Ollanta Humala llama cabrones a Fujimori y García

Al ver que su estrategia de copar el centro del espectro político no dio resultado (cayó varios puntos en las encuestas), el candidato nacionalista retornó a su línea dura para recuperar terreno en provincias, donde la insatisfacción con el modelo económico y el Gobierno es mucho mayor

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Por César Reyna

Aunque muchos critiquen los insultos de Humala contra el actual presidente y un ex presidente, dicha postura no perjudica sus intereses ya que el descontento con la clase política en el interior es más acentuado. Prueba de ello son los numerosos conflictos sociales, entre activos y potenciales, que han venido afectando la imagen y la estabilidad del país.

Humala está tratando de capitalizar o recapitalizar la frustración con el sistema para pasar a segunda vuelta como hace 3 años. Por eso vuelve a apelar a un lenguaje duro y sin concesiones contra sus rivales para dejar claro que representa la opción frente al modelo que ha causado mayor desigualdad y exclusión.

No estamos a favor de Humala, sino analizando su estrategia de campaña de cara a las elecciones de 2010. En ese sentido creemos que su reposicionamiento como radical le brindará mejores posibilidades de tentar por segunda vez la presidencia.

Sin embargo, a pesar de que todavía tiene chances de llegar a la segunda vuelta, no vemos factible su triunfo pues muchos de sus planteamientos son resistidos por la mayoría de la población. Como la crisis económica mundial (que produjo la caída de las exportaciones peruanas, de la recaudación tributaria y del empleo) no ha tenido un gran impacto en nuestro mercado, las posibilidades de Humala se han ido diluyendo conforme se han alejado los temores de una recesión prolongada.

Sin una gran crisis económica en el horizonte Humala no tiene opciones de ganar pues su discurso está dirigido a los que menos se han beneficiado de la economía de mercado (desempleados, informales, agricultores, pobladores marginales, etc.). Estos grupos, que en su mayoría conforman los estratos “D” y “E” de la población, no desean un cambio traumático en las reglas de juego (no quieren que un gobernante ahuyente la inversión, como lo revela un reciente estudio de Apoyo publicado por El Comercio), sino que las empresas privadas cumplan con los compromisos asumidos (que no es el caso de la metalúrgica Doe Run, por ejemplo) y que no abusen del consumidor (como muchas veces ocurre con la Telefónica y otras que empresas ofrecen servicios públicos).

El ex militar se encuentra actualmente en el tercer lugar de las preferencias electorales con un 13%; muy por debajo del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio (21%) y de la congresista de Alianza por el Futuro Keiko Fujimori (20%).

En el mitin proselitista que tuvo lugar en la localidad cusqueña de Espinar habló de la guerra contra Sendero Luminoso, enfatizando que había combatido a la subversión con honor y que no violó derechos humanos, en clara alusión al presidente Alan García, implicado en la matanza de El Frontón, y del reo Alberto Fujimori, condenado a 25 años por las masacres de Barrios Altos y la de la Cantuta. Explotar el tema de la lucha contra el terrorismo puede darle algunos réditos ya que participó en zonas de emergencia y le brinda cierta ventaja frente a sus competidores.

Recordarle al electorado que no huyó cuando se sublevó en el sur -en las postrimerías del régimen de Fujimori- puede ser rentable en términos políticos ya que los peruanos desean ser gobernados por un líder de carácter fuerte y autoritario, según Apoyo.

En lo que falla Humala, y casi la mayoría de aspirantes presidenciales, es en su capacidad de gestión (en la que por cierto sale bien calificado Castañeda Lossio, a pesar de las demoras de algunas obras que dificultan el tránsito en la capital). Ser un buen gestor es lo que necesita para despejar las dudas de muchos. Pero a estas alturas de la carrera parece imposible porque está muy identificado o asociado con el disparatado modelo chavista.

¿Qué es lo que se debe hacer en el VRAE?

