Crisis política en Honduras: se rompió el diálogo

Los golpistas consideran inaceptable el primer punto de la propuesta de Arias: el retorno inmediato de Manuel Zelaya a la presidencia
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Por César Reyna


Del primer punto se desprendían todas las demás condiciones ya que no se puede hablar de reestablecimiento democrático si Zelaya no ocupa nuevamente la presidencia. Pero los delegados de Zelaya aceptaron a medias las propuestas del mandatario costarricense pues insistieron en reformar la Constitución, hecho que desencadenó la crisis institucional el pasado 28 de junio.

Tras el fracaso de la segunda ronda de negociaciones en San José de Costa Rica, bajo la mediación del presidente Óscar Arias, el golpista hondureño Roberto Micheletti recibió el respaldo de los empresarios de su país para continuar en el poder. Micheletti se mantendrá como presidente de facto hasta entregar el mando al nuevo mandatario que elijan los hondureños el 29 de noviembre. Esto quiere decir que el proceso democrático será conducido por un líder no reconocido por la comunidad internacional. En esas condiciones es posible que la OEA y otras organizaciones no supervisen las próximas elecciones para no avalar a los usurpadores. Eso en cuanto a los meses que vendrán ya que el futuro inmediato parece mucho más complicado.

El apoyo explícito de la clase empresarial resulta vital para mostrar unidad frente al concierto de países que rechazan al Gobierno de Micheletti. Su respaldo, además de “moral”, deberá ser económico ya que deben compensar la falta de crédito que otorgan organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial. La inyección de capitales nacionales podría mitigar en algo la paralización de la economía hondureña en medio de la grave crisis financiera.

De esta manera el nuevo plazo de 72 horas que fijó Óscar Arias para tratar de resolver la crisis ha quedado desvirtuado asi como su papel de mediador. Ayer, el emisario de Micheletti, el canciller de facto, Carlos López, desautorizó públicamente a Arias diciendo que “propone cosas al margen de la ley” y que “sus iniciativas constituyen una intromisión directa en asuntos internos de Honduras”. Arias mostró su descontento y advirtió que la alternativa al diálogo es la indeseada "guerra civil". Esta preocupación fue compartida por el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien declaró que la falta de cooperación de Micheletti “podría costarle muy caro a los hondureños”.

Ambos personajes no pudieron hacer nada para restablecer el orden constitucional porque los norteamericanos no aplicarán sanciones faltando 6 meses para las elecciones (suspender todo tipo de ayuda humanitaria y cerrar su mercado a productos hondureños –dos tercios de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos- sólo agravaría la situación para los más pobre).

Las sanciones comerciales no se plasmarán porque los promotores del golpe en Honduras son sectores vinculados a la superpotencia, es decir, los políticos de derecha, empresarios, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas; en cambio, si grupos de izquierda hubieran quebrado el régimen democrático probablemente ya hubieran sido ejecutadas varias de esas medidas por parte del Departamento de Estado.

La presión internacional no ha fue suficientemente fuerte para obligar a los golpistas a aceptar los razonables términos de Arias. Sin ese elemento los partidarios de Zelaya intentarán desestabilizar el país y propiciar el retorno de su líder para aumentar la agitación. Con ese propósito sus simpatizantes han creado el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras, que agrupa a sindicatos y organizaciones campesinas. Tegucigalpa será el epicentro de la acción durante los próximos días. Si se desata la represión indiscriminada los integrantes del Gobierno de facto podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional por ordenar la masacre de civiles.

