Narcoterroristas atacan base policial en Ayacucho

Tres policías y dos mujeres murieron durante la ofensiva subversiva. El puesto pertenece al área geográfica del Valle de los ríos Apurímac y Ene. Desde esa ubicación se realizan operativos para impedir el tráfico ilícito de drogas. Atacantes buscarían debilitar la moral de nuestras tropas

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Por César Reyna

En el día que se conmemora el treinta aniversario del fallecimiento del fundador y líder histórico del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre, una columna compuesta por cincuenta narcoterroristas atacó una estación de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). El enfrentamiento ocurrió en el poblado de San José de Secce del distrito de Santillana, en la provincia de Huanta, en Ayacucho.

El local de la Dinoes se encuentra seriamente afectado asi como un colegio colindante que fue utilizado por los narcotraficantes para perpetrar el ataque. El enfrenamiento duró una hora aproximadamente, según varios testigos. Entre las 12:30 p.m. del sábado y las 00:30 horas del domingo cerca de treinta efectivos fueron despertados por disparos y explosiones de granadas.

Los narcoterroristas no tenían la intención de tomar la base policial sino ocasionar la mayor cantidad de bajas para amedrentar a las fuerzas del orden. Que el asalto haya sido lanzado en un día significativo para las autoridades de turno puede interpretarse como un acto de provocación de las bandas que operan en el VRAE. O también podría representar el comienzo a una nueva fase en la que los criminales dejan atrás las emboscadas en la selva para pasar directamente a la ofensiva con el propósito de replegar a la policía.

Los narcoterroristas demostraron que son capaces de ejecutar ataques coordinados (atacaron desde la parte frontal y posterior del cuartel) y que cuentan con gran poder de fuego al utilizar fusiles con miras láser, lanzagranadas y cohetes. El incidente en cuestión guarda muchos parecidos con los que llevan a cabo las FARC colombianas o los carteles de la droga mexicanos. Tal parece que miembros de esas organizaciones estarían participando en sus operaciones.

La mayor presencia de agentes estatales en la zona, prometida por el presidente García y sus ministros de Defensa e Interior, desencadenaría episodios similares a medida que van penetrando en su territorio. Lo que los narcotraficantes tratan de preservar es su lucrativo negocio (sus rutas de comercio y aprovisionamiento de insumos) ya que no tienen intenciones de tomar el poder. Con la corrupta colaboración de algunas autoridades les basta para operar; pero sienten que les están tendiendo un cerco.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna baja terrorista. A parte de los tres policías caídos hay tres subalternos heridos. El ministro del Interior, Octavio Salazar, y el Director General de la Policía, Miguel Hidalgo, se apersonaron al lugar de los hechos para realizar investigaciones, según RPP.

Buscando un outsider

La disputa de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala podría evitarse si aparece un candidato que aglutine a la centroizquierda.

La polarización inmovilizaría al país si uno de los citados llega a la presidencia.
El padre Marco Arana sería nuestra única alternativa
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Por César Reyna

Si en los próximos meses no surge una figura capaz de posicionarse en el centro del espectro político la suerte estaría echada pues todo parece apuntar que ganará un aspirante con altos niveles de desaprobación. Fenómeno que ya viene sucediendo en el interior del país, donde los presidente regionales acceden al cargo con votaciones que no superan el 20%. Las consecuencias de una presidencia tambaleante serían desastrosas en medio de una crisis económica internacional y muchos problemas internos sin resolver. El escenario sería mucho peor que el que le tocó vivir al ex presidente Toledo pues los partidos políticos opositores y amplios sectores de la sociedad civil y de la prensa harían todo lo posible para que Fujimori Higuchi o Humala Tasso no tengan una presidencia agradable.

Según quien resulte vencedor se irán definiendo las posibles alianzas y rivalidades. Si triunfa Keiko Fujimori el Apra podría convertirse en su escudero en el Parlamento como lo fue el FIM de Fernando Olivera con Perú Posible. De producirse la inesperada victoria de Humala, tendría a casi toda la clase política en su contra, excepto a los minúsculos partidos de izquierda. En cualquier caso, las expectativas de que uno u otro termine su mandato dentro del plazo constitucional sería altamente improbable por las enormes presiones que tendrían que soportar.

El candidato buscado no sería necesariamente un improvisado como lo fue Alejandro Toledo cuando ganó la presidencia en 2001, sino alguien que haya hecho labor social en las comunidades como el padre Marco Arana. Es decir, alguien que conozca perfectamente los grandes problemas del país como la desigualdad y la pobreza; pero no sentado desde un cómodo sillón de oficina, sino en el campo de la acción y la práctica. Desde esa perspectiva, el padre Arana encaja perfectamente con el perfil del líder que necesitamos para el siguiente quinquenio.

Ahora bien, a pesar de que el aspirante nacionalista Ollanta Humala está tratando de acercase al centro del espectro político luego de su reunión con el escritor Mario Vargas Llosa, uno de los máximos exponentes del pensamiento liberal en Latinoamérica, su cambio no parece sincero pues la prensa descubrió que su mujer trabajaba para medios cercanos al régimen chavista (recibía miles de dólares por asesorías que no pudo justificar). Esto probaría las vinculaciones del ex comandante del Ejército Peruano con el presidente venezolano. En los últimos días Humala viene demarcándose de la figura de Chávez para presentarse como un candidato maduro y ajeno a cualquier influencia externa diciendo que el nacionalismo que representa no le permite sacrificar los intereses nacionales. El mayor temor de una buena cantidad de peruanos es que Chávez gobierne el Perú a través de Humala, convirtiendo al país incaico en un anexo de Venezuela.

Además de romper con Chávez y su socialismo del siglo XXI, Humala deberá hacer lo mismo con su hermano Antauro, el radical que dirigió una asonada en la ciudad de Andahuaylas en enero de 2003. Es probable que el líder nacionalista y el mandatario venezolano protagonicen una “pelea”- con calificativos subidos de tono de un lado y del otro- para hacerle creer al electorado que han roto definitivamente. La enemistad será fingida para liberar a Humala del elemento que le genera muchos anticuerpos y le resta popularidad: su relación con Chávez.

En esa línea, Humala buscará mayor acercamiento con gremios empresariales para “blanquearse” como hizo Alan García antes de las elecciones de 2001. El encuentro con la clase dominante no lo ayudará porque lo considera una grave amenaza para sus intereses; además la derecha peruana cuenta con varias alternativas electorales, entre las que destaca la congresista Keiko Fujimori, para tener un presidente afín para el período 2011-2016. De modo que no necesitaría sumar a Humala aunque éste asegure que ha cambiado. El “viraje” del hombre identificado con el ‘antisistema’ no es creíble porque ha sido orquestado por Chávez. La estrategia de Caracas es evidente ya que desde hace varios meses el mandatario venezolano no se intromete en asuntos internos del Perú, a pesar de que el oficialismo ha denunciado su injerencia en el conflicto amazónico y otros hechos de violencia.

La presencia de outsider, es decir, de un personaje ajeno a las miserias de la política local, impediría que triunfe otro candidato del sistema como el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio; la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano o el propio Alejandro Toledo. Los tres defienden el modelo económico que instauró el reo Alberto Fujimori a principios de los noventa y no garantizan ningún cambio o corrección del mismo. Según la última encuesta socioeconómica de Apoyo, un 55% de peruanos desea ajustes en la política económica, esto es, mayor inclusión, fortalecimiento de leyes laborales y asistencia social para los más pobres.

El Museo de la Memoria

El escritor Mario Vargas Llosa preside una comisión encargada de levantar un museo dedicado a recordar a las víctimas de la violencia política y explicar las causas de la propia violencia
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Por César Reyna



La tarea de construir un museo de esas características en el Campo de Marte resulta difícil pues los comisionados deberán ser de lo más imparciales al momento de seleccionar las fotografías, videos, cintas de audio y otros objetos relacionados con el período más convulsionado de nuestra historia reciente.

Investigar el lado más oscuro de la mente humana no será fácil para los encargados del proyecto más controversial de los últimos tiempos. Si el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recibió duras críticas de las Fuerzas Armadas y varios sectores políticos por denunciar el condenable papel de los agentes del Estado, no cabe duda de que la construcción del museo desatará nuevos y furiosos cuestionamientos contra los integrantes de la Comisión Vargas Llosa.

El Museo de la Memoria permitirá la visualización del invalorable informe de la CVR (2002) y recogerá la visión de los militares, quienes han venido cuestionando a la citada institución porque concluyó que las FF. AA. violaron derechos humanos de manera sistemática en determinados lugares en su reporte final. En 2003 se produjo otra polémica tras la exposición de 250 fotografías sobre la violencia terrorista. Fruto de la exhibición llamada Yunapanaq (para recordar) nació la idea del proyecto.

El anterior ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, se opuso radicalmente al levantamiento de la obra aduciendo que “Perú no necesita museos mientras sea pobre y tenga carencias sociales”. El dinero no era problema pues la canciller alemana, Angela Merkel, ofreció 2 millones de euros para financiar la construcción del Museo de la Memoria. Flores-Aráoz no fue el único en expresar su descontento pues el presidente Alan García[1] también rechazó la oferta de Merkel. Ambos personajes no estaba dispuestos a permitir que los peruanos evocaran su trágico pasado por diversas razones, entre las que destaca la participación directa o indirecta de García en muchos hechos de violencia. El primer mandatario había dirigido al país en la época de mayor barbarie que se recuerde: de 1985 a 1990. En ese quinquenio, el primero del Apra en el poder, se contabilizó la mayor cantidad de muertes y atentados terroristas. Parte de la indiscriminada represión militar y el desborde demencial de Sendero Luminoso se debió a las nefastas políticas contrasubversivas y pacificadoras de García.