Ante la propuesta del vicepresidente Luis Giampietri de declarar al VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) zona de combate, surgen varias interrogantes respecto a la estrategia política-militar que debe ser adoptada para combatir al narcosenderismo

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Por Cèsar Reyna

La caída de un MI-17ha repercutido negativamente en la imagen del gobierno. Algunos ex generales manifiestan que el material incautado a los soldados asesinados dificultará los vuelos porque se llevaron lanzagranadas RPG y ametralladoras de alto calibre. Pero es altamente probable que los senderistas dispusieran de ese equipo (poder de fuego) mucho antes ya que tienen recursos para adquirirlos y los controles fronterizos son muy permeables.

Da la impresión de que Sendero Luminoso está ganando otra vez como en los ochenta, aunque el nuevo Sendero no guarda similitudes ideológicas ni estratégicas con su antecesor. El Sendero que conocíamos tenía un fuerte contenido dogmático y pretendía el poder; el presente, en cambio, carece de ideología (a pesar de que sus mandos siguen hablando de continuar la lucha armada, discurso meramente formal) y trata de consolidar su posición como nuevo cartel de la droga. Lo que los emparenta es que emplean tácticas guerrilleras –de no confrontación directa con el enemigo uniformado– y brindan seguridad en las rutas que emplean otros traficantes en el VRAE.

Según el ex ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, Sendero cuenta con 600 hombres armados repartidos en tres columnas. Su número debe ser mucho mayor ya que no se considera a sus colaboradores, quienes se encargan de la logística y de proveer información. Este nuevo Sendero ya no mata indiscriminadamente, sino de manera selectiva, como lo ha podido comprobar la Fuerza Armada. Tampoco pone coches bombas en instalaciones gubernamentales ni dinamita torres de alta tensión. Ya no ataca en centros urbanos como antaño porque su lucha es otra, y no tiene que ver con reivindicaciones proletarias o marxistas, sino con la prosperidad de su negocio. El Sendero que sojuzgaba a la población empobrecida no existe. El nuevo Sendero es aliado de campesinos cocaleros y líderes comunales. Los narcoterroristas ofrecen protección a cambio del pago de un cupo. El servicio que prestan les reporta ingresos, pero no tanto como la elaboración de pasta básica de cocaína en sus laboratorios clandestinos. La práctica de tierra arrasada –destruyendo chozas, incendiando cultivos y matando autoridades- cada vez que visitaban una comunidad se ha dejado de lado. Aunque se sigue ejecutando, pero no tiene que ver con este Sendero, sino los militares, quienes confunden a los campesinos con narcosenderistas, así lo revela The New York Times (17-03-2009).

La represión no sólo atemoriza a la población, sino que deslegitima al Estado. Semejante percepción lo convierte en enemigo natural de los cocaleros que ha encontrado en el monocultivo de la hoja de coca –una práctica ancestral– su principal fuente de ingresos. Para muchos cocaleros se ha convertido en una cuestión de vida o muerte defender el libre cultivo de la coca porque Sendero ha incentivado esa visión. La erradicación forzosa y las detenciones arbitrarias le han restado mucha simpatía al Ejército. Cuando se realización operaciones de búsqueda y captura de senderistas, los civiles se ven forzados a abandonar sus villas o se convierten en bajas colaterales. Las FF. AA. alegan, según el reportaje del NYT, que lo que destruyen son laboratorios, pozas de maceración y cabañas para que los terroristas no tengan dinero ni refugio.

El VRAE es la mayor región cocalera del país, de ahí su importancia para Sendero y el Estado, quienes libran una lucha por el monopolio de la fuerza. Ambos se ven como amenazas para su negocio y para su futura estabilidad, respectivamente. De momento el país no corre peligro porque los senderistas –en realidad mercenarios o delincuentes– no tienen intención de expandirse más allá de la zona. Al haber aumentado la productividad por hectárea de hoja de coca no necesitan más tierras. Desde el 2007 la cantidad creció en 4%, el mayor incremento en una década. A largo plazo es posible que representen un desafió a la gobernabilidad ya que penetrarán la porosidad de las instituciones, que no son precisamente inmunes al cáncer de la corrupción. Dado que nuestras autoridades políticas y militares son receptivas a esa lacra social, no debería extrañarnos que sean compradas por grandes capos de la droga, quienes les permitirán operar libremente, como ocurre y ha ocurrido en otros países.

