Una comisión legislativa anunció el miércoles que investigará al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por su presunta responsabilidad en un soborno a una ex congresista que al parecer cambió su voto para aprobar una reforma que permitió la reelección del mandatario.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tomó la decisión después de que 10 legisladores del izquierdista Polo Democrático Alternativo solicitaron investigar a Uribe por el presunto delito de cohecho.
Sin embargo, de acuerdo con analistas, las posibilidades de que prospere la investigación parecen remotas ante la ineficiencia histórica de la comisión, en la que cursan otras 173 demandas contra el gobernante colombiano.
"Consideramos, por lo que estudiamos, avocar el conocimiento de este proceso, abrir investigación preliminar", dijo el legislador Edgar Torres, uno de los tres encargados del proceso, según publica este jueves El País.
El congresista dijo que para la semana próxima se solicitó la presencia de los denunciantes para que ratifiquen y amplíen la denuncia que formularon por el delito de cohecho al presidente.
La ex legisladora Yidis Medina denunció en abril que cambió su votó para aprobar una reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata, después de que funcionarios del Gobierno de Uribe le ofrecieron cargos burocráticos.
El voto de la política, actualmente en prisión e investigada por cohecho, fue decisivo para aprobar la reforma constitucional que habilitó al actual presidente para buscar su reelección inmediata en el 2006.
Aunque Medina se oponía a la reelección presidencial inmediata, la apoyó en el momento de votar en la comisión legislativa a la que pertenecía.
El nuevo escándalo se presenta en momentos en que el Congreso de Colombia es sacudido por una crisis política y un escándalo que mantiene en la cárcel a por lo menos 32 legisladores, mientras que más de 30 son investigados por sus presuntos nexos con los escuadrones de ultraderecha.
La mayoría de los investigados y detenidos son aliados de Uribe, quien pese al escándalo mantiene una elevada popularidad, ha descartado la posibilidad de revocar el Congreso y convocar a nuevas elecciones.
Los congresistas son acusados de haber hecho acuerdos con los antiguos paramilitares o de haber recibido apoyo económico o logístico para ser elegidos con votos de regiones controladas por esos grupos armados ilegales.
El proceso contra Uribe se inicia en momentos en que la Corte Suprema de Justicia comienza a investigar a tres congresistas, cuatro extranjeros y cinco colombianos por sus presuntos nexos con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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