En los 80’ el Estado aplicó la ley marcial para contener un fenómeno que no comprendía y que lo superaba ampliamente. La respuesta a la violencia fue mayor violencia, pero no necesariamente contra los criminales que desafiaron el orden, sino contra miembros de comunidades campesinas “acusados” de colaborar al enemigo. La estrategia de combatir el terror con mayor terror cambió en los 90’, aunque a fines de los 80’ el Gobierno aprista empezó a colaborar con los indígenas entregándoles armas para que repelieran a los guerrilleros maoístas de Sendero, dando origen a las rondas campesinas.

La relación entre el hasta entonces Estado ausente y la población del interior mejoró porque colaboraron para derrotar a Sendero, el principal grupo terrorista del país. Si bien esa alianza fue vital para la supervivencia de los campesinos y la tranquilidad de los costeños, no deja de sorprender que el Estado convirtiera en carne de cañón a civiles que no debieron pelear nunca en esa guerra. Las autoridades eludieron su responsabilidad al permitir que sujetos sin formación militar se enfrentaran a hordas movilizadas por el fanatismo. Esa tarea debió recaer exclusivamente en las fuerzas del orden, pero éstas prefirieron no arriesgar sus vidas para proteger a peruanos que muchos limeños consideraban –y siguen considerando- de segunda o tercera clase.

Ahora bien, hasta el momento no se ha logrado el objetivo fundamental de la CVR: la reconciliación. La verdad ya se conocía desde hace buen tiempo; pero la CVR dio más detalles y elevó el número de víctimas y perdidas materiales. Muchos conservadores no quieren oír hablar de reconciliación porque consideran que las Fuerzas Armadas no tienen por qué disculparse con los familiares de ex combatientes de Sendero Luminoso o del MRTA, a pesar de que hubo casos de ejecuciones extrajudiciales y matanzas en varios penales. No. De momento la reconciliación no debería producirse entre los nombrados (hasta madurar un poco más como país), sino entre nuestros uniformados y la sociedad porque muchos ciudadanos fueron asesinados, torturados y desaparecidos por efectivos que debían protegerlos.

La reconciliación pasa, en primer lugar, por admitir los excesos y las brutalidades cometidos por las FF. AA. ya que actuaron muchas veces al margen de la ley. A los terroristas no se les puede exigir que se arrepientan o reconozcan sus crímenes porque decidieron pasar a la clandestinidad para conspirar contra el Estado, es decir, transitaron por la vereda de la ilegalidad para conseguir determinados objetivos políticos. A quienes sí se puede pedir explicaciones son a los que debían respetar las normas fundamentales del Estado de Derecho en las conflictivas zonas de emergencia. Nuestros militares, al transgredir la Constitución, se comportaron igual los que buscaban tomar el poder por la fuerza. Por eso la reconciliación no será posible hasta que pidan perdón a los miles de deudos y heridos que dejó su imborrable presencia.

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[1] Pese a su negativa inicial, García encomendó el proyecto al laureado novelista para mejorar su imagen en el exterior, sobre todo ante los partidos socialdemócratas y socialcristianos de Europa. El presidente convenció a Vargas Llosa, quien era reacio a aceptar el encargo, tras una reunión en Palacio, zanjando así sus diferencias con el hombre que impidió su camino a la presidencia en 1990.

Influenza AH1N1 causa estragos en Perú

El brote de Influenza AH1N1 se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo junto con los conflictos sociales y la crisis económica internacional
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Por César Reyna


El virus de la Influenza tipo A no pudo escoger un momento menos oportuno para expandirse en el interior del país. Este nuevo desafió para el Gobierno se presenta tan inmanejable como las movilizaciones populares que hicieron retroceder al presidente Alan García y a su anterior Gabinete. A medida que aumenta el número de infectados también crece el temor del primer mandatario de que la epidemia “borre” lo “bueno” que está haciendo su gestión. García está actuando con mucha precaución porque sabe que el sistema sanitario peruano no está preparado para controlar una epidemia de grandes proporciones. Las medidas preventivas tomadas desde la detección de los primeros casos en México –como la prohibición del aterrizaje de aviones procedentes del país azteca- fueron consideradas muy alarmistas en su oportunidad porque ofrecían una imagen derrotista del país. Ser demasiado cautelosos pudo convertirse un arma de doble filo porque si bien se limitaba la posibilidad de contagios, también atemorizaba a la población.

Hace algunas semanas el perjuicio pudo ser tan catastrófico como el que le ocurrió a la economía mexicana (si la Nueva Influenza escalaba a proporciones similares). Ahora el pánico ha revivido pero la ciudadanía no siente tan angustiada como el Gobierno, que ha ordenado la suspensión de clases escolares y el desfile cívico militar de Fiestas Patrias. Ambas decisiones se tomaron “oficialmente” para evitar aglomeraciones y posibles transmisiones; pero “extraoficialmente” para que los hospitales no sean desbordados por una multitud de casos. El pavor de García es que la situación se torne incontrolable porque sabe que el Estado no tiene recursos para atender la emergencia. A la falta de personal médico, implementos y medicinas en los centros hospitalarios se suman los pocos hábitos de higiene entre los peruanos.

Cabe recordar que el Perú, ya que hablamos de higiene, fue azotado por una epidemia de cólera en 1991 por las precarias condiciones en el tratamiento básico del agua así como también por la falta de limpieza de los alimentos. A esto habría que agregar que la mayoría no cuenta con las defensas necesarias para combatir la enfermedad. Muchos niños, el principal grupo de riesgo, presentan cuadros de anemia crónica por falta de minerales y nutrientes en la sangre. La debilidad inmunológica se debe a la desnutrición que afecta a las familias más pobres. En esas condiciones la Influenza AH1N1 podría causar muchas más muertes que las registradas en Argentina o Chile, donde los niveles de pobreza son menores.

Si el virus ataca con fuerza desnudaría las carencias de nuestro sistema de salud. Nuestras miserias y deficiencias quedarían expuestas ante el mundo. Esto afectaría a miles de negocios vinculados al turismo porque disminuirían las visitas de extranjeros al país. Las cancelaciones de vuelos estarían a la orden del día pues ningún ciudadano del primer mundo viajaría a una nación en vías de desarrollo afectada por una pandemia.

La Nueva Influenza ya ha llegado a las cárceles, donde las condiciones sanitarias son inexistentes, y a los cuarteles. También varios marineros han sido infectados durante su travesía por varios puertos del Pacífico. La cifra de pacientes se incrementó a 2053 en los últimos días. Hasta la fecha el Ministerio de Salud ha confirmado el deceso de 11 víctimas del virus de la Nueva Influenza AH1N1.

El panorama podría empeorar conforme descienden las temperaturas en zonas altoandinas. El clima costeño ayudaría a propagar la enfermedad porque es demasiado húmedo. Poco o nada pueden hacer las autoridades más que esperar que no se eleve el número de casos. El presidente García dijo que el Perú superaría la pandemia un día antes de que se reportara la primera muerte. Su deseo de entregar un país estable y bien encaminado al termino de su mandato está lejos de concretarse. La Nueva Influenza, las protestas sociales y un agravamiento de la crisis económica internacional ponen en entredicho su cometido. García se afana en hacernos creer que todo marcha bien y que nada detendrá el “desarrollo” pero se equivoca al minimizar las amenazas que nos acechan. Los problemas que afronta el Perú –los de ahora y del pasado- jamás han sido solucionados por las iniciativas de los gobiernos de turno. Tal vez si García los abordara seriamente -en lugar de pretender que olvidemos los errores de su primer período con obras y maquillajes estadísticos-, habría una posibilidad de salir del atolladero en que nos encontramos.

¿Cansado de Abencia Meza?

Por César Reyna


Supe quién era Alicia Delgado cuando fue asesinada en su departamento de Miraflores. Hasta esa fecha su trayectoria me había sido totalmente ajena pues no suelo escuchar música vernacular. Sí conocía, en cambio, a la ‘juerguerita’ Abencia Meza, presunta autora intelectual del homicidio, porque protagonizó varios de escándalos que resonaron en la prensa chicha. Su lesbianismo y su predilección por las armas de fuego le granjearon titulares, reportajes, crónicas, entrevistas y promociones diversas. Ella figuraba regularmente en los medios pero ahora lo ha hecho hasta la saciedad por ser la ex pareja de quien fuera la ‘princesa del folclor’.

El proceso ha tenido giros interesantes los últimos días y parece que las conexiones se están esclareciendo pues la fiscalía ha acusado a Meza de ordenar la muerte de su ex compañera sentimental. De ser encontrada culpable podría ser condenada a 35 años de cárcel por una serie de indicios y testimonios que la incriminan. A pesar de la violencia con la que Delgado perdió la vida y la controvertida captura del sicario César Mamanchura en Tumbes, lo que más me sorprende del caso es que la policía y la mayoría de medios de comunicación lo hayan convertido en un ‘reality show’ donde cada día aparece un nuevo vericueto.

La prensa roja y de espectáculos está más que agradecida con las filtraciones que brinda criminalística. Si el Perú fuera un país serio nadie tendría acceso al expediente porque la primera fase –la de investigaciones preliminares- se supone que es reservada; pero las autoridades judiciales y los fiscales, y también los políticos, han aprovechado su repercusión mediática para ocultar sus incapacidades y los graves problemas que azotan el país.

Los programas periodísticos no se quejan de la manipulación porque han conseguido inusitados niveles de rating. Por eso dedican amplias coberturas a la trama ni bien empiezan sus emisiones matutinas o vespertinas. El asunto es tan nauseabundo y desmesurado que han abandonado investigaciones sobre lo sucedido en Bagua, donde murieron 34 peruanos. También han ignorado el progreso de la influenza A/H1N1 y las muertes de decenas de niños en Puno y otras regiones a causa del friaje. Desde que el presidente García dijo que el Perú superaría con éxito la pandemia han muerto tres peruanos y quizá muchos más, ya que el sistema sanitario no cuenta con reactivos para realizar pruebas que confirmen o descarten la presencia del virus. Los enfermos se multplican rápidamente por todo el país. En la actualidad cerca de 1500 personas han padecido o padecen el temido cuadro de fiebre alta, malestar generalizado, tos excesiva y decaimiento. Cientos, por sus bajas defensas, han desarrollado neumonía y se encuentran en observación o en precarias unidades de cuidados intensivos. La atención, sobretodo en provincias, es lamentable porque no hay suficiente personal médico y escasean las medicinas. Para impedir la peligrosa ola de contagios, las vacaciones escolares han sido adelantadas en una semana y se suspedendieron las clases en la Universadad Federico Villarreal, donde se reportaron un par de casos.