El gran desafió en la zona del VRAE consiste en desenganchar a la población del comercio de la droga o, mejor dicho, del cultivo de la coca, que en un 97% se destina a la producción de cocaína. Esto requiere un enorme trabajo ya que constituye el modo de vida de la gente del lugar, unas 17.000 familias. Mujeres y niños recolectan y secan las hojas bajo el sol. Primero las acopian y luego las esparcen sobre canchas multiuso o caminos de tierra. La economía gira en torno a ese cultivo que no es ilegal; pero sí su transformación en estupefacientes. Los diversos gobiernos han intentado la sustitución de cultivos. En un momento se trató de promover la siembra de café orgánico, paltas, mangos, etc., destinados a la agroexportación, pero no ha funcionado en todas las zonas convulsionadas. Pese a la apertura de nuevos mercados y su interesante rentabilidad no han podido competir con la hoja de coca.

Cambiar la matriz económica y productiva debe realizarse en una segunda etapa. La solución no pasa por reemplazar cosechas, al menos no por ahora, ya que primero se debe eliminar la presencia del narcosenderismo. La primera fase de la operación en el VRAE debe abocarse a extirpar a los elementos subversivos. Para esto hay que introducir nuevos métodos de guerra porque el combate contra una guerrilla bien armada y conocedora de la selva no puede ser convencional. En lugar de enfrentar a la guerrilla con soldados rasos hay que considerar operaciones clandestinas a cargo de fuerzas especiales de la Marina, el Ejército y la Aviación. Pequeños grupos podrían asestar duros golpes a las columnas senderistas porque los tomarían por sorpresa. Con la ayuda de francotiradores, expertos en explosivos e inteligencia se podría eliminar a sus líderes, destruir sus campamentos e interceptar sus comunicaciones. Los Estados Unidos bien podrían colaborar en la parte de inteligencia dotando a las FF. AA. de aviones no tripulados de reconocimiento (Predator) para orientar a los comandos (ser sus ojos en el cielo durante la noche y en la espesura de la selva) y transmitir información precisa sobre la ubicación de los terroristas. Estos sofisticados aparatos podrían llevar armas para no desperdiciar la oportunidad de atacar un blanco importante. EE. UU. también podría proveernos otros equipos como visores infrarrojos, camuflajes y dispositivos electrónicos para garantizar el éxito de las operaciones.

En la siguiente etapa, una vez extirpado el cáncer del narcoterrorismo, el Estado podría iniciar un plan de desarrollo de la zona construyendo postas médicas, escuelas y dependencias estatales pues, sin el control efectivo del territorio, vemos imposible que algún médico, enfermera, profesor o burócrata vaya a trabajar a un lugar tan agreste como peligroso.

Comando Unificado en el VRAE

Por César Reyna

El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, ha anunciado el nombramiento de una autoridad civil que dirija los esfuerzos de la Policía Nacional y los militares en la zona del VRAE, es decir, un funcionario a cargo de un comando unificado para evitar rencores entre las fuerzas del orden.

La coordinación entre ambas instituciones era un asunto espinoso porque la Policía no deseaba subordinarse a las Fuerzas Armadas. La solución puede ser salomónica si no terminan imponiéndose los generales del Ejército.

En Estados Unidos el encargado de la seguridad interna es un civil con experiencia en dicho campo. El Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) engloba a la CIA, FBI, NSA, departamentos de policía estatal, guardia nacional, etc. Todos están obligados a compartir información, personal y recursos luego de las deficiencias detectadas tras el 11-S.