Crisis política en Honduras: Gobierno de facto rechaza propuestas de Arias

Como era de esperarse, los golpistas hondureños rechazaron de plano el acuerdo propuesto por el presidente de Costa Rica Óscar Arias. La solución presentada por el Premio Nobel a consta de siete puntos entre los que destaca la restitución de Manuel Zelaya
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Por César Reyna

El presidente costarricense Óscar Arias presentó el sábado una propuesta de siete puntos al abrir la segunda jornada de diálogo entre las partes del conflicto hondureño, donde destacó el retorno del depuesto Manuel Zelaya y el eventual adelantamiento de las elecciones del 29 de noviembre al último domingo de octubre. Un par de días atrás Arias se mostró reticente al adelantamiento pues de cualquier manera resulta inamovible la fecha de inicio del nuevo mandato, previsto para el 27 de enero. De ser repuesto Zelaya, sin importar quien resulte elegido, continuaría en funciones hasta el termino de su mandato a no ser que se recorte previa enmienda de la Constitución.

El adelanto de elecciones puede ser una buena salida porque desviaría la atención de los hondureños. Es decir, haría que éstos se concentren en la dinámica de la campaña. Pero el proceso electoral podría incrementar la tensión social si un candidato afín al pensamiento de Zelaya insiste con la reforma de la Constitución. Al respecto, Zelaya afirmó al diario Folha de São Paulo que insistirá en el proyecto para convocar una Asamblea Constituyente, que fue lo que desencadenó el golpe de Estado de hace tres semanas en el país centroamericano.

Precisamente uno de los puntos propuestos por Arias consiste en que Zelaya debe comprometerse a no buscar la modificación de la Constitución y reiterar -ya lo ha hecho de manera pública varias veces durante los últimos días- que no buscará la reelección. La eventual reforma, cabe destacar, no iba a tener efectos sobre él ya que se hubiera producido cuando ya no ejerza el poder. Esto porque la aprobación de una nueva Constitución tomaría mucho más tiempo del que le quedaba para cumplir su período. Por ende, era fácticamente imposible que Zelaya pretendiera reelegirse. Lo que la derecha hondureña quería evitar, con el pretexto de la consulta ilegal, era la reforma constitucional porque con ella iba a perder su cuota de poder.

Otro punto presentado por Arias es la sujeción de las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral un mes antes de las elecciones. Esta medida no sería legalmente posible sin la reforma de la Constitución porque el jefe supremo de las FF. AA. es el presidente de la República. Sin embargo, la modificatoria en cuestión sería viable pues los partidos que se oponen a Zelaya controlan el Congreso, único órgano que puede cambiar la Constitución ya que no está permitida la conformación de una Asamblea Constituyente mediante referéndum, una barbaridad.

El punto más controversial, fuera de la reinstalación condicionada de Zelaya, es la conformación de un gobierno unidad nacional que se reparta funciones en sectores clave como finanzas, seguridad, interior y relaciones exteriores. No creemos que sea posible, por obvias razones, que ambos bandos participen en la composición de un nuevo Gabinete. Las cosas podrían funcionar si la presión de la comunidad internacional se mantiene firme y los obliga a renunciar a cualquier tipo de revancha. Zelaya no tendría como tomar represalias ya que los altos mandos militares respaldan a la cúpula político-empresarial que lo derrocó. Además no controla la Fiscalía y el Poder Judicial le es enteramente hostil (de ese órgano partió la orden de detención en su contra). El mandato de Zelaya, en esas condiciones, sería demasiado precario como para ensañarse con sus rivales. En la práctica no administraría nada porque muchos de sus subordinados han conspirado contra él. Sería un presidente de adorno cuya presencia crisparía los ánimos. Para dejar de ser una figura decorativa no tendría otro camino que enfrentar a sus seguidores con las fuerzas del orden en las calles.

Ese escenario parecería estarlo buscando con el objetivo de arrinconar a sus adversarios. De ahí que haya anunciado que retornaría clandestinamente tras el fracaso de las negociaciones. Así les devolvería la “gentileza” de expulsarlo en pijamas del país. Zelaya estaría tramando un ‘golpe popular’ con el apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez para realizar las transformaciones que prometió durante su accidentado mandato. No abandonará así nomás el poder sin antes medir fuerzas con sus contrincantes. De imponerse mediante paralizaciones, tomas de carreteras y revueltas internas –como ya lo vienen haciendo sus partidarios encabezados por su mujer- trataría de reformar la Constitución para aumentar sus prerrogativas y cambiar el modelo económico.