Por si fuera poco, a raíz de las últimas movilizaciones sociales, el Gobierno ha “revelado” que éstas han sido alentadas desde el exterior con el objeto de derribar la democracia. El complot contra el sistema proviene de Venezuela y Bolivia, según García y sus subordinados. Lo mismo dice China de los uigures musulmanes que se rebelaron en la provincia de Xinjiang. El Ejecutivo peruano ha venido estrechando lazos con el país comunista a pesar de ser el principal violador de derechos humanos en el mundo. Mientras el gigante asiático nos siga comprando materias primas no interesa si recorta libertades fundamentales o mata a 156 civiles en pocos días. Nuestra Cancillería permanecerá tan callada como sorda cuando se trate de condenar su totalitarismo. Hipocresía le dicen, aunque para nuestras autoridades no es más que un caso de conveniencia económica.

Reflexiones a raíz de la liberación de Rómulo León

Reflexiones a raíz de la liberación de Rómulo León

Si el presidente venezolano Hugo Chávez quisiera ‘tumbarse’ la democracia peruana debería dedicarse a destapar casos de corrupción que involucran al Gobierno de Alan García en lugar de promover la convulsión en el interior del país
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Por César Reyna

Nada sería más efectivo para los ‘antisistema’ –para derribar el desigual sistema neoliberal- que descubrir escándalos y contubernios que amenacen la estabilidad política del segundo. Sólo una estrategia de esas características desacreditaría al modelo pues revelaría las turbias ramificaciones de un Estado al servicio de las minorías, es decir, de las clases sociales dominantes. Una vez desenmascarados, tanto políticos como empresarios, el sistema no los procesará porque son intocables (pertenecen a las altas esferas del poder y la sociedad). Ante la magnitud del descubrimiento o serie de descubrimientos, la opinión pública reclamaría un cambio radical asqueada de la inmunidad que blinda a las cúpulas.

En Perú, los partidos tradicionales y los inversionistas privados han formando una alianza similar a la que establecieron la monarquía francesa y el alto clero antes de la Revolución Francesa (1789- 1799) para obstaculizar las demandas y aspiraciones del Tercer Estado, el pueblo. Ambas juegan juntas como si la política se tratara de un partido de tenis de dobles. Siempre han andado en las buenas y en las malas, pero desde el fujimorato (1990-2000) han estrechado sus vínculos y perfeccionado sus estrategias con el fin asegurar la ‘gobernabilidad’, que no es otra cosa que la preservación del modelo.

En el pasado carecían de una ideología y un lenguaje económico comunes que articulara su discurso; pero tras el Consenso de Washington encontraron la receta ideal para preservar sus privilegios y espolvorear un poco de crecimiento sobre la población (luego lo denominaron ‘chorreo’). El neoliberalismo funcionó durante los primeros años porque atrajo capitales que generaron trabajo, nuevos productos y mejores servicios; pero las ventajas de la apertura de diluyeron porque se flexibilizó el mercado laboral y empeoraron las condiciones de trabajo. Por si fuera poco, el modelo, tal como había sido diseñado, no podía incluir a las grandes mayorías dentro de la formalidad (la economía de mercado). Los que no podían incorporarse ya sea por su deficiente formación educativa o falta de contactos –ambas barreras son culpa del Estado pues no se preocupó por la calidad de la educación ni instituyó la meritocracia-, debieron permanecer en la informalidad. A los de ‘abajo’ se les pedía que tuvieran paciencia ya que pronto llovería parejo para todos pero eso nunca sucedió. Cuando llovió, la riqueza se quedó empozada en las capas superiores a falta de canales redistribuidores. A pesar del ‘boom’ agroexportador y la elevación del precio de commodities como los minerales, las principales actividades generadoras de ingresos para el país, la desigualdad se mantuvo según un reciente estudio de la CEPAL.

El crecimiento económico sólo ha beneficiado a los que se ubican en la cima. La inversión privada, elevada por García al nivel de principio fundamental del desarrollo, no ha sido suficiente para reducir la pobreza y las brechas entre los extremos de la pirámide social. Durante algún tiempo se trató de hacernos creer que habría beneficios pero solamente fue un espejismo. Ahora que comienza un nuevo período de vacas flacas, el Gobierno asegura que mantendremos cifras positivas este año –amañadas por el INEI, desde luego- para no desmoronar los ánimos de los inversionistas y consumidores.

El modelo que nos rige está agotado aquí y en la China, aunque en la China nunca ha operado como en otras latitudes porque el Estado realiza gran parte de la actividad económica (controla puertos, refinerías de petróleo, terminales aéreos, siderúrgicas, etc.). Convendría no sólo hacerle ajustes, que nunca se han hecho porque los gobernantes de turno dirigieron la economía en piloto automático (sin hacer absolutamente nada), sino introducir reformas que cambien la matriz energética y económica para dejar de ser un país que depende exclusivamente de la venta de productos primarios. Las transformaciones, está claro, no pueden realizarlas quienes han defendido a ultranza el status quo. Los que han impedido que nada cambie son los menos idóneos para llevarlas a cabo a pesar de sus promesas de “cambio responsable”, en referencia a Alan García, quien durante la campaña de 2001 dijo que haría reformas sin subvertir el orden en contraposición a su rival nacionalista, Ollanta Humala.

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Pd: La desigualdad ante la ley, por ejemplo, ha sido recientemente evidenciada en el caso de Rómulo León Alegría porque se trata de un personaje relacionado con importantes dirigentes del partido de gobierno. Los peces gordos nunca van a la cárcel o salen rápidamente de ella. La salud de la justicia de un país se mide, en parte, cuando los ricos también van a la cárcel.

El club de los presidentes autoritarios: crítica a Andrés Oppenheimer

Crítica a Andrés Oppenheimer

El galardonado periodista del Miami Herald publicó un reciente artículo sobre la democracia en América Latina. En él resumió los pasos que han seguido un puñado de mandatarios latinoamericanos para “perpetuarse en el poder”
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Por César Reyna


Andrés Oppenheimer considera que Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y el defenestrado Manuel Zelaya siguen –o seguían– un guión cuyo propósito es “desmantelar” el modelo democrático.

La primera medida o “acto” que realizan antes de convertirse en jefes de Estado es presentarse como un outsider o “líder antisistémico” que ofrece cambios radicales y luchar contra la corrupción. Para ganar notoriedad suelen encabezar protestas multitudinarias, como en el caso de Evo Morales, o intentan derrocar al gobernante de turno como Hugo Chávez. Pero ésas no han sido las únicas estrategias de exposición mediática de los ‘antisistema’ pues Ollanta Humala, el candidato nacionalista peruano, se sublevó en el sur cuando era comandante del Ejército. Su desobediencia fue pacífica pues desconoció la autoridad del corrupto Alberto Fujimori marchando con un batallón de conscriptos por la serranía; para luego entregarse a la Justicia Militar sin disparar un solo tiro.

El segundo acto, según Oppenheimer, consiste en reformar la Constitución “tras ganar la elección presidencial”. Esto con el propósito de introducir “una cláusula que permita la reelección”. Oppenheimer olvida que los cambios no los hacen Chávez, Evo Morales ni Rafael Correa por su cuenta pues necesitan el consentimiento popular. En todos esos casos es el pueblo el que decide si aprueba -o no- las modificaciones constitucionales.

Si esos presidentes buscan la reelección inmediata es porque en pocos años de gobierno no podrían realizar todos los cambios que pretenden. Un período no basta para combatir la pobreza, desterrar la corrupción y reducir la desigualdad. La mayoría de mandatarios socialistas entiende que las políticas sociales necesitan continuidad para generar resultados; de lo contrario sus efectos positivos se diluyen o pierden en el tiempo. La temida perpetuación o, mejor dicho, continuidad, es sólo un aspecto del complejo proceso de transformación política que se desarrolla en varias naciones latinoamericanas. Además, esta extensión o prolongación del mandato no sería posible si la ciudadanía venezolana, boliviana y ecuatoriana no avalara la permanencia de sus respectivos gobernantes. En todo ello el pueblo juega un papel crucial pues determina la persistencia o cancelación del modelo. Ni Chávez, Morales o Correa son dictadores pues se someten regularmente al escrutinio popular, es decir, permiten elecciones libres, las que son rigurosamente supervisadas por organismos internacionales como la OEA.

En Venezuela y Ecuador, por si fuera poco, existe el referéndum revocatorio. Esta novedosa figura permite que la población pueda destituir al presidente cuando lo desee. El ejercicio de dicha potestad adelanta el calendario electoral pues el dignatario revocado ya no puede seguir en el cargo hasta culminar su período. Hugo Chávez ya pasó por ese examen cuando la oposición convocó la consulta hace un par de años, de la cual salió victorioso. En las constituciones liberales de la región, sin embargo, el referéndum no ha sido incorporado, por lo que muchos ciudadanos sudamericanos tendrían, en comparación con los venezolanos y ecuatorianos, menores facultades y derechos. En la mayoría de países la revocación sólo procede para vacar autoridades municipales y regionales, pero no al presidente de la República o congresistas. Si por la vía del sufragio popular muchos llegan al poder, sería lógico que por esa vía también puedan ser expulsados.

Ahora bien, si la reelección es mal vista en muchos países de habla hispana se debe a que gobiernos de derecha como el de Alberto Fujimori abusaron sistemáticamente del poder. Cuando éste renunció cobardemente por fax desde Malasia se prohibió la postulación del presidente en funciones. Alan García, defensor del modelo neoliberal en el Perú, también ha coqueteado con la reelección[1] cuando la economía marchaba bien y no habían disturbios sociales. Lo mismo parecer ocurrir con Álvaro Uribe en Colombia pues apunta a un tercer mandato amparado en la popularidad que le dio la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes que estaban en manos de las FARC.