Algo parecido se intenta crear para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo pero no dará resultado. Cualquier medida fracasará porque el narcotráfico tiene un enorme poder corruptor antes que desestabilizador.

Las mafias de la droga, entre las que destaca Sendero Luminoso, no buscan cambiar al Estado como piensan algunos sino más bien aprovechar su absoluta permeabilidad para seguir operando. Mientras el Estado condene y persiga sus actividades existirá ese lucrativo negocio. Destinar fondos y establecer programas de desarrollo no tiene sentido porque las ganancias de la droga infinitamente son superiores.

Las exportaciones de droga equivalen a cerca del 20% del PBI nacional. Unas 23.000 toneladas según Naciones Unidas fueron producidas en Perú el año pasado. De ese porcentaje inicial, entre 2500 a 3000 millones de dólares se lavan en el país. Pero la cifra podría superar a los 5.000 millones, lo que explicaría el ‘boom’ de la construcción y varias actividades comerciales.

El Perú, técnicamente hablando, es un ‘narcoestado’ aunque los cárteles no asesinen autoridades políticas ni hayan creado zonas liberadas como en México. La ausencia de la violencia que azota al país azteca se debe a que Perú es un centro de producción, pero no de distribución de la droga. El control de las rutas internacionales corresponde a mafias que introducen en los Estados Unidos.

Sendero necesita la represión estatal porque incrementa el precio de la cocaína. La ilegalidad de su tráfico es lo único que la hace rentable. Si se legaliza su comercialización disminuiría la violencia y la corrupción asociadas al narcotráfico. Estos dos fenómenos están intrínsecamente vinculados a la actividad de los cárteles porque necesitan protegerse y doblegar a la sociedad. Si se eliminan las penalidades las narcotraficantes no tendrían mayor incentivo para ingresar estupefacientes en otros países ya que desaparecerían los generosos márgenes.

No es cuestión de comprar más helicópteros, armas de última generación o reforzar las bases contrasubversivas pues la zona del VRAE es inaccesible. Es lo suficientemente densa como para que los narcosenderistas se oculten y actúen con total impunidad. ¿Vale la pena desangrarnos durante 30 o 40 años como Colombia para deshacernos de un mal que no va desaparecer?

Alan García considera que Sendero no es una amenaza para la democracia

Presidente peruano coincide con líder nacionalista Ollanta Humala. Si admitía que grupo terrorista representa un peligro para el país estaría poniendo en entredicho su política de seguridad nacional
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Por César Reyna

Un Gobierno embarcado en exhibir logros no puede confesar que el narcoterrorismo es más fuerte que en los años ochenta como declaró el congresista aprista Mauricio Mulder. El también secretario general del Apra magnificó el fenómeno del narcosenderismo solamente para desautorizar al opositor Ollanta Humala; sin sopesar que sus palabras podrían tener un efecto adverso entre la población y los inversionistas.

Afirmar que Sendero Luminoso es una amenaza para el país equivale a decir que el Estado no solo no controla una parte del territorio, sino que existe el peligro de que se expanda sus actividades a otras regiones.

El ataque del fin de semana a una base policial en una localidad olvidada de Ayacucho fue una demostración de fuerza de los remanentes de Sendero. De momento su presencia se encuentra exclusivamente focalizada en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y en menor medida en el Huallaga. No hay peligro de expansión mientras no se replieguen, fruto de la intervención de nuestras Fuerzas Armadas, a otras áreas donde puedan controlar el tráfico de los derivados de la hoja de coca: la pasta básica y la cocaína.

En la ciudad de Tacna, en el sur del Perú, el primer mandatario declaró que “el problema que tenemos ahora no es ni la décima y quizá ni la centésima parte de lo que en los años 80 se tenía”, enmendándole la plana al verborrágico Mulder. También agregó que “por un tiempo vamos a tener ese tipo de agresiones a las que tampoco hay que presentar como si fueran la amenaza contra la democracia total”.