La declaración de una amnistía general para los delitos políticos cometidos antes y después del 28 de junio propuesta por Arias calmaría un poco las cosas durante los primeros días de retorno a la “normalidad”. Sería como una tregua en la que las partes renuncian a la persecución política para darle estabilidad al país; pero el perdón inicial podría desvanecerse si las partes comienzan acusarse mutuamente. Para evitar esa posibilidad Arias sugiere la instalación de una comisión, con apoyo internacional, que garantice el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por ambos bandos.

La intención de autócrata Roberto Micheletti de renunciar a la presidencia siempre que Zelaya permanezca en el exilio no fue aceptada por Arias ni por la OEA pues esa “solución” implicaba la convalidación del golpe cívico-militar al sustituir un golpista por otro, lo que hubiera sentado un peligroso precedente en la región.

De momento Micheletti ha decretado un nuevo toque de queda para prevenir desmanes ante el posible retorno de Zelaya. La comunidad internacional, por intermedio de Arias, le ha advertido que no lo respaldará si decide resolver la situación por medios violentos aun cuando la Constitución de su país autorice a cualquier hondureño a deponer a los usurpadores.

Las partes reanudaron este domingo las conversaciones sobre la crisis institucional. El Gobierno interino aseguró que está dispuesto a admitir el regreso de Zelaya siempre y cuando se someta a los tribunales para responder sobre varios delitos políticos. De este modo bloquean su regreso, petardean la conformación de un eventual Gobierno de unidad nacional y descartan la amnistía que debe concederle el Congreso, tres de las siete condiciones planteadas por Arias ayer sábado.

Mientras los golpistas preparan sus siguientes movimientos. En el ínterin seguramente expedirán una resolución para adelantar la fecha de las elecciones, la que no tendría validez al ser emitida por un Gobierno de facto.

Correa acusado de tener vínculos con las FARC

El presidente ecuatoriano es víctima de un complot de desprestigio internacional orquestado por los hombres más ricos de la región
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Por César Reyna


Un vídeo en el aparece Jorge Briceño Suárez, alias “Mono Jojoy”, jefe guerrillero de las FARC, acaba de ser difundido por medios colombianos con el propósito de desacreditar al mandatario ecuatoriano. En la cinta el mando terrorista asegura que su organización contribuyó a la financiación de la campaña electoral de Rafael Correa. La noticia de una supuesta relación entre las FARC y Correa no es nueva pues el Gobierno colombiano reveló parte del contenido de la computadora de Raúl Reyes, ex cabecilla de las FARC, en la que se encontró varios correos electrónicos que mencionan pagos a la campaña de Correa.

La acusación tiene visos de una represalia por parte de las autoridades colombianas ya que a principios de julio un juez ecuatoriano ordenó la captura del ex ministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos por ser el artífice de la Operación Fénix, desarrollada en territorio del país vecino, que en marzo de 2008 terminó con la muerte de Raúl Reyes y 25 personas más. La operación militar supuso un duro golpe para el grupo guerrillero y una victoria importante para el Gobierno de Álvaro Uribe, pero motivó que las relaciones con Ecuador se quebraran.

Ahora bien, luego de analizar las declaraciones de “Mono Jojoy” no parece tener mucho sentido que las FARC respaldaran económicamente a Correa pues ese “apoyo” pudo venir del presidente venezolano Hugo Chávez, quien cuenta con más recursos y mejores formas de hacerle llegar grandes sumas de dinero. Relacionar a Correa con Chávez parece más lógico -en teoría- que hacerlo con las FARC siempre que pueda probarse. No resulta convincente que emisarios del presidente ecuatoriano hayan incursionado en la espesura de la selva amazónica para recibir dinero de jefes de la guerrilla. Esa hipótesis debe descartarse pues Chávez contaba con mejores pergaminos para ser el “financista” de Correa.