En el tercer acto Oppenheimer menciona que, una vez “aprobada la Constitución”, los presidentes socialistas “adelantan las elecciones” (para consolidar los cambios, suponemos). Esto, en principio, no tiene nada malo pues el nuevo orden necesita ser ratificado por el voto popular. Además adelantar la fecha de los comicios le ofrece una nueva oportunidad a la oposición para derrotar al oficialismo de turno. No vemos nada de pernicioso o malévolo en ese paso, y menos si lo autoriza la nueva Carta Magna. Oppenheimer debería recordar que el primer mandatario que plasmó lo que advierte en Chávez y compañía fue el reo Alberto Fujimori, un neoliberal. Muchos recordaran que el ex presidente peruano convocó elecciones para conformar el Congreso Constituyente después de dar un golpe atípico (cerró el Parlamento y controló el Poder Judicial el 5 de abril de 1992). Cuando Chávez rediseñó la Ley Fundamental se sometió a un proceso electoral; pero no así Fujimori, quien sólo permitió elecciones congresales un año después de gobernar de facto.

En el cuarto acto, Oppenheimer dice: “Una vez reelecto, (la consigna es) acusar a Estados Unidos, la Iglesia y la oligarquía de intentar un magnicidio, y usar ese pretexto para encarcelar a los líderes de oposición y cerrar medios de comunicación críticos, preparando el terreno para gobernar con una oposición simbólica y asumir poderes absolutos”. Esta afirmación se cae por su propio peso pues Estados Unidos tiene un amplio historial de intervenciones en la región. Basta recordar el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973; el caso Irán-Contra en Nicaragua, donde la Administración de Ronald Reagan tuvo tratos con carteles del narcotráfico; la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, operación orquestada por la CIA; los sucesivos intentos de asesinato contra Fidel Castro, por citar algunos. En el caso venezolano, Oppenheimer olvida que la oligarquía caraqueña ejecutó un fallido golpe de Estado en 2002. La clase dominante lo planeó con ayuda de algunos jefes militares y las televisoras Globovisión y RCTV (clausurada en 2007). Si Chávez hubiera querido apresar a las cabezas golpistas no hubiera permitido que dos importantes empresarios involucrados abandonen el país. Las citadas emisoras, por su parte, estuvieron detrás del complot porque hicieron llamados (a su audiencia) a respaldar el golpe, pero Chávez no tomó represalias inmediatas contra ellas. Nada hubiera impedido que las autoridades les quitaran las licencias por atentar contra la democracia; sin embargo Chávez las mantuvo en el aire. Los medios en Venezuela no sólo son “críticos” como lo quiere hacer ver Oppenheimer pues desde sus frecuencias han promovido delitos.

En cuanto al papel simbólico de la oposición en Venezuela, por mencionar el caso más conocido, no es culpa de Chávez que no tenga más participación porque sus dirigentes eligieron no presentarse a las elecciones para la Asamblea Nacional con el fin de sabotear el proceso. Si Chávez ha incrementado su poder se debe a la irresponsabilidad de dejarlo competir solo, de ahí que haya implementado una serie de cambios que intranquiliza a sus rivales (como restarles atribuciones a los alcaldes opositores creando gobernadores por encima de ellos).

Si la derecha tradicional no ha podido imponerse hasta ahora es porque no representa una alternativa a Chávez, Morales y Correa. En el pasado tuvieron su oportunidad y gobernaron bastante mal, la mayoría de veces contra el interés general. En estos momentos está demasiado desacreditada como para aspirar seriamente al poder. Su legado de ineficiencia, desigualdad y corrupción lastra severamente sus ambiciones políticas.

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[1] Lo sugirió Mauricio Mulder, secretario general del Apra.

Corrupción en Perú: conceden arresto domiciliario a Rómulo León

Corrupción en Perú: conceden arresto domiciliario a Rómulo León


Por César Reyna


Cuando muchos creían que la justicia peruana se estaba reformando, sobre todo tras la celebrada condena al ex presidente Alberto Fujimori y la celeridad con la que la Corte Suprema le imprimió al caso Panamericana Televisión, ésta ha dado nuevas muestras ineptitud y corrupción con la excarcelación de Rómulo León.

El cambio de la orden de detención por arresto domiciliario no sorprende porque el Poder Judicial siempre ha sido manipulado por los gobiernos de turno. Además el Apra tiene injerencia en dicha institución pues un gran porcentaje de jueces milita o simpatiza con el partido de la estrella. El más conocido de todos es el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, quien no hace mucho fue fotografiado en un acto partidario.

La medida dispuesta por la Tercera Sala Penal Especial responde a la necesidad ir limpiando a León de todos los cargos porque posee información que compromete a altas autoridades del Gobierno. Pese a que existe abundante evidencia en su contra (audios, correos electrónicos, etc.), el ex ministro de pesquería volverá a su domicilio porque el juzgado considera que “no hay peligro de fuga”. Si el destape del escándalo de los ‘petroaudios’ olía mal, esto huele mucho peor pues se suma la poca diligencia mostrada por el juez para resolver el caso.

Las conversaciones sostenidas en entre Alberto Quimper, ex abogado de Alan García y ex director de Perupetro, y Rómulo León Alegría, ocasionaron la primera crisis política en el Ejecutivo cuando salieron a la luz. En una de las grabaciones más difundidas estos turbios personajes discutían entre risas, carajeadas y bromas la forma de amañar una licitación pública vinculada a la concesión de lotes petroleros. Luego ambos fueron detenidos a finales de 2008 medio de duras críticas contra el Gabinete presidido por Jorque del Castillo, quien finalmente tuvo que renunciar.

El destape se produjo en octubre del año pasado y aún no se ha podido conocer el contenido del CPU de León, en el que debe haber almacenado valiosa información que ayude a determinar responsabilidades. Todos los indicios y presunciones del caso apuntan a las más altas jefaturas de gobierno pues León Alegría tenía acceso al despacho del ex premier Jorge del Castillo, a pesar de que el presidente García había objetado su ingreso a cualquier dependencia por temor al escándalo (su modus operandi era muy conocido).

León se desempeñaba como lobista de compañías que querían cerrar tratos con el Gobierno. Se valía de sus contactos en ministerios y otros organismos estatales para asegurar la contratación de las empresas que representaba. Su comisión no era nada despreciable si lograba que el Estado otorgara una o varias concesiones a grupos de dudosa reputación empresarial como el del dominicano Fortunato Canaán, interesado en construir hospitales sobrevalorados. León Alegría les garantizaba a sus patrocinados que sus relaciones con el poder pesaban más que las leyes y los procedimientos preestablecidos. Él les evitaba el engorroso trámite de precalificar o postular a procesos de licitación porque podía arreglar -por lo bajo- cualquier concurso.

Su actividad fue descubierta de manera irregular porque una agencia de seguridad interceptó sus teléfonos (vinculada a oficiales de la Marina de Guerra del Perú). La agencia en cuestión fue contratada por una compañía (Petrotech S.A.) que había perdido en concursos manipulados por Rómulo León.

Lo que León sabe es muy importante para la supervivencia de la Administración, de ahí que la Sala que estudia su expediente haya relajado las medidas precautorias. En su caso no debió proceder la excarcelación porque se puso a derecho varias semanas después de haber sido emitida la orden de captura en su contra. Su demora no sólo dilató la labor de la justicia, sino que en ese ínterin pudo destruir o esconder pruebas vitales para esclarecimiento de la causa.

El otorgamiento de esta cuestionada medida ha “coincidido” con el rechazo de la moción de censura contra el primer ministro Yehude Simon, la muerte de Michael Jackson y el asesinato de una popular cantante de folclor, tres sucesos que venían acaparando la atención pública nacional. León seguramente presionaba desde hace tiempo por su salida, pero las autoridades necesitaban varios acontecimientos mediáticos, a falta de una cortina de humo, para poder soltarlo.

Su semilibertad se veía venir ya que León mantiene vínculos con dirigentes de su partido, pero sobretodo porque conoce delitos que podrían convertirlo en colaborador eficaz de un eventual mega juicio contra importantes figuras del régimen. Lo que sabe pesa más que cualquier estrategia de defensa legal pues si habla puede acabar con la cúpula del aprismo. Muchos podrían ir la cárcel si León revelara la forma en que algunos líderes costean la educación de sus hijos o alquilan lujosos departamentos en París.

Mientras cierre la boca asegurará su inocencia para que otros sigan actuando con total impunidad.

Análisis del artículo de Alan García (segunda parte)

Análisis del artículo de Alan García: “A la fe de la inmensa mayoría” (segunda parte)

Por César Reyna

En el punto II García afirma que “el Perú escogió por 5 años un camino comprobado para el crecimiento, que fue de 9% en el 2007 y de 9.8 % en el 2008”. Su aseveración es cuestionable porque durante las elecciones que ganó en 2006 el país estaba tan o más polarizado que ahora. “Para que García triunfe”, según Raúl Wiener del diario ‘La Primera’, “fueron necesarios los votos de todos los partidos tradicionales, el apoyo de todos los medios de comunicación y de todo el poder del Estado (en contra de Ollanta Humala, naturalmente)”. García debe tener claro que fue elegido por descarte y no por convicción.

Las cifras que exhibe García sobre el crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza son ‘cocinadas’ por el INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informática) ya que cambió la metodología de cálculo del PBI. Destacados analistas, como Farid Matuk, ex jede del INEI, y Richard Webb, ex presidente del Banco Central de la República, consideran que los resultados fueron inflados en 2% para que el Gobierno presuma que somos el único país que crece en la región. La disminución de la pobreza, que el presidente cifra en 12% en tres años de gestión (pasó de 48% a 36%) corre con igual suerte al no haberse actualizado los componentes de la canasta básica alimentaria desde 1997. Esto impediría determinar el verdadero nivel de pobreza según diversos expertos. La metodología empleada por el INEI, basada en calcular la pobreza monetaria, es una de tantas para medir este fenómeno. Sin embargo, la forma de cálculo actual no refleja la real dimensión del problema porque la pobreza en el Perú es multidimencional, es decir, depende de muchas variables que la oficina de estadísticas no ha considerado en sus estudios. Así se desvirtúa cualquier logro del Gobierno aprista en esa materia ya que carecemos de parámetros adecuados para cuantificar y validar la reducción.