Mulder había manifestado ayer a una radioemisora capitalina: “Ese Sendero Luminoso de hoy, que es casi un remanente, es mucho más poderoso que el Sendero de 1980, porque tiene más gente, más dinero, más armas y un territorio que le favorece en su estructura geográfica e imposibilita la entrada de la Policía”. Las declaraciones del jefe de Estado se producen 24 horas después de que el ministro Salazar rectificara sus propias declaraciones en las que había coincidido con Humala.

Sendero Luminoso no representa una amenaza para el país

La coincidencia del ministro del Interior, Octavio Salazar, con el líder nacionalista, Ollanta Humala, en el sentido que Sendero Luminoso (SL) ya no constituye un peligro para el país ha generado discrepancias en el seno del oficialismo.
Magnificar las acciones de Sendero para desacreditar a un político rival pueden costarnos mucho en términos de imagen
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Por César Reyna

Tras el ataque contra la base policial de la Dinoes (División Nacional de Operaciones Especiales) el secretario general del APRA y congresista, Mauricio Mulder, sostuvo que el candidato nacionalista “quedó en ridículo por haber afirmado que Sendero Luminoso y el MRTA ya no constituían un peligro para el país”; sin embargo, luego de la sesión de ayer en el Consejo de Ministros, el responsable de la cartera del Interior, Octavio Salazar, dijo que “las actividades de Sendero no representan una amenaza para el país, ya que actividad está ‘focalizada’ en la zona del VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene)”.

La controversia entre Mulder y Salazar pone en evidencia dos posturas radicalmente distintas dentro del oficialismo. Mulder, como operador político del APRA, asume una posición contraria a la verdad porque desea restarle todo mérito a las declaraciones de Humala. Aun cuando el candidato nacionalista tenga la razón en este y otros asuntos objetará sus argumentos pues tiene el deber de demoler su imagen.

Salazar, por su parte, cometió un lapsus imperdonable ya que respaldó involuntariamente al líder de la oposición. Su coincidencia con Humala se ajusta a la realidad pues Sendero no tiene la intención ni los medios para tomar el poder. Esta agrupación narcoterrorista tiene como principal objetivo mantener el control de las áreas productoras de hoja de coca. De momento no representa una amenaza para otras zonas con potencial cocalero en la medida que no sea expulsada del VRAE. Si se la obliga a replegarse seguramente operará en regiones donde promovería el cultivo de la coca.

Afirmar que Sendero Luminoso constituye una amenaza para la seguridad nacional supone un riesgo para el país en términos de imagen. En momentos en que el Perú desarrolla una marca país y busca posicionarse como destino para turistas y capitales esa afirmación puede resultar contraproducente. De ahí que las conjeturas de Mulder representen un arma de doble filo pues muchos inversionistas podrían pensarlo dos veces antes de invertir en el Perú.

A Sendero le conviene que sus incursiones tengan repercusión mediática porque asi va consolidando o reviviendo el temor que causaba su presencia en los ochenta.

En cuanto a la solución propuesta por Humala para contrarrestar al narcoterrorismo no parece viable que el Estado compre toda la producción de hoja de coca –a un costo de US$ 200 millones- porque los narcotraficantes tienen mucho margen para subir el precio. Si se desata una guerra de precios entre el Estado y los narcos se incrementarían las cosechas ya que muchos campesinos estarían incentivados a cultivar coca. En caso de que el Estado iguale el precio que pagan los traficantes estos coaccionarían a los cocaleros para que sigan produciendo coca. Para acabar con ese flagelo no bastaría la sustitución de cultivos ni vuelos de interdicción ni la destrucción de cocales o pozas de maceración mientras exista un mercado. Sólo la legalización de su comercialización, como ocurrió con el alcohol, derrumbaría los precios y el financiamiento que sustenta a Sendero y a los carteles de la droga.

