El Museo de la Memoria

El escritor Mario Vargas Llosa preside una comisión encargada de levantar un museo dedicado a recordar a las víctimas de la violencia política y explicar las causas de la propia violencia
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Por César Reyna



La tarea de construir un museo de esas características en el Campo de Marte resulta difícil pues los comisionados deberán ser de lo más imparciales al momento de seleccionar las fotografías, videos, cintas de audio y otros objetos relacionados con el período más convulsionado de nuestra historia reciente.

Investigar el lado más oscuro de la mente humana no será fácil para los encargados del proyecto más controversial de los últimos tiempos. Si el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recibió duras críticas de las Fuerzas Armadas y varios sectores políticos por denunciar el condenable papel de los agentes del Estado, no cabe duda de que la construcción del museo desatará nuevos y furiosos cuestionamientos contra los integrantes de la Comisión Vargas Llosa.

El Museo de la Memoria permitirá la visualización del invalorable informe de la CVR (2002) y recogerá la visión de los militares, quienes han venido cuestionando a la citada institución porque concluyó que las FF. AA. violaron derechos humanos de manera sistemática en determinados lugares en su reporte final. En 2003 se produjo otra polémica tras la exposición de 250 fotografías sobre la violencia terrorista. Fruto de la exhibición llamada Yunapanaq (para recordar) nació la idea del proyecto.

El anterior ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, se opuso radicalmente al levantamiento de la obra aduciendo que “Perú no necesita museos mientras sea pobre y tenga carencias sociales”. El dinero no era problema pues la canciller alemana, Angela Merkel, ofreció 2 millones de euros para financiar la construcción del Museo de la Memoria. Flores-Aráoz no fue el único en expresar su descontento pues el presidente Alan García[1] también rechazó la oferta de Merkel. Ambos personajes no estaba dispuestos a permitir que los peruanos evocaran su trágico pasado por diversas razones, entre las que destaca la participación directa o indirecta de García en muchos hechos de violencia. El primer mandatario había dirigido al país en la época de mayor barbarie que se recuerde: de 1985 a 1990. En ese quinquenio, el primero del Apra en el poder, se contabilizó la mayor cantidad de muertes y atentados terroristas. Parte de la indiscriminada represión militar y el desborde demencial de Sendero Luminoso se debió a las nefastas políticas contrasubversivas y pacificadoras de García.

En los 80’ el Estado aplicó la ley marcial para contener un fenómeno que no comprendía y que lo superaba ampliamente. La respuesta a la violencia fue mayor violencia, pero no necesariamente contra los criminales que desafiaron el orden, sino contra miembros de comunidades campesinas “acusados” de colaborar al enemigo. La estrategia de combatir el terror con mayor terror cambió en los 90’, aunque a fines de los 80’ el Gobierno aprista empezó a colaborar con los indígenas entregándoles armas para que repelieran a los guerrilleros maoístas de Sendero, dando origen a las rondas campesinas.

La relación entre el hasta entonces Estado ausente y la población del interior mejoró porque colaboraron para derrotar a Sendero, el principal grupo terrorista del país. Si bien esa alianza fue vital para la supervivencia de los campesinos y la tranquilidad de los costeños, no deja de sorprender que el Estado convirtiera en carne de cañón a civiles que no debieron pelear nunca en esa guerra. Las autoridades eludieron su responsabilidad al permitir que sujetos sin formación militar se enfrentaran a hordas movilizadas por el fanatismo. Esa tarea debió recaer exclusivamente en las fuerzas del orden, pero éstas prefirieron no arriesgar sus vidas para proteger a peruanos que muchos limeños consideraban –y siguen considerando- de segunda o tercera clase.

Ahora bien, hasta el momento no se ha logrado el objetivo fundamental de la CVR: la reconciliación. La verdad ya se conocía desde hace buen tiempo; pero la CVR dio más detalles y elevó el número de víctimas y perdidas materiales. Muchos conservadores no quieren oír hablar de reconciliación porque consideran que las Fuerzas Armadas no tienen por qué disculparse con los familiares de ex combatientes de Sendero Luminoso o del MRTA, a pesar de que hubo casos de ejecuciones extrajudiciales y matanzas en varios penales. No. De momento la reconciliación no debería producirse entre los nombrados (hasta madurar un poco más como país), sino entre nuestros uniformados y la sociedad porque muchos ciudadanos fueron asesinados, torturados y desaparecidos por efectivos que debían protegerlos.

La reconciliación pasa, en primer lugar, por admitir los excesos y las brutalidades cometidos por las FF. AA. ya que actuaron muchas veces al margen de la ley. A los terroristas no se les puede exigir que se arrepientan o reconozcan sus crímenes porque decidieron pasar a la clandestinidad para conspirar contra el Estado, es decir, transitaron por la vereda de la ilegalidad para conseguir determinados objetivos políticos. A quienes sí se puede pedir explicaciones son a los que debían respetar las normas fundamentales del Estado de Derecho en las conflictivas zonas de emergencia. Nuestros militares, al transgredir la Constitución, se comportaron igual los que buscaban tomar el poder por la fuerza. Por eso la reconciliación no será posible hasta que pidan perdón a los miles de deudos y heridos que dejó su imborrable presencia.

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[1] Pese a su negativa inicial, García encomendó el proyecto al laureado novelista para mejorar su imagen en el exterior, sobre todo ante los partidos socialdemócratas y socialcristianos de Europa. El presidente convenció a Vargas Llosa, quien era reacio a aceptar el encargo, tras una reunión en Palacio, zanjando así sus diferencias con el hombre que impidió su camino a la presidencia en 1990.