El presidente lamenta que los peruanos no crean en los resultados de su gestión. Según él las cosas marchan estupendamente bien y no hay motivos para tomar medidas radicales como bloquear carreteras, aeropuertos o puentes. Para García la ola de protestas es “obra” de conspiradores nacionales e internacionales que azuzan a una población manipulable. Las movilizaciones sociales no son legítimas para el presidente ya que niega que los comuneros tengan capacidad de organización. Todo lo malo viene de afuera y no guarda relación con sus propias limitaciones e incapacidades. Culpa al ‘antisistema’ de la polarización y la sensación de ingobernabilidad que difunden algunos medios cuando reportan la obstaculización con troncos y piedras de alguna vía terrestre. García no se siente responsable del clima de agitación política y social porque ha encontrado su chivo expiatorio en el ‘antisistema’ que encarnan tanto el nacionalismo de Ollanta Humala como el socialismo de Hugo Chávez.

Tras el fallido operativo en Bagua Chica García aprovechó la muerte de 24 efectivos para poner en marcha la tesis del complot internacional. Del total de bajas policiales, la mitad se produjeron en la fatídica Estación N° 6 de Petroperú. Los uniformados formaban parte de un contingente de 38 agentes que habían sido destacados a la planta y posteriormente secuestrados por cientos de nativos de la etnia awajun desde hace 5 semanas. El comando policial “desconocía” su situación al igual que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Áraoz, quien dijo este domingo en La República que “nunca supo que los policías de la estación petrolera Nº 6 eran rehenes”. La versión oficial no es creíble pues los operarios de Petroperú, quienes eran reemplazados cada semana, comunicaron oportunamente la captura de la estación petrolera.

Si las autoridades insisten en su versión podemos colegir que desean emular a los ‘halcones’ del Partido Republicano tras el atentando del 11-S. La estrategia del ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y del ex vicepresidente Dick Cheney de utilizar el ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono para incursionar militarmente en Iraq ha sido imitada por este Gobierno pues trató de capitalizar las muertes de Bagua, la Estación N° 6 y la ‘Curva del Diablo´ para victimizarse y arrinconar a los opositores del régimen. La sangre de los policías le ha servido a García para montar un burdo escenario de ‘guerra fría’ y descalificar a sus críticos. Ahora todo aquel que no comulga con su modelo es satanizado y acusado de sedicioso. Lo mismo hizo el repudiado George W. Bush en el Capitolio en 2002 cuando anunció la doctrina del ‘eje del mal’ y dividió al mundo entre los que “están con la democracia y la libertad”, o sea con él; y los que apuestan “por el fanatismo y la barbarie”, en alusión a varios movimientos y gobernantes musulmanes.

Sacar partida de un atentado o masacre ha permitido que gobiernos maquiavélicos consigan el respaldo de la opinión pública para alcanzar determinados objetivos políticos. Este fue el caso de la ilegal invasión de Iraq por parte de Estados Unidos, Reino Unido y España en 2003; y lo que intentó infructuosamente García pues la ciudadanía no se puso de su lado.

Si hubiera existido injerencia extranjera en la Amazonía, los nativos no se hubieran desmovilizado tras la derogación de los decretos que rechazaban ni los campesinos de Andahuaylas hubieran firmado actas de compromiso con el cuestionado Yehude Simon. Claro que detrás de algunas protestas hay revoltosos asociados con el Sutep y Patria Roja, enquistados en el magisterio estatal, pero su participación y capacidad de movilización es mínima porque no representan a nadie, salvo a un grupo de maestros descontentos con las medidas del Ejecutivo en materia educativa (con la selección de profesores). Estos grupos no tienen la fuerza ni el apoyo para impulsar un cambio de grandes proporciones, es decir, una revolución.

En el punto III de su ¿ensayo? el delirante García atribuye la baja calidad de la educación a “viejos dirigentes” que promueven huelgas y se oponen a la capacitación de la plana docente. Esto no es cierto pues Mercedes Cabanillas, principal responsable del fracasado operativo de Bagua, permitió el ingreso de miles de apristas al magisterio en su calidad de ministra de Educación en el primer quinquenio de García. Si hay que culpar a alguien de la debacle del sector es a la titular de la cartera de Interior porque sus compañeros de partido no estaban preparados para la enseñanza. Así se condenó al atraso a millones de peruanos ya que no recibieron una educación digna. Esto es sumamente grave porque incrementó la desigualdad, el principal problema del país.

Luego García menciona a “los sobrevivientes de la izquierda de los 70”, quienes están detrás de las movilizaciones pues “predicaban la violencia y llamaban hermanos a los senderistas (miembros de Sendero Luminoso)”. Pero esto lo hacía nada más y nada menos que su primer ministro Yehude Simon, quien militó en la izquierda radical y fue encarcelado por su cercanía al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru). Simon ha negado toda vinculación con grupos subversivos pero su pensamiento extremista ha sido registrado en medios escritos de la época (los 80).

En el punto IV García dice contar con el respaldo de la inmensa mayoría, pero el 54% de la población, según la encuestadora Apoyo, no está contenta con el modelo económico. La gente demanda cambios urgentes pues la creación se empleo se ha estancado. Si las cosas marchan tan bien en el país, ¿por qué el Estado tuvo que implementar un paquete de inversiones en infraestructura a última hora? Desde que empezó la crisis económica mundial, a finales de 2007, varios funcionarios aseguraron que estábamos “blindados”, pero luego cambiaron de parecer y aprobaron un ‘plan anticrisis’ para compensar la caída de las exportaciones, la inversión privada y la demanda interna.

En cuanto al empleo, este no está garantizado como piensa García pues es tremendamente precario e informal. La inestabilidad es lo que caracteriza a la Población Económicamente Activa (PEA) pues inclusive dentro del Estado existe personal que no tiene derechos elementales (emiten recibos por honorarios cuando en realidad están sujetos a las órdenes de sus superiores y tienen que cumplir con un horario de trabajo). Sólo una minoría tiene acceso a la seguridad social, compensación por tiempos de servicios, vacaciones pagadas y está protegida contra el despido arbitrario. García ve una realidad muy distinta a la que padecen millones peruanos.

La muerte de 24 policías, señor García, se debió a la mala planificación y ejecución del operativo por parte de los responsables políticos y del comando policial, respectivamente. Quienes condenaron a muerte a 12 uniformados que custodiaban la Estación N° 6 fueron los miembros del Gabinete y el presidente de la República porque autorizaron el desalojo sabiendo que un destacamento había sido retenido. Ningún funcionario puede decir que desconocía su paradero o condición pues fueron enviados a resguardar un activo estratégico que permite el suministro de petróleo en el oriente. La falta de inteligencia, impericia y previsión causaron el desastre que todos conocemos. Entonces, al permitir el desalojo de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry se puso en peligro la vida de los efectivos secuestrados, pues debieron ser liberados antes de disparar y arrojar bombas lacrimógenas sobre miles de amazónicos enfurecidos.

Análisis del artículo de Alan García

Análisis del artículo de Alan García: “A la fe de la inmensa mayoría” (primera parte)

Por César Reyna


El presidente Alan García acaba de publicar un artículo titulado “A la fe de la inmensa mayoría” para comentar la dramática situación que vive en el país. La difusión de sus apreciaciones corrió a cargo del derechista diario ‘Expreso’, que, como casi todos recordaran, fue parte del aparato de propaganda y desinformación del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). La selección de ese medio no debe pasar inadvertida ya que en octubre 2007 García recurrió al diario ‘El Comercio’, el decano de la prensa nacional, para transmitir su mensaje a favor de la inversión privada en los controvertidos artículos de ‘El síndrome del perro del hortelano’. Esta vez García no publicó en las páginas de ‘El Comercio’ porque sus editores criticaron la falta de diálogo del Ejecutivo en el manejo el conflicto de la Amazonía. Tampoco le debió caer bien que desde ese medio se pidiera la destitución del premier Yehude Simon y de la ministra del Interior, responsables de la muerte de 34 peruanos, entre policías y civiles.

Resulta contradictorio que García se dirija a la “inmensa mayoría” desde un periódico minoritario ya que sólo lo leen los sectores más conservadores de la población. Antes de escoger a ‘Expreso’ el mandatario debió tener en cuenta que no tiene gran tiraje y no cubre todo el territorio nacional. Y, por si fuera poco, carece de credibilidad para la “inmensa mayoría” por haber servido a los intereses de la autocracia fujimontesinista. La selección de ese diario no nos parece antojadiza toda vez que sus directores comulgan con el modelo neoliberal que defiende tenazmente García.

Ahora bien, dejando de lado los criterios que consideró García para publicar en ‘Expreso’, debemos concentrarnos en el análisis del último pronunciamiento del presidencial, el cual, al igual que los comunicados anteriores, no está exento de polémica.

El presidente articulista retoma en “A la fe de la inmensa mayoría” la misma retórica de los discursos anteriores. No hay autocrítica ni afán de enmienda pues durante la mayor parte se dedica a advertir una serie de peligros que penden sobre nuestra democracia. Si el presidente pretende infundir miedo puede que lo logre, pero no en la ciudadanía que desconfía de los políticos en general y lo culpa de las innecesarias muertes en la selva (según las encuestas de CPI y Apoyo); sino en los inversionistas extranjeros que pueden llegar a creer que hemos vuelto a ser tan inestables como en el primer período de García (1985-1990). Si el jefe de Estado continúa promoviendo la tesis de la amenaza golpista (chavista) es posible que muchos capitalistas reconsideren sus proyectos de inversión en el país. Culpar a agitadores internacionales de las revueltas del interior es una espada de doble filo pues si por un lado busca la unidad (de la clase política, medios de comunicación y organismos civiles) en contra el socialismo del siglo XXI; por otro puede estar deteriorando la imagen del Perú a nivel internacional.