El nuevo Sendero Luminoso

Por César Reyna



Los senderistas vinculados al narcotráfico saben perfectamente que no pueden enfrentarse directamente a las Fuerzas Armadas porque sería un suicidio. A no ser que cuenten con superioridad numérica -como en el último ataque a la base policial de la Dinoes en Ayacucho- jamás se atreverían a lanzar una ofensiva. También saben que no pueden tomar el poder porque el pueblo los rechaza y carecen de recursos y motivación ideológica para hacerlo.

Desde hace más de una década renunciaron a ese fin; actualmente no existen las condiciones para mantener la lucha armada contra el Estado. En los no tan lejanos ochenta dieron la impresión de que estuvieron cerca, pero sólo fue una ilusión pues habían sido derrotados desde que tiñeron su lucha con sangre de civiles inocentes. Al ensañarse con las clases bajas (compuesta por campesinos y obreros), a las que en teoría debían liberar del yugo burgués, perdieron cualquier tipo de simpatía que pudiera emanar de éstas. Sin el respaldo popular estaban perdidos pues lo necesitaban para tener una red de contactos, informantes y voluntarios que sirvieran a sus propósitos revolucionarios.

Ese error estratégico les costó caro ya que sus acciones se limitaron a derribar torres de alta tensión, poner coches bombas como ETA y asesinar autoridades en el interior. Ellos se convirtieron en verdugos del pueblo en lugar de ser sus aliados. La propuesta del senderismo no conducía a ningún estadío superior pues conocemos muy bien la miseria de Cuba y el aislamiento neurótico de Corea del Norte.

Ahora bien, los que hoy lanzan consignas a favor de la ‘lucha armada’, el ‘Partido Comunista Peruano’ o la ‘lucha de clases’ no son más que criminales con pasado senderista pero entregados de lleno al narcotráfico. La continuidad de su rebeldía se debe única y exclusivamente a que no encuentran otra manera de sobrevivir. Si abandonan las filas de “Sendero” lo más probable es que sean arrestados o trabajen clandestinamente como peones en campos de cultivo de coca. Servir como brazo armado para los traficantes del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) les proporciona demasiadas ventajas económicas como para renunciar a ellas. El incentivo del dinero sucio es infinitamente superior a la condición de pobreza que les espera si dejan de “luchar”.

Al no tener otra alternativa aprovechan el nombre de Sendero Luminoso para aterrorizar y lucrar con él. Lo que ese grupo terrorista significó -y significa- en muchas zonas de ceja de selva o la sierra les proporciona un plus adicional frente otras bandas o sicarios que prestan servicios para el narcotráfico. Del antiguo Sendero sólo queda el nombre y algunas columnas itinerantes, pero eso les basta para mantener el control de las rutas, pozas de maceración y extensiones de hoja de coca en la región del VRAE.

Sus cabecillas son inteligentes al presentarse como Sendero porque de ese modo usufructúan su legado de terror. Al recitar su ideología y realizar actos de propaganda -en los poblados que visitan- reavivan en el imaginario colectivo que Sendero sigue vivo y en armas. El rechazo de sus mandos a “la solución política de los problemas derivados de la guerra”, es decir, a la capitulación de Abimael Guzmán, les sirve para hacernos creer que defienden “las reivindicaciones del proletariado” y “la abolición del Estado burgués”.

La razón por la que se hacen llamar senderistas es para explotar uno de los principales temores de la población: el regreso de Sendero. Si los “subversivos” dejaran de utilizar ese nombre la policía y la gente creerían que se trata de otra banda de criminales o facinerosos. Pero al usar pasacalles y signos distintivos de Sendero resulta inevitable asociarlos al movimiento más sanguinario que azotó al Perú durante 13 años.

El Museo de la Memoria

El escritor Mario Vargas Llosa preside una comisión encargada de levantar un museo dedicado a recordar a las víctimas de la violencia política y explicar las causas de la propia violencia
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Por César Reyna



La tarea de construir un museo de esas características en el Campo de Marte resulta difícil pues los comisionados deberán ser de lo más imparciales al momento de seleccionar las fotografías, videos, cintas de audio y otros objetos relacionados con el período más convulsionado de nuestra historia reciente.

