitud y la injuria, dos conceptos bastante ambiguos. “Decir que el presidente Alan García es una persona delgada es una afirmación inexacta, aunque no injuriosa; pero decir que el mandatario es obeso puede resultar injurioso, aun cuando sea veraz”, comenta la conductora de Prensa Libre, Rosa María Palacios.

A muchos sujetos oportunistas les caería como anillo al dedo ser injuriados o difamados por los medios de comunicación. No faltarían abogados inescrupulosos que motiven a sus clientes a iniciar procesos penales a cambio de un porcentaje de la indemnización. Como los medios asumirán la reparación no habría pierde para los supuestos agraviados. Esta gente buscaría cualquier pretexto sentirse ofendida y reclamar dinero antes que una rectificación satisfactoria.

La medida también serviría para que algunos ‘figuretis’ traten de revivir sus carreras artísticas, políticas, profesionales demandando la rectificación. La presentación de querellas o denuncias les generarían la cobertura mediática que desean para promocionarse o tentar suerte en el mundo del espectáculo. El proyecto aprista es contraproducente porque multiplicaría el número de denuncias por difamación para que algunos reciban generosas sumas de dinero o consigan sus 15 minutos de fama.

Análisis de la entrevista a Keiko Fujimori en Perú 21

La congresista y candidata presidencial revela una vez más que posee la misma catadura “moral” de su padre
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Por César Reyna

Ninguna de las respuestas de Keiko Fujimori sorprende a esta altura de su carrera pública. Ni las preguntas más incómodas logran cambiar su semblante o su parsimonioso tono de voz. Parece una política más experimentada a pesar de su corta trayectoria como legisladora. De su padre no solo heredó la batuta del nuevo movimiento político Fuerza 2011 o sus millones de dólares ocultos, sino su cinismo.

Una prueba de ello es que declara tener “autoridad moral” para exigir que se tomen medidas para combatir la corrupción. Menciona que “fue muy dura con Vladimiro Montesinos” y que “no tuvo un proceso por enriquecimiento ilícito o desbalance patrimonial”. Sin embargo, aceptó que ese oscuro personaje solventara su educación y la de sus hermanos en Estados Unidos. Montesinos, según varios colaboradores eficaces, enviaba miles de dólares a Palacio de Gobierno periódicamente. Con el dinero obtenido de las arcas públicas Fujimori padre financiaba sus campañas electorales y se enriquecía por lo bajo.

Al recibir dinero del ex presidente, la popular congresista incurrió en el delito de receptación ya que debía presumir que su origen era ilícito. Ella mejor que nadie sabía que su progenitor no ganaba mucho como ex profesor universitario y que apenas percibía 2000 soles como presidente. El desbalance patrimonial era evidente ya que éste, y no su madre, le entregó miles de dólares en efectivo para pagar su pensión universitaria y otros gastos vinculados a su estadía.

Nos parece risible que sostenga que su padre no tenía conocimiento de los latrocinios de su socio, a quien le confió su seguridad, la lucha contra sus adversarios políticos y su ilegal reelección. La condena por peculado puso de manifiesto la fortuna de Fujimori pues éste devolvió los 15 millones de dólares que retiró del Tesoro de su propio bolsillo (o del nuestro, más bien). La cantidad reintegrada fue la misma pero no la denominación ni los números de serie de los billetes. Además Montesinos nunca restituyó la “compensación” que le pagó Fujimori pues la envió a Suiza en diferentes armadas. Esto prueba que tanto los millones restituidos por Fujimori como los fondos asignados a su educación y la de sus hermanos provenían del Estado

Keiko no le da mucha importancia a las acusaciones por corrupción o derechos humanos contra su padre pues le atribuye a Montesinos, su principal benefactor, todas y cada una de las barbaridades cometidas durante el fujimorismo. El único error que achaca al ex presidente fue haber confiado demasiado en el ex asesor del SIN. Los cuestionamientos de la prensa, grupos políticos o de la sociedad civil le resbalan mientras Alberto Fujimori sea considerado como el mejor presidente del país, según un reciente sondeo de la Universidad de Lima. Keiko se escuda detrás del 66% de peruanos que piensa que su padre fue el mejor gobernante de la historia. Justificadas o no, ella considera que las encuestas la blindan y le dan suficiente legitimidad frente a las denuncias que persiguen a su padre. En su caso las imputaciones se paralizan o rebotan como si fueran balas dirigidas al cuerpo de Neo o Superman.

No resulta descabellado que muchos crean que Alberto Fujimori fue un gran mandatario ya que competía nefastos e intrascendentes gobernantes como Alan García (1985-1990) y Fernando Belaúnde (1980-1985). El primero arruinó al país durante su primer período y el segundo permitió el crecimiento de Sendero Luminoso y la incubación de la inflación. Por si fuera poco, la recuperación de la democracia, primero con Valentín Paniagua (2000-2001), y luego con Alejandro Toledo (2001 al 2006), no supuso ningún cambio cualitativo a nivel político pues tuvimos uno de los peores congresos que se recuerde Los escándalos de corrupción y la irresolución del ex presidente peruposibilista minaron la confianza del ciudadano. Con una valla tan baja no sorprende que Fujimori padre arrase en los sondeos de opinión. Además la mayoría de peruanos no recuerda a otros presidentes -fuera de los cinco citados- porque son demasiado jóvenes o no tienen interés por la historia.

En otra parte de la entrevista la congresista reveló que el 98% de los colaboradores de su padre trabajarían con ella si llega al poder. Esto implica que no habría ningún cambio o correctivo en el modelo económico. La continuidad del neoliberalismo estaría más que garantizada, lo que genera alivio en los organismos multilaterales e inversionistas.

En cuanto a su alianza con el Apra, resulta evidente, aunque lo trate de negar, que están íntimamente asociados. El hecho de que su bancada haya estado a favor de la censura a Jorge del Castillo fue para desvincularse del caso de los ‘petroaudios’. No les quedaba otra que pedir la remoción del Gabinete, aunque luego el congresista Carlos Raffo, artífice de la imagen presidenciable de Keiko, cambió de parecer en la comisión Abugattás. La parlamentaria también menciona que mantuvieron una actitud crítica respecto a Yehude Simon, jefe del segundo equipo ministerial, a quien siempre rechazaron por tener vínculos con el MRTA. No debemos olvidar que jueces fujimoristas sentenciaron a 8 años al resistido premier. De modo que la animadversión por Simon tiene larga data en el bando fujimorista. En lo fundamental el fujimorismo ha votado al lado del Apra. Esto puede verificarse en la conformación de las ultimas cuatro mesas directivas del Congreso; la ratificación del TLC con Estados Unidos y Chile; la persecución a las ONG y casas del ALBA; y el respaldo a los decretos antiamazónicos.