Los complots no son bien vistos en el exterior porque incrementan el riesgo país y contraen los flujos de divisas. Si García defiende la tesis de que sólo la inversión privada puede desarrollarnos poco ayudan sus palabras para captar capitales en momentos de gran turbulencia internacional. García debería moderar sus expresiones antes de difundirlas porque lo que dice repercute -para bien o para mal- en el ánimo de la población y los agentes económicos. Un poco de mesura sería positivo en el actual contexto ya que su gestión ha sido duramente desaprobada en dos importantes sondeos de opinión (más del 80% reprueba su gestión y el 57% lo responsabiliza de las muertes en Bagua).

García comienza su artículo señalando la existencia de dos fuerzas antagónicas que pugnan por el control de la región. En el 2006, según él, estuvimos “a punto de caer bajo en el sendero equivocado que conduce a la pobreza y la crisis”, que es precisamente lo que caracteriza a su segundo Gobierno porque la desigualdad se ha incrementado notablemente asi como los conflictos sociales (muchos de ellos ligados al medio ambiente y a promesas estatales incumplidas). El presidente se considera “salvador de la patria”, al igual que los orgullosos golpistas hondureños, por haber derrotado al candidato nacionalista Ollanta Humala, a quien superó un escaso margen de 4%. Por evitar que se instituyera el modelo socialista, en el que su partido político estaba inscrito, confirma la ruptura del Apra con los movimientos de izquierda. A partir del 2006, o tal vez durante su exilo dorado en París, el presidente dejó de creer en la justicia social, el estado de bienestar y las políticas inclusivas.

García ahora ve un mundo bipolar que más que fruto de la realidad lo es de su propia imaginación. Esta visión o alucinación es compartida por el escritor Mario Vargas Llosa, quien considera que hubo intromisión extranjera en las protestas de la Amazonía. Vargas Llosa es una de las personalidades menos indicadas para opinar sobre la realidad nacional porque jamás comprendió al Perú. Es buen fabulador y un narrador nato, pero eso no alcanza ni sirve para entender los procesos sociales de un país. Si los hubiera entendido en su oportunidad quizá hubiera sido presidente del Perú y no el reo Alberto Fujimori.

El primer mandatario y el literato hispano-peruano escribieron sendos artículos este fin de semana en distintos medios (Vargas Llosa lo hizo en ‘El Comercio’). Ambos piensan de manera similar en lo que al papel de la inversión privada se refiere pues consideran que es clave para el desarrollo. El laureado novelista afirma, al igual que García en fechas anteriores, que los nativos se opusieron a decretos que “estaban bien orientados en el fondo”. Su afirmación nos hace pensar que no leyó las normas en cuestión, ya derogadas por el Congreso, porque la Defensoría del Pueblo y otras instituciones respetables se pronunciaron en contra de sus contenidos.

En cuanto a la inversión privada es preciso mencionar que ésta no genera necesariamente desarrollo porque su único propósito es maximizar las ganancias. El capital, entiéndalo bien señores García y Vargas Llosa, no es bueno per se. Y no lo es porque no persigue los mismos fines del Estado ni tiene la misión de crear mejores empleos en las naciones que lo cobijan. La mayoría empresas, a no ser que sean estatales, no coinciden con los intereses generales porque lo que persiguen es el beneficio de sus inversionistas, accionistas y directores. Si produce cierto bienestar en una comunidad es marginal pues su fin es incrementar la utilidad a repartir. Por eso las compañías reducen costos constantemente, lo que afecta a las planillas y a las organizaciones sindicales, ya que trasladan sus operaciones a regiones donde el factor trabajo es mucho más barato. Si China y otros países del Lejano Oriente se han convertido en potencias manufactureras es por la ambición de las trasnacionales de ganar más abaratando el proceso productivo. Esto ha generado desempleo a escala global, sobre todo en zonas donde se cierran plantas industriales. En las regiones donde finalmente se instalan las condiciones de trabajo no son mejores ya que pagan salarios miserables y la “regulación estatal” les permite ahorros importantes en materia ambiental, de seguridad y de salubridad.

En otra parte de su escrito, García compara al chavismo con la dominación de la corona española en América. El presidente dijo que el Perú “es un centro vital para los hechos continentales”. Es decir, es una pieza clave para decidir el destino geopolítico de Sudamérica. García recurre a esa semejanza para alertarnos del peligro extremista que nos acecha. En este caso no se refirió directamente a Venezuela y su gobernante pero no hizo falta. Pero Chávez y su país distan de ser comparados con una potencia colonial porque no usaron las armas para llegar al poder, sino canales estrictamente democráticos. Nadie puede objetar sus victorias electorales, aunque sí sus métodos y su persecución contra opositores y medios de comunicación hostiles.

En el punto II, García dijo que “el Perú ganó la batalla pero la guerra (contra el antisistema) continúa”. Esto merece una aclaración porque el denominado ‘antisistema’ aspira a transformar la sociedad de manera democrática y no me mediante un golpe de Estado como el ocurrido en Honduras. Así ganó Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, por citar tres ejemplos. La derecha, y no la izquierda, es la que apela a la ruptura constitucional cuando las cosas comienzan a tomar un rumbo ajeno a sus intereses. Si la mayoría de un país desea regirse bajo parámetros socialistas no hay por qué impedírselo porque se supone que el pueblo es soberano para elegir su destino. Lo verdaderamente antidemocrático es tratar de obstaculizar esa legítima aspiración pues se opone al sentir popular. Si gran parte de la ciudadanía considera que sus demandas pueden ser mejor atendidas y canalizadas por otros actores políticos es porque los actuales gobernantes no han cumplido su labor.

Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas

Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas (primera parte)

Las respuestas del premier y la encargada de la cartera del Interior dejan mucho que desear pues no han asumido su responsabilidad en los luctuosos hechos de Bagua donde fallecieron 35 peruanos, entre policías y nativos.
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Por César Reyna

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, afirmó delante de la representación nacional que el desalojo de carreteras fue una decisión del Gabinete; sin embargo, un par de días después de la masacre en la Amazonía, la ex ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso[1], dijo que en el último Consejo de Ministros que participó, previo al operativo policial, no se discutió la intervención aludida por el premier. La versión ofrecida por Simon no se ajusta a la verdad pues no hubo reunión de Gabinete en la que se autorizara el despeje de la carretera Fernando Belaunde Terry, donde miles de indígenas se enfrentaron a decenas de efectivos cuyo trágico saldo todos conocemos.

Esto nos confirma que la operación en Bagua fue obra exclusiva del presidente Alan García y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ya que el primer ministro Yehude Simon no fue capaz determinar quién fue la autoridad de más alto rango que dio la orden de desbloquear la vía Bagua-Tarapoto, única pregunta que debía contestar en el Pleno sobre la espinosa materia.

Para diluir su responsabilidad dijo que “todos somos responsables (de lo ocurrido en la selva)”, en clara alusión a la clase política que pedía su renuncia. Con sus expresiones Simon Munaro mete dentro del mismo saco al Ejecutivo, a la oposición, a gobiernos anteriores y a todos los ciudadanos por desconocer “la deuda histórica con la Amazonía”. Cuando inició su presentación evitó individualizar a los responsables del desencuentro entre peruanos, aunque luego mencionó que grupos radicales -que se oponen al modelo democrático y al progreso del país- están detrás de las acciones desestabilizadoras en el oriente y sur peruanos.

Después de la primera intervención de Yehude Simon (participó en la sesión un par de veces más para responder las inquietudes de los congresistas de oposición), le tocó el turno a la ministra Mercedes Cabanillas, quien ratificó la tesis del jefe del Gabinete al señalar que “radicales financiados desde el exterior buscan implantar un modelo de caos y anarquía”. Luego justificó la fallida acción policial mencionando un par de artículos de la Constitución que señalan los deberes de los ministros y la Policía, “encargada de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana”.

Las contradicciones que evidenció la Cabanillas en otras oportunidades volvieron a repetirse en el Congreso, donde fue interpelada por el mismo suceso que motivó la presencia del primer ministro. La Cabanillas dijo que el Gobierno cumplió con el mandato constitucional de recuperar las vías bloqueadas para aliviar a las poblaciones afectas por las medidas de los nativos. Según ella, el desabastecimiento de combustibles y alimentos que llevaba 55 días fue la causa principal de la actuación de las fuerzas del orden. Esto desmentiría al propio Yehude Simon[2], quien tres semanas atrás reveló que la intervención se realizó porque los indígenas iban a dejar sin petróleo y gas al país. Entre la escasez de productos básicos en ciudades amazónicas y la falta de carburante a nivel nacional hay mucha diferencia.

Otra falacia del premier, de las tantas que dijo ayer en el hemiciclo, está relacionada con la supuesta “inmolación” de los policías retenidos en la Estación N° 6 de Petroperú. Sobre este punto aseveró que los uniformados “no cayeron en el juego de los desestabilizadores que buscaban que el Gobierno cometiera un genocidio… y entregaron sus vidas por la democracia”. Esto último es inexacto porque los custodios de la planta de bombeo fueron sorprendidos con el desalojo que inició el comando policial en la ‘Curva del Diablo’. Si éstos permitieron que los nativos awajun tomaran sus fusiles AKM fue porque confiaban en que no pasaría nada. Lo que queda claro es que los policías detenidos no dispararon sus armas para no ser procesados por delitos de lesa humanidad; y no porque hayan querido convertirse en mártires.