Investigar el lado más oscuro de la mente humana no será fácil para los encargados del proyecto más controversial de los últimos tiempos. Si el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recibió duras críticas de las Fuerzas Armadas y varios sectores políticos por denunciar el condenable papel de los agentes del Estado, no cabe duda de que la construcción del museo desatará nuevos y furiosos cuestionamientos contra los integrantes de la Comisión Vargas Llosa.

El Museo de la Memoria permitirá la visualización del invalorable informe de la CVR (2002) y recogerá la visión de los militares, quienes han venido cuestionando a la citada institución porque concluyó que las FF. AA. violaron derechos humanos de manera sistemática en determinados lugares en su reporte final. En 2003 se produjo otra polémica tras la exposición de 250 fotografías sobre la violencia terrorista. Fruto de la exhibición llamada Yunapanaq (para recordar) nació la idea del proyecto.

El anterior ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, se opuso radicalmente al levantamiento de la obra aduciendo que “Perú no necesita museos mientras sea pobre y tenga carencias sociales”. El dinero no era problema pues la canciller alemana, Angela Merkel, ofreció 2 millones de euros para financiar la construcción del Museo de la Memoria. Flores-Aráoz no fue el único en expresar su descontento pues el presidente Alan García[1] también rechazó la oferta de Merkel. Ambos personajes no estaba dispuestos a permitir que los peruanos evocaran su trágico pasado por diversas razones, entre las que destaca la participación directa o indirecta de García en muchos hechos de violencia. El primer mandatario había dirigido al país en la época de mayor barbarie que se recuerde: de 1985 a 1990. En ese quinquenio, el primero del Apra en el poder, se contabilizó la mayor cantidad de muertes y atentados terroristas. Parte de la indiscriminada represión militar y el desborde demencial de Sendero Luminoso se debió a las nefastas políticas contrasubversivas y pacificadoras de García.

En los 80’ el Estado aplicó la ley marcial para contener un fenómeno que no comprendía y que lo superaba ampliamente. La respuesta a la violencia fue mayor violencia, pero no necesariamente contra los criminales que desafiaron el orden, sino contra miembros de comunidades campesinas “acusados” de colaborar al enemigo. La estrategia de combatir el terror con mayor terror cambió en los 90’, aunque a fines de los 80’ el Gobierno aprista empezó a colaborar con los indígenas entregándoles armas para que repelieran a los guerrilleros maoístas de Sendero, dando origen a las rondas campesinas.

La relación entre el hasta entonces Estado ausente y la población del interior mejoró porque colaboraron para derrotar a Sendero, el principal grupo terrorista del país. Si bien esa alianza fue vital para la supervivencia de los campesinos y la tranquilidad de los costeños, no deja de sorprender que el Estado convirtiera en carne de cañón a civiles que no debieron pelear nunca en esa guerra. Las autoridades eludieron su responsabilidad al permitir que sujetos sin formación militar se enfrentaran a hordas movilizadas por el fanatismo. Esa tarea debió recaer exclusivamente en las fuerzas del orden, pero éstas prefirieron no arriesgar sus vidas para proteger a peruanos que muchos limeños consideraban –y siguen considerando- de segunda o tercera clase.

Ahora bien, hasta el momento no se ha logrado el objetivo fundamental de la CVR: la reconciliación. La verdad ya se conocía desde hace buen tiempo; pero la CVR dio más detalles y elevó el número de víctimas y perdidas materiales. Muchos conservadores no quieren oír hablar de reconciliación porque consideran que las Fuerzas Armadas no tienen por qué disculparse con los familiares de ex combatientes de Sendero Luminoso o del MRTA, a pesar de que hubo casos de ejecuciones extrajudiciales y matanzas en varios penales. No. De momento la reconciliación no debería producirse entre los nombrados (hasta madurar un poco más como país), sino entre nuestros uniformados y la sociedad porque muchos ciudadanos fueron asesinados, torturados y desaparecidos por efectivos que debían protegerlos.

