jueves, 9 de agosto de 2007

Perú: Consulta sobre minería en distritos de Ayabaca y Huancabamba

Y pensar que el gobierno aprista dijo que no habría mas convenios de estabilidad. Ya van dos. Lagunas Norte se blindó y no pagará regalías a pesar de norma del TC. Veamos con cuidado Majaz.

Por Luis Vittor

Cuando el diálogo con el poder central se trunca por la falta devoluntad política del gobierno para resolver un conflicto minero dondela razón y la ley están del lado de las comunidades, nos plantea eldifícil reto de apostar por el ejercicio del poder local para encontrarsalidas pacificas y democráticas a los conflictos. Es así que tres municipios distritales de la región Piura han convocado a una consultavecinal para el 16 de septiembre a fin de que sus pobladores decidan elfuturo de la minería en sus territorios.

La presencia de la empresa Minera Majaz en tierras de las comunidades deYanta y Segunda y Cajas ha ocasionado un conflicto de envergaduraregional en el norte del Perú y el límite con Ecuador. La exploracióndel proyecto minero Río Blanco, concluida en noviembre del 2006, provocóla movilización social de cuatro provincias norteñas, Huancabamba yAyabaca en la región de Piura, y San Ignacio y Jaén en la región deCajamarca, al considerar que su próxima explotación es el inicio de undistrito minero que tendría afectos negativos sobre el páramo, lacalidad del agua y la actividad agrícola de la región.

Desde el año 2003 las comunidades han denunciado que la presencia de laempresa minera en sus tierras es ilegal, pues sólo cuenta con laautorización de algunos miembros de las juntas directivas comunales y nocon el voto aprobatorio de los 2/3 de la asamblea comunal como lo exigenlas leyes nacionales, situación que fue corroborada incluso por laDefensoría del Pueblo en un informe hecho público en el 2006. En febrerodel 2007, las comunidades han denunciado esta violación de sus derechosante el poder judicial local.

El conflicto alcanzó niveles altos de violencia en abril del 2004 yagosto de 2005, cuando más de 3 mil campesinos se movilizaron hacia alcampamento minero y fueron reprimidos por la policía, dejando doscomuneros muertos. Posteriormente se inició un proceso de diálogo con elgobierno central que fracasó, en mayo del 2006, por la falta de voluntaddel Ministerio de Energía y Minas. Este hecho ubicó al caso sin canalesinstitucionales que faciliten encontrar salidas pacíficas al conflictocon el poder central.

Ante esta situación, las comunidades campesinas recurren, al poder máscercano, a los gobiernos locales para solicitarles el uso del mecanismode participación ciudadana a fin de consultar a la población sobre eldesarrollo de actividades mineras en los territorios bajo su jurisdicción.La participación ciudadana en el Perú es un derecho reconocido por laConstitución y las leyes nacionales, y faculta a las municipalidadespara que a través de ordenanzas municipales creen los mecanismosadecuados para su ejercicio y sobre los temas de su competencia, como laplanificación del desarrollo y el medio ambiente.

En ese sentido, las municipalidades distritales de Ayabaca, El Carmen dela Frontera y Pacaipampa han emitido ordenanzas municipales que"establecen la consulta vecinal como mecanismo de participaciónciudadana" y han acordado convocar a una consulta a los pobladores desus distritos "para que expresen su opinión respecto al desarrollo de laactividad económica minera".El gobierno central ha señalado que la consulta no es vinculantelegalmente, pero en reunión sostenida con la delegación de alcaldes ylíderes de las comunidades ha reconocido que tendrá un impacto político.

Los organizadores, por su parte, han solicitado a la Defensoría delPueblo la observación de la consulta. Mientras la empresa, que en abrilfuera adquirida por Zijin Consortium (China), no se ha pronunciadorespecto a la consulta pero, como en campañas electorales, se leenpintas y escuchan spots a favor de su proyecto minero en toda la regiónPiura.

La consulta se realizará el próximo domingo de 16 de septiembre del2007, teniendo como marco un típico proceso electoral y el precedente dela consulta vecinal de Tambogrande. Los municipios organizadores esperanla participación de más de 25 mil electores y la presencia deobservadores nacionales e internacionales que certifiquen latransparencia y objetividad de la consulta vecinal.Las comunidades y pueblos de Piura apuestan por los derechos y lademocracia. En esta perspectiva, la consulta vecinal constituye laesperanza que esperan les devuelva la tranquilidad y seguridad a susterritorios; pero también es la esperanza de miles de comunidades queaspiran a solucionar conflictos mineros validando mecanismos departicipación ciudadana.La minería y la consulta en las encuestas

Como sucede en todo proceso electoral se han publicado encuestas paramedir el grado de aceptabilidad de la minería a nivel local y regional.Los resultados difieren de los realizados a nivel de los distritos enconsulta de los realizados a nivel regional.En mayo, un Estudio de Opinión Pública sobre el Desarrollo Económico ySocial de Piura, elaborado por la Compañía Peruana de Estudios deMercados y Opinión Pública (CPI), concluye que "el 53,1% de los piuranosestá de acuerdo con que los recursos minerales de las provincias deHuancabamba y Ayabaca sí deberían ser explotados para permitir eldesarrollo de estas provincias y el del departamento de Piura engeneral. Mientras que el 30,7% de los encuestados opina lo contrario yun 16,2% no sabe/no opina".

Por su parte, una encuesta encargada, en junio, por el Frente por elDesarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) en dos delos tres distritos en consulta afirma que en el distrito de Ayabaca el89.6% de la población encuestada está en contra de la minería y sólo el7.9% a favor; mientras que en el distrito de El Carmen de la Frontera,el 86.2% de los encuestados afirma estar en contra y el 10.1% a favor dela actividad minera.Por otro lado, en julio reciente, la Universidad Nacional de Piura, hapublicado un sondeo de opinión ciudadana a nivel regional, cuyosresultados señalan que el 51.3% de los piuranos desaprueban eldesarrollo de actividades mineras en la región y el 38.7% la apoya.

En el mismo sondeo, el 51.9% de la población encuestada manifestó que no esposible la convivencia de minería y agricultura en la región.Tambogrande: la consulta precedenteEl 3 de junio del 2002, el 98% de los habitantes del distrito deTambogrande se pronunciaron por el NO a la minería en el Valle de SanLorenzo en la consulta vecinal convocada por el municipio. El valle estáubicado en la parte baja de la región Piura, la misma región donde sedesarrollará la consulta vecinal en septiembre próximo.

Los agricultores se oponían al proyecto minero por considerarlo que losimpactos ambientales afectarían el desarrollo de las actividadesagrícolas de exportación. El proyecto minero de la empresa Manhattan,asociada a la estatal CENTROMIN, no se concretó porque el gobiernoperuano le canceló los derechos al contrato de opción que tenían suscrito.

Referencias al caso:Artículo: "Comunidades de Ayabaca y Huancabamba contra proyecto minero Majaz" http://www.alainet. org/active/ 17001&lang= es

Video: "El caso Majaz":http://video. google.com/ videoplay? docid=4585188603 60381494

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