La intención del partido de gobierno sería entregarle la posta a Keiko Fujimori porque le aseguraría la impunidad de sus delitos y el mantenimiento de la política económica. El Apra ya lo hizo con Cambio 90, organización embrionaria del fujimorismo, pues el voto de este grupo limpió parcialmente a García de la matanza del Frontón y de cargos de enriquecimiento ilícito (actualmente el caso del Frontón se encuentra reabierto).

Hace unos días Keiko declaró que su agrupación correría sola en la primera vuelta, pero si pasa a segunda ronda considera discutir posibles alianzas con otros grupos. Ella es consciente que de ganar necesitaría reformular los términos de su unión con el Apra para dominar el Parlamento. Es posible que requiera los votos de otro afín como Unidad Nacional para darle estabilidad al país, es decir, a su gobierno.

Si Fujimori padre pudo gobernar sin altibajos fue porque cerró las cámaras de diputados y senadores y luego tuvo un Congreso unicameral sumiso. Sin oposición, fiscalización ni equilibrio de poderes le fue fácil disponer de los ingresos de la privatización para hacer obras. La ausencia de control en los noventa le permitió expandir rápidamente el gasto. Pero ahora las cosas son radicalmente distintas pues su hija no tendrá mayoría ni podría dar un golpe para tener el Parlamento de sus sueños.

Es un error calificar al fujimorismo de partido ‘antisistema’ porque ayudó a crear el actual orden político y económico. Fujimori fue el actor principal en muchas de las transformaciones sociales que vivió el país. Keiko jamás representaría una alternativa al modelo económico ni político porque debería romper con la Constitución que impulsó y pisoteó su padre buscando afanosamente la reelección. Si se piensa que le imprimirá un carácter más autoritario a la presidencia estamos equivocados pues difícilmente podría serlo más que García. Al no controlar el Congreso y depender de las alianzas que forme su campo de acción estaría bastante limitado.

Niños participaron en ataque narcoterrorista en Ayacucho

Congresista aprista Mauricio Mulder revela que narcosenderistas emplearon menores de edad en reciente incursión armada
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Por César Reyna (reservamoral@yahoo.com)

Desde hace varias semanas tenemos conocimiento de que niños vienen siendo entrenados por las columnas de Sendero Luminoso en el área del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene). El descubrimiento fue posible porque la organización terrorista concedió un reportaje al programa ‘Punto Final’. La noticia generó muchas condenas contra Sendero y sus líderes, los hermanos “Víctor” y “José” Quispe Palomino.

En el reportaje, “José”, el mando principal de Sendero, asegura que los menores empiezan a portar armas a partir de los catorce años. Pero eso quedaría desbaratado con las declaraciones del polémico secretario general del APRA.

Pese a que la denuncia es muy seria -el reclutamiento de niños y su formación para el combate es un delito grave-, a Sendero le resbala cualquier crítica porque opera al margen de la ley. Ninguna condena en ese sentido amilana a los sanguinarios que integran sus filas ya que consideran que las normas que los sancionan provienen de “un sistema de explotación”. Aun cuando ellos mismos envenenan las mentes de los actores más vulnerables del conflicto.

Unos veinte menores han sido contados en las huestes de Sendero. De ellos, según Mulder, doce tuvieron algún tipo de participación en la ofensiva contra la base policial de la Dinoes en San José de Secce. Las edades de los involucrados fluctuarían entre los 8 y 9 años. Creemos que la versión Mulder debería ser confirmada para esclarecer los hechos que enlutaron nuevamente al país.

A este paso, dada la ausencia del Estado, es decir, de una política integral que recupere a los menores y promueva el desarrollo en la zona, no estaríamos muy lejos de ver ‘niños bomba’ como los que atacan objetivos militares en Israel. El adoctrinamiento de Sendero podría conducirlos a la autodestrucción si las autoridades no hacen algo. No sería raro que de aquí a un tiempo comiencen a inmolarse bajo el influjo de una ideología radical, por amenazas contra sus familiares más cercanos o para que sus padres reciban una determinada cantidad que alivie, momentáneamente, sus penurias económicas.

Su sacrificio causaría mucho estupor al igual que si resultan muertos o heridos tras enfrentar a las fuerzas del orden. Lo último que desearíamos enterarnos es que un policía o militar haya disparado contra un menor para salvar su vida.

Las influencias de Hugo Chávez

Además Simón Bolívar y el dictador peruano Juan Velasco Alvarado, entre las figuras políticas que inspiran al líder venezolano destacan el presidente Alan García Pérez y el reo y ex presidente Alberto Fujimori
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Por César Reyna

Aunque parezca inverosímil, el socialista Hugo Chávez viene reproduciendo varias políticas de Estado que implementó o trató de implementar el peruano Alan García durante su primer período presidencial. De 1985 a 1990 García Pérez intentó estatizar la banca; algo que está haciendo Chávez, pero no por la fuerza, sino mediante la compra de activos financieros a instituciones como el Santander. Chávez también imita a García al aplicar controles de precios para evitar la subida de productos de primera necesidad, lo que ha generado mucha especulación y la formación de mercados negros.

En el primer gobierno de García se acusó a los productores de inflar los precios al acumular existencias. Chávez hizo lo mismo llamando traidores a los que acaparaban alimentos. Parar tratar de revertir la situación, Chávez adquirió bajo coacción y con la participación de sindicatos varias unidades procesadoras de granos. García no llegó a tanto porque no disponía una generosa cuenta repleta de petrodólares, pero sí de algunas reservas internacionales que dilapidó realizando compras masivas de alimentos en descomposición (como el arroz con gorgojos, la leche en polvo insalubre y la carne de origen argentina malograda), y creando los ‘Mercados del Pueblo’ para que los peruanos se abastezcan de arroz, azúcar, aceite, menestras, etc., pero, paradójicamente, estaban totalmente desabastecidos.

Ambos mandatarios generaron mucha inflación y contribuyeron a la debacle del aparato industrial en sus países. La descapitalización en el Perú fue de tal magnitud -fruto de nefastas políticas económicas y el clima inseguridad- que le tomó más de una década volver a reflotar sectores como la pesca, las confecciones y la agricultura de exportación. La sustitución de importaciones en el caso peruano perjudicó notablemente los consumidores ya que solamente podían adquirir productos nacionales de mala calidad. Al reemplazar la producción extranjera con la local, tanto el primer gobierno aprista como el chavismo pretendían -o pretenden- crear modelos de desarrollo autárquicos similares a los de extintos estados comunistas. El plan no funcionó pues la eliminación de la competencia desincentivó a los industriales para mejorar la calidad de sus productos. Por si fuera poco, las restricciones aduaneras obstaculizaron la compra de bienes de capital, lo que estancó la modernización de la producción.

