La última venganza de Alan García: Rafael Rey nuevo ministro de Defensa

El presidente García nombró a Rafael Rey ministro de Defensa para castigar a las Fuerzas Armadas por su negativa a apoyar a la Policía en Bagua.
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Por César Reyna


Las imágenes del despeje de la ‘Curva del Diablo’ revelan que las FF. AA. abandonaron al contingente policial que se encargó del sangriento operativo. En principio los militares de la base ‘El Milagro’ debían respaldarlos tanto en el desbloqueo de la carretera como en el rescate de 38 efectivos acantonados en la Estación N° 6 de Petroperú pero ninguna de esas acciones se produjo. Ántero Flores-Áraoz, antecesor de Rafael Rey en la cartera de Defensa, dijo en el diario La República que tanto él como el Comando Conjunto desconocían la situación de los efectivos, a pesar de que trabajadores de la petrolera estatal relataron que la planta había sido capturada.

A manera de descargo, Flores-Áraoz mencionó que sus subordinados no podían intervenir porque eran nativos en su mayoría o tenían vínculos con residentes de la zona. Ese motivo impidió su despliegue pues Flores-Áraoz quería evitar que los soldados se solidarizaran con sus hermanos indígenas, es decir, que desacataran las órdenes de sus superiores. Si ese fue el caso entonces se debió enviar otro personal como hizo el comando policial. Había tiempo de sobra para planificar la participación de las FF. AA. pues la vía terrestre había sido tomada varias semanas atrás.

Ante semejante desacato, García decidió castigar a las instituciones castrenses colocando a Rey en el más “viril” de los ministerios. Su designación no se debe a que el jefe de Estado buscaba “restablecer el orden” o “el principio de autoridad” pues en tal caso hubiera nombrado a Mauricio Mulder, cuyo perfil encaja perfectamente con el hostigamiento y la represión.

Rafael Rey, quien hasta hace poco se desempeñaba como embajador ante la Santa Sede, ingresa al tercer equipo ministerial del segundo alanismo en medio de una crisis social. Su presencia seguramente enervará el ánimo de los militares bajo su mando no sólo porque ignora temas de defensa nacional e inteligencia, sino porque no posee la personalidad más idónea.

Complot del Apra: Gobierno trataría de despojar a la Defensoría del Pueblo

Por César Reyna


Tras la renovación parcial del Gabinete Ministerial, el Ejecutivo se embarcará en la creación de una entidad que asumiría la mayoría de funciones de la Defensoría del Pueblo. El ente en cuestión se llamará la ‘Comisión de Diálogo Social’ y será presidido por el ex premier Yehude Simon. Aún no se sabe cuándo operará ni con qué presupuesto y personal contará, pero lo cierto es que lo hará pronto ya que debe hacerle seguimiento a las mesas de diálogo que se han instalado en diferentes partes del país.

El propósito de esta Comisión, de carácter multisectorial porque coordinará sus actividades con varios ministerios, será atender los conflictos sociales antes de que generen episodios de violencia. Simon actuará como una especie de pararrayos, el mismo rol que asumió cuando fue primer ministro para evitar que los escándalos y los errores de algunos funcionarios debiliten al presidente. La particularidad de su cargo es que contará el respaldo del primer mandatario, lo que no sólo le permitirá darle atención, sino solución a los reclamos de los pueblos amazónicos y andinos. De este modo la ‘Comisión de Diálogo Social’ reemplazará a la Defensoría en la delicada tarea de mediar entre decenas de organizaciones sociales y el Estado.

Luego de abandonar el Gabinete y no poder regresar a la presidencia regional de Lambayeque (renunció a ese puesto), la intención de Simon sería quedarse en el país pese a que se le vocea para encabezar la representación diplomática del Perú en la OEA. Su deseo de conformar un bloque de centroizquierda con el Apra, el Partido Humanista (del que proviene) y algunos frentes regionales (para participar en las próximas elecciones) lo llevaría a rechazar la tentadora oferta de residir en Washington. Apartarse temporalmente de la política local podría ser positivo para revitalizar su imagen pues perdió bastante crédito cuando se desataron las protestas en la Amazonía. Pero al parecer éste preferiría asumir nuevas responsabilidades ya que no tiene nada que perder. Tanto el Gobierno aprista como Simon Munaro pretenden incursionar o interferir en el campo de acción de muchas ONG para obtener réditos políticos, es decir, votos. Como el Estado ha descuidado la problemática de las comunidades del interior (vacío que ha sido lleno de alguna manera por entidades paraestatales, compañías mineras y la propia Defensoría), ahora se aventura a capitalizar su descontento escuchando sus necesidades.

La tarea parece titánica dada la gran desconfianza acumulada durante décadas. Sin embargo el Gobierno parece decido a desarrollar una faceta más inclusiva ante a las recientes amenazas de desestabilización.

La reducida participación de la Defensoría del Pueblo, una de las pocas entidades que cuenta con el reconocimiento de la población, debe poner en alerta a la prensa y la oposición porque daría lugar a la duplicidad de funciones –y posible copamiento aprista- dentro del Estado. Aún no se conocen la mayoría de detalles sobre las capacidades del nuevo organismo, pero sí que colisionará con las atribuciones de la única institución independiente del país.