domingo, 19 de julio de 2009

Crisis política en Honduras: Gobierno de facto rechaza propuestas de Arias


Como era de esperarse, los golpistas hondureños rechazaron de plano el acuerdo propuesto por el presidente de Costa Rica Óscar Arias. La solución presentada por el Premio Nobel a consta de siete puntos entre los que destaca la restitución de Manuel Zelaya
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Por César Reyna



El presidente costarricense Óscar Arias presentó el sábado una propuesta de siete puntos al abrir la segunda jornada de diálogo entre las partes del conflicto hondureño, donde destacó el retorno del depuesto Manuel Zelaya y el eventual adelantamiento de las elecciones del 29 de noviembre al último domingo de octubre. Un par de días atrás Arias se mostró reticente al adelantamiento pues de cualquier manera resulta inamovible la fecha de inicio del nuevo mandato, previsto para el 27 de enero. De ser repuesto Zelaya, sin importar quien resulte elegido, continuaría en funciones hasta el termino de su mandato a no ser que se recorte previa enmienda de la Constitución.


El adelanto de elecciones puede ser una buena salida porque desviaría la atención de los hondureños. Es decir, haría que éstos se concentren en la dinámica de la campaña. Pero el proceso electoral podría incrementar la tensión social si un candidato afín al pensamiento de Zelaya insiste con la reforma de la Constitución. Al respecto, Zelaya afirmó al diario Folha de São Paulo que insistirá en el proyecto para convocar una Asamblea Constituyente, que fue lo que desencadenó el golpe de Estado de hace tres semanas en el país centroamericano.


Precisamente uno de los puntos propuestos por Arias consiste en que Zelaya debe comprometerse a no buscar la modificación de la Constitución y reiterar -ya lo ha hecho de manera pública varias veces durante los últimos días- que no buscará la reelección. La eventual reforma, cabe destacar, no iba a tener efectos sobre él ya que se hubiera producido cuando ya no ejerza el poder. Esto porque la aprobación de una nueva Constitución tomaría mucho más tiempo del que le quedaba para cumplir su período. Por ende, era fácticamente imposible que Zelaya pretendiera reelegirse. Lo que la derecha hondureña quería evitar, con el pretexto de la consulta ilegal, era la reforma constitucional porque con ella iba a perder su cuota de poder.


Otro punto presentado por Arias es la sujeción de las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral un mes antes de las elecciones. Esta medida no sería legalmente posible sin la reforma de la Constitución porque el jefe supremo de las FF. AA. es el presidente de la República. Sin embargo, la modificatoria en cuestión sería viable pues los partidos que se oponen a Zelaya controlan el Congreso, único órgano que puede cambiar la Constitución ya que no está permitida la conformación de una Asamblea Constituyente mediante referéndum, una barbaridad.


El punto más controversial, fuera de la reinstalación condicionada de Zelaya, es la conformación de un gobierno unidad nacional que se reparta funciones en sectores clave como finanzas, seguridad, interior y relaciones exteriores. No creemos que sea posible, por obvias razones, que ambos bandos participen en la composición de un nuevo Gabinete. Las cosas podrían funcionar si la presión de la comunidad internacional se mantiene firme y los obliga a renunciar a cualquier tipo de revancha. Zelaya no tendría como tomar represalias ya que los altos mandos militares respaldan a la cúpula político-empresarial que lo derrocó. Además no controla la Fiscalía y el Poder Judicial le es enteramente hostil (de ese órgano partió la orden de detención en su contra). El mandato de Zelaya, en esas condiciones, sería demasiado precario como para ensañarse con sus rivales. En la práctica no administraría nada porque muchos de sus subordinados han conspirado contra él. Sería un presidente de adorno cuya presencia crisparía los ánimos. Para dejar de ser una figura decorativa no tendría otro camino que enfrentar a sus seguidores con las fuerzas del orden en las calles.


Ese escenario parecería estarlo buscando con el objetivo de arrinconar a sus adversarios. De ahí que haya anunciado que retornaría clandestinamente tras el fracaso de las negociaciones. Así les devolvería la “gentileza” de expulsarlo en pijamas del país. Zelaya estaría tramando un ‘golpe popular’ con el apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez para realizar las transformaciones que prometió durante su accidentado mandato. No abandonará así nomás el poder sin antes medir fuerzas con sus contrincantes. De imponerse mediante paralizaciones, tomas de carreteras y revueltas internas –como ya lo vienen haciendo sus partidarios encabezados por su mujer- trataría de reformar la Constitución para aumentar sus prerrogativas y cambiar el modelo económico.


La declaración de una amnistía general para los delitos políticos cometidos antes y después del 28 de junio propuesta por Arias calmaría un poco las cosas durante los primeros días de retorno a la “normalidad”. Sería como una tregua en la que las partes renuncian a la persecución política para darle estabilidad al país; pero el perdón inicial podría desvanecerse si las partes comienzan acusarse mutuamente. Para evitar esa posibilidad Arias sugiere la instalación de una comisión, con apoyo internacional, que garantice el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por ambos bandos.


La intención de autócrata Roberto Micheletti de renunciar a la presidencia siempre que Zelaya permanezca en el exilio no fue aceptada por Arias ni por la OEA pues esa “solución” implicaba la convalidación del golpe cívico-militar al sustituir un golpista por otro, lo que hubiera sentado un peligroso precedente en la región.


De momento Micheletti ha decretado un nuevo toque de queda para prevenir desmanes ante el posible retorno de Zelaya. La comunidad internacional, por intermedio de Arias, le ha advertido que no lo respaldará si decide resolver la situación por medios violentos aun cuando la Constitución de su país autorice a cualquier hondureño a deponer a los usurpadores.


Las partes reanudaron este domingo las conversaciones sobre la crisis institucional. El Gobierno interino aseguró que está dispuesto a admitir el regreso de Zelaya siempre y cuando se someta a los tribunales para responder sobre varios delitos políticos. De este modo bloquean su regreso, petardean la conformación de un eventual Gobierno de unidad nacional y descartan la amnistía que debe concederle el Congreso, tres de las siete condiciones planteadas por Arias ayer sábado.


Mientras los golpistas preparan sus siguientes movimientos. En el ínterin seguramente expedirán una resolución para adelantar la fecha de las elecciones, la que no tendría validez al ser emitida por un Gobierno de facto.





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