Desde hace unos años el régimen de Caracas estableció controles de cambios para evitar la depreciación del bolívar; algo parecido hizo García al establecer distintas cotizaciones para el dólar, entre las que destacaba la del dólar MUC (Mercado Único de Cambio), ofrecido a precio preferencial a los industriales para que potencien sus sectores. Pese a sus esfuerzos por dominar a las fuerzas del mercado la estabilización de la moneda nunca se concretó. Cuando reinó la volatilidad, el imprudente García y el irreflexivo Chávez restringieron la compraventa de dólares, lo que generó un mercado cambiario paralelo y mucha riqueza especulativa.

Ahora bien, de Bolívar no pudo haber asimilado mucho Chávez ya que era liberal y creía en el libre comercio. En lo que sí coincide con el libertador es con su proyecto vitalicio de gobierno –basta recordar la Gran Colombia y la Constitución de 1826 que lo declaraba supremo dictador del Perú- y el adoctrinamiento de la población, aunque con diferente tinte ideológico desde luego. Si Chávez lo considera su principal referente es porque luchó contra el colonialismo español -que no es equiparable a su enfrenamiento retórico contra el imperialismo norteamericano- y porque tenía ambiciones hegemónicas.

El gobernante que más lo ha influenciado es, sin duda, el general Juan Velasco Alvarado, personaje que dirigió el Perú entre 1968 y 1975. Chávez se refiere al difunto dictador con mucho afecto cuando lo menciona en su programa ‘Aló Presidente’. La admiración que le profesa se debe a que realizó un par de transformaciones que le gustaría aplicar como la reforma agraria –que fue desastrosa en términos económicos aunque impidió que germinara la prédica de Sendero Luminoso entre los campesinos - y la movilización popular a través del Sinamos (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social), organismo creado para cumplir las funciones de un partido político al servicio de la “revolución nacionalista”. Chávez Frías hubiera deseado llegar al poder mediante un golpe de Estado como Velasco, pero fracasó y fue encarcelado por ello. Pasó dos años en prisión hasta que fue indultado por Rafael Caldera en 1994. Por medio de un golpe hubiera podido cerrar todos los medios opositores; y no tener que clausurarlos uno por uno ni promulgar una norma que amordace a la prensa (como la Ley Especial de Delitos Mediáticos).

El otro presidente que inspira su accionar es el corrupto Alberto Fujimori (1990- 2000). Chávez tuvo cercanía con el ex mandatario peruano porque varios militares que lo acompañaron en la intenta golpista de 1992 se refugiaron en nuestro país bajo la protección de Vladimiro Montesinos. En lo político Chávez ha aprendido mucho de Fujimori ya que éste, con ayuda de su siniestro asesor, destruyó a la oposición democrática. Mediante una campaña de desprestigio permanente y el copamiento de las instituciones públicas, Fujimori logró marginar a los partidos tradicionales de la simpatía del pueblo. Varios grupos políticos se debilitaron o desaparecieron en el camino cuando se “recuperó” la democracia con el cambio de milenio. El sistema de partidos aún no se recupera de la turbulenta década de los noventa, llamada por algunos como la de la “antipolítica” porque primó el pragamitismo a los discursos encendidos, revolucionarios y vacíos de algunos estadistas. La mejor prueba de la crisis de los partidos es la inexistencia una oposición orgánica que fiscalice los actos de gobiernos.

Un hecho fundamental del que Chávez seguramente tomó nota fue que Fujimori elaboró una Constitución a la medida, la de 1993, la que le permitió cambiar el modelo económico (para consagrar el neoliberalismo) y establecer una nueva y controvertida legislación antisubersiva. En el caso de Chávez las reformas han sido, como todos sabemos, para afirmar la socialización en Venezuela y establecer mayores controles sociales o menos libertades.

En el tema de las reelecciones sucesivas Chávez debe haber tomado lección de Fujimori pues se eligió tres veces, una de ellas de manera inconstitucional pues sus congresistas y defensores interpretaron la Constitución a su antojo.

La inclusión según Alan García

Como el mercado no puede incorporar a cientos de miles de jóvenes el presidente ha decidido incluirlos en un programa de empleo temporal
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Por César Reyna


En el discurso de ayer, el jefe de Estado anunció la entrega de recursos de recursos al pueblo sin pasar por los gobiernos regionales o municipales mediante la ‘Descentralización Popular No Burocrática’. Según este plan, las comunidades del interior se convertirán unidades ejecutoras de proyectos de infraestructura que no sobrepasen los 500 mil soles. El dinero para desarrollar obras de pequeña envergadura en localidades urbanas o rurales saldrá del presupuesto no ejecutado de los ministerios, regiones y municipios. La fiscalización del uso de los recursos del Estado estará a cargo del pueblo, según el presidente García.

Esta propuesta ya se está llevando acabo pues el primer mandatario acaba de juramentar a los integrantes de cien núcleos ejecutores encargados de hacer obras en Lima. El proyecto piloto será replicado en el resto del país en lo que queda del Gobierno aprista.

En el caso de los jóvenes, el Ejecutivo creará ‘Núcleos Ejecutores Juveniles’ para que realicen obras en sus localidades. Ambos programas contarán con 4.500 millones de soles en vista de que el gasto público llegará al 80 por ciento este año.

Repartir dinero sin ningún control posterior podría generar mayor corrupción. Tememos motivos para pensar que los recursos serán malversados ya que las comunidades ni los jóvenes cuentan con conocimientos técnicos para desarrollar proyectos ni administrar fondos. Mejor hubiera sido entregar un subsidio directo a la población si la intención del presidente es que gasten lo que el Estado no puede gastar debido a su ineficiencia y a las numerosas trabas burocráticas.

Parece que García no encontró mejor forma de distribuir la riqueza del país que dilapidándola. La ausencia de proyectos de desarrollo diseñados para maximizar la utilización de los recursos del Estado es alarmante. Si el presidente[1] ha decidido entregarlos a manos llenas es para aumentar su popularidad en sectores donde recibe baja aprobación.

Los asesores de Palacio deben haberse dado cuenta de que el creciente desempleo entre los jóvenes puede generar nuevos episodios de violencia. La mayoría de peruanos entre 18 a 28 años no tiene oportunidades dentro del país ni puede emigrar el extranjero debido a restricciones migratorias o la recesión en países desarrollados. Al quedarse en el país pasan a las filas de la informalidad o engrosan las del desempleo. Esa exclusión incrementa su descontento con un modelo que no los beneficia en nada.

En años anteriores la migración constituía una válvula de escape para aliviar las tensiones sociales pues la economía formal no podía dar trabajo a los peruanos que tenían edad para formar parte de la PEA (Población Económicamente Activa). Ahora, con el colapso de la economía mundial, la presión sobre el Gobierno se intensificará ya que la economía nacional se ha contraido y no hay posibilidades de empleo en el exterior.