Tras conocerse la noticia, Lucio Gutiérrez, ex presidente de Ecuador, exigió la renuncia de su contrincante luego calificar las afirmaciones de Briceño como “pruebas evidentes”. Las aseveraciones de un criminal como Briceño no constituyen prueba suficiente para condenar a Correa. Éstas deben ser investigadas exhaustivamente antes de emitir un juicio definitivo. Pero antes contrastarlas de debería comprobarse la autenticidad del vídeo ya que pudo ser manipulado para perjudicar a Correa. Esa posibilidad es mucho más factible que la versión del financiamiento de las FARC pues existen demasiados anticuerpos entre Quito y Bogotá. La enemistad entre los países andinos es un elemento que debemos tener presente cuando analicemos las denuncias de una u otra parte. Por eso hay que tomar con pinzas cada “revelación” pues el trasfondo está plagado de suspicacias.

Según el diario El País de España, “el reciente acuerdo entre Colombia y Estados Unidos por el que el último podrá utilizar algunas bases militares del país suramericano” podría aumentar la tensión con los vecinos Ecuador y Venezuela. “Con este acuerdo EE UU pretende reemplazar las operaciones que hasta ahora llevaba a cabo en la base ecuatoriana de Manta”.

Pero más allá de las notorias desavenencias y desencuentros entre los Gobiernos de Colombia y Ecuador existe una clara injerencia de los principales grupos de poder económico en la arremetida contra Correa. Los hombres más ricos de América Latina se reunieron hace cuatro meses en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias para analizar el impacto de la crisis financiera global en sus empresas y los principales problemas sociales que afectan a la región. Es evidente que el principal problema que enfrentan en varios países del continente es la expansión de la alternativa que propone Hugo Chávez. Las ideas que impulsa el mandatario venezolano suponen un riesgo para sus inversiones y el modelo económico que los ha colocado a la cabeza de sus respectivas sociedades. Este peligro es real porque un puñado de naciones vienen implementando el ‘socialismo del siglo XXI’ en sustitución del corroído ‘neoliberalismo’.

En la cita de Cartagena, multimillonarios como el mexicano Carlos Slim Helú o el cubano-venezolano Gustavo Cisneros, uno de los más afectados por las políticas antimercado de Chávez, debieron adoptar medidas de contención para evitar la propagación del chavismo. Seguramente acordaron el inicio de intensivas campañas mediáticas para destruir la imagen de los mandatarios socialistas. El objetivo sería mostrarlos como personajes sin escrúpulos para que su cruzada contra la corrupción, sobre todo en el caso de Correa, carezca de legitimidad. El complot informativo de la oligarquía latinoamericana salta a la vista.

Lamentablemente no están solos en esa tarea –jamás lo han estado- pues cuentan con el respaldo de varios legisladores norteamericanos, principalmente del ala más dura del Partido Republicano y algunos halcones del Partido Demócrata. Esto se puede comprobar fácilmente ya que un par de miembros del Capitolio avalaron el golpe de Estado en Honduras. Esta no sería la única evidencia de las conexiones entre la derecha latina y autoridades estadounidenses pues ha trascendido un informe del Congreso de Estados Unidos en el que se que se acusa al Gobierno venezolano “de negarse a colaborar en la lucha contra el narcotráfico” y de convertir a Venezuela “en un centro de distribución internacional de drogas”, es decir, en un “narcoestado”.

