La sanción pone de manifiesto que el principal problema del país es la corrupción, la cual está institucionalizada y muy arraigada en los peruanos.
La empresa española confirmó el despido de 60 trabajadores, la mitad de su fuerza laboral, por haber recibido coimas de los usuarios del servicio de revisiones técnicas.
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Por César Reyna
Lo escandaloso en el caso de las Revisiones Técnicas Vehiculares no ha sido descubrir que Lidercon no haya cumplido las tareas y funciones que le fueron concedidas por parte del Ministerio de Transportes, cuyo desempeño también ha sido nulo, sino constatar que se ha puesto en peligro la vida de miles de automovilistas, pasajeros y transeúntes por la corrupción.
Dicho fenómeno es la regla en el Perú y no la excepción como en otros lugares porque nos hemos acostumbrado a saltarnos las normas y prohibiciones. Los conductores, en su mayoría choferes de taxi o de vehículos de transporte público, también llamados ‘combi’, ofrecen cierta cantidad a técnicos de escasos recursos para que aprueben la revisión de su vehículo.
El dinero compra voluntades a granel aun cuando esté en juego la seguridad en nuestras pistas. Por unos soles más muchos peruanos son capaces omitir sus obligaciones, es decir, ’hacerse de la vista gorda’ para favorecer a un sujeto que los puede sacar de un apuro económico.
La multa de 80 UIT del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la denuncia de la Asociación de Consumidores y Usuarios (Aspec) son anecdóticas a pesar de la cantidad que deberá pagar la empresa por no haber implementado un plan que permita saber si sus inspecciones son seguras e idóneas.
Ahora bien, el vicepresidente de la compañía sancionada tiene razón en señalar que no se puede denunciar a los trabajadores que recibían sobornos de los conductores porque no hay norma que tipifique como delito la coima que acepta el servidor de una empresa privada. Lo único que se puede hacer en un caso de corrupción generalizada es separar a los malos elementos y reforzar los sistemas de control.
Estas medidas, sin embargo, nunca serán suficientes para desterrar la corrupción pues es moneda corriente entre los peruanos. La corrupción es la mejor manera de arreglar diferencias en el Poder Judicial y acelerar procedimientos en instancias administrativas. Si se ha presentado en el monopolio de las revisiones técnicas a cargo de Lidercon es porque esa empresa presta un servicio público sensible.
Lidercon no sólo realiza verificaciones sobre el estado del motor, del chasis, la transmisión, las emisiones de monóxido de carbono o del sistema de frenos, sino que sustituye a la Administración o al Estado en la supervisión del cumplimiento de las normas en el parque automotor.
Cualquier negligencia de su parte compromete la seguridad vial e incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, lo que a su vez eleva el monto de las primas de seguro vehicular.
Lidercon y cualquier otra empresa que preste un servicio público entregado en concesión por la autoridad debería tener responsabilidades similares a las de las entidades gubernamentales. Esto con el fin de equiparar las obligaciones de su personal con la de los servidores públicos en materia penal y administrativa. Así los trabajadores de Lidercon podrían ser denunciados por corrupción, lo que desincentivaría de algún modo la recepción de dineros indebidos.
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