El Misterio del Capital y la propiedad indígena… crítica a Hernando de Soto

El economista peruano pretende revivir sus cuestionables ideas sobre el origen y la naturaleza de la riqueza llevándolas a la Amazonía peruana

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Por César Reyna

Uno de los principales problemas que mantiene en vilo al Estado y a las comunidades originarias es la manera en que deben delimitarse las tierras de las segundas. Es decir, la forma más apropiada de reconocer su derecho a la propiedad sobre las áreas que ocupan. El dilema se genera por la incompatibilidad de titulizar sus terrenos bajo la noción de propiedad del Código Civil con la concepción ancestral que manejan las tribus amazónicas. Entre ambas orientaciones existen diferencias insalvables pues los nativos consideran que los bosques forman parte de su identidad cultural. Ellos no sólo conciben a la naturaleza como una fuente prodigiosa de recursos, sino como un medio viviente al que le deben respeto y en el que se basa su identidad. El carácter orgánico y sagrado que le atribuyen a su hábitat supone una gran diferencia pues, para la mayoría de peruanos occidentalizados, prima el cariz patrimonial de la propiedad. Ambas visiones se contraponen porque los occidentales se han desligado de la tierra, esto es, la han conquistado para aprovecharse económicamente de ella.

Este aspecto es relevante porque de su comprensión depende el giro que tome el debate respecto a la propiedad tribal. De ahí que si establecemos derechos y límites basados en el Código y otras normas complementarias, no sólo agravaremos el problema, sino que demostraremos nuestra intolerancia e insensibilidad sobre su realidad. Ni el Código Civil ni las leyes dictadas por el Congreso sobre la materia sirven para definir la propiedad nativa ni tampoco las ideas del economista Hernando de Soto, quien afirma que regularizando y definiendo derechos de propiedad de los nativos podrán acceder inmediatamente a la riqueza. Para solucionar la controversia se debe incorporar, en principio, una visión integradora y pluricultural aunque vaya en contra de muchas creencias jurídicas y dogmas económicos.

La solución radica en la adopción de otro régimen de propiedad –uno muy particular, por cierto-, porque el occidental es opuesto a la relación que el indígena guarda con la tierra. La titulación de tierras que lleva a cabo Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) no es congruente con la forma de vida de los pueblos amazónicos. Las autoridades olvidan que estos pueblos migran constantemente dentro una vasta zona en busca de alimento, plantas medicinales y para escapar de las crecidas de los ríos, además huir de los efectos nocivos de la deforestación y la contaminación ambiental. Los aborígenes cazan, pescan, recolectan frutos y transmiten su conocimiento a los más jóvenes llevándolos a inspeccionar la densa jungla que los cobija. Ellos se desplazan decenas de kilómetros no solo para darles sustento a sus familias, sino para mantener sus lazos con la naturaleza. Cualquier limitación antojadiza, prepotente o equivocada afecta directamente su cosmovisión, es decir, su manera concebir las cosas.

Sólo existe una forma de respetar su derecho a la existencia como nativos y es reconociendo la posesión extensiva sus tierras, es decir, sin limitación o reducción a un determinado espacio geográfico. El reconocimiento deber hacerse sobre la base de los territorios que tradicionalmente ocupan (y que también comparten con otros pueblos ya que algunas áreas se superponen). De modo que otorgarles “x” hectáreas de selva de manera colectiva como establece la ley, o individualmente, como propone De Soto, no soluciona nada pues lo único que genera es el confinamiento y la pérdida de vinculación con el mundo natural. La noción occidental de propiedad es inconcebible a menos que se pretenda desaparecer a los nativos como hizo la Corona Española cuando implementó las reducciones toledanas en 1570, mezclado muchas etnias andinas y del litoral para facilitar la asimilación cultural, esto es, forzar el aprendizaje del castellano y la conversión religiosa.

Otra razón para renunciar a la concepción de propiedad del Código Civil es que existen tribus no contactadas y otras que han preferido desentenderse del Estado y la civilización moderna para preservar sus costumbres. Estas poblaciones deben ser respetadas ya que han decido vivir como sus ancestros. Ingresar a su territorio, como ya lo han hecho taladores ilegales, compañías petroleras y colonos que viven de la agricultura, podría ponerlos en peligro pues su sistema inmunológico no cuenta con defensas para combatir infecciones procedentes de otros organismos.

Hace bien De Soto en reconocer que el proceso de diálogo con las comunidades debe hacerse tomando en cuenta los intereses de las comunidades. La consulta previa a la que alude en su documental es un derecho constitucional que versa sobre derechos de las minorías. Este derecho les permite conocer de antemano los efectos y perjuicios potenciales de cualquier incursión en sus territorios.

A la fecha, Cofopri y los gobiernos regionales han titulizado 13.788.953 hectáreas en la Amazonía. Está no es la forma más inteligente de abordar el asunto ya que los indígenas seguirán transitando la selva como lo vienen haciendo. Más adelante se presentarán problemas pues la asignación de un determinado número de hectáreas, que se reconocen en función de la cantidad de miembros que pertenecen a una tribu o comunidad, es totalmente inviable. Y es inviable justamente porque se desconoce el uso tradicional que los pueblos amazónicos le dan a los bosques y a sus recursos.