El problema de distribuir dinero de ejercicios fiscales anteriores es que se agota tarde o temprano. De momento podría ser un paliativo para compensar la caída de la actividad económica pero no será sostenible en la medida que la recaudación viene contrayéndose (el ingreso por Impuesto a la Renta se redujo en más de 30%). En el momento en que se suspenda el financiamiento para obras se desatará una nueva ola de protestas en las comunidades porque demandarán las asignaciones a las que estaban acostumbradas.

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[1] También para mejorar las posibilidades electorales del Apra en las próximas elecciones.

Alva Castro nuevo presidente del Congreso

Desde que Alan García es presidente el partido de la estrella se ha impuesto con holgura en el Parlamento fruto de su alianza con otras agrupaciones de derecha y algunos independientes

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Por César Reyna


El congresista aprista Luis Alva Castro acaba de ganar la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso para el período 2009-2010. Alva Castro se impuso por una diferencia de 12 votos a la legisladora Rosa Florián (59 vs. 47). Su triunfo estaba cantado ya que el Apra, en contubernio con el fujimorismo rampante, no ha perdido ninguna de las cuatro elecciones en las que ha presentado candidato.

Antes de que culminara la votación Alva Castro fue felicitado por sus compañeros de bancada como si fuera Don Corleone. Poco faltó para que éstos se inclinaran y besaran la mano del nuevo mandamás del Legislativo. Alva Castro es un aprista con dilatada trayectoria en la política. Durante el primer gobierno aprista (1985-1990) presidió la extinta Cámara de Diputados y fue jefe del Consejo de Ministros y ministro de Economía. En esta Administración fue cuestionado como ministro del Interior porque se destaparon varios casos de corrupción en su sector vinculados a la compra de patrulleros.

A Alva Castro lo acompaña la congresista fujimorista Cecilia Chacón en la segunda vice presidencia. Alva Castro reemplaza a Javier Velásquez Quesquén, quien ahora encabeza el Gabinete tras la salida de Yehude Simon.

La oposición, más debilitada que nunca tras la suspensión de 7 integrantes del Partido Nacionalista, no pudo convencer a los demás grupos parlamentarios que mantenían su preferencia en la incertidumbre. El aprismo seguramente los convenció a base de prebendas u ofrecimientos por debajo de la mesa.

Al mantener el control de la Mesa Directiva, la posibilidad de fiscalizar a un Gobierno que ha decidido aumentar el gasto público será mínima pues el Apra y sus aliados obstaculizarán la mayoría de denuncias y pedidos de investigación congresal.

Keiko Fujimori será presidenta del Perú

A pesar de que aún faltan más de 19 meses para las elecciones el temor estaría fundado ya que ocupa el primer lugar en las encuestas que miden la intención de voto

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Por César Reyna

No soy fujimorista, pero escribo este artículo para alertar a los que no lo son que la hija del corrupto Alberto Fujimori tiene muchas posibilidades de convertirse en la próxima presidenta del país.

De llegar a la presidencia la primera medida que tomará será indultar a su anciano padre. Recordemos que para un sector de la población el popular ´chino’ no debió ser condenado por crímenes de lesa humanidad como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta pues consideran que fueron daños colaterales dentro de una guerra sin cuartel contra el terrorismo.

Para el 2010 la Corte Suprema habrá ratificado el fallo emitido en primera instancia que dispuso 25 años de cárcel para Fujimori. Keiko seguramente argumentará que suelta a su padre debido a su delicado estado salud. Después de conocer los resultados electorales se le detectará algún padecimiento durante un reconocimiento de rutina en su suite de la Base Naval. El Gobierno de García organizará el montaje permitiendo el traslado de Fujimori a clínicas locales; mientras parlamentarios apristas deslizarían la posibilidad de concederle perdón al “comprobarse” su deterioro físico. Todo eso se haría para ir preparando a la ciudadanía acerca de la eventual liberación de Fujimori. Reacciones en contra no se harán esperar, pero serán acalladas conforme Keiko se imponga en la siguiente ronda.

La probable coalición de partidos políticos de centroderecha (PPC, Perú Posible y Solidaridad Nacional) no prosperará por ambiciones y errores de sus dirigentes. Habiendo surgido exclusivamente para enfrentar a Keiko Fujimori y asegurar su participación en la segunda vuelta será derrotada por escaso margen. Esto le permitirá a la heredera de Alberto Fujimori competir con el representante del temido ‘antisistema’, el candidato nacionalista, Ollanta Humala Tasso. La presencia de este radical aseguraría la victoria de Keiko porque muchos peruanos, sobre todo los de la costa, desconfían de las intenciones y vinculaciones de Humala. Luego de aproximarse en las pasadas elecciones a Hugo Chávez ahuyentó al sector de moderados que no desean cambios traumáticos.

Keiko no necesitaría un planteamiento ambicioso para ganar sino bailar, llevar espectáculo a cada provincia y recordarle a los estratos socioeconómicos ‘D’ y ‘E’ que su padre hizo mucho por ellos. En cada pueblo que visitó su lado hay una posta médica, colegio o camino rural construido durante el fujimorato.

Los peruanos le perdonan todo sus gobernantes siempre que hagan obras. En el imaginario colectivo muchos desean el regreso de Fujimori porque es el personaje más parecido a Pinochet, el dictador que “sacó” a Chile del atraso. Si bien no es cierto que el difunto general desarrollara a su país por si solo y fue un asesino y un vulgar ladrón al que le encontraron 25 millones de dólares, la mayoría de nuestros electores, como en todos lados, son altamente manipulables e incapaces advertir esas “pequeñas” diferencias. Para millones de conservadores es casi un dogma de fe que Pinochet hizo crecer y estabilizó a nuestro vecino como que Fujimori hizo lo mismo con la economía y pacificó al Perú.

El Apra, mientras tanto, luego acelerar el gasto público –gracias a la llegada del Fenómeno del Niño- y construir infraestructura desenfrenadamente espera que la inversión estatal eleve sus niveles de popularidad para mantener su cuota de poder en el Congreso. El partido de la estrella se juega mucho en las próximas elecciones porque no cuenta con un candidato de arrastre que le asegure la conformación de una numerosa bancada. Con la atomización del aprismo, la clase empresarial -representada por la Confiep- prescindirá de sus servicios ya que no controlarán el Legislativo. Dejarán de ser los lobistas por excelencia de las corporaciones extranjeras y nacionales. Pero esa vacante no quedará vacía pues es el fujimorismo asumirá esa deleznable función. En el pasado reciente Cambio 90, la organización que fundara Fujimori, fue el primer grupo en formalizar una alianza con la clase dominante para abrir nuestra economía y aplicar recetas neoliberales.

