El oficialismo volvió a sacar la histórica ‘escopeta de dos cañones’ con la que suele actuar. Esta vez mostró su cinismo o hipocresía al rechazar una polémica iniciativa contra los medios de comunicación cuya deplorable autoría proviene de Palacio de Gobierno
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Por César Reyna
Nunca es tarde para rectificar o enmendar el rumbo, pero está burda maniobra del Apra ya había sido calculada por el presidente de la República para aparecer como defensor de las libertades de prensa y expresión. A pesar de que el líder aprista es autor intelectual del anteproyecto presentado por el congresista José Vargas, declaró ayer que su Gobierno “siempre respetará la libertad de opinión”, en referencia al debate suscitado a raíz del proyecto de ley de rectificación en los medios de comunicación.
A estas alturas nadie cree lo que dice García aun cuando se haya echado para atrás para autoproclamarse como adalid de la democracia y de las libertades fundamentales. Horas antes, el premier Javier Velásquez Quesquén había afirmado de manera enfática que “el Gobierno no ha presentado la iniciativa”, la cual consideró absolutamente “innecesaria e inoportuna”.
La normativa vigente basta para regular las faltas y delitos que comenten los medios y los periodistas; sin embargo, la legisladora y ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, insistió en debatir la propuesta de su colega de bancada en la Comisión de Constitución, y trasladarla, cuanto antes, al pleno. Su proyecto establece que el derecho a la rectificación de la persona que se considere afectada por la divulgación de una información se debe satisfacer al tercer día de presentada la solicitud al medio presuntamente infractor, y ya no en el décimo.
También contempla que los medios de comunicación social, incluidos los digitales, pueden ser declarados como “tercero civilmente responsable” si se comete el delito de difamación y los autores de la nota periodística no han cumplido con el pago de la indemnización.
“Actualmente”, como señala el diario ‘El Comercio’,”los responsables en caso de difamación son el autor de la nota informativa o el director periodístico del medio”.
El primer mandatario aseguró que su Gobierno no pretende silenciar a la prensa en referencia al proyecto de la “ley mordaza”, aunque no se refirió a éste como el primer ministro ni planteó su archivamiento.
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