Lo que indica el informe no tiene asidero pues Venezuela no procesa la hoja de coca ni la cultiva, esas actividades se realizan principalmente en Perú, Colombia y Bolivia, los dos primeros son los mejores aliados de Estados Unidos en Sudamérica. Además Venezuela no es un mercado importante para la comercialización de estupefacientes porque los ingresos petroleros han caído profundamente (de 150 a 50 dólares el barril). A esto habría que agregar que Caracas restringe el flujo de divisas extranjeras como el dólar, eso dificulta el lavado de fondos y activos provenientes del narcotráfico. Por si fuera poco, el dominio de los carteles mexicanos hace innecesario el tránsito de la cocaína por Venezuela pues la trasladan de los centros de producción, haciendo escala en algunos países centroamericanos, antes de ingresarla ilegalmente a Estados Unidos.

La descalificación forma parte de la nueva estrategia de la derecha para arrinconar -y posiblemente derrocar- a Gobiernos que ‘maltratan’ a la inversión privada. El fraude electoral perpetrado en México en 2006 contra Manuel López Obrador fue la primera señal de que los empresarios impedirán la reforma del sistema. El fallido golpe contra Chávez en 2002 fue su primer intento, pero Estados Unidos no los apoyó del todo. Hace tres semanas propiciaron el rompimiento del orden constitucional en Honduras para impedir la supuesta entronización de un presidente cercano al ALBA. Ahora es turno de Correa, a quien se le ataca con una serie difamaciones y mentiras para desinflar su popularidad.

Estados Unidos apoya el golpe en Honduras

Por César Reyna


Cuando la superpotencia condenó el golpe en el país centroamericano hace tres semanas algunos, entre los que me cuento, asumimos que no tuvo nada que ver con su preparación. Con el correr de los días me reafirmo en mi posición pero las cosas han cambiado sustancialmente. Al principio creí que Estados Unidos amenazaría con sanciones drásticas tras la ruptura democrática. Asimismo, creí positivo que el depuesto mandatario hondureño se sentara a dialogar con emisarios del autócrata Roberto Micheletti bajo la mediación del bienintencionado presidente costarricense Óscar Arias. Si se restituía a Manuel Zelaya de manera pacífica y bajo determinadas condiciones (como renunciar a la controvertida consulta popular) valía la pena intentarlo. Esa alternativa pudo haber funcionado siempre que Estados Unidos hubiera estado dispuesto a presionar a los golpistas. Sin embargo, la realidad es otra porque Washington ha decido respaldarlos al proponer la salida de Micheletti a cambio de que Zelaya renuncie a sus aspiraciones.

La medida parece salomónica pero no lo es ya que si Zelaya no retorna al poder el quiebre constitucional en Honduras se habrá consagrado, sentando un peligroso precedente en el resto de la región. Lo que ocurre en Honduras parece un modelo o ensayo ideado por la derecha latinoamericana -en complicidad con el Departamento de Estado- para derrocar a gobernantes que se oponen a las políticas de mercado (neoliberales).

El argumento de los golpistas y de Estados Unidos para proponer ese trato inaceptable sería evitar un innecesario derramamiento de sangre. Así la derecha hondureña salvaría a su país o más bien al sistema de la injerencia chavista, y el defenestrado Zelaya recibiría el indulto en el exilio. La propuesta no debería ser aceptada aunque la situación se polarice aún más. Un importante sector de la sociedad hondureña sería traicionado si Zelaya llegara a consentir ese acuerdo.

Las negociaciones en Costa Rica sólo han servido para que los golpistas enfríen los ánimos de los partidarios de Zelaya. El Gobierno de facto jamás iba a permitir el retorno de éste porque no ha recibido presiones de los norteamericanos, quienes en última instancia podían corregir el trágico curso de los acontecimientos. La dilación sólo favorece a la derecha hondureña pues en poco tiempo convocará a nuevas elecciones para borrar cualquier impacto negativo del golpe.

Las cosas parecen consumadas pero se incubará un sentimiento antisistémico que tarde o temprano termine por derrotar a la minoría enquistada en el poder. La mayoría de hondureños son pobres y dependen mucho de la asistencia extranjera y gubernamental. Esa base social actualmente ha sido descabezada ya que Zelaya no puede regresar a su país. Se le mantiene alejado para que los usurpadores no tengan que confrontar a las masas. El régimen sabe que es peligroso porque su discurso estaba dirigido a los sectores marginados.