Durante la segunda participación de la ministra Cabanillas, la funcionaria mencionó que las Fuerzas Armadas iban a proteger la Estación N° 6, pero no explicó porque no se produjo el relevo de las Fuerzas Policiales. La gran es falla del operativo en Bagua es haberla ordenado mientras 38 efectivos permanecían secuestrados en dicha estación. La acción no debió efectuarse en esas condiciones pues las autoridades y el Comando General de la Policía abandonaron a su suerte a ese desventurado contingente. En este caso, el sentido común manda averiguar en qué situación se encontraba el destacamento que vigilaba la estación de Petroperú antes de liberar la convulsionada vía terrestre. Al no interesarse por su seguridad, el Gobierno pone de manifiesto que deseaba sus muertes para victimizarse y culpar a los indígenas de la violencia desatada en la Amazonía. De esa forma pretendían postergar indefinidamente sus demandas acusándolos de genocidas y salvajes, tal y como se reflejó en un spot producido por del Ministerio del Interior.

El Ejecutivo apeló una vez más a la amenaza externa para acallar las críticas que provienen de diversos sectores de la sociedad civil. Así trata de conseguir el respaldo de algunos medios independientes y grupos políticos para que los últimos dos años que le quedan no estén marcados por la inestabilidad. El principal objetivo del presidente García, como se dijo en otros artículos, es mejorar su imagen ante la ciudadanía. García cree que si mantienen el mismo rumbo (de crecimiento sostenido, atracción de capitales y reducción de la pobreza) podrá revertir los desajustes que hizo en su primer gobierno. De momento sólo le interesa cambiar la percepción de los peruanos que lo padecieron cuando era más joven e irreflexivo, ya que no puede postular en las próximas elecciones. Forjar la unidad nacional en un momento álgido para el país en base a mentiras y exageraciones no dará resultado pues los peligros que intenta magnificar no son creíbles. Sólo la periodista Cecilia Valenzuela, el director del diario ‘Correo’ y el entrevistador Jaime de Althaus acogen la teoría conspirativa porque forman parte del aparato de propaganda del Gobierno.

En otra parte de la sesión, la ministra Cabanillas esquivó su responsabilidad política y aseguró que “en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales, fue el director general de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, quien dispuso la intervención policial para desbloquear la carretera Fernando Belaunde”. Para ella dicha orden fue una mera formalidad ya que no se determinó la fecha del operativo, dado que la misma correspondía definirla al Comando General de la Policía de la zona de operaciones.

En otro momento de la interpelación, el premier dijo que el Gobierno “no acepta la violencia como método para exigir demandas”; pero eso es justamente lo que hizo hace poco en la selva pues toleró la toma de carreteras –durante 20 horas al día- hasta que se derogaran los decretos que rechazaban los amazónicos. Este hecho fue duramente cuestionado por miembros de la bancada de Unidad Nacional pues consideran que el Ejecutivo ha claudicado ante los radicales. Para esta agrupación se ha perdido el ‘principio de autoridad’, que para la derecha significa el miedo que debe infundir el Estado a las poblaciones que cuestionan las cosas, es decir, el orden o status quo. El quiebre de este principio le causa mucho temor a los conservadores y a la clase adinerada en general porque era -o es- su “garantía” contra las turbas enajenadas que reclaman más atención y/o derechos.

Durante las respuestas que daba el premier sobre los sucesos en Bagua, señaló que el bloqueo de carreteras es un delito y lo equiparó a una táctica de guerra convencional, pues entraña violencia contra las ciudades, repitiendo el mismo argumento que esgrimió un par de días atrás Aldo Mariátegui en el racista diario ‘Correo’.

Lo que más nos sorprendió durante la accidentada jornada en el hemiciclo fue el total desconocimiento de la realidad por parte del primer ministro ya que es increíble que asegure haber “resuelto el problema de la Amazonía optando por la vida”, es decir, por la vía de la concesión y el diálogo con las comunidades, en lugar de la represión. Yehude Simon no puede estar más distanciado de lo que pasa en el país pues los nativos sólo han pactado una tregua. Los pueblos amazónicos sólo se han desmovilizado porque dos de los nueve decretos que rechazan han sido derogados; pero su lucha seguirá si el Gobierno incumple los acuerdos que se tomen en la Mesa de Diálogo que también integran la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

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[1] Recordemos que ella renunció, a pesar de no ser responsable directa de lo sucedido, por una cuestión de principios y por desacuerdos con funcionarios que realizaban actividades partidarias dentro de su cartera en lugar de cumplir con sus obligaciones (nos estamos refiriendo al jefe del Indepa, Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos).

[2] Fue durante una entrevista que concedió a la periodista Mariela Balbi del diario El Comercio.

Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Cuando un Gobierno se siente acorralado por las demandas sociales suele inventar excusas o crear falsas amenazas para ocultar su incapacidad.
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Por César Reyna

Después de que el Ejecutivo llegara a un entendimiento con los representantes de los pueblos nativos, congresistas del Partido Aprista dijeron que habría más protestas y que detrás estarían grupos radicales que buscan el derrocamiento del presidente Alan García. Los personajes que respaldan esa apócrifa versión de los hechos son Mauricio Mulder, parlamentario y secretario general del Apra, y Luis Giampietri, también congresista y vicepresidente de la república. Ellos se han encargado de difundir y dar detalles sobre la supuesta asonada golpista que se prepara en el interior del país. Mulder advirtió que algunas agrupaciones vinculadas al Partido Nacionalista se están preparando para “tomar el poder”. El objetivo sería repetir el accidentado proceso que consiguió la destitución de los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia y Jamil Mahuad en Ecuador.

La posibilidad de un golpe popular de esas magnitudes no es real por diferentes factores. Uno de ellos sería, como se dijo en artículos anteriores, la peculiar composición demográfica o sociocultural del Perú. A diferencia de nuestros vecinos sudamericanos, las comunidades altoandinas y amazónicas representan un tercio de la población total. La situación es distinta en Bolivia y Ecuador pues esos grupos representan un porcentaje significativamente mayor (cerca de un 45% en Ecuador y más de 60% en Bolivia). Además hay que tener en cuentan que en esos países los indígenas se encuentran mejor organizados, lo que les permite realizar movilizaciones a nivel nacional. Esto no sucede en el Perú pues las medidas de fuerza de las comunidades se circunscriben al ámbito local o regional, y la única manera que en que pueden afectar otras partes del territorio es cuando bloquean grandes vías interprovinciales. La fuerza del movimiento andino o selvático no tiene la repercusión que se le pretende adjudicar. El que las protestas sean focalizadas nos indica que carecen de articulación suficiente para cercar las principales ciudades. Ni con el dinero del mandatario venezolano Hugo Chávez se podría construir una base social (masa violentista) de grandes proporciones porque el Perú está bastante desintegrado.

Nadie niega que eso pueda ocurrir en algún momento pero no será en un futuro inmediato. Si bien no lo podemos descartar -porque no sabemos cuáles serán las condiciones del país en los próximos años-, al menos sí podemos afirmar, dadas las actuales circunstancias sociopolíticas, que no hay fundamentos para que se produzca la ruptura del orden constitucional por esa vía.

Cuando el Gobierno dice que hay conspiraciones internacionales en marcha lo hace para ocultar las causas que desencadenaron las movilizaciones en Bagua, Andahuaylas, Sicuani o La Oroya. Todos estos problemas son atribuibles al Partido Aprista porque, o no atendió a tiempo los reclamos de las poblaciones descontentas (como en el caso de la Amazonía), o incumplió sus promesas pre y postelectorales. En la selva, por ejemplo, los nativos exigían la consulta previa cuando una norma o disposición administrativa afecte sus territorios y su modo de vida (hecho que los gobiernos de turno venían desconociendo desde 1993 cuando se ratificó el Convenio Nro. 169 de la OIT). En cuanto a los desmanes en la ciudad de Andahuaylas, paralizada desde el 11 de junio, estos se produjeron porque el presidente García había prometido asfaltar la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay (la demora en la rehabilitación se debe a que no se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental). En Sicuani, pobladores de la provincia de Canchis (Cusco) piden la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la que tampoco se les había consultado, y la paralización de las obras de la hidroeléctrica de Salca-Pucará, un proyecto a cargo del Ejecutivo. En estos dos últimos casos las autoridades pretendieron culpar a los gobiernos regionales de la falta de diálogo y los retrasos para evitar su responsabilidad.

Lo de la fundición de La Oroya se veía venir pues el accionista mayoritario de Doe Run, el Grupo Renco, se negaba a invertir en la empresa y cumplir con el PAMA (Programa de Manejo Ambiental). En juego están más de tres mil puestos de trabajo y la economía de la sierra central que depende de la minería. Los obreros del complejo metalúrgico tomaron la Carretera Central para que el Gobierno tome cartas en el asunto. Lo que demandan es una solución definitiva que asegure sus empleos y la viabilidad de la fundición. Pero la Administración de García no quiere intervenir (asumir el control), como sí lo hizo por un día en Panamericana Televisión, para no ser demanda en cortes internacionales. El bloqueo de la carretera lleva dos días y está causando el desabastecimiento en la región central.

A Mulder y Giampietri se ha unido la periodista Cecilia Valenzuela, quien forma parte del aparato de propaganda del Gobierno. Esta comunicadora tiene la misión de corroborar las denuncias de los congresistas del Apra. Para este fin ha realizado investigaciones para descubrir a los presuntos conspiradores y sus planes. Ayer se presentó en la ‘Hora N’, programa televisivo que conduce Jaime de Althaus[1], otro hombre de prensa de discutida credibilidad. Valenzuela se explayó a sus anchas para decir que había “identificado” a los promotores de la violencia que sacude a varias regiones del país. Ella acusó directamente a un movimiento llamado “MIR Venceremos”, vinculado al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru); a Patria Roja, relacionado con el sindicato de profesores estatales; y a la facción más radical del Partido Nacionalista de Ollanta Humala, es decir, al ‘etnocacerismo’ que lideró Antauro Humala, hoy en prisión por haber capturado una comisaría en Andahuaylas. También mencionó que miembros de las FARC asesoraban a los desestabilizadores y que se éstos se proponían cercar la capital en setiembre. La Valenzuela defiende la tesis del presidente García de que los nativos fueron manipulados. Durante la entrevista confirmó que Hugo Chávez financiaba a los revoltosos y que Evo Morales les proporcionaba apoyo y refugio político.