Cuando Alberto Fujimori reciba el indulto presidencial en teoría también debería solicitarlo su socio Vladimiro Montesinos. Digo en teoría porque no es seguro que esté vivo cuando Keiko gane la presidencia. Es muy probable que el ex asesor de inteligencia sufra un accidente o muera de un infarto repentino en su celda. Mucho misterio cubrirá su muerte. Algunos hablarán de suicidio; otros de asesinato o ajuste de cuentas. La sospecha estará a la orden del día. Las hipótesis más variadas y disparatadas serán reproducidas en los medios para vender más ejemplares o captar sintonía. Eso sí, nadie lamentará su deceso porque el ‘Doc’ representaba todo lo malo de nosotros. Aunque muchos no lo odiaban; por el contrario, lo admiraban, porque tenía facultades casi ilimitadas y era temido. Había sido el ‘macho alfa’ durante una década caracterizada por la impunidad y el descaro. La cultura ‘combi’ comenzó a germinar con la llegada de la dupla Fujimori-Montesinos que trató de consolidarse en el poder al estilo de Hugo Chávez: con Constitución propia –la de 1993- y el dominio de las demás instituciones del Estado.

Montesinos morirá porque sabe demasiado y su excarcelación no puede “justificarse” como la de Fujimori. Para la mayoría Montesinos es culpable de todos los delitos que se le atribuyen pues se filmó delinquiendo en decenas de vídeos. En cambio las acusaciones contra Fujimori no "parecen" del todo comprometedoras como para enviarlo de por vida a la cárcel. En su caso no existían vídeos en los que aparecía corrompiendo a congresistas de la oposición -denominados como tránsfugas- ni a dueños de canales de televisión. Un grupo piensa que sólo había indicios y pruebas no concluyentes; pero no la abundancia de elementos materiales ni de juicio que señalan a Montesinos.

Luego de conocerse a los vencedores de la primera vuelta el panorama político se habrá definido. Con Keiko y Humala en una nueva etapa salta a la vista quien resultaría vencedor. Las cosas estarán claras ya que los que no simpatizan con Keiko deberán votarla para evitar que triunfe Humala. Repitiéndose así el indeseado escenario que enfrenta al ‘mal menor’ con el ‘mayor’ como si el tiempo fuera circular.

Complot del Apra: Gobierno trataría de despojar a la Defensoría del Pueblo

Por César Reyna


Tras la renovación parcial del Gabinete Ministerial, el Ejecutivo se embarcará en la creación de una entidad que asumiría la mayoría de funciones de la Defensoría del Pueblo. El ente en cuestión se llamará la ‘Comisión de Diálogo Social’ y será presidido por el ex premier Yehude Simon. Aún no se sabe cuándo operará ni con qué presupuesto y personal contará, pero lo cierto es que lo hará pronto ya que debe hacerle seguimiento a las mesas de diálogo que se han instalado en diferentes partes del país.

El propósito de esta Comisión, de carácter multisectorial porque coordinará sus actividades con varios ministerios, será atender los conflictos sociales antes de que generen episodios de violencia. Simon actuará como una especie de pararrayos, el mismo rol que asumió cuando fue primer ministro para evitar que los escándalos y los errores de algunos funcionarios debiliten al presidente. La particularidad de su cargo es que contará el respaldo del primer mandatario, lo que no sólo le permitirá darle atención, sino solución a los reclamos de los pueblos amazónicos y andinos. De este modo la ‘Comisión de Diálogo Social’ reemplazará a la Defensoría en la delicada tarea de mediar entre decenas de organizaciones sociales y el Estado.

Luego de abandonar el Gabinete y no poder regresar a la presidencia regional de Lambayeque (renunció a ese puesto), la intención de Simon sería quedarse en el país pese a que se le vocea para encabezar la representación diplomática del Perú en la OEA. Su deseo de conformar un bloque de centroizquierda con el Apra, el Partido Humanista (del que proviene) y algunos frentes regionales (para participar en las próximas elecciones) lo llevaría a rechazar la tentadora oferta de residir en Washington. Apartarse temporalmente de la política local podría ser positivo para revitalizar su imagen pues perdió bastante crédito cuando se desataron las protestas en la Amazonía. Pero al parecer éste preferiría asumir nuevas responsabilidades ya que no tiene nada que perder. Tanto el Gobierno aprista como Simon Munaro pretenden incursionar o interferir en el campo de acción de muchas ONG para obtener réditos políticos, es decir, votos. Como el Estado ha descuidado la problemática de las comunidades del interior (vacío que ha sido lleno de alguna manera por entidades paraestatales, compañías mineras y la propia Defensoría), ahora se aventura a capitalizar su descontento escuchando sus necesidades.

La tarea parece titánica dada la gran desconfianza acumulada durante décadas. Sin embargo el Gobierno parece decido a desarrollar una faceta más inclusiva ante a las recientes amenazas de desestabilización.

La reducida participación de la Defensoría del Pueblo, una de las pocas entidades que cuenta con el reconocimiento de la población, debe poner en alerta a la prensa y la oposición porque daría lugar a la duplicidad de funciones –y posible copamiento aprista- dentro del Estado. Aún no se conocen la mayoría de detalles sobre las capacidades del nuevo organismo, pero sí que colisionará con las atribuciones de la única institución independiente del país.

La liberación de Rómulo León y los misterios de su computadora

Por César Reyna

Mientras era trasladado a la vivienda de su hijo para cumplir con su arresto domiciliario, Rómulo León Alegría, principal implicado en el sonado caso de los ‘petroaudios’[1], dijo que no temía que peritos judiciales revisaran los archivos de su computadora porque “no hay nada comprometedor”. León Alegría está tan seguro de su inocencia que ha pedido en reiteradas ocasiones que la “justicia” acelere las investigaciones. Su demanda de celeridad nos hace sospechar que la información que almacena su PC podría perderse una vez que los especialistas ingresen al sistema. En pocos segundos podrían autodestruirse datos reveladores como si marcara el inicio de la saga ‘Misión Imposible’.

Esa latente posibilidad no descarta que existan otros factores que expliquen la lentitud del Poder Judicial para revisar la correspondencia electrónica que el ex diputado aprista mantenía con personalidades del Gobierno. Si el CPU del ex ministro de Pesquería no tenía el referido dispositivo de autodestrucción, las autoridades deben estar buscando la manera de que sus archivos se tornen totalmente irrecuperables. Probablemente en los próximos meses ocurra un extraño incendio en la oficina donde el ordenador estaba depositado o sufra algún daño “fortuito” que impida leer su información. Quizá un desprevenido secretario judicial deje caer la máquina accidentalmente o se esté filtrando –negligentemente hablando- un poco humedad dentro de su delicada memoria. Nadie, desde luego, asumirá la responsabilidad de la pérdida de ese importante elemento probatorio.