Muchos defensores del liberalismo económico (empresarios, analistas y académicos) se escudan en la Constitución para señalar que los recursos del subsuelo son de la nación (en realidad son de aquellos que pueden explotarlos), y no de los que tienen derecho a la superficie, donde generalmente están ubicadas las áreas naturales protegidas y los territorios que pertenecen a los nativos. Muchos dicen ser liberales y se vanaglorian de ello, pero si en verdad lo fueran deberían defender lo opuesto, es decir, que el poseedor del suelo también sea propietario del subsuelo, tal como ocurre en Estados Unidos, donde personas comunes y corrientes pueden perforar pozos de petróleo y explotar yacimientos minerales sin intervención del Estado.

De Soto pretende “reverdecer” en la selva peruana su teoría de que el capital nace milagrosamente de la propiedad (de títulos de propiedad reconocidos e indubitables para ser más exactos). Como su propuesta no pudo verificarse en los barrios marginales, asentamientos humanos o periferias de los países pobres ahora intenta introducirla en la Amazonía donde hay conflictos de propiedad y muchas riquezas por explotar. Como en los arenales de Lima no había más que terrenos áridos sin servicios básicos que no podían servir de garantía a los bancos para que éstos les otorgaran préstamos, ahora ha orientado su análisis hacia la jungla donde espera recibir el reconocimiento que se le ha negado.

El comercial que promociona el documental “El Misterio del Capital de los Indígenas Amazónicos” presenta a una nativa del estado de Alaska y a una aborigen Bora de la selva peruana. Ambas aparecen abrazadas, la alasquina habla de su éxito en el mundo de los negocios y la mujer Bora su pobreza material. La alasquina maneja una corporación que mueve 2.300 millones de dólares al año mientras que la indígena peruana no posee nada. La diferencia entre ambas, según De Soto, es que la primera aprovecha los mecanismos que le ofrece el mercado y la otra no porque los desconoce o no tiene acceso a ellos. Pero lo que no dice la propaganda es que la empresaria alasquina tiene derechos de propiedad sobre el subsuelo y todas sus riquezas (el petróleo de Alaska); en cambio la mujer Bora no porque nuestra Constitución señala que el Estado Peruano es el único titular de los recursos naturales.

Si los nativos norteamericanos han prosperado es porque han recibido generosas compensaciones del Estado y gozan de privilegios que no poseen el resto de ciudadanos y corporaciones estadounidenses como la exoneración de impuestos en sus reservaciones donde construyen lujosos casinos y levantan enormes complejos turísticos.

Su idea parece simple ya que solo habría que titulizar a todos los nativos para que puedan transar en el mercado como cualquier otro agente económico. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo pues no solamente son las trabas burocráticas o la informalidad las que impiden el desarrollo de los pobladores oriundos de nuestra selva. El tema es mucho más complejo y no puede abordarse exclusivamente desde una perspectiva económica sino multidisciplinaria y pluricultural.

El economista peruano piensa que la titulación es la única receta a todos los males de los indígenas. Sin conocer adecuadamente la legislación que rige la propiedad nativa y comunal se aventura a proponer cosas que existen en las leyes como la propia existencia de las comunidades nativas y la posibilidad de que éstas transfieran parte de su territorio a terceros con fines comerciales (existe un quórum mínimo que este gobierno quiso rebajar para facilitar la transferencia de sus tierras).

Lo que De Soto propone es que cada familia puede ser propietaria de una porción del territorio colectivo, es decir, cercenar o quebrar la propiedad comunal para facilitar el ingreso de capitales a la Amazonía. Algunos nativos estarán interesados en vender; otros en arrendar; y el resto en preservar su tierra tal como está para no perder sus raíces. De permitir la individualización de la propiedad comunal se condenará a las etnias selváticas ya que sin la tierra, el principal elemento que las une, muchos de sus integrantes migrarían a otros lugares desvinculándose de los miembros de su comunidad. Muchas lenguas, costumbres y tradiciones ancestrales estarían en peligro de desaparecer si la visión de De Soto se hace realidad.

El desconocimiento de De Soto es alarmante pues asegura que los nativos no reciben ningún tipo de compensación cuando una empresa extractiva ingresa a sus territorios para explotar un yacimiento de gas, petróleo, etc. Esto no es cierto pues las empresas deben llegar a un acuerdo previo con las comunidades nativas y campesinas antes de iniciar exploraciones o explotaciones en sus territorios, es decir, deben compensarlas económicamente por utilizar sus áreas y alterar su ritmo de vida.

El principal error de De Soto, quien parece no haber leído a Adam Smith, es que considera que la riqueza nace de lo que produce o puede extraerse de la tierra. La fisiocracia, como escuela de pensamiento económico nacida en Francia, fue derrotada hace más de dos siglos justamente por Smith, el padre de la economía política. De Soto cree que la riqueza proviene del subsuelo pero no menciona en lo absoluto al capital intelectual, que es lo que mueve verdaderamente al mundo. De Soto se encuentra en las antípodas del pensamiento como Antonio Raimondi, quien también creía que la riqueza se hallaba debajo de la tierra pero no en el talento de los individuos.

Los países más grandes como Estados Unidos, Japón, China ni los de la Unión Europea se desarrollaron en base a la explotación de recursos naturales, sino en base a los aportes de su capital humano expresado en productos, innovaciones, diseños, patentes, tecnologías y marcas.