En ese sentido, el llamado de Zelaya a la insurgencia debería ser acatado pues es lo que corresponden cuando se ejecuta un golpe de Estado. La Constitución hondureña autoriza a la población a sublevarse contra los golpistas aunque éstos ridículamente sostengan que lo que hubo fue una “transición democrática”.

Washington maneja el asunto como si se tratara de un arbitraje en el que colisionan los derechos de las partes. Pero aquí sólo hay un derecho: el que tiene Zelaya a ser repuesto porque su designación proviene de la voluntad popular y las leyes hondureñas.

Micheletti ha afirmado este jueves, según cuenta El diario El País de España, que la propuesta de abandonar la presidencia la recibieron delegados suyos en una ciudad de Estados Unidos, seguramente Washington, donde sus lobistas, de acuerdo con el periodista César Hildebrandt, vienen realizando arduas diligencias para ganarse las simpatías de congresistas y diplomáticos de estadounidenses. Al parecer las cosas les vienen saliendo bien pues en días recientes algunos miembros del Capitolio dijeron en la CNN que “el golpe era comprensible” porque el depuesto presidente hondureño “pretendía modificar la Constitución para perpetuarse en el poder”, asunto por demás imposible porque la consulta era “no vinculante” y en el supuesto de que hubiera sido reformada el mandato de Zelaya ya habría terminado.

Analizando el golpe de Estado en Honduras

Analizando el golpe de Estado en Honduras

Las razones que esgrimen las autoridades hondureñas para justificar la ruptura democrática son muy débiles. Ningún argumento nos parece jurídicamente sustentable porque riñe contra normas y principios fundamentales del derecho.
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Por César Reyna


En el presente artículo desvirtuaremos los “razonamientos” ofrecidos por los golpistas en aras de esclarecer la verdad.

I) El primer punto que quisiera tocar es la supuesta reelección del derrocado presidente Manuel Zelaya, a quien se acusó de promover una ilegal consulta popular para modificar la Constitución de 1982. Este asunto no reviste mayor complejidad porque era fáctica y jurídicamente imposible la búsqueda de un segundo mandato.

II) Uno de los factores que impedía su reelección inmediata era el tiempo. El tiempo constituye un elemento crucial ya que de haber sido realizada la consulta tomaría por lo menos un año definir la nueva Constitución, es decir, varios meses después de que Zelaya haya abandonado la presidencia. Es preciso recordar que el mandato de Zelaya expiraba en enero próximo (en siete meses) y que la conformación de la Asamblea Constituyente sería en noviembre. Todo esto dependía de los hondureños, naturalmente, pues si la mayoría se inclinaba por reformar la Constitución Política, el proceso constitucional hubiera culminado con otro presidente.

III) Otro factor a tener en cuenta, en caso de que a Zelaya le hubiera alcanzado el tiempo para rubricar la nueva Constitución, es que sus candidatos debían dominar la Asamblea para introducir la figura de la reelección presidencial. Sin mayoría calificada el gobernante defenestrado no hubiera podido postular nuevamente al cargo.

IV) Además de ganar los comicios por amplia mayoría para instaurar la Asamblea Constituyente, Zelaya y sus partidarios debían superar un último escollo: el referéndum. Mediante una nueva convocatoria el pueblo debía decidir si aprobaba -o no- el hipotético texto consensuado por las fuerzas políticas.

V) Como vemos, no hubiera sido tan sencillo cambiar la Carta Magna para incluir un artículo que autorizara la reelección. Zelaya no representaba una amenaza para la democracia hondureña pues a la Asamblea le hubiera tomado más de dos meses en redactar la nueva Ley Fundamental, que era lo que le faltaba a Zelaya para concluir su período contando desde noviembre, mes en que debía instalarse la Asamblea. En tan poco tiempo no hubiera sido posible que los delegados concluyeran los debates en torno a asuntos tan sensibles como la reelección presidencial, mecanismos de participación ciudadana, la reforma del Estado, etc.