La reconciliación pasa, en primer lugar, por admitir los excesos y las brutalidades cometidos por las FF. AA. ya que actuaron muchas veces al margen de la ley. A los terroristas no se les puede exigir que se arrepientan o reconozcan sus crímenes porque decidieron pasar a la clandestinidad para conspirar contra el Estado, es decir, transitaron por la vereda de la ilegalidad para conseguir determinados objetivos políticos. A quienes sí se puede pedir explicaciones son a los que debían respetar las normas fundamentales del Estado de Derecho en las conflictivas zonas de emergencia. Nuestros militares, al transgredir la Constitución, se comportaron igual los que buscaban tomar el poder por la fuerza. Por eso la reconciliación no será posible hasta que pidan perdón a los miles de deudos y heridos que dejó su imborrable presencia.

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[1] Pese a su negativa inicial, García encomendó el proyecto al laureado novelista para mejorar su imagen en el exterior, sobre todo ante los partidos socialdemócratas y socialcristianos de Europa. El presidente convenció a Vargas Llosa, quien era reacio a aceptar el encargo, tras una reunión en Palacio, zanjando así sus diferencias con el hombre que impidió su camino a la presidencia en 1990.

MRTA en el Congreso… el ataque de la prensa derechista

Por César Reyna

Mientras Ollanta Humala buscaba relanzar su imagen luego entrevistarse con Mario Vargas Llosa en Madrid; en Lima un parlamentario de su bancada cometió el error de darle tribuna a tres ex militantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Los sujetos fueron invitados a una conferencia de prensa en el Congreso donde iban a denunciar el acoso policial del que eran objeto; pero la cita se malogró cuando uno de ellos mencionó sus vinculaciones con Néstor Cerpa Cartolini, cabecilla del MRTA que tomó la residencia del embajador del Japón en 1996. La sola mención de Cerpa Cartolini despertó suspicacias entre los periodistas presentes, quienes arremetieron contra los panelistas demandando explicaciones sobre su pasado.

Los tres ex emerretistas que ahora pertenecen a una nueva agrupación llamada ‘Patria Libre’. Según reportes de inteligencia este movimiento sería el brazo político del MRTA y estaría relacionado con la Coordinadora Continental Bolivariana, órgano creado y financiado por Hugo Chávez para expandir el ‘socialismo del siglo XXI’ en la región.

La presencia de esos elementos en la Sala Mohme del Legislativo desató la furia de medios conservadores como ‘El Comercio’, el decano de la prensa nacional, y los ultraderechistas ‘Expreso’ y ‘Correo’, por citar a los más importantes. Esos periódicos aprovecharon el desliz del congresista Víctor Mayorga, quien invitó a los controvertidos personajes, para demoler la candidatura de Humala Tasso. El ataque coordinado de la derecha coincide con la estrategia de Humala de moverse hacia el centro para ganar nuevos simpatizantes. Al asumir que Humala, haga lo que haga, representa el mayor peligro para el ‘sistema’ no reconocerán la sinceridad de su cambio o enmienda. De ahí que le den con todo, desvirtuando sus palabras, publicando en primera plana que “defiende a los emerretistas”, que “negociaría con terroristas”, etc., las mismas tácticas de guerra sucia empleadas por el Partido Republicano para desprestigiar a Obama.

No sorprende a estas alturas que los titulares de ‘El Comercio’, ‘Expreso’ y ‘Correo’ no sean para nada objetivos pues su objetivo es, valga la redundancia, tumbarse a Humala a como de lugar. Para estos medios no importa si deben sacrificar la verdad o su escasa cuota de imparcialidad porque representan la primera línea de batalla frente a la amenaza chavista. El frente mediático, compuesto en su mayoría por canales, diarios y radios del ‘sistema’, debe mostrarse unido para contener a una ideología tan contagiosa en Latinoamérica como la Influenza AH1N1.