A la Valenzuela no se le puede tomar en serio –por eso ningún medio serio difunde sus investigaciones- porque no realiza un periodismo crítico ni independiente. Su cercanía al poder la convierte en caja de resonancia de las más disparatadas teorías del Gobierno.

Las afirmaciones anteriormente reseñadas se difundieron a pocos días de la interpelación al primer ministro Yehude Simon por los lamentables sucesos en Bagua. Si algo nos ha enseñado la historia es que no hay casualidades en política, de ahí que García busque la unidad, destapando una supuesta injerencia extranjera, en momentos en que sus acciones van a ser cuestionadas en el Parlamento. Porque la censura al premier es también una censura al presidente por no saber manejar una crisis. Sus marchas y contramarchas han afectado sus índices de popularidad pues apenas un quinto de la población lo respalda, así lo revela la última encuesta de Ipssos-Apoyo.

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[1] De Althaus es un lobista encargado de promover la inversión privada y defender el modelo neoliberal, de ahí su sesgo y parcialización. Hace dos semanas, en una emisión pasada, trató de callar maleducadamente a una experta que deshizo todos los argumentos a favor de los decretos antiamazónicos.

Crisis política en Perú: encuesta de Apoyo, violencia en el sur, el conflicto en la Amazonía y elecciones en 2011

Crisis política en Perú: encuesta de Apoyo, violencia en el sur, el conflicto en la Amazonía y elecciones en 2011

Por César Reyna


La última encuesta urbana de Ipssos-Apoyo presenta datos interesantes pues el 53% de los entrevistados respalda la derogatoria de los decretos 1090 y 1063, cuya vigencia desencadenaron terribles enfrentamientos en la Amazonía (si la muestra hubiera incluido zonas rurales y selváticas el porcentaje seguramente hubiera sido mayor). Esto revela que la población, contrario a lo que pensaba el Gobierno, se solidariza con las demandas de las comunidades nativas. El Ejecutivo ha salido más que magullado en el sondeo pues la ciudadanía considera que el presidente García es el principal responsable de la crisis desatada en la selva. El mandatario concentra la mayor condena con un contundente 84%, y su bancada no la pasa mejor pues el 82% desaprueba su participación en el conflicto. Por si fuera poco, un 57% encuentra culpable a García de la muerte de 34 personas, entre policías y nativos.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, también del Apra, es cuestionada por el 77% de los encuestados, catorce puntos más de los que reprueban al premier Yehude Simon, quien es menos repudiado que García y Cabanillas al recibir un 63%.

La popularidad del líder aprista ha caído 9% (de 30% a 21%) a raíz de los sucesos de Bagua, su nivel más bajo desde el escándalo de los ‘pretroaudios’, que provocó la salida del ex primer ministro Jorge del Castillo. Las cifras nos señalan que la estrategia de comunicación del Gobierno ha sido derrotada, y más si tomamos en cuenta que el 63% piensa que murieron más indígenas que efectivos policiales, cuando en realidad las bajas policiales duplican a la de los civiles.

La aprobación del primer mandatario continuará en caída libre mientras la población piense que no se ha recuperado el orden. Si bien las cosas se han calmado en la selva (la carretera Tarapoto-Yurimaguas ha sido desbloqueada por los manifestantes y el Gobierno ha levantando el toque de queda en Bagua), en el sur del país han surgido nuevos brotes de violencia en Andahuaylas (Apurímac), Sicuani (Cusco) y La Oroya (Cerro de Pasco). Los desmanes, las paralizaciones e irrupciones del tránsito están afectando gravemente el turismo y el comercio. Las cancelaciones de paquetes turísticos y reservas hoteleras están a la orden del día. De continuar la obstrucción de las vías terrestres los precios de los alimentos y otros productos subirán considerablemente en las ciudades costeñas. La inflación y la escasez no sólo son enemigas de los consumidores, sino de los gobiernos de turno pues generan desconcierto, movilizaciones e inestabilidad.

La proliferación de protestas se debe a las deficiencias del Estado para anticipar y atender las demandas de las poblaciones del interior. En la ciudad Andahuaylas, ubicada en la región más pobre del Perú, los campesinos exigen la rehabilitación de la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay y piden la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, también rechazada por los nativos de la selva. En Sicuani, campesinos de la provincia de Canchis han cercado el Cusco y estuvieron a punto de tomar el aeropuerto Velasco Astete, custodiado por tropas del Ejército. Los hombres del campo exigen la presencia del premier Yehude Simon para dialogar sobre la Ley de Recursos Hídricos, las concesiones mineras y la construcción de la hidroeléctrica Salca-Pucará. En estos reclamos se ha detectado a grupos radicales -Sutep, Patria Roja, reservistas vinculados a Antauro Humala, hermano del candidato nacionalista Ollanta Humala, etc.- que piden la vacancia del presidente, una nueva Constitución, entre otras demandas radicales. En La Oroya la situación es tan o más crítica pues trabajadores de la fundición de Doe Run han bloqueado la Carretera Central, en protesta porque la empresa no cumple sus promesas y el Estado no hace nada para ponerla en su lugar (debe cumplir su Programa de Manejo Ambiental).

Volviendo al análisis de la encuesta de Ipssos-Apoyo, hay que destacar varias cosas pues la población prefiere el diálogo a la represión uniformada. Eso explica por qué el primer ministro Yehude Simon, quien está a punto de ser censurado por el Congreso, sale mejor parado que García y la ministra Cabanillas, partidarios de imponer orden a toda costa. La desaprobación de 63% del premier no es nada halagüeña para él, pero indica que su posición conciliadora tiene muchos más adeptos de lo que estimaba el presidente. El mensaje de la ciudadanía parece ser que ceder no es malo si evita muertes y no compromete la imagen del país. Los peruanos quieren vivir en paz, pero no a cualquier precio, ya que la tensión social ahuyenta la confianza y las inversiones. Por eso exigen que el Gobierno negocie antes de emplear la fuerza en contra de civiles. Un gran sector del electorado considera que García ha afectado nuestra imagen en el exterior por el alto saldo de vidas perdidas en la Amazonía. De ahí que éste encabece la lista de culpables por su pésimo manejo de la crisis amazónica.

El conflicto en la Amazonía no solo marca un punto de quiebre en la manera en que se gestionará asuntos similares, sino que determinará el clima electoral. Según Alfredo Torres, director de Ipssos-Apoyo, “ningún opositor pudo capitalizar la molestia con el Gobierno por conflicto en la Amazonía”. Y pronostica que “el escenario de conflictos sociales que afronta el país podría hacer surgir la figura de un ‘outsider’”. Su apreciación nos sugiere dos cosas: 1) que ni siquiera Keiko Fujimori, cuyo padre fue muy popular en la selva, sacó réditos importantes pues su popularidad apenas subió de 19% a 22% en la muestra (su crecimiento se debe básicamente al declive de otras figuras de la derecha como el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y de la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano. Castañeda empata con Ollanta Humala en el segundo lugar de las preferencias, ambos con 15%).

En cuanto al punto dos, la aparición o el deseo de que aparezca un ‘outsider’ –un actor político no contaminado por el sistema- cobra fuerza pues hay un vacío de liderazgo (el electorado considera que la clase política no lo representa). Los peruanos -los seres humanos en general- necesitan creer en algo o en alguien, por eso reclaman un ‘outsider’ que plantee metas comunes y les devuelva la confianza en sí mismos. La falta de propósito, rumbo o destino es lo que se necesita recuperar para darle viabilidad al proyecto que somos de país.

El padre Marco Arana bien podía aprovechar el descontento con el sistema económico (un 54% considera que deben hacerse reformas) y con la manera en que el Ejecutivo viene “resolviendo” las cosas pues tiene experiencia en el diálogo con las comunidades, a las que ha organizado para que puedan defender sus derechos.

Finalmente, el liderazgo de la congresista de Alianza para el Futuro, Keiko Fujimori, se debe a que la población, según Torres, “añora la idea de orden que se tenía de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, distinto a la percepción actual sobre el manejo que le da el Gobierno a las protestas”. Sobre esto conviene realizar algunas precisiones pues el “orden” que hubo durante el fujimorato fue precario e ilegal ya que el ex presidente y reo en cárcel clausuró el Parlamento, restringió libertades ciudadanas y persiguió a sus opositores. El “orden” fue aparente porque los medios de comunicación, comprados con el dinero sucio de Vladimiro Montesinos, transmitían la sensación de que las cosas andaban bien en el país. La tranquilidad era ficticia pues los grandes problemas del Perú seguían sin resolverse. Tampoco hay que olvidar que para garantizar el “orden” el régimen formó comandos de aniquilamiento que asesinaron a dirigentes sindicales[1], periodistas y políticos, y otros tuvieron que exiliarse. Fujimori y su socio político son responsables de la debilidad de nuestro sistema de partidos pues instituyeron una forma de gobernar alejada de la formalidad donde ‘todo vale’ para preservar el poder.

Para apaciguar a la Amazonía, por ejemplo, Fujimori concedió generosas exoneraciones tributarias que no existen en otras regiones. Así, los selváticos no pagan Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto a la Renta (IR) ni el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC, que grava principalmente a los combustibles). Las exoneraciones incluyen a los inversionistas que reinviertan sus utilidades en la zona (no pagan Impuesto a la Renta). De ahí que no sea difícil comprender por qué Keiko Fujimori cuenta con respaldo en la selva.

Keiko Fujimori no restablecería el orden como su padre -tras el nefasto primer Gobierno de García (1985-1990)- porque no tiene un Vladimiro Montesinos a su lado dispuesto a ensuciarse las manos ni goza de la simpatía de la mayoría de peruanos. Su 22% es fruto de los reacomodos del electorado de derecha que busca desesperadamente un candidato que defienda al sistema del peligro que representa Ollanta Humala.

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[1] Fue el caso de Pedro Huilca Tecse, presidente de la CGTP, la central de trabajadores más importante del país.