VI) Honduras debe ser una nación sui generis en la región pues en la mayoría de Estados latinoamericanos el presidente puede convocar un plebiscito. La consulta popular es el mecanismo más democrático que existe pues permite que los gobernados puedan enmendarle la plana a los gobernantes. Esto es, oponerse a sus iniciativas si las consideran injustas o desproporcionadas. En el caso hondureño el referéndum no ha sido debidamente institucionalizado porque la clase social dominante se opone a cualquier cambio fundamental. Sin esa prerrogativa, legislativamente hablando, un gran sector de la sociedad hondureña es rehén de una minoría que rechaza la modernidad (la modernidad entendida como mayor empoderamiento de la población).

VII) Los legisladores, jueces, fiscales y militares que usurpan el poder han dicho que el golpe fue pacífico. Esto es falso pues un contingente militar secuestró al presidente Zelaya en la madrugada y lo embarcó en un avión a Costa Rica. Además se han desatado protestas en varios puntos del país caribeño y se ha decretado un toque de queda 48 horas. Sin dejar de lado los cortes de suministro eléctrico, la injerencia en medios de comunicación y la persecución de funcionarios del extinto régimen democrático.

VIII) El Congreso que nombró presidente interino a Roberto Micheletti presentó un documento apócrifo en el que constaba la “renuncia” expresa de Zelaya. En base a la falsificación del testimonio y firma del líder hondureño se ha pretendido legitimar la sucesión de Micheletti. A Honduras no la rige un gobierno democrático sino una mafia que se ha enquistado en el poder.

IX) A pesar de que Zelaya debía ser puesto a disposición de la “justicia”, los captores del primer mandatario lo desterraron contraviniendo un requerimiento judicial. La orden de arresto contra Zelaya había sido emitida antes de su ilegal expatriación. Quienes resulten responsables han cometido un delito al margen de si lo hicieron "para evitar la polarización del país".

X) En “ausencia” del “renunciante” Manuel Zelaya, Roberto Micheletti asumió la presidencia de manera provisional. Para juramentarlo como nuevo presidente constitucional, el Parlamento “dio por sentado” que Zelaya había presentado su “renuncia” antes de ser enviado al exterior. La ausencia de Zelaya se debió, como todos sabemos, a causas ajenas a su voluntad pues se le detuvo sin respetar su alta investidura y el debido proceso.

Golpe de Estado en Honduras

Golpe de Estado en Honduras

Por César Reyna


En su columna de ayer sábado, Aldo Mariátegui, director del conservador diario 'Correo', dijo que “mal se haría en prestar oídos a la versión chavista de que se está dando un golpe de Estado (en Honduras)”. Aldo Mariátegui, nieto del gran pensador de la izquierda continental José Carlos Mariátegui, utiliza ese medio para difundir pronósticos y argumentos errados, y para expresar comentarios racistas en contra congresistas y diplomáticos que no comparten sus ideas (a una parlamentaria quechuahablante la llamó anafalbeta por no saber escribir en castellano y dijo que el embajador nicaragüense en Lima tenía rasgos anfibios). No hace mucho recomendó al Gobierno lanzar napalm sobre la Amazonía para acabar con un par de columnas narcoterroristas que se ocultan en la zona del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene), y sobre miles de nativos que tomaban vías, puentes y estaciones de petróleo en la selva. Pedía un crimen ecológico y un genocidio para recuperar la tranquilidad en esa convulsionada región. Poca cosa para él.

Nombró a Aldo Mariátegui porque encarna la descabellada visión de la extrema derecha de aquí y otras latitudes. Así como Mariátegui invoca poner orden por medio a métodos poco “convencionales” cuando surgen graves disturbios en el país (en su mayoría el Estado peruano los ha originado por su incapacidad y desinterés), la derecha hondureña ha reaccionado de la misma forma quebrando el marco constitucional.