A la computadora le pueden suceder cosas extrañas como si se tratara de un testigo incómodo que puede traerse abajo a las cabezas de la mafia. Como el aparato no es susceptible a las presiones ni se le puede comprar, las autoridades de turno deliberan si debe ser destruido o arruinado por el bien de la gobernabilidad. Rómulo León, en cambio, sí puede ser sugestionado o favorecido procesalmente para que no diga todo lo que sabe, es decir, para que no incrimine a sus compañeros de partido. Apenas salió del penal dijo que “no tenía nada que decir” ante los requerimientos de la prensa. Luego fue más explícito al declarar que nadie debía preocuparse no tenía nada que decir “que involucre a alguien”.

En días recientes, para dar la impresión de que el Ejecutivo estaba disgustado con la repentina excarcelación de León, tanto el presidente como el primer ministro cuestionaron la medida. El primero dijo que lamentaba que en otros casos “la celeridad sea mínima” y mostró su preocupación por la cantidad de efectivos que son asignados cuidar a quienes cumplen arresto domiciliario “cuando deberían dar seguridad a la población”.

Otro hecho que revela las componendas entre el procesado y la Administración aprista es que la orden de la Sala Penal que dispuso su semilibertad no se hizo cumplió de inmediato porque el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), dependiente del Ministerio de Justicia, dilató su ejecución. La demora fue adrede para hacerle creer a la opinión pública que el Gobierno de García se oponía a la controvertida decisión de la “Justicia”. Para darle un poco de verosimilitud a la trama, el abogado de León iba a presentar un ‘habeas corpus’ e iniciar acciones legales contra los responsables del incumplimiento de la resolución judicial. Por si fuera poco, el letrado manifestó a RPP que existía un “poder oculto” que entorpecía la excarcelación de su patrocinado y señaló que el gesto representa que “el Gobierno no apoyaba a León Alegría”.


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[1] El caso de los ‘petroaudios’ comprende la presunta concesión irregular de cinco lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum, de capitales daneses. El escándalo de los ´petroaudios´ le generó al Gobierno una crisis de grandes proporciones.

Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Cuando un Gobierno se siente acorralado por las demandas sociales suele inventar excusas o crear falsas amenazas para ocultar su incapacidad.
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Por César Reyna

Después de que el Ejecutivo llegara a un entendimiento con los representantes de los pueblos nativos, congresistas del Partido Aprista dijeron que habría más protestas y que detrás estarían grupos radicales que buscan el derrocamiento del presidente Alan García. Los personajes que respaldan esa apócrifa versión de los hechos son Mauricio Mulder, parlamentario y secretario general del Apra, y Luis Giampietri, también congresista y vicepresidente de la república. Ellos se han encargado de difundir y dar detalles sobre la supuesta asonada golpista que se prepara en el interior del país. Mulder advirtió que algunas agrupaciones vinculadas al Partido Nacionalista se están preparando para “tomar el poder”. El objetivo sería repetir el accidentado proceso que consiguió la destitución de los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia y Jamil Mahuad en Ecuador.

La posibilidad de un golpe popular de esas magnitudes no es real por diferentes factores. Uno de ellos sería, como se dijo en artículos anteriores, la peculiar composición demográfica o sociocultural del Perú. A diferencia de nuestros vecinos sudamericanos, las comunidades altoandinas y amazónicas representan un tercio de la población total. La situación es distinta en Bolivia y Ecuador pues esos grupos representan un porcentaje significativamente mayor (cerca de un 45% en Ecuador y más de 60% en Bolivia). Además hay que tener en cuentan que en esos países los indígenas se encuentran mejor organizados, lo que les permite realizar movilizaciones a nivel nacional. Esto no sucede en el Perú pues las medidas de fuerza de las comunidades se circunscriben al ámbito local o regional, y la única manera que en que pueden afectar otras partes del territorio es cuando bloquean grandes vías interprovinciales. La fuerza del movimiento andino o selvático no tiene la repercusión que se le pretende adjudicar. El que las protestas sean focalizadas nos indica que carecen de articulación suficiente para cercar las principales ciudades. Ni con el dinero del mandatario venezolano Hugo Chávez se podría construir una base social (masa violentista) de grandes proporciones porque el Perú está bastante desintegrado.

Nadie niega que eso pueda ocurrir en algún momento pero no será en un futuro inmediato. Si bien no lo podemos descartar -porque no sabemos cuáles serán las condiciones del país en los próximos años-, al menos sí podemos afirmar, dadas las actuales circunstancias sociopolíticas, que no hay fundamentos para que se produzca la ruptura del orden constitucional por esa vía.

Cuando el Gobierno dice que hay conspiraciones internacionales en marcha lo hace para ocultar las causas que desencadenaron las movilizaciones en Bagua, Andahuaylas, Sicuani o La Oroya. Todos estos problemas son atribuibles al Partido Aprista porque, o no atendió a tiempo los reclamos de las poblaciones descontentas (como en el caso de la Amazonía), o incumplió sus promesas pre y postelectorales. En la selva, por ejemplo, los nativos exigían la consulta previa cuando una norma o disposición administrativa afecte sus territorios y su modo de vida (hecho que los gobiernos de turno venían desconociendo desde 1993 cuando se ratificó el Convenio Nro. 169 de la OIT). En cuanto a los desmanes en la ciudad de Andahuaylas, paralizada desde el 11 de junio, estos se produjeron porque el presidente García había prometido asfaltar la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay (la demora en la rehabilitación se debe a que no se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental). En Sicuani, pobladores de la provincia de Canchis (Cusco) piden la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la que tampoco se les había consultado, y la paralización de las obras de la hidroeléctrica de Salca-Pucará, un proyecto a cargo del Ejecutivo. En estos dos últimos casos las autoridades pretendieron culpar a los gobiernos regionales de la falta de diálogo y los retrasos para evitar su responsabilidad.

Lo de la fundición de La Oroya se veía venir pues el accionista mayoritario de Doe Run, el Grupo Renco, se negaba a invertir en la empresa y cumplir con el PAMA (Programa de Manejo Ambiental). En juego están más de tres mil puestos de trabajo y la economía de la sierra central que depende de la minería. Los obreros del complejo metalúrgico tomaron la Carretera Central para que el Gobierno tome cartas en el asunto. Lo que demandan es una solución definitiva que asegure sus empleos y la viabilidad de la fundición. Pero la Administración de García no quiere intervenir (asumir el control), como sí lo hizo por un día en Panamericana Televisión, para no ser demanda en cortes internacionales. El bloqueo de la carretera lleva dos días y está causando el desabastecimiento en la región central.