Las condenas escuchadas hasta el momento sobre la penosa situación en Honduras son unánimes. Los pronunciamientos en ese sentido provienen de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, la ONU, etc. Ningún miembro de la comunidad internacional respalda a los golpistas que pretenden validar el nuevo status quo alegando que el presidente Manuel Zelaya violó reiteradamente las leyes y trató de imponer un referéndum este domingo. Su sorpresiva destitución no se ajusta a ningún parámetro democrático aceptable porque la fuerza no es un medio reconocido por la Constitución hondureña para deponer a la máxima autoridad del país. Para removerlo se necesitaba implementar un proceso justo y transparente, es decir, una acusación constitucional en la que se precisen los cargos y el presidente cuestionado cuente con suficientes garantías para realizar sus descargos (ejercer su derecho a la defensa). Esto no ocurrió en el caso de la nación caribeña pues los grupos de poder económico y la oposición servil orquestaron un atentado contra la democracia.

Lo que causó la caída de Zelaya fue haberse vinculado con Hugo Chávez y con el resto de países socialistas de la región (con los que integran el ALBA), relación que criticaba la derecha. Pero su gran error fue proponer una cuarta pregunta -en la consulta debía realizarse este domingo- para que el electorado decidiera si estaba de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución. El propósito de la pregunta era introducir la reelección presidencial porque la normativa vigente no la permitía.

En su artículo Mariátegui acusaba a Zelaya de “querer perpetuarse en el poder” mediante la reforma constitucional, un procedimiento democrático por excelencia pues depende del pueblo el rechazo o la aceptación de su iniciativa. El periodista peruano dijo que la popularidad de Zelaya rondaba el 10%. Si era así, ¿por qué temer entonces a la consulta popular? Con ese magro porcentaje no había necesidad de destruir la democracia ni ganarse el repudio de la comunidad internacional.

Zelaya se encuentra actualmente en Costa Rica, donde el presidente Óscar Arias le ha expresado su solidaridad tras ser expulsado de territorio hondureño. El Tribunal Supremo de Honduras había dispuesto su captura, pero los militares encapuchados que lo secuestraron ignoraron la orden judicial y lo enviaron directamente a San José.

Hoy por la tarde, durante la sesión extraordinaria que fue televisada desde el Parlamento hondureño se escucharon cosas realmente inconcebibles de parte de los diputados golpistas, quienes eligieron a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, como mandatario provisional hasta las próximas elecciones generales que se celebrarán en noviembre de este año. Entre los disparates que dijeron alcance a oír algunos que reproduzco a continuación: “Aquí no hubo golpe de Estado sino el funcionamiento del Estado de Derecho”; “Nadie puede estar por encima de la ley… del derecho… de la Constitución”; “Honduras va consolidando su democracia”. Estas frases se decían entre aplausos y vítores de los exaltados legisladores. Los diputados congregados se expresaron con desbordante entusiasmo como si hubieran hecho algo positivo y se alucinaban próceres de su agitada República.

Muchas cosas irregulares sucedieron este domingo como el arresto de embajadores y personal diplomático de las delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, además de la detención de varios ministros del Gabinete del defenestrado Zelaya. El corte del suministro eléctrico y la supresión de la información fueron dos medidas propias de una dictadura o autocracia. El Tribunal Supremo, el Congreso y las Fuerzas Armadas han sido los ejecutores visibles de la ruptura orden democrático; detrás de estas seudo instituciones se ubica, por supuesto, el poder económico.

Para terminar, en lo que acertó Mariátegui es que la propuesta de Zelaya (de un cambio de modelo) no iba a llegar lejos. Pero ésta no sucumbió por la vía democrática, como mandan las formas civilizadas del siglo XXI, sino por medio de la violencia a la que está muy acostumbrada la derecha.