A Mulder y Giampietri se ha unido la periodista Cecilia Valenzuela, quien forma parte del aparato de propaganda del Gobierno. Esta comunicadora tiene la misión de corroborar las denuncias de los congresistas del Apra. Para este fin ha realizado investigaciones para descubrir a los presuntos conspiradores y sus planes. Ayer se presentó en la ‘Hora N’, programa televisivo que conduce Jaime de Althaus[1], otro hombre de prensa de discutida credibilidad. Valenzuela se explayó a sus anchas para decir que había “identificado” a los promotores de la violencia que sacude a varias regiones del país. Ella acusó directamente a un movimiento llamado “MIR Venceremos”, vinculado al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru); a Patria Roja, relacionado con el sindicato de profesores estatales; y a la facción más radical del Partido Nacionalista de Ollanta Humala, es decir, al ‘etnocacerismo’ que lideró Antauro Humala, hoy en prisión por haber capturado una comisaría en Andahuaylas. También mencionó que miembros de las FARC asesoraban a los desestabilizadores y que se éstos se proponían cercar la capital en setiembre. La Valenzuela defiende la tesis del presidente García de que los nativos fueron manipulados. Durante la entrevista confirmó que Hugo Chávez financiaba a los revoltosos y que Evo Morales les proporcionaba apoyo y refugio político.

A la Valenzuela no se le puede tomar en serio –por eso ningún medio serio difunde sus investigaciones- porque no realiza un periodismo crítico ni independiente. Su cercanía al poder la convierte en caja de resonancia de las más disparatadas teorías del Gobierno.

Las afirmaciones anteriormente reseñadas se difundieron a pocos días de la interpelación al primer ministro Yehude Simon por los lamentables sucesos en Bagua. Si algo nos ha enseñado la historia es que no hay casualidades en política, de ahí que García busque la unidad, destapando una supuesta injerencia extranjera, en momentos en que sus acciones van a ser cuestionadas en el Parlamento. Porque la censura al premier es también una censura al presidente por no saber manejar una crisis. Sus marchas y contramarchas han afectado sus índices de popularidad pues apenas un quinto de la población lo respalda, así lo revela la última encuesta de Ipssos-Apoyo.

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[1] De Althaus es un lobista encargado de promover la inversión privada y defender el modelo neoliberal, de ahí su sesgo y parcialización. Hace dos semanas, en una emisión pasada, trató de callar maleducadamente a una experta que deshizo todos los argumentos a favor de los decretos antiamazónicos.

Conflicto en la Amazonía: no hay Estado

Conflicto en la Amazonía: no hay Estado



Por César Reyna

Los policías que murieron entre el viernes y el sábado pasados no lo hicieron por la patria, sino para instaurar la política del perro del hortelano del presidente Alan García, que consiste en entregar tierras, bosques y recursos a la iniciativa privada. Sin embargo, eso no significa que los uniformados victimados hayan respaldo las pretensiones del Ejecutivo pues debían obedecer a los encargados políticos del sector. Su participación en el conflicto fue involuntaria ya que nadie quiere morir ni ser lastimado por sus propios compatriotas en un disturbio. Si fallecieron 24 oficiales y suboficiales fue por un error estratégico de sus superiores, quienes no les dieron el respaldo necesario para realizar su labor, es decir, equipos, alimentos, etc. El grueso del personal policial gana alrededor de 800 soles (280 dólares), una cantidad ínfima para sobrevivir y mantener a sus familias. Los que ingresan al servicio activo lo hacen por falta de oportunidades (laborales y educativas) pues nadie quiere percibir un sueldo miserable y ejercer su trabajo en condiciones lamentables.

Varios familiares de los caídos han manifestado su descontento con el operativo llevado a cabo para liberar una vía terrestre próxima a la ciudad de Bagua, en la región de Amazonas. Los deudos señalan que los policías no estaban preparados ni tenían dónde dormir de noche. Muchos fueron enviados a la zona sin la experiencia necesaria para contener a una población enfurecida. Las bajas serían producto de la improvisación con la que se ejecutó el despeje de la conflictiva carretera pues el diario El Comercio reveló que la ministra del Interior y su comando policial ignoraron reportes de inteligencia acerca de las capacidades organizativas y logísticas de los amazónicos.

Si bien todo apunta a que las autoridades subestimaron la reacción de las tribus y pobladores de Bagua[1], cabe pensar que el sacrificio de los efectivos policiales pudo ser deliberado para descalificar a los nativos y su pliego de reclamos. García de alguna forma buscó el enfrentamiento para relacionar la protesta amazónica, que durante las seis primeras semanas fue pacífica, con las aspiraciones de los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales. La hipótesis de que los policías fueron enviados al matadero cobra mucha fuerza a raíz de las declaraciones divisorias de Alan García y sus ministros, quienes azuzaron la violencia al tildar de "ignorantes" a los nativos la semana pasada. Estos personajes, expresaron además que hay un complot internacional detrás de las movilizaciones indígenas. Afirmar la presencia de agentes y dineros de países vecinos es un bluff con el que se trata de deslegitimar sus demandas como si no tuvieran discernimiento ni supieran defender sus intereses. Los nativos, sobre todo el pueblo awajun (grupo mayoritario en la parte nororiental del país), han sabido mantener a raya a los incas, los españoles y a los caucheros en el siglo pasado.

Si hay hombres instrumentalizados son los efectivos de las fuerzas del orden pues deben obediencia a las corrompidas autoridades de turno. Los selváticos desconfían del Gobierno porque ya intentó validar dos decretos que el Congreso tuvo que derogar por ser irregulares –el 1015 y 1073 que se emitieron de manera inconsulta y facilitaban la transferencia de las tierras comunales–.

La intención del Ejecutivo sería proscribir a las organizaciones que defienden a los nativos y al medioambiente (ONG), y procesar a los principales representantes para desarticular la movilización indígena. Así pretenden atemorizar a los que desean mantener la protesta y manifiestan abiertamente su oposición a los decretos (un paquete normativo que afecta a las comunidades).

El Gobierno aprista, bajo la mampara de la defensa de la democracia, trata de legitimizar sus acciones represivas e inconstitucionales. Hablar de democracia en un país que hace 10 años acaba de salir de una autocracia que tuvo mucho respaldo popular es prematuro y desacertado. El Perú, lamentablemente, no es una democracia aunque su sistema político posea algunos de sus elementos como elecciones “libres” y prensa “independiente”. Ni siquiera es un Estado ni mucho menos una Nación aunque esos conceptos figuren en su Constitución. Si no es ni lo uno ni lo otro no es más que un protoestado (o Estado fallido) que no ha podido consolidar el imperio de la ley. Nada une verdaderamente a los peruanos más que algunos potajes de su exquisita comida, y el fútbol, cuando juega la selección nacional. Una de las razones por las que no puede ser un Estado es porque los gobiernos suelen ser los principales trasgresores de las normas y la ética, como vemos en este caso. Sin contrato social no se puede asegurar que nos cobija un Estado de derecho. El empleo de la fuerza y la ausencia de diálogo y enmienda de los funcionarios gubernamentales, en el caso de la masacre de Bagua, confirma lo anterior.

Los indígenas de la Amazonía, desde ese punto de vista, no tienen por qué reconocer la autoridad del Gobierno ni las leyes que se promulgan en la capital. El Estado fue una construcción artificial que se les impuso desde la llegada de los conquistadores. Este sólo ejerce sus funciones mediante la coacción y la amenaza, en lugar de hacerlo mediante la legitimidad y el respeto de los derechos humanos. El desconocimiento y la falta de instrumentalización del Convenio N° 169 de la OIT, sobre comunidades nativas, revela lo poco que le interesan los derechos de las minorías.

Mucho me temo que la escisión territorial se materialice a medida que las necesidades más urgentes de la población sigan siendo desatendidas. La ausencia de reformas en materia de salud y educación, por ejemplo, dice mucho de un orden o sistema que desea mantener las desigualdades. Sin cambios tangibles y reales, y no groseros maquillajes estadísticos que no reflejan la realidad (sobre la dimensión de la pobreza y el crecimiento económico), nos acercamos al borde del abismo. Mientras los legisladores exhiban sus trapos sucios en el Parlamento sin ánimo de buscar una solución al problema de la Amazonía, las cosas se agudizarán y serán humanamente imprevisibles.

El día 11 habrá un paro general en la región. Las comunidades y diversas organizaciones sociales han acordado varios puntos tras la IV Cumbre Amazónica entre los que destacan el levantamiento del toque de queda en Bagua, del estado de emergencia en varias pronvicias y la renuncia del Gabinete ministerial presidido por Yehude Simon. También solicitan la vacancia presidencial, el establecimiento de una Comisión Multisectorial que investigue los luctuosos hechos de la semana pasada y la reforma de la Constitución.

Las fracturas sociales exhibidas en la ciudad de Bagua y sus cercanías, son prueba de un enorme descontento interno que puede conducirnos a un escenario apocalíptico. Esto, en palabras de Karl Marx, “puede tener un final horroroso o convertirse en un horror sin final”.

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[1] Algunos nativos tenían entrenamiento militar por haber combatido en el Cenepa y se enrolaron voluntariamente en las Fuerzas Armadas.

Amazonian peruvian war: State, be or NOT BE?

By Cesar Reyna

The policemen who died between Friday and Saturday did not last for the homeland, but to bring the dog in the manger policy of President Alan García, who is to deliver land and forest resources to private. However, this does not mean that the uniformed victims have sought the endorsement of the Executive should therefore obey the policy makers in the industry. Their involvement in the conflict was inadvertent and that no one wants to die or be injured by their own countrymen in a riot. If you killed 24 officers and NCOs was a strategic mistake by his superiors, who were denied the necessary support to accomplish this task, ie, equipment, food, etc..

The bulk of police personnel earn around 800 soles ($ 280), a small amount to survive and support their families. Those who enter the service do so for lack of opportunities (work and education) because nobody wants to receive a miserable salary and perform their work under deplorable conditions. Several relatives of the fallen have expressed dissatisfaction with the operations conducted to liberate a road near the city of Bagua in the Amazon region. The relatives say that police were not prepared or where to sleep at night. Many were sent to the area without the necessary experience to contain an angry population. Casualties would be the result of improvisation with which he executed the clearing of the road for the troubled newspaper El Comercio showed that Minister of Interior and its police command ignored intelligence reports about the organizational and logistical capacities of the Amazon. While it seems that the authorities underestimated the reaction of the tribes and people of Bagua [1], it seems that the sacrifice of the police might be deliberate to disqualify the natives and their specifications claims. Garcia somehow tried to link the confrontation protest Amazon during the first six weeks was peaceful, with the aspirations of presidents Hugo Chávez and Evo Morales.

The hypothesis that the police were sent to slaughter a lot of strength comes from dividing the statements of Alan García and his ministers, who incited the violence described as "ignorant" to the natives last week. These characters, expressed that there is a conspiracy behind the international indigenous mobilizations. Affirm the presence of agents and money from neighbors is a bluff with this is to delegitimize their claims as if they knew they had no discernment or defend their interests. The natives, especially the people Awajun (majority group in the northeastern part of the country), have managed to keep at bay the Incas, the Spaniards and the rubber in the last century. If there are men instrumentalised effective law enforcement because they must obey the corrupt authorities in turn. The jungle because they distrust the government attempted to validate two decrees that Congress had to be repealed by the irregular-1015 and 1073 that were released so inconsulta and facilitate the transfer of communal land. The Executive's intention is to outlaw organizations that defend the natives and the environment (NGOs), and bring those players in order to disrupt the indigenous mobilization. So seek to intimidate those who want to keep the protest and openly express their opposition to the decrees (a regulatory package that affects communities).

APRA -the Party on government, under the screen of the defense of democracy, is trying to legitimize its repressive and unconstitutional. Talking about democracy in a country that 10 years ago has just emerged from an autocracy that was very popular is unfortunate and premature. The Peru, unfortunately, is not a democracy but its political system has some elements of their election as "free" press and "independent." It is not even a state let alone a nation even though these concepts are included in its Constitution. If it is neither the one nor the other is just a protoestado (or failed state) that has not been able to consolidate the rule of law. Nothing really connects to the Peruvian stews more than some of its exquisite food, and football, where the national team plays. One of the reasons why it can not be a state is because governments are usually the main transgressor of the rules and ethics, as we see in this case. Without social contract is no assurance that we are a blanket rule of law. The use of force and lack of dialogue and amendments to government officials, for the slaughter of Bagua, confirms this. The Indians of the Amazon, from that standpoint, they need not recognize the authority of the government or the laws that are promulgated in the capital. The state was an artificial construction that were imposed after the arrival of the conquistadors. This only performs its functions through coercion and threats, rather than by the legitimacy and respect for human rights. Ignorance and lack of exploitation of the Convention No. 169 on indigenous communities, shows how little you care rights of minorities. I fear that the territorial division will materialize as the most urgent needs of the population remain unmet.

The lack of reforms in health and education, for example, says much of an order or system that wants to maintain inequality. Without real and tangible changes, not rude, make statistics do not reflect reality (on the scale of poverty and economic growth), we get closer to the brink. While legislators show their dirty linen in Parliament but not a solution to the problem of the Amazon, things will worsen and humanly unpredictable. The 11 days will be a general strike in the region. Communities and various social organizations have agreed on several points after the Fourth Summit Amazónica notably the lifting of the curfew in Bagua, the state of emergency in several pronvicias and the resignation of the Cabinet chaired by Yehuda Simon. They also ask the presidential vacancy, the establishment of a multisectoral commission to investigate the tragic events of last week and the reform of the Constitution. The social display in the town of Bagua and its vicinity, are evidence of a huge disappointment that they can bring an apocalyptic scenario. This, in the words of Karl Marx, "can have a horrific end, or become a horror without end."

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[1] Some natives had fought for military training in the Cenepa and voluntarily enrolled in the Armed Forces.